Venley

Sentencia N.º 1984

Sentencia
N.º 1984
Fecha
23/10/2007
Sala
Constitucional
Expediente
04-2469
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Aclaratoria

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El 31 de julio de 2007 el abogado Franklin Rubio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 54.152, actuando con el carácter de apoderado judicial del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), solicitó aclaratoria y corrección de error material del fallo N° 1412 del 10 de julio de 2007, por el cual la Sala fijó la interpretación constitucionalizante del tercer aparte del artículo 298 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial de la República Nº 5555, Extraordinario, del 13 de noviembre de 2001, con ocasión de la demanda de anulación incoada por el ciudadano Eduardo Parilli Wilheim.

Asignada la ponencia a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, la Sala pasa a resolver conforme a lo siguiente:

I

FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD

 

El representante de FOGADE solicitó la aclaratoria del fallo y la corrección de error material, para lo cual expuso:

-                     Que en el fallo se declaró que “entretanto no existía tal estatuto especial, el Presidente de FOGADE no podía remover libremente de sus cargos a los funcionarios al servicio del ente, al presumirse que los cargos eran de carrera”.

-                     Que, sin embargo, en los párrafos previos se declaró que 1) “FOGADE ha debido fundamentar sus decisiones en un estatuto especial sobre régimen funcionarial”, 2) “en ausencia de tal estatuto especial, es necesario regirse por el estatuto general de los servidores del Estado” y 3) “FOGADE debió aplicar el estatuto funcionarial general para dictar cualquier medida de remoción”.

-                     Que todas esas remisiones al estatuto funcionarial general “entran en perfecta armonía con lo establecido en el artículo 146 de la Carta Magna, el cual sirve de fundamento a la sentencia proferida por la Sala, que entre otros, exceptúa de los cargos de carrera, los de libre nombramiento y remoción”.

-                     Que el artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone que los “funcionarios o funcionarias de la Administración Pública serán de carrera o de libre nombramiento y remoción”, siendo los últimos “aquellos que son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley”.

-                     Que el artículo 20 de esa misma Ley dispone que “los funcionarios o funcionarias públicos de libre nombramiento y remoción podrán ocupar cargos de alto nivel o de confianza”.

-                     Que según ese mismo artículo 20 ocupan cargos de alto nivel “los directores o directoras generales, directores o directoras y demás funcionarios o funcionarias de similar jerarquía en los institutos autónomos”.

-                     Que el artículo 21 eiusdem dispone que son cargos de confianza “aquellos cuyas funciones requieren un alto grado de confidencialidad en los despachos de las máximas autoridades de la Administración Pública, de los viceministros o viceministras, de los directores o directoras generales y de los directores o directoras o sus equivalentes. También se considerarán cargos de confianza aquellos cuyas funciones comprendan principalmente actividades de seguridad del estado, de fiscalización e inspección, rentas, aduanas, control de extranjeros y fronteras, sin perjuicio de lo establecido en la ley”.

-                     Que si la Sala ha declarado que el Presidente de FOGADE debía, mientras no existiera un estatuto especial, remover a los funcionarios con base en el estatuto general, está reconociendo la posibilidad de que aplicara los artículos 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

-                     Que, en consecuencia, se precisa saber “si le estaba dado al Presidente de FOGADE proceder a remover  funcionarios que desempañaban cargos de alto nivel o de confianza, de conformidad con la Ley del Estatuto de la Función Pública, tomando en cuenta que al momento en que se produjeron las remociones a que se refiere la sentencia, cuya aclaratoria se solicita, no se había dictado el Estatuto Funcionarial del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria”.

-                     Que, por otra parte, en el fallo hay un evidente error material, pues se remite al artículo 145 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en lo relacionado con el plazo para la interposición de querellas, cuando no existe tal artículo en esa Ley.

 

II

SOBRE LA TEMPESTIVIDAD DE  LA SOLICITUD

 

El solicitante se ha basado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, norma que se refiere a las peticiones de aclaratoria, ampliación y corrección de sentencias.

Si bien las disposiciones de ese Código están dirigidas en principio a los procesos judiciales de naturaleza civil –como su propia denominación revela-es sabido que contiene reglas generales, aplicables a diversos procedimientos, tratándose en realidad de normas de Derecho Común, invocables incluso en las causas de las que conoce el Máximo Tribunal, en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según el cual “las reglas del Código de Procedimiento Civil regirán como normas supletorias en los procedimientos que cursen ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

En ese artículo 252 del Código de Procedimiento Civil se lee:

“Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.

 

 

Como se observa, es clara la norma al fijar un plazo, brevísimo en aras de la seguridad jurídica, para hacer las solicitudes de aclaratoria, ampliación y corrección de sentencias: debe hacerse en el día de la publicación del fallo o al día siguiente. Cualquier solicitud posterior será extemporánea y así lo ha decidido invariablemente la Sala. Además, de la norma transcrita se desprende que no cualquier persona puede formular la solicitud de aclaratoria o de ampliación: sólo las partes pueden hacerlo, y también esta Sala lo ha repetido en su constante jurisprudencia al respecto.

Ahora bien, esta Sala ha declarado que en ciertos procesos no aplica el  artículo 252 del Código de Procedimiento Civil: aquellos en los que no existe una simple controversia entre partes perfectamente identificadas, que es el ámbito normal de la referida disposición.

En primer lugar, la Sala ha declarado la inaplicabilidad del lapso previsto en el artículo transcrito para el caso de las acciones por derechos o intereses difusos o colectivos, pese a que en ellas sí existe controversia, tomando en cuenta la generalidad del alcance del fallo, no limitado a las partes del proceso. Se estableció así en el fallo N° 961/2002, que aclaró el N° 85/2002, sobre el conocido caso de los créditos llamados indexados o mexicanos. En esa aclaratoria –la segunda de la referida sentencia- se lee: 

 

“En los procesos surgidos de acciones por derechos o intereses difusos o colectivos, las sentencias que se dicten surten efectos a favor o en contra de todo el mundo y no sólo a favor o en contra de los que efectivamente se constituyen en partes dentro del proceso.

 

La situación especial que nace de estos fallos, con sus efectos directos e indirectos hacia personas que pueden no haber participado en las causas donde ellos se dictaron, y que pueden verse perjudicadas a pesar de no haber sido formalmente partes, obliga a una interpretación amplia del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable como norma general a los juicios que se instruyen conforme a las reglas de dicho Código.

 

Para los ajenos al proceso donde se emitió el fallo, quienes se encuentran en una concreta situación que por falta de alegatos no fue tomada en cuenta al juzgarse la pretensión, pueden surgir puntos dudosos en la sentencia referidos a su particular situación, y debido a esa posición pueden requerir de ampliaciones del fallo, ya que -repite la Sala- la especial situación de los afectados, que no se dio a conocer en autos, puede no haber sido considerada en el fallo, y por tanto no ser precisa con relación a quienes no concurrieron al juicio. Siendo ello así, considera la Sala que el lapso preclusivo para pedir las aclaraciones y ampliaciones contemplado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, no puede aplicarse estrictamente en las causas donde se ventilan derechos e intereses difusos o colectivos, evitando así la Sala que la preclusión se convierta en un atentado a la justicia eficaz, responsable y equitativa que con relación a esos terceros les garantiza el artículo 26 constitucional. Por ello, considera la Sala que, en estos casos, no se aplica el término del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, ni para solicitar la aclaración o ampliación, ni para que el Tribunal la provea.

 

En estos supuestos, y casuísticamente, conforme a lo que aprecie el Tribunal como necesidad de las partes y los afectados por la sentencia, las aclaratorias y ampliaciones podrán interponerse antes que se ejecute efectivamente la sentencia. Se trata de una peculiaridad de esta clase de procesos que incluye ampliaciones dirigidas a partes o a terceros que no asistieron al juicio, pero cuya colaboración puede, incluso, ser necesaria para que la sentencia dictada sea idónea y equitativa, y la tutela efectiva de los derechos e intereses difusos o colectivos se adapte al Estado Social de Derecho y de Justicia que impera en la República (artículo 2 constitucional).

 

Ahora bien, el derecho que reconoce la Sala no es un derecho que pueda ser utilizado por las personas en forma excesiva, ya que, así como la teleología del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil fue limitar el derecho a pedir la aclaratoria o la ampliación, dentro de un lapso reducido, esta necesidad de restricción de la oportunidad rige en la institución y de allí que la Sala considere que una vez efectuada la petición, ella agota el derecho, y así se declara”.

 

Lo mismo se sostuvo respecto del recurso de interpretación constitucional. En efecto, en el fallo N° 1278-2005 la Sala declaró, luego de citar el fallo N° 961/2002, lo siguiente:

 

“Lo anterior es predicable también, incluso con más razón, para el caso del recurso de interpretación constitucional, pues es sabido que a través de éste se pretende la fijación, con carácter erga omnes, del sentido y alcance de una disposición contenida en el Texto Fundamental.

 

Es evidente que son muchos los interesados en un caso así, aunque no hubieran hecho la solicitud inicial ni se hubieran jamás incorporado al proceso. El fallo, al momento de iniciar su aplicación, puede generar problemas de orden práctico que la Sala no puede ignorar. No puede, en consecuencia, limitarse las peticiones de aclaratoria y ampliación de fallos interpretativos al breve lapso previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

 

No se trata de una desaplicación de la norma para el caso concreto, pues  no hay inconstitucionalidad del dispositivo. Simplemente, el referido artículo 252 no aplica al recurso de interpretación, en lo referido al lapso, ya que no se corresponde con la naturaleza de la acción y de las sentencias interpretativas.

 

Debe recordarse que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal  Supremo de Justicia remite al Código de Procedimiento Civil, pero que el recurso a ese texto sólo será correcto cuando sea compatible con lo juzgado por el Alto Tribunal. Un Código pensado para regular controversias inter partes puede ser muy útil en ciertos casos en los que no existe contienda, pero ser del todo inadecuado en otros supuestos, como el de autos”.

 

 

En esta oportunidad, la extiende esas declaraciones al caso de las acciones de anulación de normas, por cuanto la controversia tiene alcance general y, en consecuencia, la decisión (sea de desestimación de la demanda, de anulación del dispositivo o, como en el caso de autos, de interpretación constitucionalizante de la norma) tiene alcance erga omnes. Por ello, los fallos anulatorios o interpretativos se publican en la Gaceta Oficial de la República, a fin de hacer del conocimiento de la colectividad la sentencia que se ha dictado y que tiene directa incidencia en el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil exige que la solicitud de aclaratoria, ampliación o corrección la solicite una parte del proceso. Ahora bien, ello no es aplicable a casos como el presente, por las mismas razones expuestas. Sí es necesario, por supuesto, que el solicitante tenga un interés, pues éste es imprescindible en toda actuación procesal. Así lo ha exigido la Sala en la aclaratoria de sentencias en demandas por intereses difusos o colectivos (ver fallo N° 314/2002) y de interpretación de normas constitucionales (ver fallo N° 1278/2005). En el caso de autos es obvio el interés, en razón de que la norma que fue impugnada –e interpretada por la Sala- se refiere al régimen funcionarial especial que podría dictarse en FOGADE.

Por tanto, se admite la solicitud de aclaratoria y corrección de error material presentada por la representación de FOGADE. Así se declara.

III

SOBRE LA ACLARATORIA SOLICITADA

 

 

Se lee en el  fallo cuya aclaratoria se solicita, lo siguiente:

            (…)

“En criterio de la Sala, entonces, FOGADE ha debido fundamentar sus decisiones en un estatuto especial sobre régimen funcionarial que de manera expresa previese los cargos (y no los funcionarios, así sea ése el término que emplea la Ley) de libre nombramiento y remoción. Ese estatuto fue dictado en fecha reciente (publicado en la Gaceta Oficial N° 38.503 del 18 de agosto de 2006), pero la representación de FOGADE admite que no se contaba con él para la oportunidad de interposición de la presente demanda. En ausencia de tal estatuto especial, es necesario regirse por el estatuto general de los servidores del Estado.

 

En tal situación, no era posible para el Presidente de ese Fondo entenderse habilitado para remover a todos los funcionarios con total libertad. En ese sentido, resulta errada la argumentación del representante de FOGADE, pues aunque admite que la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras exige un estatuto especial, le restó importancia a su ausencia y afirmó que dicha Ley concede suficiente cobertura a la libre remoción. Lo cierto es que FOGADE debió aplicar el estatuto funcionarial general para dictar cualquier medida de remoción.

 

Por todo lo expuesto, la Sala declara:

           

                                   1) Que el tercer aparte del artículo 298 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras no contiene la exclusión de la carrera administrativa de la totalidad de los cargos de FOGADE.

 

                                   2)  Que ese artículo 298 contiene una remisión a un estatuto funcionarial especial, que es competencia de la Junta Directiva de FOGADE, en el cual deben determinarse los cargos que, por su naturaleza, sean de libre nombramiento y remoción.

                                  

                                   3) Que ese estatuto especial debe tener, como principio rector, la condición de carrera de la mayoría de los cargos dentro de la organización de FOGADE, siendo los de libre nombramiento y remoción sólo una excepción, debidamente justificada.

                                  

                                   4) Que entretanto no existía tal estatuto especial, el Presidente de FOGADE no podía remover libremente de sus cargos a los funcionarios al servicio del ente, al presumirse que los cargos eran de carrera.

                       

Por lo expuesto, se declara la constitucionalidad del artículo 298 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, interpretado como se ha hecho en este fallo, es decir, como una norma que simplemente faculta a FOGADE a dictar un estatuto funcionarial especial que contemple que determinados cargos en su estructura serán de libre remoción, de acuerdo con la naturaleza de las tareas que tienen encomendados. Así se decide.

 

(...)

IX

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República,  por autoridad de la Ley:

 

PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR la acción de anulación interpuesta por el ciudadano EDUARDO PARILLI WILHEIM. En consecuencia:

 

a) Se niega la anulación del tercer aparte del artículo 298 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y se fija su interpretación constitucionalizante, en el sentido de que dicha disposición no prevé que todos los cargos del Fondo de Garantías y Depósitos Bancarios sean de libre remoción, sino que ello dependerá de lo que, con base en la naturaleza de las funciones inherentes a cada cargo y con un sentido estrictamente excepcional, establezca el estatuto especial dictado por la Junta Directiva de ese Fondo.

 

(...)”.

 

            El solicitante de la aclaratoria comparte las declaraciones del fallo, en el sentido de que, mientras no existiera estatuto especial, el Presidente de FOGADE podía aplicar el estatuto general para remover a los funcionarios de ese ente.

Sin embargo, el solicitante considera que una de las afirmaciones de la Sala se presta a confusión, pues en la sentencia se sostiene: “Que entretanto no existía tal estatuto especial, el Presidente de FOGADE no podía remover libremente de sus cargos a los funcionarios al servicio del ente, al presumirse que los cargos eran de carrera”.

            Estima la Sala, por el contrario, que no hay razones para tal confusión. La lectura del fallo revela con total claridad el criterio de este Máximo Tribunal: que el tercer aparte del artículo 298 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras no podía servir de base, por sí mismo, para la remoción de funcionarios, sino que debía acudirse bien al estatuto especial de FOGADE –que fue dictado hace poco tiempo- o, en su ausencia, al estatuto general.

Como lo advierte el propio solicitante, son varias las afirmaciones de la Sala en ese sentido:

-                     “En criterio de la Sala, entonces, FOGADE ha debido fundamentar sus decisiones en un estatuto especial sobre régimen funcionarial que de manera expresa previese los cargos (y no los funcionarios, así sea ése el término que emplea la Ley) de libre nombramiento y remoción. Ese estatuto fue dictado en fecha reciente (publicado en la Gaceta Oficial N° 38.503 del 18 de agosto de 2006), pero la representación de FOGADE admite que no se contaba con él para la oportunidad de interposición de la presente demanda. En ausencia de tal estatuto especial, es necesario regirse por el estatuto general de los servidores del Estado”.

-                     “En tal situación, no era posible para el Presidente de ese Fondo entenderse habilitado para remover a todos los funcionarios con total libertad. En ese sentido, resulta errada la argumentación del representante de FOGADE, pues aunque admite que la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras exige un estatuto especial, le restó importancia a su ausencia y afirmó que dicha Ley concede suficiente cobertura a la libre remoción. Lo cierto es que FOGADE debió aplicar el estatuto funcionarial general para dictar cualquier medida de remoción”.

 

            No debe perderse de vista que la demanda de la que conoció la Sala versaba sobre la inconstitucionalidad de la norma prevista en el tercer aparte del artículo 298 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. FOGADE consideraba –y en consecuencia había actuado- que esa disposición, que el impugnante estimaba violatoria de la Carta Magna, era fundamento suficiente para remover funcionarios. La Sala rechazó tal argumentación, declarando expresamente que dicha norma no daba cobertura legal a las remociones, sino que debía aplicarse el régimen estatutario correspondiente, fuere el especial o, mientras no existiera, el general.

            Ello explica el párrafo que genera dudas en el solicitante. En él se declaró –a fin de insistir en que el tercer aparte del artículo 298 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras no permitía fundar en sí mismo las medidas de remoción- que “entretanto no existía tal estatuto especial, el Presidente de FOGADE no podía remover libremente de sus cargos a los funcionarios al servicio del ente, al presumirse que los cargos eran de carrera”.

Es decir, el Presidente de FOGADE debía invocar expresas disposiciones estatutarias (el estatuto especial de la institución o, en su defecto, la Ley del Estatuto de la Función Pública en específico los artículos 20 y 21) y no únicamente el artículo 298 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, en el que pretendía hallar la base para la libre remoción.

Por supuesto, en el fallo N° 1412/2007 no se efectuó pronunciamiento alguno sobre la validez de los actos concretos de remoción de los funcionarios de FOGADE (lo que corresponde a la jurisdicción contencioso funcionarial) como tampoco se efectuó pronunciamiento sobre la validez del estatuto especial (lo que es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa), estando circunscrita la decisión de la Sala a la determinación del alcance del tercer aparte del artículo 298 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras.

            De este modo, la Sala estima que no existe aspecto que aclarar en el  fallo N° 1412/2007. Así se declara.

IV

SOBRE LA CORRECCIÓN SOLICITADA

 

El solicitante ha llamado la atención, por otra parte, acerca de un error material en el fallo, ya que se hace referencia a un artículo inexistente: el 145.

La Sala, en efecto, constata que en la sentencia se invoca ese artículo en dos oportunidades:

1)                             “Los demandantes en este proceso, en cambio, en virtud de que contaban con una expectativa de derecho al interponer el presente recurso de nulidad oportunamente contra los actos de remoción que les afectaron, pueden ejercer las querellas respectivas contra dichos actos, dentro del lapso de tres (3) meses siguientes a su notificación que estipula el artículo 145 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Así se decide”.(pág.55 del fallo).

2)                             “Los demandantes en este proceso pueden ejercer las querellas contra los actos de remoción que les afectaron, dentro del lapso de tres (3) meses siguientes a su notificación que estipula el artículo 145 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por haberlos impugnados ante esta Sala oportunamente”. (pág.57).

 

El artículo que, en la Ley del Estatuto de la Función Pública, se refiere al lapso para la interposición de querellas es el 94, cuyo texto es el siguiente:

“Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto”.

 

En consecuencia, siendo evidente el error material en la identificación del artículo, la Sala  lo corrige, y en el lugar donde se refiere el artículo 145 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en las páginas 55 y 57  del fallo objeto de la presente solicitud, debe leerse artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Así se declara.

 

V

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República,  por autoridad de la Ley, declara:

1)                 SIN LUGAR la solicitud de aclaratoria del fallo N° 1412/2007 presentada por el abogado Franklin  Rubio.

2)                 CORRIGE el error material en que incurrió esta Sala, al invocar el artículo 145 como la norma que establece el lapso para la interposición de querellas funcionariales, siendo lo correcto el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Téngase la presente como parte integrante del fallo Nº 1412  del 10 de julio de 2007.

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  23 días del mes de octubre de dos mil siete (2007).  Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                       Ponente

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

CZdeM/asa

Exp.- 04-2469

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