Venley

Sentencia N.º 204

Sentencia
N.º 204
Fecha
29/02/2012
Sala
Constitucional
Expediente
11-0949
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ

 

Mediante oficio Nº 189-2011 del 14 de julio de 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, remitió a este Tribunal Supremo de Justicia el conocimiento de la causa contentiva de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Pedro Alejandro Peñalver Meléndez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 56.280, actuando en su condición de defensor privado del ciudadano PEDRO JOSÉ MORENO GUÉDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-16.805.820, contra el acta de la audiencia celebrada, el 1 de junio de 2011, y contra el auto de apertura a juicio, del 23 de junio de 2011, ambos dictados por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal; en el juicio que se le sigue por la presunta comisión del delito de homicidio intencional en grado de frustración, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 80, último aparte, del Código Penal.

 

La causa fue remitida a fin de que esta Sala se pronuncie en torno a la apelación que ejerció la parte accionante contra la decisión dictada, el 7 de julio de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo establecido en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 29 de julio de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

El 10 de agosto de 2011, la defensa privada del accionante presentó escrito mediante el cual ratificó el recurso de apelación interpuesto en el caso de marras.

 

Mediante escrito presentado el 4 de octubre de 2011, la parte accionante solicitó “…Celeridad Procesal en la presente causa…”.

 

I

ANTECEDENTES

 

El 1 de junio de 2011, fue celebrada audiencia preliminar, ante el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en la cual se admitió la acusación fiscal contra el ciudadano Pedro José Moreno Guédez, por la presunta comisión del delito de homicidio intencional en grado de frustración. Igualmente, se admitieron e inadmitieron pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, se admitieron las pruebas ofrecidas por la defensa, se inadmitieron las pruebas ofrecidas por la víctima –al no haberse constituido como querellado-, y se ordenó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad dictada contra el imputado.

 

El 23 de junio de 2011, fue dictado el auto de apertura a juicio, mediante el cual se fundamentó la decisión proferida en la oportunidad de celebrarse la audiencia preliminar.

 

El 29 de junio de 2011, la defensa privada del acusado interpuso acción de amparo constitucional contra las anteriormente referidas decisiones, correspondiendo el conocimiento de la misma a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, quien, el 7 de julio de 2011, la declaró inadmisible.

 

El 12 de julio de 2011, el accionante ejerció recurso de apelación contra la anterior sentencia, el cual es objeto del presente fallo.

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

Siendo la oportunidad de pronunciarse respecto a la competencia para conocer del presente asunto, esta Sala pasa a hacerlo y, a tal efecto, observa:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 266.1 y 336.11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 25.19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le concierne a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los juzgados superiores de la República, salvo contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

 

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala la apelación  de una sentencia emanada de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional incoada contra actuaciones de un juzgado inferior, motivo por el cual, esta Sala, congruente con las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, se declara competente para conocer de la apelación interpuesta. Así se decide.

 

III

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

La acción de amparo constitucional que dio origen a la decisión objeto de la presente apelación, se fundamenta en la violación de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, previstos y sancionados en el artículo 49, cardinal 1, y en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Al respecto, la parte accionante señaló que “…en fecha 22 de marzo de 2.011 (sic), el Ministerio Público presentó acusación contra mi defendido PEDRO JOSE (sic) MORENO GUEDEZ (sic), por la presunta comisión del delito de Homicidio en Grado de Frustración, (…) por los hechos acaecidos el día 12 de junio de 2.006 (sic), en los cuales una persona de nombre Nerio Antonio González Colmenares resultó ‘herido’ por arma de fuego, posteriormente esta defensa, presentó escrito de Contestación de la Acusación Fiscal, en el cual entre otras cosas, atacamos dicho acto conclusivo, por tratarse de una acusación genérica, ya que en él no se explica claramente la relación de los hechos y la supuesta participación de mi patrocinado y menos aún, su intencionalidad, por la cual motivó a la representación fiscal a calificar tales hechos como un Homicidio Frustrado y no Unas Lesiones Personales; así como denunciamos la Inmotivación en cuanto a los Elementos de Convicción y la calificación Jurídica, toda vez, que allí tampoco se explica la necesidad y pertinencia de tales Elementos de Convicción ni se fundamenta la Calificación Jurídica, por lo que se dejó a mi defendido en un evidente estado de indefensión, en franca violación a la garantía constitucional del derecho a la Defensa y al Debido proceso, por lo que solicitamos la Nulidad Absoluta de la Acusación, conforme a lo establecido en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal…” (Destacado de la parte accionante).

 

Que “…el 1° de junio de 2.011 (sic), el tribunal 7° de Control (…) celebró Audiencia Preliminar, en la cual admitió la Acusación Fiscal, partes de las pruebas allí ofrecidas, las pruebas de la defensa y a pesar de haberse ratificado oralmente por la defensa, el escrito de Contestación de la Acusación en el cual se le solicita declare la Nulidad Absoluta de la Acusación Fiscal, la juzgadora omite pronunciamiento al respecto…” (Destacado de la parte accionante).

 

Que “…existe omisión de pronunciamiento sobre las nulidades invocadas por la defensa en la audiencia preliminar y no existe entre los supuesto[s] del Recurso de Apelación uno referente a las omisiones de los jueces…”.

 

En este sentido, indicó que “…Tal omisión, viola Derechos de rango constitucional al limitar o impedir el ejercicio de los medios de defensa procesales pertinentes, ya que como lo ha señalado la Sala Constitucional, las nulidades invocadas por la defensa en la audiencia preliminar deben ser allí resueltas…”.

 

Que “…la petición de nulidad en la fase intermedia es un medio de defensa ante violaciones a los derechos del imputado, en este caso violaciones materializadas en una acusación inmotivada, confusa en cuanto a la narración de los hechos, a la subsunción del derecho y en cuanto a la motivación en general del Ministerio Público para intentar la acción penal…”.

 

Que “…La Juez al omitir pronunciamiento sobre el alegato principal de la defensa, ignora groseramente su petición, deja en estado de indefensión al imputado, y en situación de desigualdad ante la otra parte, en ese caso el Ministerio Público cuya petición si fue escuchada y decidida…”.

 

Que “…no existe Recurso Procesal Ordinario, mediante el cual se pueda recurrir contra la flagrante violación de los Derechos Fundamentales por la omisión de pronunciamiento de la Juez de Control, sobre denuncias de gravísimas violaciones que atentan contra la Seguridad Jurídica y el Estado de Derecho, que vician el referido proceso de Nulidad Absoluta y por ende inconvalidables, ya que cercenan el Debido Proceso en general y el Derecho a la Defensa en particular…”.

 

Solicitó “…que en atención a lo dispuesto en el Artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, [se] declare la Nulidad Absoluta de la Audiencia Preliminar celebrada en [ese] Asunto por el juzgado 7º en funciones de Control de [ese] Circuito Judicial Penal, de fecha 01 de junio de 2.011 (sic), y fundamentado por auto separado el 23 de junio de 2.011 (sic), por incurrir en el vicio de omisión de Pronunciamiento al violentar Derechos fundamentales de mi defendido como el Debido Proceso, el Derecho a la Defensa y la Tutela Judicial Efectiva…”.

 

Propone “…como soluciones a la denuncia planteada, las siguientes… ”:

 

- “…Declarar la Nulidad Absoluta de la Audiencia Preliminar celebrada el día 1º de junio de 2.011 (sic), por la Juez Suplente Abogada Gregoria Suarez (sic), encargada para ese momento del Juzgado de Control Nº 7, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, y los actos sucesivos a ella…”.

 

- “…Declare la reposición de la causa al estado de nueva celebración de la Audiencia Preliminar, para que esta (sic) se realice ante un juez diferente…”.

 

- “…En virtud de las constantes violaciones de los Derechos Fundamentales de mi defendido y a los fines de restablecer en algún modo la situación Jurídica infringida, y para que la reposición de la causa [no] lesiones (sic) aún más sus Derechos Fundamentales, por el retardo del proceso, solicito le imponga una Medida Cautelar menos gravosa, que podría ser cualquiera de las contempladas en el Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, e incluso varias de ellas, si ha bien lo decide este superior tribunal…”.

 

Finalmente, solicitó la admisión y sustanciación de la acción de amparo constitucional interpuesta, así como la declaratoria con lugar de la misma y, en consecuencia, la declaratoria de nulidad absoluta de la audiencia preliminar celebrada en la causa primigenia.

 

IV

DE LA SENTENCIA APELADA

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, declaró inadmisible la acción interpuesta, con base en los siguientes argumentos:

 

“…Determinada la competencia, pasa la Corte de Apelaciones a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo propuesta, y a tal fin, observa:
Antes de entrar a conocer la presente Acción de Amparo, es necesario que esta Alzada se pronuncie con respecto a la admisibilidad del mismo, siendo necesario que los Jueces que conocen en Sede Constitucional, verifiquen si existe violación de algún derecho o garantía constitucionales de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone lo siguiente:

(…omissis…)
En atención a la norma supra transcrita y a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al precisar el carácter de orden público de las causales de Inadmisibilidad de la Acción de Amparo que en Sentencia Nº 41 de fecha 26 de Enero de 2001, en Ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, en el expediente Nº 00-1011-1012, dejó establecido:

‘Al respecto debe señalarse que la jurisprudencia de este alto tribunal ha establecido que las causales de inadmisibilidad de acción de amparo son de orden público, razón por la cual el juzgador puede declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de dicha solicitud en cualquier estado del proceso ya que posee un amplio poder para modificar, confirmar o revocar lo apreciado, aún cuando la acción de amparo se haya admitido…’

Respecto al numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 778 de fecha 25 de Julio de 2000, con Ponencia del Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta, consideró:

‘…la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sólo procede cuando fue el mismo accionante quien con anterioridad a la acción de amparo ejerció un medio procesal ordinario contra la decisión accionada, y no cuando quien ejerció ese medio procesal fue un sujeto procesal distinto, como la contraparte o un tercero coadyuvante con interés en el proceso…’

(Negrilla y subrayado nuestro).

Además, respecto al mismo numeral, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 2369 de fecha 23 de Noviembre de 2001, con Ponencia del Magistrado Dr. José Delgado Ocando, consideró:

‘…la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.

Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.

(…) En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)…’

(Negrilla y subrayado nuestro)

Determinado lo anterior, esta Alzada observa, según lo alegado por el Accionante en su escrito, que la misma plantea que la presente acción de amparo es por la presunta violación de normas procesales y constitucionales como el debido proceso, derecho a la defensa, y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 49 numeral 1° y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respecto a la decisión dictada en fecha 01 de Junio de 2011 y fundamentada el 23 de Junio del mismo año, en la causa signada bajo el N° KP01-P-2006-005440, por parte del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 7 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, incurriendo en el vicio de omisión de pronunciamiento sobre la Nulidad Absoluta de la Acusación Fiscal solicitada por la Defensa Privada.

Ahora bien, refiriéndonos al Amparo en cuestión, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 2692, Exp. Nº 03-1545 de fecha 09 de Octubre de 2003, con Ponencia del Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta, estableció:

‘…Una vez aclarado lo anterior, pasa esta Sala a analizar el caso de autos y a tal efecto, señala:

En el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se establece que serán inadmisibles aquellas acciones de amparo en las que el presunto agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes.

Ahora bien, la jurisprudencia reiterada de esta Sala ha señalado que la causal de inadmisibilidad anterior, se configura también, cuando existe otro medio procesal idóneo para restablecer la situación jurídica lesionada, aunque éste no haya sido ejercido, esto se debe a que la acción de amparo constitucional busca la reparabilidad inmediata del daño producido por la violación directa de algún derecho o garantía constitucional.

Igualmente, se ha reiterado en doctrina y en jurisprudencia el carácter específico de la acción de amparo y el problema que constituiría el otorgarle un carácter sustitutivo de los demás mecanismos judiciales, los cuales al ser parte de un sistema jurídico homogéneo, se presentan igualmente como garantizadores y protectores de los derechos constitucionales, al respecto se observa lo señalado por esta Sala en la sentencia del 9 de noviembre de 2001 (Caso: Oly Henríquez de Pimentel) en la cual se expresó lo siguiente:

‘Es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:

a) Una vez que la vía judicial haya sido instada y que los medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha; o

b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no dará satisfacción a la pretensión deducida.

La disposición del literal a) apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano, tal como se afirmó en líneas anteriores; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías o medios procesales ordinarios les imprime la potestad de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que su agotamiento es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.

(...)

De cara al segundo supuesto [literal b], relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado’.

Visto lo anterior, observa esta Sala que, en el caso bajo examen, la parte presuntamente agraviada puede solicitar la revocación o sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad, las veces que lo considere pertinente, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, al poseer el accionante otra vía idónea ordinaria, para atacar la medida decretada, esta Sala considera que, la acción de amparo debió ser declarada inadmisible.

Debe expresar la Sala que, en la sentencia consultada, la Corte de Apelaciones erró al declarar improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional…’.

(Subrayado de esta Corte).

Como corolario de estas consideraciones, se precisa que en el presente caso es evidente, que la parte presuntamente agraviada tiene las vías recursivas ordinarias, para controlar la constitucionalidad de la decisión de la Juez a quien señala como agraviante, obteniendo la revisión de las mismas y la adecuada respuesta respecto a la denuncia sobre presunta violación de sus derechos, de modo que aceptar esta acción, haría innecesarios los remedios procesales que las leyes prevén, por lo tanto, lo procedente y ajustado a derecho es declarar inadmisible la presente solicitud de tutela constitucional, de conformidad con lo preestablecido en el ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, luego de haber examinado las jurisprudencias y referencias anteriores, así como el escrito presentado por el Abg. Pedro Alejandro Peñalver Meléndez en su condición de Defensor Privado del ciudadano Pedro José Moreno Guedez, considera este Tribunal Superior Colegiado que lo procedente y más ajustado a derecho es Declarar INADMISIBLE, el presente recurso de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto la parte agraviada tiene las vías ordinarias recursivas para satisfacer su pretensión. Y así finalmente se decide…” (Destacado original del fallo apelado).

 

V

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

 

La parte accionante interpuso recurso de apelación el 12 de julio de 2011, con base en los siguientes argumentos:

 

Que el fallo apelado “…se traduce en una nueva violación al Derecho a la Defensa y en consecuencia del Debido Proceso, al continuar negando los órganos jurisdiccionales primeramente de instancia y luego el superior, la Garantía Constitucional de la Tutela Judicial Efectiva, causándole un daño irreparable al acusado al no dársele respuesta alguna sobre la solicitud de nulidad planteada…”.

 

Que la sentencia apelada no está ajustada a derecho, “…toda vez que la ‘falta de pronunciamiento por parte de los órganos jurisdiccionales’, no se encuentra dentro de los supuestos contemplados en los artículos 444 ó 447 del Código Orgánico Procesal Penal, que regulan el Recurso de Revocación y el Recurso de Apelación de Autos, respectivamente, y atendiendo al principio de impugnabilidad objetiva, el fallo recurrido sometido a su conocimiento, no era susceptible de ser recurrido por la vía ordinaria, sino a través del Recurso (sic) de Amparo Constitucional, como único medio para lograr el Acceso a la Justicia y una Tutela Judicial Efectiva…” (Subrayado de la parte accionante-apelante).

 

Solicitó la admisión y declaratoria con lugar del recurso de apelación ejercido “…por ser procedente y estar ajustado a Derecho…” y, en consecuencia, se anule el fallo recurrido, “…por violentar la Garantía Constitucional del Debido proceso, consagrado en el Artículo 49.1 de nuestra Carta Magna…”.

 

Finalmente, solicitó que “…a los fines de restablecer en algún modo la situación Jurídica infringida, declare de conformidad con el artículo 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la Nulidad Absoluta de la Audiencia Preliminar, celebrada el 1º de junio de 2011, por [el] Juzgado 7º [de] Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en el Asunto: KP01-P-2.006-005440, así como los actos y autos sucesivos a ella, por violación del Derecho al Acceso a la Justicia, al Debido Proceso, respecto al Derecho a la Defensa y a la Tutela Judicial Efectiva, y a la Oportuna Respuesta, ordenando la reposición de la causa al estado de nueva celebración de la Audiencia Preliminar con un juez distinto al que la realizo (sic)…”.

 

VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Antes de pasar a decidir, esta Sala debe determinar la tempestividad de la apelación interpuesta.

 

En tal sentido, según cómputo que riela al folio 46 del expediente, desde el 8 de julio de 2011 –día hábil siguiente a la fecha en la cual fue dictado el fallo apelado-, hasta el 12 de julio de 2011 –fecha en la cual fue ejercida la apelación-, transcurrieron tres (3) días hábiles, por lo que dicha apelación resulta tempestiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Establecido lo anterior, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

Como se señaló supra, el fallo apelado, dictado el 7 de julio de 2011 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Lara, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, “…por cuanto la parte agraviada tiene las vías ordinarias recursivas para satisfacer su pretensión…”.

 

Así las cosas, observa esta Sala que el accionante en amparo denunció la violación de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva; derechos éstos que –según su dicho- fueron vulnerados por el acta de la audiencia celebrada, el 1 de junio de 2011, y por el auto de apertura a juicio, del 23 de junio de 2011, ambos dictados por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal; en el juicio que se le sigue por la presunta comisión del delito de homicidio intencional en grado de frustración, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 80, último aparte, del Código Penal.

 

Por su parte, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, al momento de pronunciarse respecto a la admisibilidad o no de la referida acción de amparo, consideró procedente la declaratoria de inadmisibilidad de la misma, con fundamento en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que contra las sentencias impugnadas podían ser ejercidos recursos ordinarios.

 

En tal sentido, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece lo siguiente:

 

“Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:

(…omissis…)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;” (…omissis…).

 

Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, se colige que la parte accionante-apelante, si bien sostiene que la acción de amparo es contra dos sentencias –acta de la audiencia celebrada, el 1 de junio de 2011, y por el auto de apertura a juicio, del 23 de junio de 2011, ambos dictados por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal-, en su escrito de interposición de la misma indica como fundamentación la omisión de pronunciamiento del presunto agraviante con relación a la solicitud de nulidad absoluta de la acusación fiscal. De allí que esta Sala considere que la presente acción de amparo es contra la omisión de pronunciamiento y no contra las decisiones indicadas como violatorias de los derechos constitucionales del accionante. Así se establece.

 

Con relación a este alegato, debe esta Sala señalar que el mismo fue analizado por el A quo constitucional, quien consideró que dicha omisión podía ser atacada mediante las vías recursivas.

Así las cosas, es menester destacar que en el Código Orgánico Procesal Penal no está previsto ningún medio ordinario de impugnación contra las omisiones de pronunciamiento. En consecuencia, el accionante-apelante no contaba con la vía ordinaria para recurrir las decisiones accionadas en amparo; razón ésta por la cual no estaba dado al A quo constitucional declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo con fundamento en la causal contenida en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y así se establece.

 

Por todo lo antes expuesto, debe declararse con lugar la apelación interpuesta y, en consecuencia, se anula la decisión apelada y se repone la causa al estado de que el A quo constitucional se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, excluyendo la causal de inadmisibilidad contenida en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

 

VII

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:

 

PRIMERO: CON LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial del ciudadano PEDRO JOSÉ MORENO GUÉDEZ, contra la decisión dictada, el 7 de julio de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

 

SEGUNDO: SE ANULA la referida decisión mediante la cual se declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida.

 

TERCERO: SE REPONE la causa al estado de que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, excluyendo la causal de inadmisibilidad contenida en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen.

 

Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de FEBRERO de dos mil doce. Años: 201º de la Independencia y 153º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                 El Vicepresidente,

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                                                                                    Ponente

 

Los Magistrados,

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

FACL/

Exp. N° 11-0949

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