Sentencia N.º 1998
- Sentencia
- N.º 1998
- Fecha
- 22/11/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-1663
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Mediante escrito presentado ante esta Sala el 27 de julio de 2005, los abogados RAFAEL ALBERTO MAIMONE ARAUJO y SULIMAR RIVAS VIDEL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 10.507.435 y 10.824.671, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 77.466 y 63.755, también respectivamente, en su carácter de defensores del ciudadano JESÚS RAFAEL BONAFFINA CORVOS, venezolano, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad número 4.023.355, ejercieron acción de amparo constitucional con solicitud de medida cautelar innominada, de conformidad con los artículos 1 y 2 de
El mismo día se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fechas 29 de julio, 5 y 12 de agosto, 20 y 26 de octubre y 30 de septiembre de 2005, y el 17 de enero de 2006, los precitados abogados diligenciaron a los fines de solicitar, con extrema urgencia, el pronunciamiento sobre la admisión de la presente acción de amparo constitucional, y respecto a la medida cautelar innominada solicitada en el escrito contentivo de aquélla.
Practicadas las notificaciones,
Siendo la oportunidad legal para dictar sentencia, pasa
I
ANTECEDENTES DEL CASO
1.- En fecha 5 de febrero de 2005, el Tribunal Vigésimo Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó medida de privación judicial preventiva de libertad contra el ciudadano Jesús Rafael Bonaffina Corvos, en virtud de la iniciación del proceso penal contra dicho ciudadano, por su presunta participación en la comisión del delito de
aborto provocado en forma continuada, previsto y sancionado en los artículos 433 y 435, con relación a lo establecido en el ordinal 2° del artículo 77, 99 y 84
del Código Penal vigente para la época de comisión del hecho.
2.- El 16 de febrero de 2005, en virtud de la solicitud realizada por la defensa del mencionado ciudadano, el señalado juzgado de control revisó, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesaba sobre el mencionado imputado, y en consecuencia levantó la misma, imponiéndole a aquél las medidas cautelares sustitutivas previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 256 eiusdem, referidas a la presentación periódica ante dicho tribunal una vez cada 8 días, y la prohibición de ausentarse del país sin autorización de tal juzgado, respectivamente.
3.- Contra la anterior decisión, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en fecha 4 de abril de 2005, por
4.- En fecha 5 de mayo de 2005, el Tribunal Vigésimo Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, vista una nueva solicitud de revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada contra el ciudadano Jesús Rafael Bonaffina Corvos, efectuada por los abogados Sulimar Rivas Videl y Carlos Alberto Salas Luis, otorgó medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad al señalado imputado, concretamente, la obligación de presentarse cada ocho (8) días ante la sede de dicho juzgado.
5.- Contra esta última decisión del señalado juzgado de control, interpuso recurso de apelación,
II
DE
Del escrito presentado se extraen las siguientes afirmaciones:
Que la decisión del 7 de abril de 2005, dictada por
Que
admitirle una apelación al Ministerio Público constituye una desigualdad en el proceso en cuanto a las oportunidades para recurrir de un pronunciamiento referido a la revisión de una medida de coerción personal. Por otra parte, el Ministerio Público no tiene legitimidad para impugnar la decisión del Tribunal de Control, por cuanto no le fue desfavorable, o sea, a nuestro defendido igualmente le fue impuesta una medida restrictiva de libertad que también forma parte de las medidas de coerción personal establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, medida esta que se cumplió en todo momento
.
Que
Que
en fecha doce (12) de abril de dos mil cinco (2.005),
Que el Ministerio Público incurrió en abuso de las facultades que le confiere el Código Orgánico Procesal Penal , toda vez que solicitó la
privación preventiva de libertad de nuestro defendido, cuando ella no ha sido absolutamente necesaria para asegurar las finalidades del proceso, primero, porque tiene la obligación de actuar con objetividad, teniendo en cuenta la situación del imputado y prestando atención a todas las circunstancias pertinentes del caso, que se traduce en la consideración del buen comportamiento que ha presentado nuestro defendido (
), en atención a lo establecido en el artículo 102 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que puede constituir temeridad, circunstancia esta que debe pronunciarse esta Sala, a fin de establecer la responsabilidad que haya lugar, de conformidad en el artículo 299 Ejusdem.
Con relación a la sentencia dictada el 14 de julio de 2005, por
Que Una de las consideraciones en que se fundamentó
Que
estamos concientes de que
Que
En consecuencia, solicitó la declaratoria con lugar de la acción de amparo constitucional interpuesta, que se decrete la nulidad de las dos (2) decisiones aquí impugnadas y que en consecuencia, se mantenga la medida cautelar sustitutiva otorgada al ciudadano Jesús Rafael Bonaffina Corvos el 16 de febrero de 2005, por el Juzgado Vigésimo Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
III
OPINIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Que
es criterio de quien suscribe, que el Ministerio Público, en el presente proceso de amparo constitucional, no puede circunscribir su actuación conforme a lo pautado en el artículo 15 de
Que Por tanto, el Ministerio Público solicita, muy respetuosamente, se considere que la intervención en el presente proceso de amparo constitucional, sea establecida en condición de tercero coadyuvante y no como lo establece el artículo 15 de
Que Arguyen los accionantes en amparo, que dichos autos en el que se revisa (sic) la medida privativa de libertad otorgada por el Tribunal, son inapelables por parte del Ministerio Público, ya que, por una parte, constituyen pronunciamientos discrecionales del Juez de Control, bajo la premisa que si cumplen con los requisitos de ley, no puede (sic) ser censurables por un Tribunal Superior; y por la otra, admitirle una apelación al Ministerio Público en tales términos, a su decir, constituye una desigualdad en el proceso, en cuanto a las oportunidades para recurrir de un pronunciamiento atinente a la revisión de una medida de coerción personal, ya que no tiene legitimidad para la impugnación de la decisión del Tribunal de Control, en virtud que no le es desfavorable el resultado de dicho pronunciamiento, toda vez que, a su defendido igualmente se le impuso una medida restrictiva de libertad, que forma parte del elenco de medidas de coerción personal, establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
Que En relación a estos particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de
Que del texto del señalado fallo, se desprende que
el Ministerio Público, en ejercicio de las facultades y atribuciones de índole constitucional y legal, tiene la obligación de ejercer todas aquellas acciones tendientes al esclarecimiento total de los hechos punibles que son puestos en conocimiento de la autoridad competente, la determinación de la responsabilidad penal de los autores y partícipes implicados; frente a lo cual dispone de una gama de mecanismos procesales que hacen viable la materialización del fin último del proceso, conforme al artículo 12 y 13 del Código Orgánico Procesal Penal.
Que
entre los medios judiciales que hacen permisible la consecución de tal finalidad, se encuentran la medida privativa de libertad personal, la cual, debe ser entendida como una garantía de las resultas del proceso, atendiendo a la estricta sujeción a los extremos de ley para su otorgamiento, en aras de la procura del fin justicia, lo cual se traduce en la máxima expresión del respeto de los derechos y garantías de las partes, en el entendido que el proceso, tal y como es concebido en el Código Orgánico Procesal Penal, debe tender a obtener la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho.
Que
cualquier situación que atente contra las referidas premisas, haciendo nugatorio e ilusorio la ejecución de un fallo que precise la responsabilidad penal de algún imputado, eventualmente, es susceptible de causar un gravamen al Ministerio Público, como garante de la constitucionalidad y legalidad, contrariamente como lo sostienen los hoy accionantes en amparo; por lo que, todo pronunciamiento judicial que avale o consagre efectos constitutivos de derechos en ese sentido, es susceptible de ser recurrido, conforme a lo previsto en el artículo 447, numerales 4 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal.
Que
en el presente caso, como se indicó anteriormente, estamos en presencia de delitos que comportan la posibilidad de imposición de una pena, cuyo quantum, eventualmente pudiere exceder de cinco (05) años de prisión; sin dejar a un lado que, los ilícitos objeto de calificación y que constituyen los hechos investigados, atentan contra el bien jurídico fundamental más preciado a todo ser humano, como es la vida, y atendiendo a la ponderación entre el daño social causado al igual que, el efecto lesivo hacia tal valor de suprema protección por parte del ordenamiento jurídico, determina que las medidas tendientes a la estricta observancia de las exigencias legales que van aparejadas a la consecución de tales fines, deben generar la factibilidad necesaria para que los mismos se materialicen.
Que
la acción desplegada por el Ministerio Público en el presente caso, se encuentra perfectamente enmarcada en el ámbito de las señaladas atribuciones y facultades que derivan de la obligación que, como titular de la acción penal ostenta; por lo que, mal podría concluirse que la actividad desarrollada por
Que
no entiende el Ministerio Público como puede ser justificado racionalmente que un órgano jurisdiccional imponga una medida de privación judicial preventiva de libertad, al considerar cubiertos los extremos de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal y, en un brevísimo lapso (cinco (5) días), revoque dicha providencia judicial, imponiendo una medida cautelar sustitutiva, aduciendo una serie de argumentos relacionados con el arraigo en el país de los imputados en el juicio principal; el no tener antecedentes penales ni registros policiales; así como, una supuesta manifestación de voluntad de los mismos de colaborar con las investigaciones.
Que Esta honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dejó establecido en sentencia N° 248 de fecha 02 de marzo de 2004, con ponencia del Magistrado Antonio García García, lo siguiente: (omissis).
Que de la anterior decisión, se puede colegir que
el hecho de revisar una medida privativa de libertad otorgada por un Tribunal, cuando las condiciones para su otorgamiento no han variado, pudiere resultar nugatorio, toda vez que, que la misma fue dictada bajo el imperio de una serie de circunstancias que el Juez analíticamente estudió para poder establecer la restricción de la libertad de una persona; evidentemente en el presente caso no se produjo, lo cual, fue debidamente regulado por las decisiones dictadas por las Salas N° 3 y 6 de
Que
es oportuno puntualizar que con base al principio de igualdad procesal, la posibilidad de recurrir o el derecho a la doble instancia se extiende al Ministerio Público, ya que se encuentra incluido entre las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de
IV
DE LAS DECISIONES IMPUGNADAS
En primer lugar, la decisión dictada por
Establece el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, que cuando los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad, puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del Imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motiva, alguna de las medidas cautelares previstas en esa norma.
Advierte
Sin embargo, esta facultad está circunscrita a que hayan variado las circunstancias que originaron la prisión preventiva y los fines del proceso puedan ser satisfechos con la imposición al imputado de una medida menos gravosa, lo que no ha quedado acreditado en el presente caso, pues no habiéndose recurrido de la prisión preventiva o renunciándose al recurso, se entienden satisfechos y aceptados por los imputados los extremos de ley, procediendo la sustitución sólo a causa de modificación de las mismas.
Así las cosas, a los subjúdices sólo se les impuso por vía de revisión un régimen de presentación periódica ante el tribunal, y el compromiso de no ausentarse del país sin la autorización del tribunal, medidas que pudieran devenir en impunidad.
En efecto, a los encartados se les sindica de la comisión de los delitos de Homicidio culposo y Aborto, en sus distintas modalidades y las medidas cautelares sustitutivas de libertad que se le impusieron, no enervan el peligro de fuga al que alude el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la magnitud del daño causado fue grave, pues como consecuencia del presunto aborto falleció una joven de 19 años, y la clínica donde pudo habérsele practicado, ni siquiera cuenta con los permisos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, esto es, se trata de una clínica semiclandestina donde presuntamente se realizaban prácticas ilegales de la medicina que generaron problemas de salud pública y ninguna precaución al respecto tomó el tribunal de Instancia. De lo cual se infiere que las medidas de marras no son suficientes para garantizar la finalidad del proceso.
Además, los imputados fueron detenidos en fecha 03/02/05 y para el momento de la revisión cuestionada, sólo habían transcurrido un poco más de diez días, lo cual deja en entredicho que en tan poco tiempo hayan variado los fundamentos de la medida privativa de libertad, sin siquiera haberse acreditado circunstancias nuevas, excluyentes o modificativas que hayan evidenciado la variación de los motivos que originaron el dictado de la prisión preventiva, como bien lo señala el Ministerio Público, pues las constancias de residencia y los informes médicos presentados por la defensa, no se encuentran previstos en el elenco de elementos que excluyen la aplicación de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.
En segundo lugar, en la decisión dictada por
Revisadas las actas procesales se observa que existiendo una decisión de
Constató igualmente
Por otra parte, si la recurrida había dictado medida judicial privativa de libertad en contra de los referidos imputados, es porque consideró llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual debía en primer lugar examinar si el delito imputado por el Ministerio Público excedía de los 3 años en su límite máximo y así excluir la aplicación del artículo 253, ejusdem. Por ello, no puede el juzgador con posterioridad y sin que haya variado ninguna circunstancia, establecer con base en el artículo 253 del referido texto legal, que la única medida de coerción personal era la medida cautelar sustitutiva. En efecto, se juzga que se infringió por indebida aplicación el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal como fundamento para conferir a los imputados medida cautelar sustitutiva, en atención que este dispositivo legal debe aplicarse haciendo consideración de la pena que merece el delito en su límite máximo. Acudir a este fundamento legal para conferir la medida cautelar, se traduce en que el Juzgador está reconociendo que para el caso en concreto no procedía en ningún caso medida privativa de libertad, razonamiento judicial que luce contradictorio.
De lo precedentemente expuesto se concluye que
( )
En cuanto a lo alegado por los Abogados SULIMAR RIVAS y CARLOS SALAS, defensores del ciudadano BONAFFINO COVO (sic) JESUS de que en el caso de autos procede lo dispuesto en el artículo 253, se juzga que la razón no le asiste con base a las razones expresadas por esta Sala al declarar la infracción de ley en que incurrió la juzgadora de Primera Instancia cuando acordó la medida cautelar sustitutiva con base en el citado artículo .
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Para decidir,
La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta por Rafael Alberto Maimone Araujo y Sulimar Rivas Videl, actuando como defensores del ciudadano Jesús Rafael Bonaffina Corvos, contra la sentencia dictada el 7 de abril de 2005, por
En tal sentido,
Por su parte,
De igual forma, de las actas se evidencia que el ciudadano Jesús Rafael Bonaffina Corvos alega en su acción de amparo constitucional, que las referidas sentencias de las salas 3 y 6 de
A los efectos de una mayor claridad y sistematización del presente fallo, se realizarán, en primer término, unas breves consideraciones generales sobre el derecho fundamental a la libertad personal. En segundo lugar, se analizará la vinculación del mencionado derecho fundamental al régimen de las medidas de coerción personal. Una vez que se haya precisado lo anterior y a la luz de tales consideraciones, se determinará si los fallos impugnados a través de la presente acción de amparo, y dictados por las mencionadas salas de
Dicho lo anterior, debe afirmarse, en líneas generales, que la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico consagrado en el artículo 2 de
Ahora bien, una de las derivaciones más relevantes de la libertad, es el derecho a la libertad personal -o libertad ambulatoria- contenido en el artículo 44 de
Siguiendo esta línea de criterio, CASAL HERNÁNDEZ señala lo siguiente:
al igual que los demás derechos fundamentales, el derecho a la libertad personal representa tanto un derecho subjetivo de defensa contra las injerencias estatales como un principio constitucional que, en cuanto decisión valorativa, repercute en todas las esferas del ordenamiento jurídico y obliga a los poderes públicos a tomar las medidas necesarias para asegurar su vigencia. (Cfr. CASAL HERNÁNDEZ, Jesús María. Derecho a la libertad personal y diligencias policiales de identificación. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 1998, pp. 153, 154).
En este mismo sentido, BORREGO sostiene:
Ciertamente, uno de los derechos que aparte de la vida goza de un lugar privilegiado en el fuero constitucional, es la libertad personal y que también se vincula con otros derechos como la libertad de tránsito, de pensamiento, expresión y tantos más que adquieren relevancia para el desarrollo humano. Particularmente, este es un derecho subjetivo que interesa al orden público (favorable a los derechos humanos, según expresión de Nikken) y normalmente, es registrado como un valor fundamental para el enaltecimiento de la dignidad del ciudadano que ajusta su desenvolvimiento en sociedad. En especial, todas las declaraciones que se refieren al tema de los derechos humanos recogen a este principalísimo fundamento, reflejo inmediato del Estado de Derecho, democrático y con determinación social (BORREGO, Carmelo.
Si bien el derecho fundamental a la libertad personal es la regla general, es el caso que el propio texto constitucional permite que el mismo pueda verse limitado en ciertos supuestos excepcionales, como lo son los establecidos taxativamente en el numeral 1 del artículo 44 de
En este orden de ideas, y como lo ha afirmado el Tribunal Constitucional español, la prisión provisional se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano (STC 47/2000, del 17 de febrero). Ahora bien, debe afirmarse el hecho de que la medida de coerción personal antes mencionada posea en principio un contenido material que coincide con el de las penas privativas de libertad, no implica que ella persiga el mismo fin de tales sanciones, es decir, no puede concebirse como una pena anticipada, toda vez que la misma recae sobre ciudadanos que se ven amparados por el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 49.2 Constitucional y en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, cristalizándose así el principio indubio pro libertate.
Así, el Tribunal Constitucional Federal alemán ha establecido al respecto lo siguiente:
La penalización pronta y adecuada de los delitos más graves no sería posible en muchos casos, si las autoridades encargadas de la persecución penal les estuviere prohibido, sin excepción, detener y mantener en prisión a los presuntos autores hasta que se dicte la sentencia. Otra cosa es que la plena restricción de la libertad personal, mediante la confinación a un establecimiento carcelario, sea una sanción, que el Estado de Derecho, en principio, permite imponer sólo a quien ha sido juzgado por una actuación sancionada penalmente. Este tipo de medidas, en contra de una persona acusada de haber cometido un delito, son admisibles sólo en casos excepcionalmente limitados. De ésto se origina que respecto de la presunción fundamental de inocencia, se excluyan las acusaciones graves en contra del inculpado, permitiendo la imposición anticipada de medidas que por sus efectos se equiparan a la pena privativa de libertad. (Crf. CINCUENTA AÑOS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN. Compilación de sentencias por Jürgen Schwabe. Konrad Adenauer Stiftung Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá, 2003, p. 94).
De lo anterior se infiere que a través de la medida de privación judicial preventiva de libertad no se puede anticipar la protección de un bien jurídico utilizándola como pena, toda vez tal función le corresponde al Derecho penal material (sentencia n° 915/2005, del 20 de mayo, de esta Sala). Por el contrario, la privación judicial preventiva de libertad debe atender a la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de dicha medida, concretándose aquéllos en la conjuración de ciertos riesgos relevantes, a saber, la sustracción del encartado a la acción de la justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva (STC 33/1999, del 8 de marzo, del Tribunal Constitucional español). En pocas palabras, es una medida que esencialmente se justifica por la necesidad de asegurar el proceso, específicamente, garantizar sus resultados y la estabilidad en su tramitación.
Debe reiterar esta Sala que el interés no sólo de la víctima, sino de todo el colectivo en que las finalidades del proceso penal sean cumplidas, encuentra un límite tajante en el derecho del procesado a presumirse inocente hasta tanto exista la plena certeza procesal de su culpabilidad. En el proceso penal, esta garantía se hace extrema ante la desproporcionalidad de la fuerza del aparato estatal frente al individuo, la funesta posibilidad de fallo injusto que pueda implicar equívocos y, sobretodo, el reconocimiento de encontrar en la acción delictiva una eventualidad que, de suyo, no se reconoce como normal y deseable en una sociedad civilizada regida por la justicia. Sin embargo, la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas (sentencia n° 2.426/2001, del 27 de noviembre, de esta Sala).
Íntimamente vinculado a lo antes expuesto, se encuentra lo referente a la configuración de los límites de dicha medida, los cuales han sido delineados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español en el siguiente sentido:
más allá del expreso principio de legalidad, la legitimidad constitucional de la prisión provisional exige que su configuración y su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida; y como objeto, que se la conciba, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines antedichos que constitucionalmente la justifican y delimitan (STC 128/1995, del 26 de julio).
Siguiendo el criterio jurisprudencial antes citado, esta Sala estima que los tribunales de
Precisado lo anterior, considera necesario puntualizar esta Sala, que al Juez Constitucional no le corresponde determinar en cada caso si concurren o no los presupuestos contemplados en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de la adopción -o mantenimiento- de la medida de privación judicial preventiva de libertad, toda vez que tal facultad le corresponde exclusivamente a la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, dado el papel nuclear que posee el derecho fundamental a la libertad personal en el modelo de Estado consagrado en el artículo 2 de
Ahora bien, esta Sala considera oportuno resaltar que al Juez Constitucional única y excepcionalmente le corresponde el ejercicio del denominado control externo de la medida de coerción personal, así como también de la decisión del Tribunal superior que confirme o revoque la misma, ello a los fines de velar por la salvaguarda del derecho fundamental a la libertad personal. Dicho control externo se traduce en supervisar que la decisión judicial contentiva de la medida se sustente en una motivación fundada y razonada, en otras palabras, que haya sido dictada de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines de la prisión preventiva, concretamente, constatando si los fundamentos de la decisión son suficientes (es decir, si se han plasmado los presupuestos que autorizan y justifican la medida), razonada (esto es, la expresión del proceso lógico que individualiza la aplicación de las exigencias constitucionales al caso concreto) y proporcionada (a saber, si se han ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad), neutralizando así cualquier posibilidad de que tal provisión cautelar sea dictada bajo el manto de la arbitrariedad.
En el presente caso, se observa que
Por su parte, en la decisión dictada el 14 de julio de 2005,
Del exhaustivo análisis de ambas decisiones de la mencionada alzada penal, se desprende que la motivación en ellas articulada a los fines de revocar la concesión de unas medidas cautelares sustitutivas al encartado, se sustenta en una serie de consideraciones vinculadas esencialmente a los siguientes aspectos: 1.- La magnitud del daño causado por el hecho punible objeto del proceso penal; 2.- Las circunstancias en las cuales se materializó la presunta comisión del delito (en una clínica abortiva); 3.- El hecho de no haber transcurrido un lapso suficiente para que pudiesen variar las circunstancias que motorizaron la imposición de la medida de privación judicial preventiva de libertad; y 4.- La indebida aplicación del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal por parte del Tribunal Vigésimo Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Visto lo anterior, esta Sala observa que en el caso de autos, si bien no transcurrió un holgado espacio de tiempo entre el decreto y la ulterior sustitución de las medidas de privación judicial preventiva de libertad impuestas al quejoso, el razonamiento expresado en las sentencias impugnadas mediante la presente acción de amparo, no resulta válido para justificar el mantenimiento de un peligro de fuga no conjugable con las medidas cautelares sustitutivas. En tal sentido, las solas características del delito y la gravedad de la pena no bastan para ese mantenimiento, sin valorar las circunstancias del caso y de la persona, por lo que las decisiones accionadas constituyen la expresión larvada de un automatismo ciego en la imposición de la medida de privación judicial preventiva de libertad, resultando tal proceder abiertamente contrario a los principios de excepcionalidad, subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad que deben informar a tal medida de coerción personal.
A mayor abundamiento, las sentencias aquí impugnadas se encuentran referidas solamente a algunas de las circunstancias que permiten la adopción de la medida de privación judicial preventiva de libertad, pero no expresan la finalidad que se persigue con tal medida, así como también carecen del razonamiento seguido para arribar al resultado decisorio limitativo de la libertad personal. Así, la primera constituye una decisión abstracta y general, que se limita a esgrimir y resaltar que no ha transcurrido el tiempo suficiente para la modificación de las circunstancias que conllevaron a la medida de prisión provisional, así como la magnitud del daño causado; mientras que la segunda, además de reiterar estos mismos argumentos, señala que el Tribunal de Control aplicó indebidamente el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que ninguna de estas circunstancias, a criterio de esta Sala, se vincula con alguna de las finalidades constitucionalmente legítimas de la privación judicial preventiva de libertad, así como tampoco pueden constituir fundamentos válidos para la imposición de dicha medida cautelar.
De todo lo antes expuesto se concluye que inequívocamente las dos (2) sentencias impugnadas por el hoy quejoso, estructuraron una motivación inadecuada para sustentar la revocatoria de las medidas cautelares sustitutivas concedidas por el juzgado de control y, consecuencialmente, para considerar como adecuada la medida de prisión provisional, toda vez que no contienen ninguna alusión a los fines que constitucionalmente legitiman la limitación de la libertad personal del ciudadano Jesús Rafael Bonaffina Corvos. De igual forma, no expresaron el juicio de ponderación necesario para adoptar una medida tan gravosa, ni tampoco llevaron a cabo la valoración de las circunstancias particulares del caso y del encartado.
Siendo así, observa esta Sala que el inadecuado razonamiento explanado en las sentencias dictadas en fechas 7 de abril y 14 de julio de 2005, por de las salas 3 y 6 de
En consecuencia, una vez analizados los hechos que rodean el presente caso, a la luz de los planteamientos explanados a lo largo del presente fallo, se concluye que las sentencias impugnadas vulneraron los derechos constitucionales del quejoso, razón por la cual esta Sala debe declarar con lugar la presente solicitud de amparo constitucional. En vista de lo anterior, se anulan las decisiones objeto del presente amparo constitucional, a saber, las sentencias dictadas el 7 de abril de 2005, por
VI
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
1.- CON LUGAR la acción de amparo constitucional incoada por los abogados RAFAEL ALBERTO MAIMONE ARAUJO y SULIMAR RIVAS VIDEL, en su carácter de defensores del ciudadano JESÚS RAFAEL BONAFFINA CORVOS, contra la sentencia dictada el 7 de abril de 2005, por
2.- Se ANULAN las sentencias dictadas el 7 de abril de 2005, por
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. n° 05-1663
Quien suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, salva su voto por disentir del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Rafael Alberto Maimone Araujo y Sulimar Rivas Videl, en su carácter de defensores del ciudadano Jesús Rafael Bonaffina Corvos, y revocó las decisiones dictadas, el 7 de abril de 2005, por
En efecto,
Ahora bien, quien aquí disiente considera que las Salas N° 3 y N° 6 de
En tal sentido, las Salas N° 3 y N° 6 de
De manera que, no le era dable a las Salas N° 3 y N° 6 de
Además, cabe resaltar que
A juicio de quien suscribe el presente voto, lo anterior evidencia, sumando a que se consideró que no se justificó el mantenimiento de un peligro de fuga no conjugable con las medidas cautelares sustitutivas, que
...que en virtud de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, los mismos, si bien deben ajustarse a
En el caso bajo estudio, no se evidenciaba que el criterio adoptado por las Salas N° 3 y N° 6 de
Además, no puede dejarse de señalar la naturaleza del delito imputado para reforzar la potestad de juzgamiento del Juez penal de instancia; y es que en el caso de autos los hechos por los cuales se inició el proceso penal, se corresponden con una denuncia de práctica de un aborto a una ciudadana que, por consecuencia de esos actos, resultó fallecida.
En el estado actual de nuestra legislación, la provocación, procuración y la práctica del aborto se encuentran tipificados como hechos punibles en los cuales se responsabiliza a los autores y a los partícipes, siendo la única excepción el denominado aborto terapéutico, cuando el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta, lo cual debe analizarse en cada caso en concreto de acuerdo a la teoría general del delito. No obstante, advertimos que la práctica del aborto ocurre con mucha frecuencia, perteneciendo este hecho punible a la cifra negra de la criminalidad, toda vez que por el escándalo social que ello involucra, nadie denuncia a menos que el aborto ocasione la muerte de la mujer abortante.
Así pues, por hecho comunicacional se sabe que existen regiones, como el Estado Zulia donde el aborto es la tercera causa de mortalidad materna, después de la preeclampsia y la sepsis; y de acuerdo con lo señalado por
De estas estadísticas alarmantes sacan provecho muchas clínicas revestidas la más de las veces de una apariencia de legalidad, que funcionan clandestinamente al margen de cualquier control sanitario, policial, social y gremial; y subrayamos la falta de control gremial porque los médicos para escapar del estigma social que se endosa a quienes favorecen el aborto, dejan a los llamados practicantes o instrumentistas la realización de los abortos mal considerados de cirugía menor.
Es este ambiente fraudulento, especulativo y de impunidad el que repulsa a la conciencia pública, y nadie más que el Juez de instancia penal para expresar la valoración de la conciencia social.
Queda así expresado el criterio de
Fecha ut supra.
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Francisco A. Carrasquero López
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Disidente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. N° 05-1663
CZM/jarm
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