Sentencia N.º 197
- Sentencia
- N.º 197
- Fecha
- 04/04/2000
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 00-0083
- Ponente
- Iván Rincón Urdaneta
- Procedimiento
- Amparo en consulta
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta
Mediante auto de fecha 13 de enero del año 2000, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declinó en esta Sala Constitucional el conocimiento de la causa contentiva de la decisión que emitiera el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 13 de julio de 1998, con motivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Germán Macero Beltrán, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 15.692, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano PABLO ZULLI ANGELUCCI, contra la omisión de pronunciamiento del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, sobre una oposición a una medida de designación de un administrador ad hoc, en un juicio de oferta real ejercido en su contra, por el ciudadano ANTONIO VASSALLO.
Tal remisión obedece a la consulta obligatoria, contemplada en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 26 de enero del año 2000 se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Héctor Peña Torrelles.
El 21 de febrero del año 2000, se reasignó la ponencia al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
El 29 de mayo de 1996, el ciudadano Antonio Vasallo dio en venta al ciudadano Pablo Zulli Angelucci, doscientas treinta mil (230.000) acciones nominativas de la sociedad mercantil Vidrios Vassallo S.A., y trece mil (13.000) acciones nominativas de la sociedad mercantil Maca de Venezuela C.A., bajo la modalidad de venta con pacto de retracto, emitiéndose para facilitar el pago por la venta efectuada la cantidad de ciento treinta y tres (133) letras de cambio.
En fecha 11 de marzo de 1997, el apoderado judicial del ciudadano Antonio Vassallo efectuó solicitud de oferta real de la cantidad de doce millones ciento nueve mil quinientos treinta y siete bolívares con veintiocho céntimos (Bs. 12.109.537,28) y de ciento veintiséis (126) letras de cambio, correspondientes al saldo deudor, por un monto de cuatrocientos noventa y dos mil doscientos sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 64/100 (US$. 492.263,64), ante la negativa del deudor de aceptar la recuperación de las acciones dadas en venta con pacto de retracto.
Por decisión del 17 de marzo de 1997, el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, decretó medida cautelar innominada solicitada en esa misma fecha por el oferente, designando un Administrador ad hoc, quien tendría la dirección de la gestión diaria de los negocios de ambas empresas. En el entendido de que en un término no mayor de treinta (30) días, debe contratar una auditoría para determinar la verdadera situación financiera de las empresas....(omissis)...asimismo el oferido Pablo Zulli Angelucci, provisionalmente y hasta que se resuelva sobre la validez de la oferta, mantendrá el derecho de inspección y vigilancia junto con el comisario...
El 19 de marzo de 1997, el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, se trasladó a la sede de las empresas antes referidas, a los fines de practicar la oferta solicitada y designar el administrador ad hoc. En el transcurso de la práctica de la referida solicitud se dejó constancia de la presencia del ciudadano Pablo Zulli Angelucci, quien debidamente asistido por abogado, se opuso a la misma, por considerar incompetente por la cuantía al tribunal, negándose a firmar el acta levantada en ese momento.
De la oposición a la medida acordada por la decisión del 17 de marzo de 1997, dictada por el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, conoció el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, quien hasta la fecha de la decisión consultada no había dictado decisión alguna sobre el asunto sometido a su consideración.
Mediante escrito presentado el 15 de mayo de 1997, la representación judicial de Pablo Zulli Angelucci, solicitó la declaratoria de improcedencia de la oferta real, la revocatoria de la designación del administrador ad hoc y la conminación a rendir cuentas de su gestión.
El 25 de marzo de 1998, el apoderado judicial del ciudadano Pablo Zulli Angelucci, interpuso acción de amparo constitucional en contra de la omisión de pronunciamiento del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, sobre la oposición a la medida de designación del administrador ad hoc, antes mencionada, por ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el cual en fecha 13 de julio de 1998, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional, por considerar que lo que pretendía el accionante a través del amparo, es que se declare la nulidad del decreto mediante el cual se designó el administrador ad hoc, más no el pronunciamiento del tribunal de Primera Instancia.
El 17 de julio de 1998, el mencionado Juzgado Superior ordenó la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil en consulta obligatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
II
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, y a tal efecto observa:
Conforme a lo señalado en decisión de fecha 20 de enero del año 2000, caso Domingo Ramírez Monja, corresponde a esta Sala Constitucional conocer de todas las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo), Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de primera instancia.
En el presente caso, se somete al conocimiento de esta Sala la consulta de una decisión emanada de un Tribunal Superior, el cual conoció en primera instancia de un amparo constitucional contra la decisión dictada por un inferior jerárquico, motivo por el cual, esta Sala, congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para conocer de la presente consulta, y así se decide.
III
DE LA DECISIÓN CONSULTADA
El fallo cuya apelación es sometida al conocimiento de esta Sala, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el apoderado judicial del ciudadano Pablo Zulli Angelucci, contra la omisión de pronunciamiento del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, sobre la base de las siguientes argumentaciones:
Luego de analizar la solicitud de amparo, sostuvo el a quo que la solicitud, aunque pareciera estar dirigida contra una omisión de pronunciamiento de un Tribunal de Primera Instancia, el fin que perseguía era que por vía de amparo se entrara a conocer o emitir pronunciamiento que el Juez de la causa en primera instancia debió dictar, lo cual le estaría vedado al juez de amparo, ya que en caso de amparo contra omisiones judiciales, el fallo que lo acuerde sólo ordenaría emitir un pronunciamiento en el mismo lapso que la ley le otorga para tal efecto.
En ese orden de ideas, a juicio del a quo, no podía éste entrar a conocer la solicitud de nulidad de la decisión del Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, dictada en fecha 17 de marzo de 1997, por medio de la cual se nombró un administrador ad hoc, ya que, a pesar de provenir de un tribunal incompetente por la cuantía, sólo podía conocer de amparos contra decisiones dictadas por tribunales de primera instancia, conforme lo establece el artículo 4° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, sostuvo el tribunal a quo que el Juzgado de Municipio, donde inicialmente fue propuesta la oferta real, era competente por el territorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 819 del Código de Procedimiento Civil, ya que dicho artículo expresa que la misma se hará por intermedio de cualquier Juez territorial.
Sin embargo, no sucede lo mismo por lo que respecta a la competencia por la cuantía en materia de oferta real, ya que en criterio del a quo, tan pronto como se ha ordenado el depósito de la cosa, deben practicarse las diligencias de citación de la persona a quien va dirigida la oferta, para que ésta comparezca a ejercer su defensa, lo que divide el procedimiento en dos fases, una no contenciosa, que va hasta el momento del depósito de la cosa y otro contencioso que va desde el momento en que se empiezan a realizar los trámites para la citación del oferido.
Así, la fase del procedimiento no contenciosa se puede ventilar en cualquier tribunal competente por el territorio, pero la fase contenciosa debe ventilarse ante el tribunal competente por la cuantía, por lo que, siendo que en la presente causa el monto ofertado superaba la cuantía hasta la cual correspondía conocer un tribunal de Municipio, el competente para decretar la medida cuestionada por vía de amparo era un tribunal de Primera Instancia.
A pesar de haber realizado todas las consideraciones anteriores, el a quo concluyó en instar al tribunal de primera instancia a emitir pronunciamiento en torno a la oposición formulada.
V
PUNTO PREVIO
En virtud de las dudas que se generan del propio fallo consultado en cuanto al acto u omisión atacado por vía de amparo constitucional, esta Sala pasa a determinar este asunto con carácter previo por cuanto de ello dependerá la decisión de fondo a ser adoptada.
En efecto, si se determina que el acto cuestionado lo constituye la decisión adoptada por el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de fecha 17 de marzo de 1997, por el cual se decretó medida cautelar innominada, designando un Administrador ad hoc, la presente acción debió ser declarada inadmisible por caduca, a tenor de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 6° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud de haber sido ejercida la solicitud en fecha 25 de marzo de 1998, después de transcurrido 6 meses contados a partir de la notificación del fallo considerado lesivo.
Por el contrario, si se determina que la acción de amparo se ejerció contra la omisión de pronunciamiento del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana, sobre la oposición a la medida cautelar antes mencionada, se debe entrar a conocer el fondo del asunto debatido y determinar si en efecto hubo o no un retardo por parte de ese juzgador respecto al asunto sometido a su consideración.
A tal respecto, esta Sala observa lo siguiente:
Del análisis del libelo de la demanda, se pueden evidenciar igualmente ciertas contradicciones al momento de precisar cuál es el acto u omisión atacado.
En efecto, del libelo de la demanda se desprende lo siguiente:
1.- Que el accionante imputa las violaciones constitucionales al derecho a la defensa, propiedad, trabajo y de asociación, al acto dictado por el Juzgado Primero de Municipio de fecha 17 de marzo de 1997, antes referido.
2.- No obstante lo anterior, tanto de la parte introductoria como del petitorio de la demanda, se desprende que el amparo está ejercido contra el Juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, por no pronunciarse sobre la oposición a la oferta real y a la medida cautelar innominada, dictada por el Juzgado Primero de Municipio de esa misma Circunscripción Judicial, y que tal omisión de pronunciamiento se subsume en los mismos hechos violatorios de la Constitución Nacional y las leyes que causó el Juzgado a quo, es decir, mantiene con su silencio las violaciones que han sido alegadas al acto atacado.
3.- Finalmente, en el petitorio solicita se deje sin efecto el referido acto impugnado y en consecuencia, se le restablezca en sus funciones al Presidente de las empresas.....(omissis)....., que se ordene al Administrador ad hoc designado, entregue todo cuanto hubiere recibido; y se oficie a los bancos y otras instituciones financieras donde las empresas posean cuentas a los fines de que se le permita el normal movimiento de sus activos, y que se ordene al referido Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, la revocatoria de todos los Oficios dirigidos a dichos entes bancarios.
En conclusión, del análisis del libelo de la demanda se evidencia que el accionante, dirige el amparo contra la omisión de pronunciamiento del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, sobre una oposición a una medida cautelar decretada en su contra, solicitándole adicionalmente al juez que conozca en amparo, que declare la nulidad de ese decreto.
No obstante, la sentencia sujeta a consulta declaró sin lugar la acción propuesta, porque no está destinado a lograr el restablecimiento de una situación jurídica infringida por el Tribunal de Primera Instancia, sino que ataca un pronunciamiento de un Juez de Municipio y pretende que este Tribunal pronuncie su nulidad.
Ahora bien, como se dijo en la parte introductoria de este Capítulo, y habiendo determinado esta Sala que el fondo del amparo constitucional propuesto lo constituye la omisión de pronunciamiento del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, se debe entrar a conocer el fondo del asunto debatido y determinar si hubo un retardo por parte de ese juzgador respecto al asunto sometido a su conocimiento, y así se declara.
Visto lo anterior, esta Sala observa:
Ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia en aceptar amparos contra omisiones del Poder Judicial. En tal sentido se han pronunciado las sentencias emanadas de la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia de fechas 26 de febrero de 1995, 21 de noviembre de 1995, 17 de diciembre de 1997 y 19 de marzo de 1998.
Coinciden los fallos referidos, en que, por ser el Poder Judicial parte integrante del Poder Público, estaría permitido el ejercicio de la acción extraordinaria de amparo constitucional contra las omisiones de pronunciamiento, conforme lo establece el artículo 2° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En ese orden de ideas y ante la falta de precisión del organismo que tramitará y decidirá el amparo contra omisiones judiciales, se ha aplicado de manera extensiva y analógica el artículo 4° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé lo que se conoce en la práctica forense como amparo contra sentencias.
La diferencia entre uno y otro, sólo radica en los efectos de la decisión, ya que en los amparos contra omisiones judiciales, por interpretación de los artículos 30 y 32 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el juez, en caso de declarar procedente el amparo, ordenará decidir dentro de un plazo igual al que originalmente por ley se le concedió para emitir la decisión.
Así las cosas, resulta claro para esta Sala, que cursa en autos, las oposiciones formuladas por el accionante de fechas 19 de marzo de 1997 y 15 de mayo de ese mismo año, a la medida cautelar, es decir, que conforme a los artículos 602 y 603 del Código de Procedimiento Civil, normas rectoras para la oposición de este tipo de medidas cautelares innominadas, el juez que conociera de ellas, en este caso, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, estaría en la obligación de emitir pronunciamiento dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento de la articulación probatoria.
No obstante la obligación de pronunciarse sobre la oposición a la medida cautelar, no consta en autos que hasta la fecha de publicación del presente fallo, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, haya emitido pronunciamiento alguno al respecto, por lo que con su omisión vulneró al accionante su derecho a la defensa, al debido proceso y más específicamente su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que los particulares tienen no sólo el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales, sino además a obtener un pronunciamiento oportuno y efectivo, conforme lo estipulado en el artículo 68 de la Constitución de 1961.
En este contexto, el a quo erró al declarar la improcedencia del amparo propuesto, toda vez que lo correcto era declarar la procedencia del mismo, por violación del derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 68 de la Constitución de 1961(hoy artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999), razón por la cual, el fallo sujeto a consulta debe ser revocado por esta Sala, y así también se declara.
Habiendo sido declarada la procedencia de la violación al debido proceso, resulta inútil para esta Sala pronunciarse sobre las demás violaciones constitucionales denunciadas.
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- Se REVOCA el fallo sujeto a consulta, dictado por Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 13 de julio de 1998.
2.- Se ORDENA al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, decidir la oposición a la medida de designación de un administrador ad hoc, decretada por el Juzgado Primero de Municipio de esa misma Circunscripción Judicial, en fecha 17 de marzo de 1997, dentro de los dos (2) días siguientes, contados a partir de la notificación del presente fallo, conforme lo exige el artículo 603 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 4 días del mes de abril del año dos mil. Años: 189º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente-Ponente,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Magistrado
Héctor Peña Torrelles
Magistrado
José Manuel Delgado Ocando
Magistrado
Moisés Troconis
El Secretario,
José Leonardo Requena
Exp. 00-0083
IRU/rln/gps
Quien suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede, que decidió la consulta de una sentencia dictada en materia de amparo constitucional.
Las razones por las cuales me aparto de la sentencia aprobada por la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde las decisiones dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna disposición que atribuya a esta Sala Constitucional competencia para conocer de las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de amparo por los Tribunales de la República. En esa oportunidad también disentí del argumento de la mayoría según el cual el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuía a esta Sala competencia para conocer como segunda instancia en acciones de amparo. Por el contrario, desde un primer momento sostuve que en el referido numeral 10 se consagró un mecanismo extraordinario de revisión, cuya finalidad es que esta Sala establezca criterios para lograr uniformidad en la interpretación de la Constitución. A tal efecto, indiqué:
(
) quien suscribe considera que la facultad prevista en el numeral 10 del artículo 336 no es asimilable a la consulta o apelación prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por cuanto esta Sala no es un tribunal de alzada ni superior materialmente de ningún tribunal de la República. La aludida competencia de revisión, debe interpretarse como una potestad extraordinaria de revisión de sentencias dictadas por el resto de los tribunales cuando éstos conozcan como jueces constitucionales de amparo o cuando ejerzan el control difuso de la constitucionalidad de las normas, para verificar cuestiones de derecho relativas a la interpretación de las normas y principios constitucionales, a los fines de lograr una uniformidad de criterios.
En mi criterio, una correcta interpretación en materia de competencias para conocer del amparo debió dejar incólumes las normas atributivas de competencia previstas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de acuerdo con la evolución jurisprudencial que hasta entonces habían mantenido de forma reiterada tanto la Corte Suprema de Justicia como el resto de los tribunales de la República. La Sala Constitucional solamente debió asumir la competencia prevista en el artículo 3 eiusdem, y en el caso del artículo 8 del mismo texto legal, cuando los actos lesivos fuesen de ejecución directa de la Constitución o tuviesen rango de ley.
En el caso concreto de las apelaciones o consultas, la norma contenida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de amparo, es precisa al indicar que el conocimiento de las mismas corresponden al Tribunal Superior respectivo atendiendo a la materia del caso concreto. Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendieron tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas, atendiendo al ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.).
La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye -a juicio de quien disiente- una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por las razones anteriores, estima el disidente que, esta Sala Constitucional no debió conocer en consulta la decisión de amparo que cursa en autos, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.
Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.
En Caracas, fecha ut-supra.
El Presidente,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera
Magistrados,
Héctor Peña Torrelles
Disidente
José M. Delgado Ocando
Moisés A. Troconis V.
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
HPT/ld
Exp. N°: 00-0083, SENTENCIA 197 DE 4-4-00
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias