Sentencia N.º 1984
- Sentencia
- N.º 1984
- Fecha
- 23/10/2007
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-2469
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Aclaratoria
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 31 de julio de 2007 el abogado Franklin Rubio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 54.152, actuando con el carácter de apoderado judicial del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), solicitó aclaratoria y corrección de error material del fallo N° 1412 del 10 de julio de 2007, por el cual
Asignada la ponencia a
I
FUNDAMENTO DE
El representante de FOGADE solicitó la aclaratoria del fallo y la corrección de error material, para lo cual expuso:
- Que en el fallo se declaró que entretanto no existía tal estatuto especial, el Presidente de FOGADE no podía remover libremente de sus cargos a los funcionarios al servicio del ente, al presumirse que los cargos eran de carrera.
- Que, sin embargo, en los párrafos previos se declaró que 1) FOGADE ha debido fundamentar sus decisiones en un estatuto especial sobre régimen funcionarial, 2) en ausencia de tal estatuto especial, es necesario regirse por el estatuto general de los servidores del Estado y 3) FOGADE debió aplicar el estatuto funcionarial general para dictar cualquier medida de remoción.
- Que todas esas remisiones al estatuto funcionarial general entran en perfecta armonía con lo establecido en el artículo 146 de
- Que el artículo 19 de
- Que el artículo 20 de esa misma Ley dispone que los funcionarios o funcionarias públicos de libre nombramiento y remoción podrán ocupar cargos de alto nivel o de confianza.
- Que según ese mismo artículo 20 ocupan cargos de alto nivel los directores o directoras generales, directores o directoras y demás funcionarios o funcionarias de similar jerarquía en los institutos autónomos.
- Que el artículo 21 eiusdem dispone que son cargos de confianza aquellos cuyas funciones requieren un alto grado de confidencialidad en los despachos de las máximas autoridades de
- Que si
- Que, en consecuencia, se precisa saber si le estaba dado al Presidente de FOGADE proceder a remover funcionarios que desempañaban cargos de alto nivel o de confianza, de conformidad con
- Que, por otra parte, en el fallo hay un evidente error material, pues se remite al artículo 145 de
II
SOBRE
El solicitante se ha basado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, norma que se refiere a las peticiones de aclaratoria, ampliación y corrección de sentencias.
Si bien las disposiciones de ese Código están dirigidas en principio a los procesos judiciales de naturaleza civil como su propia denominación revela-es sabido que contiene reglas generales, aplicables a diversos procedimientos, tratándose en realidad de normas de Derecho Común, invocables incluso en las causas de las que conoce el Máximo Tribunal, en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de
En ese artículo 252 del Código de Procedimiento Civil se lee:
Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.
Como se observa, es clara la norma al fijar un plazo, brevísimo en aras de la seguridad jurídica, para hacer las solicitudes de aclaratoria, ampliación y corrección de sentencias: debe hacerse en el día de la publicación del fallo o al día siguiente. Cualquier solicitud posterior será extemporánea y así lo ha decidido invariablemente
Ahora bien, esta Sala ha declarado que en ciertos procesos no aplica el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil: aquellos en los que no existe una simple controversia entre partes perfectamente identificadas, que es el ámbito normal de la referida disposición.
En primer lugar,
En los procesos surgidos de acciones por derechos o intereses difusos o colectivos, las sentencias que se dicten surten efectos a favor o en contra de todo el mundo y no sólo a favor o en contra de los que efectivamente se constituyen en partes dentro del proceso.
La situación especial que nace de estos fallos, con sus efectos directos e indirectos hacia personas que pueden no haber participado en las causas donde ellos se dictaron, y que pueden verse perjudicadas a pesar de no haber sido formalmente partes, obliga a una interpretación amplia del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable como norma general a los juicios que se instruyen conforme a las reglas de dicho Código.
Para los ajenos al proceso donde se emitió el fallo, quienes se encuentran en una concreta situación que por falta de alegatos no fue tomada en cuenta al juzgarse la pretensión, pueden surgir puntos dudosos en la sentencia referidos a su particular situación, y debido a esa posición pueden requerir de ampliaciones del fallo, ya que -repite
En estos supuestos, y casuísticamente, conforme a lo que aprecie el Tribunal como necesidad de las partes y los afectados por la sentencia, las aclaratorias y ampliaciones podrán interponerse antes que se ejecute efectivamente la sentencia. Se trata de una peculiaridad de esta clase de procesos que incluye ampliaciones dirigidas a partes o a terceros que no asistieron al juicio, pero cuya colaboración puede, incluso, ser necesaria para que la sentencia dictada sea idónea y equitativa, y la tutela efectiva de los derechos e intereses difusos o colectivos se adapte al Estado Social de Derecho y de Justicia que impera en
Ahora bien, el derecho que reconoce
Lo mismo se sostuvo respecto del recurso de interpretación constitucional. En efecto, en el fallo N° 1278-2005
Lo anterior es predicable también, incluso con más razón, para el caso del recurso de interpretación constitucional, pues es sabido que a través de éste se pretende la fijación, con carácter erga omnes, del sentido y alcance de una disposición contenida en el Texto Fundamental.
Es evidente que son muchos los interesados en un caso así, aunque no hubieran hecho la solicitud inicial ni se hubieran jamás incorporado al proceso. El fallo, al momento de iniciar su aplicación, puede generar problemas de orden práctico que
No se trata de una desaplicación de la norma para el caso concreto, pues no hay inconstitucionalidad del dispositivo. Simplemente, el referido artículo 252 no aplica al recurso de interpretación, en lo referido al lapso, ya que no se corresponde con la naturaleza de la acción y de las sentencias interpretativas.
Debe recordarse que el artículo 19 de
En esta oportunidad, la extiende esas declaraciones al caso de las acciones de anulación de normas, por cuanto la controversia tiene alcance general y, en consecuencia, la decisión (sea de desestimación de la demanda, de anulación del dispositivo o, como en el caso de autos, de interpretación constitucionalizante de la norma) tiene alcance erga omnes. Por ello, los fallos anulatorios o interpretativos se publican en
Por otra parte, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil exige que la solicitud de aclaratoria, ampliación o corrección la solicite una parte del proceso. Ahora bien, ello no es aplicable a casos como el presente, por las mismas razones expuestas. Sí es necesario, por supuesto, que el solicitante tenga un interés, pues éste es imprescindible en toda actuación procesal. Así lo ha exigido
Por tanto, se admite la solicitud de aclaratoria y corrección de error material presentada por la representación de FOGADE. Así se declara.
III
SOBRE
Se lee en el fallo cuya aclaratoria se solicita, lo siguiente:
(
)
En criterio de
En tal situación, no era posible para el Presidente de ese Fondo entenderse habilitado para remover a todos los funcionarios con total libertad. En ese sentido, resulta errada la argumentación del representante de FOGADE, pues aunque admite que
Por todo lo expuesto,
1) Que el tercer aparte del artículo 298 de
2) Que ese artículo 298 contiene una remisión a un estatuto funcionarial especial, que es competencia de
3) Que ese estatuto especial debe tener, como principio rector, la condición de carrera de la mayoría de los cargos dentro de la organización de FOGADE, siendo los de libre nombramiento y remoción sólo una excepción, debidamente justificada.
4) Que entretanto no existía tal estatuto especial, el Presidente de FOGADE no podía remover libremente de sus cargos a los funcionarios al servicio del ente, al presumirse que los cargos eran de carrera.
Por lo expuesto, se declara la constitucionalidad del artículo 298 de
(...)
IX
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR la acción de anulación interpuesta por el ciudadano EDUARDO PARILLI WILHEIM. En consecuencia:
a) Se niega la anulación del tercer aparte del artículo 298 de
(...).
El solicitante de la aclaratoria comparte las declaraciones del fallo, en el sentido de que, mientras no existiera estatuto especial, el Presidente de FOGADE podía aplicar el estatuto general para remover a los funcionarios de ese ente.
Sin embargo, el solicitante considera que una de las afirmaciones de
Estima
Como lo advierte el propio solicitante, son varias las afirmaciones de
- En criterio de
- En tal situación, no era posible para el Presidente de ese Fondo entenderse habilitado para remover a todos los funcionarios con total libertad. En ese sentido, resulta errada la argumentación del representante de FOGADE, pues aunque admite que
No debe perderse de vista que la demanda de la que conoció
Ello explica el párrafo que genera dudas en el solicitante. En él se declaró a fin de insistir en que el tercer aparte del artículo 298 de
Es decir, el Presidente de FOGADE debía invocar expresas disposiciones estatutarias (el estatuto especial de la institución o, en su defecto,
Por supuesto, en el fallo N° 1412/2007 no se efectuó pronunciamiento alguno sobre la validez de los actos concretos de remoción de los funcionarios de FOGADE (lo que corresponde a la jurisdicción contencioso funcionarial) como tampoco se efectuó pronunciamiento sobre la validez del estatuto especial (lo que es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa), estando circunscrita la decisión de
De este modo,
IV
SOBRE
El solicitante ha llamado la atención, por otra parte, acerca de un error material en el fallo, ya que se hace referencia a un artículo inexistente: el 145.
1) Los demandantes en este proceso, en cambio, en virtud de que contaban con una expectativa de derecho al interponer el presente recurso de nulidad oportunamente contra los actos de remoción que les afectaron, pueden ejercer las querellas respectivas contra dichos actos, dentro del lapso de tres (3) meses siguientes a su notificación que estipula el artículo 145 de
2) Los demandantes en este proceso pueden ejercer las querellas contra los actos de remoción que les afectaron, dentro del lapso de tres (3) meses siguientes a su notificación que estipula el artículo 145 de
El artículo que, en
Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto.
En consecuencia, siendo evidente el error material en la identificación del artículo,
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
1) SIN LUGAR la solicitud de aclaratoria del fallo N° 1412/2007 presentada por el abogado Franklin Rubio.
2) CORRIGE el error material en que incurrió esta Sala, al invocar el artículo 145 como la norma que establece el lapso para la interposición de querellas funcionariales, siendo lo correcto el artículo 94 de
Publíquese, regístrese y notifíquese. Téngase la presente como parte integrante del fallo Nº 1412 del 10 de julio de 2007.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Francisco A. Carrasquero López
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
CZdeM/asa
Exp.- 04-2469
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