Venley

Sentencia N.º 1967

Sentencia
N.º 1967
Fecha
16/10/2001
Sala
Constitucional
Expediente
00-2659
Ponente
José M. Delgado Ocando
Procedimiento
Acción de Amparo


SALA CONSTITUCIONAL

 


Magistrado Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO

 

Mediante oficio nº 270 del 12 de septiembre de 2000, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente signado como 00-1493-A.C de la nomenclatura de dicho tribunal, contentivo de las actuaciones relacionadas con la acción de amparo constitucional ejercida por la abogada Otilia Sulbarán, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 21.901, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil LUBRICANTES CASTILLITO, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 8 de noviembre de 1993, anotada bajo el nº 51, tomo 57-A y modificada posteriormente en su Acta Constitutiva, respecto al cambio de domicilio, según Acta de Asamblea Extraordinaria del 23 de mayo de 1994, que fue registrada el 25 de enero de 1995 ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, anotada bajo en nº 16, Tomo 3-A, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta contra el auto del 17 de marzo de 2000 dictado por el Juzgado Segundo del Municipio Barinas de esa misma Circunscripción Judicial.

 

Tal remisión se efectuó en virtud de la apelación ejercida por la apoderada judicial de la presunta agraviada, de la decisión del 21 de agosto de 2000, dictada por el mencionado Juzgado Superior, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional por ella interpuesta.

Recibido el expediente, esta Sala dio cuenta del mismo el 21 de septiembre de 2000, designándose ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe este fallo.

 

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, se pasa a decidir la apelación ejercida en los siguientes términos:

 

I

ANTECEDENTES DEL FALLO

 

Como antecedentes del fallo apelado, se señalan:

 

1.- El 21 de octubre de 1999, la sociedad mercantil Lubricantes Castillito, C.A. interpuso demanda de intimación por cobro de bolívares contra el ciudadano Néstor Orlando Andrade Tapia.

 

2.-  El 3 de marzo de 2000, el abogado Marcos Aurelio Gómez Montilla, en su carácter de apoderado judicial del demandado en el juicio de intimación por cobro de bolívares, alegó la cuestión previa señalada en el ordinal 10° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la caducidad de la acción propuesta.

 

3.- El 17 de marzo de 2000, el Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas decidió dar por terminado el juicio antes referido, por haber transcurrido el lapso de cinco días de despacho para que la parte demandante manifestara si convenía o si contradiría la cuestión previa de caducidad opuesta por la parte demandada, por considerar que el silencio de la parte se entiende como un convenimiento o admisión tácita de dicha cuestión previa, tal y como lo prevé el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil.

 

4.-  El 23 de marzo de 2000, la apoderada judicial de la demandante apeló la decisión dictada el 17 del mismo mes y año que dio por terminado el juicio antes referido.

5.-  El 20 de junio de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas declaró sin lugar la apelación interpuesta.

 

6.-  El 19 de julio de 2000, la apoderada judicial de la sociedad mercantil Lubricantes Castillito, C.A., interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión del 20 de junio de 2000, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas que declaró sin lugar la apelación interpuesta y confirmó la decisión del 17 de marzo del mismo año dictada por el Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la misma Circunscripción Judicial que dio por terminado el juicio por cobro de bolívares antes referido.

 

7.-  El 16 de agosto de 2000, se realizó la audiencia pública prevista en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y a la misma asistió la representante judicial de la presunta agraviada, así como el ciudadano Néstor Orlando Andrade Tapia, en su carácter de Presidente y representante legal de la sociedad mercantil Maquinarias El Llanerito, C.A. que intervino como tercero interesado, por ser parte en el juicio donde se produjo la decisión atacada, quien estuvo asistido por el abogado Marco Aurelio Gómez Montilla.  En la misma audiencia se decidió sin lugar la acción de amparo intentada.

 

8.-  El 21 de agosto de 2000, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas publicó la sentencia que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional, y el 24 del  mismo mes y año la representante judicial de la presunta agraviada apeló dicha decisión.

II

DEL FALLO APELADO

 

El tribunal a quo motivó el fallo apelado con base en los siguientes razonamientos:

Que la presunta agraviada recurre en amparo por considerar que se le ha violado los derechos consagrados en los artículo 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, los cuales están tutelados por el artículo 21 de la Constitución, referido al derecho a la igualdad ante la ley, así como su derecho a la defensa.

 

Que la presunta agraviada aspira que mediante la acción de amparo se revise tanto el criterio del Juzgado de Primera Instancia como el del Juzgado de Municipio, que llevó éste a dar por terminado el juicio de intimación por cobro de bolívares y a la confirmatoria de tal sentencia.

 

Que la acción de amparo constitucional no es el medio para revisar criterios de estricto orden jurisdiccional, el cual corresponde a los jueces de mérito.

 

Que la accionante no puede utilizar este mecanismo procesal para que el juzgado superior conociera en tercera instancia del juicio que seguía.

 

III

DE LA APELACIÓN

 

 

La representante judicial de la presunta agraviada fundamentó su apelación en lo siguiente:

 

Que la ley no faculta al juez para decidir erróneamente con incumplimiento de normas procesales de estricto acatamiento, así como, con inobservancia de consideraciones y defensas opuestas o de disposiciones legales, como las previstas en los artículo 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil.

 

Que no hubo temeridad en la acción propuesta, ya que a su representada le fueron conculcados el derecho a la defensa y el derecho igualdad procesal.

 

Que el juzgado que conoció de la apelación omitió el conocimiento de los vicios denunciados.

 

Que el recurso de invalidación no podía interponerlo, porque éste se refiere a causales que no encajan en el caso planteado.

Que para paralizar la ejecución de la sentencia atacada, lo más inmediato y efectivo era la acción de amparo constitucional, ya que se trata de una sentencia que pone fin al juicio y se torna ejecutoria contra los derechos de su representada.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación.  Al respecto observa que en las sentencias del 20 de enero de 2000, casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional a la luz de lo dispuesto en la Constitución.  Específicamente, con relación a las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de primera instancia emanadas de los Juzgados Superiores de la República, sostuvo lo siguiente:

 

“corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia ”.

 

 

En el caso sub júdice, el tribunal que conoció de la acción de amparo constitucional en primera instancia y dictó la decisión apelada, fue el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.  Siendo ello así, esta Sala, aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito, resulta competente para conocer de la presente apelación.  Así se declara.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Para decidir la Sala considera lo siguiente:

 

Por una parte, la representante judicial de la accionante en el escrito de solicitud de amparo constitucional que corre inserto a los folios uno (1) y dos (2) del expediente, alega entre otras cosas, que el presunto agraviante confirmó el fallo apelado con omisión de pronunciamiento sobre los vicios por ella denunciados, lo que afecta de nulidad la decisión apelada. Igualmente alega que el presunto agraviante impidió a su representada ejercer su derecho a la defensa al infringir los artículos 12, 15, 218, 252 y 649 del Código de Procedimiento Civil.

 

Por otra parte, observa la Sala que el a quo declaró sin lugar el amparo solicitado, por considerar que la accionante aspira a que se revise el criterio del juzgado que declaró sin lugar la apelación ejercida por ella contra la decisión que dio por terminado el juicio de intimación por cobro de bolívares, lo cual, a juicio del sentenciador de primera instancia, resulta improcedente debido a que el margen de apreciación del juez no puede ser objeto de amparo, tal y como lo señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia del 9 de agosto de 2000.

Ahora bien, visto los alegatos de la accionante, esta Sala juzga que el a quo no consideró el alegato referido a la falta de pronunciamiento del presunto agraviante con respecto a las defensas expuestas con ocasión de la apelación interpuesta, por lo que estimó, de manera errada, que la finalidad del amparo solicitado era la revisión del criterio del órgano jurisdiccional al cual se imputa el supuesto acto lesivo.  Así se declara.

 

Precisado lo anterior y visto que el trámite respecto de la acción de amparo fue cumplido por el juez de primera instancia, la Sala pasa a considerar lo referido a la supuesta lesión producida por la falta de pronunciamiento del presunto agraviante con respecto a los argumentos esgrimidos por la accionante en su escrito de apelación.

 

A tal efecto, la Sala observa que la decisión dictada por el Juzgado Segundo del Municipio Barinas, que declaró extinguido el juicio de intimación al cobro de bolívares, se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que: “Alegadas las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 7°, 8°, 9°, 10 y 11 del artículo 346, la parte demandante manifestará dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento, si conviene en ellas o si las contradice. El silencio de la parte se entenderá como admisión de las cuestiones no contradichas expresamente.”

 Para dictar la referida decisión el mencionado Juzgado de Municipio consideró que la parte demandante admitió tácitamente la cuestión previa opuesta por la parte demandada, al no manifestar dentro del lapso de cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de emplazamiento, si convenía o la contradecía.  Esta decisión fue apelada por la hoy accionante en amparo, alegando, entre otras cosas, lo incierto de la omisión referida a la falta de contradicción de la excepción opuesta, argumentando que mediante diligencia presentada en tiempo hábil rechazó, contradijo e impugnó el escrito mediante el cual se opuso la cuestión previa.

 

También observa la Sala que la representante judicial de la accionante en su escrito de informe referido a la mencionada apelación, el cual corre inserto a los folios del ciento cinco (105) al ciento nueve (109) del expediente, expresó entre otras cosas, lo siguiente:

 

“...Por otra parte el juez a quo, rector del proceso no procura la estabilidad del juicio aun cuando en reiteradas oportunidades se le solicitó, en este juicio se ha violado y desconocido términos procesales, se han realizado actos en los cuales se han dejado de cumplir formalidades a su validez, tal como es el caso de una IMPUGNACIÓN interpuesta que omitió y procedió a dar veredicto que contiene ULTRAPETITA ver folio: 85, ignorando el sagrado principio de la EXAHUSTIVIDAD, lo cual implica que el Juez es el rector del proceso y como tal está obligado  considerar y resolver todas y cada una de las alegaciones que constituyen el problema o debate judicial entre las partes, (Casación: Sentencia del 22-10-1970 entre otras), además silencia en el proceso totalmente una defensa esgrimida como es precisamente esta impugnación realizada por mí el día 28 de febrero y ratificada posteriormente el día 10-03-2000...”.

 

 

Por otra parte, advierte la Sala que el presunto agraviante en el fallo atacado declaró sin lugar la apelación interpuesta y motivó dicha decisión de la siguiente manera:

 

“La parte demandante en el escrito de contestación de la demanda opuso la cuestión previa prevista en el ordinal 10° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere a la caducidad de la acción propuesta, por cuanto la parte demandante hizo efectivo el protesto de los cheques los días 07-10-99 y 13-10-99, cuando los días para levantar el protesto eran 14, 15 y 16-06-99 para el primer cheque y 15,16,17-07-99 para el segundo de los cheques de conformidad con el artículo 452 del Código de Comercio.

Cursa al folio 88 del expediente auto dictado por el juzgado de la causa, mediante el cual declara extinguido el procedimiento por no haber manifestado la parte demandante si convenía o contradecía la cuestión previa opuesta.

Al respecto este juzgador observa:  Establece el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

Alegadas las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del artículo 346, la parte demandante manifestará dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento, si conviene en ellas o si las contradice. El silencio de la parte se entenderá como admisión de las cuestiones no contradichas expresamente.

Considera quien aquí sentencia que al no haber contradicho la parte demandante la cuestión previa opuesta, se entiende que la admitió y en consecuencia, se debe declarar EXTINGUIDO el procedimiento; y Así se Declara.”

 

 

Con respecto a la motivación del fallo atacado, la Sala observa que el juzgador sólo se limitó a señalar los argumentos en que se fundamentó la cuestión previa opuesta por el intimado, al referirse a los términos del auto dictado por el juzgado de la causa que declaró extinguido el procedimiento y a citar el contenido del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil; para concluir que al no haber contradicho la parte demandante la cuestión previa opuesta, se entiende que la admitió y, en consecuencia, se debía declarar extinguido el procedimiento.  Sin embargo, el juez accionado no se pronunció sobre ninguna de las defensas planteadas por la apelante en el escrito de informes antes señalado.

 

Con respecto a lo anterior, advierte la Sala que la obligación de motivar las sentencias no puede considerarse cumplida con la mera declaración de voluntad del juzgador en un sentido u otro, sino que la decisión judicial debe estar precedida de una argumentación que la fundamente, referida siempre a los alegatos sometidos por la partes al debate judicial, de manera que resuelva razonadamente las pretensiones válidamente deducidas en el juicio.

 

La Sala considera que aquellos casos en que el tribunal deje de efectuar pronunciamiento sobre una pretensión, y quede, por tanto, la cuestión planteada sin juzgar, se produce una situación de indefensión que vulnera el derecho de las partes a exponer los alegatos que estimen pertinentes para sostener la situación más conveniente a sus intereses.  Sostiene esta Sala que presentar alegatos y esgrimir defensas en juicio tiene como finalidad el obtener por parte del órgano jurisdiccional que debe dirimir la controversia, una decisión justa y razonable.  En este sentido, la omisión de pronunciamiento sobre lo alegado por una de ellas constituye una actuación indebida del órgano jurisdiccional, vulneradora del derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de la parte cuyos alegatos fueron omitidos en el pronunciamiento del  tribunal, lo que afecto el derecho a la tutela judicial efectiva.

 

Por las razones antes expuestas, juzga esta Sala que la sentencia del 20 de junio de 2000, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, mediante la cual se declaró sin lugar la apelación interpuesta por la accionante, le conculcó a la sociedad mercantil Lubricantes Castillito, C.A., el derecho a la defensa, la garantía del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva contenidos en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide:

 

1.-  Declara CON LUGAR la apelación ejercida por la sociedad mercantil LUBRICANTES CASTILLITO, C.A.

 

2.-  REVOCA la decisión publicada el 21 de agosto de 2000, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, que declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta por la accionante.

 

3.-  Declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por la sociedad mercantil LUBRICANTES CASTILLITO, C.A., contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.  En consecuencia, se ordena reponer el procedimiento hasta el estado en que este juzgado emita nueva sentencia sobre la apelación interpuesta en la cual deberá pronunciarse sobre todos los alegatos presentados por la parte apelante.

 

Se ordena a la Secretaría de la Sala remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a los fines legales pertinentes.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de octubre dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

      El Vicepresidente,

 

 

                                                                      

                                                                      JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                              JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                                        Ponente

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

JMDO/ns

Exp. n° 00-2659

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