Venley

Sentencia N.º 1963

Sentencia
N.º 1963
Fecha
16/10/2001
Sala
Constitucional
Expediente
00-2099
Ponente
José M. Delgado Ocando
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO

 

Mediante oficio nº 11086 del 22 de junio de 2000, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente  nº 8001 de la nomenclatura de dicho tribunal, contentivo de las actuaciones relacionadas con la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana LUISA ELENA BELISARIO DE OSORIO, venezolana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Caracas y titular de la cédula de identidad n° 1.715.095, asistida por los abogados Elena Belisario de Briceño, Amanda Salazar de Araujo y Antonio Bello Lozano Márquez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 21.163, 43.737 y 16.957 respectivamente, contra la decisión dictada el 29 de febrero de 2000, por el Tribunal de Retasa conformado por la Juez Duodécima de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial y por los ciudadanos Jorge García Lamus y Arnoldo Ponce.

 

Tal remisión se efectuó en virtud de la apelación ejercida por la presunta agraviada, de la decisión del 16 de junio de 2000, dictada por el mencionado Juzgado Superior, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional por ella interpuesta.

 

Recibido el expediente, esta Sala dio cuenta del mismo el 11 de julio de 2000, designándose ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe este fallo.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente y siendo la oportunidad procesal para ello, se pasa a decidir la apelación ejercida en los siguientes términos:

I

ANTECEDENTES

 

Como antecedentes de la apelación, se señalan:

1.-  En fecha 11 de junio de 1990, la ciudadana Rosa Corzo Muñoz, asistida por la abogada Luisa Elena Belisario de Osorio, interpuso demanda de partición y liquidación de comunidad conyugal contra el ciudadano Ricardo Contreras Arellano,  ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, el cual, mediante sentencia del 14 de agosto de 1998, ordenó la partición y liquidación de la comunidad conyugal.

2.-  El 18 de noviembre de 1998, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil y 23 de la Ley de Abogados, la abogada Luisa Elena Belisario de Osorio demandó la intimación de honorarios profesionales contra el ciudadano Ricardo Contreras Arellano, en virtud de haber sido totalmente vencido en la litis y por negarse éste a cumplir con lo sentenciado, para lo cual, tomó en cuenta la indexación de la moneda y el justiprecio de los bienes litigiosos fijados en el informe del experto judicial nombrado a tal efecto, en la cantidad de trescientos millones ciento sesenta y cinco mil Bolívares (Bs. 300.165.000,00), y estimó el total del monto de los honorarios intimados en la cantidad de ciento veintitrés millones cien mil Bolívares (Bs. 123.100.000,00).

3.-  Mediante sentencia del 20 de abril de 1999, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas desestimó la oposición a la intimación realizada por el demandado y declaró el derecho de cobrar honorarios profesionales de la demandante.

4.-  Mediante sentencia del 15 de octubre de 1999, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte intimada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa Circunscripción Judicial, mediante la cual declaró sin lugar la oposición efectuada por el intimado al derecho de cobrar honorarios profesionales de la abogada Luisa Elena Belisario de Osorio y, en consecuencia, confirmó la sentencia apelada.

5.- El Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, constituido como Tribunal Retasador, mediante sentencia del 29 de febrero de 2000 consideró como remuneración justa por las actuaciones de la apelante en el referido juicio de partición y liquidación de comunidad conyugal, la suma de doce millones de Bolívares (Bs. 12.000.000,00).

6.-  El 4 de mayo de 2000, la abogada Luisa Elena Belisario de Osorio interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia que dictó el tribunal de retasa, en el procedimiento seguido ante el Juzgado Décimo de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

7.-  Mediante sentencia del 16 de junio de 2000, el Juzgado Superior  Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar la solicitud de amparo constitucional propuesta.

8.-  El 19 de junio de 200, la representante judicial de la accionante apeló la sentencia que decidió en primera instancia la acción de amparo constitucional interpuesta.

II

DEL FALLO APELADO

 

Mediante sentencia del 16 de junio de 2000, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil,  Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar el recurso de amparo constitucional interpuesto por la presunta agraviada, estimando el tribunal a quo, por una parte, que la intimante debió apelar de la sentencia que dictó el tribunal de primera instancia en fase declarativa, ya que éste no emitió pronunciamiento sobre la indexación por ella solicitada, por lo que el tribunal superior que conoció de la apelación ejercida por la parte intimada, no pudo examinar lo relacionado a la referida indexación, al no haber sido éste punto apelado por la parte intimante. Por ello, mal podía la accionante pretender que el Tribunal de Retasa resolviera sobre la indexación pedida, pues ello escapaba a las funciones conferidas a ese órgano colegiado.

Por otra parte, considera el tribunal a quo, que el amparo no es la vía idónea para revisar si el monto determinado por los jueces retasadores, corresponde al treinta por ciento del valor de lo litigado, y mucho menos pretender anular dicha sentencia, por considerar que los jueces retasadores no establecieron en el cuerpo de la misma, la base sobre la cual se cuantificaron los honorarios, pues ello corresponde a la competencia del Juez de la causa, como lo dispone el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil, a quien corresponde resolver las incidencias surgidas en el procedimiento de ejecución de la sentencia.

 

III

DE LA APELACIÓN

 

El 19 de junio de 2000, la presunta agraviada apeló el fallo dictado alegando que la sentencia es totalmente incongruente ya que la misma no se ajusta a los planteamientos contenidos en la solicitud de amparo constitucional.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación. Al respecto observa que en sentencias del 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja), este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional a la luz de lo dispuesto en la Constitución.  Específicamente, con relación a las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de primera instancia emanadas de los Juzgados Superiores de la República, sostuvo lo siguiente:

“...

corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia ”.

 

En el presente caso, el tribunal que conoció de la acción de amparo constitucional en primera instancia y dictó la decisión apelada, fue el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Siendo ello así, esta Sala, aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito, resulta competente para conocer de la presente apelación.  Así se declara.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Para decidir la Sala observa:

 

Por una parte, que el accionante fundamentó su acción de amparo constitucional en la supuesta falta de motivación de la sentencia dictada por el Tribunal Retasador, ya que en la misma no se exponen las razones que le indujeron al sentenciador a fijar el monto de los honorarios intimados,  con lo que se vulneraron, según el accionante, la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el numeral 8 del artículo 49 de la Constitución, y por la otra, que el tribunal a quo motivó su fallo en la incompetencia del Tribunal Retasador para pronunciarse sobre la indexación solicitada por la accionante, por corresponderle ello al Juez de la causa como lo dispone el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil.  Igualmente consideró que la acción de amparo constitucional no era la vía idónea para revisar si el monto determinado por los jueces retasadores, corresponde al treinta por ciento del valor de lo litigado, y mucho menos que se pretenda anular dicha sentencia, por considerar que los jueces retasadores no establecieron, en el cuerpo de la misma, la base sobre la cual se cuantificaron los honorarios.

Considerando la motivación de lo decidido en el fallo apelado, la Sala juzga, que en el mismo se evidencia una falta de adecuación entre las razones que fundamentan el dispositivo y las pretensiones deducidas en el procedimiento de amparo, ya que la decisión apelada resuelve sobre circunstancias distintas de las alegadas por la accionante, omitiendo así el pronunciamiento respecto de las pretensiones deducidas en juicio, por tanto, la motivación del Juez a quo resulta exigua y el fallo apelado debe revocarse. Así se decide.

Con respecto a la acción de amparo constitucional interpuesta por la accionante, esta Sala observa lo siguiente:

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia, dando lugar a lo que el maestro Couture ha denominado “el derecho procesal constitucional” (Eduardo J. Couture: “Tutela constitucional del proceso”, en Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ª edición. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1958, página 151). 

La finalidad última de la “constitucionalización” de las garantías procesales no es otro que lograr la justicia, la cual, se encuentra reconocida en el artículo 2 de nuestra Constitución, como un valor superior del ordenamiento jurídico.  En tal sentido, el proceso se convierte de este modo en un medio para la realización de la justicia, tal y como lo prevé el artículo 257 Constitucional.

Dentro de estas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual, tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho que ponga fin al proceso.  Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución.

Ahora bien, la Sala observa que la decisión impugnada en su parte motiva establece lo siguiente:

“PRIMERO:  Establece el artículo 286 del C.P.C., las costas que deba pagar la parte vencida por honorarios del abogado de la parte contraria serán sujetas a retasa, en ningún caso estos honorarios excederán del treinta por ciento del valor de lo litigado.

SEGUNDA:  El artículo 25 de la Ley de Abogados, establece el derecho que tiene la parte intimada de acogerse a la retasa, de los honorarios que le han sido intimados.

TERCERA:  Artículo 47. Código de Ética.

Al estimar los honorarios, el Abogado deberá considerar que el objeto esencial de la profesión es el servir a la justicia, sin hacer comercio de ella y, cuidará que su retribución no peque por exceso ni por defecto, pues ambos son contrarios a la dignidad profesional.

Por virtud de las consideraciones expuestas y por ser imperativo legal  (materia de orden público) para este tribunal retasador, acuerda reducir el monto de los honorarios estimados a treinta por ciento del valor de los litigado; para hacer la presente fijación se ha tenido en consideración los fundamentos establecidos en el artículo 3ro. del Reglamento de Honorarios Mínimos; el Código de Ética y el artículo 286 C.P.C., y entre cuyos principios figuran:  a) La importancia del servicio; b) La cuantía del asunto; c) El éxito obtenido; d) La novedad o dificultad de los problemas jurídicos, e) Experiencia y reputación; f) La situación económica del cliente; g) El tiempo requerido; h) El lugar de prestación del servicio; i) El Indice inflacionario de acuerdo a las indicaciones del B.C.V..  Por los razonamientos anteriormente expuesto, este Tribunal resuelve retasar las partidas objeto de la estimación e intimación ponderando los factores anteriores de la siguiente manera:”

 

De lo anteriormente transcrito, la Sala observa que la expresión de los motivos o fundamentos del fallo no señalan de manera clara y precisa los argumentos en que se apoya la decisión de retasar las partidas, reduciendo el monto de los honorarios al treinta por ciento del valor de lo litigado. 

El tribunal retasador tampoco aporta en el fallo motivos, razones o argumentos de hecho y de derecho para afirmar que el monto de los honorarios intimados por la accionante exceden el límite establecido en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, la referida decisión no contiene elementos argumentales que permitan conocer de que manera se ponderaron los factores mencionados por el juzgador, para retasar las partidas objeto de la intimación de honorarios.

Con respecto a lo anterior, esta Sala advierte que la motivación de las sentencias no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador.  La obligación de motivar el fallo impone que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente, atendiendo congruentemente al núcleo de las pretensiones de las partes.  De otro modo, se conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, observa la Sala que la agraviada en su acción de amparo, no invocó con exactitud la norma constitucional vulnerada por la referida actuación del Tribunal de Retasa, circunstancia que en atención a la vigencia del Estado de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las potestades del Juez Constitucional, y muy especialmente, por aplicación del principio iura novit curia, no constituye obstáculo para que esta Sala examine y de ser posible, acuerde con lugar el amparo requerido.  En tal sentido, la Sala al efectuar el análisis de los hechos ha advertido que la actuación señalada por la accionante constituye una violación de sus derechos constitucionales, por carecer la decisión impugnada de la debida motivación, conculcándose de esta manera el derecho de la agraviada a obtener una tutela judicial efectiva mediante una decisión judicial ajustada a derecho que ponga fin a la controversia.  Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

1.- CON LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana Luisa Elena Belisario de Osorio contra el fallo dictado el 16 de junio de 2000,  por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional por ella interpuesta, el cual se revoca.

 

2.- CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Luisa Elena Belisario de Osorio, contra la decisión dictada el 29 de febrero de 2000 por el Tribunal Retasador constituido por los ciudadanos Bersy Parilli de Barios en su carácter de Juez Duodécima de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y por los ciudadanos Jorge García Lamus y Arnoldo Ponce.

3.-  SE ANULA dicha decisión y se ordena al mencionado Tribunal Retasador dictar nueva sentencia en el procedimiento de retasa de los honorarios profesionales intimados por la ciudadana Luisa Elena Belisario de Osorio, en la cual se expresen de manera clara los motivos, razones y argumentos de hecho y de derecho que fundamenten el fallo.

Se ordena a la Secretaría de la Sala remitir el presente expediente al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de octubre de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA                                                                          

                                                  El Vicepresidente,

                       

                                                         

                                                           JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                             JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                                   Ponente

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

JMDO/ns

Exp. nº  00-2099

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