Sentencia N.º 204
- Sentencia
- N.º 204
- Fecha
- 31/07/2001
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 00-261
- Ponente
- Carlos Oberto Vélez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACION CIVIL
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VELEZ
En el juicio por cobro de bolívares seguido ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por las sociedades de comercio que se distinguen con las denominaciones mercantiles RICO C & C 2000 TRADING, C.A. y COFFEE AMERICA (USA) CORPORATION, representados judicialmente por los abogados en el ejercicio de su profesión Rafael Antonio Rosales Nava y Carlos Eduardo Olavarría Márquez, contra la empresa mercantil cuya denominación es PRODUCTORES ASOCIADOS DE CAFÉ RUBIO, C.A. (PACCA-RUBIO), patrocinada por los profesionales del derecho Adriana Juárez Oropeza, María Isabel Pérez Sosa, Ramón Escovar León, Juan Vicente Ardila y Román José Duque Corredor, en el cual intervino como tercera coadyuvante, la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, representada judicialmente por la Procuraduría General de la República, en la persona de los abogados Alí Alberto Gamboa García, María Eugenia Lazo Parra y Ana Lucila Vejar Barajas; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 8 de marzo de 2000, mediante la cual declaró sin lugar los recursos subjetivos procesales de apelación y repuso la causa al estado de que el Tribunal de la primera instancia dicte nueva sentencia, haciendo pronunciamiento expreso sobre la tramitación y sustanciación de las cuestiones preliminatorias contenidas en los ordinales 5° y 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, promovidas por la demandada el 22 de abril de 1998. En consecuencia, declaró la nulidad de todas las actuaciones realizadas con posterioridad a la fecha señalada. No hubo condenatoria al pago de las costas procesales.
Contra el precitado fallo tanto, la demandada, como las demandantes, anunciaron recurso de casación, el cual, una vez admitido, fue formalizado sólo por la demandada. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo y lo hace previa las siguientes consideraciones:
CASACIÓN DE OFICIO
En resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa y al libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el de peticionar, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación Civil, en fallo de fecha 24 de febrero del año que discurre determinó, que conforme al contenido y alcance con la disposición legal contenida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio consagrado en el artículo 257 de la citada Constitución, en cuanto a que, el proceso es un instrumento para la justicia; tiene la prerrogativa de extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando, detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional, casar de oficio el fallo recurrido, sin entrar a analizar las denuncias articuladas en el recurso de casación.
En ese sentido, a objeto de conciliar una recta y sana aplicación en la administración de justicia, la Sala procede, a resolver la situación de hecho configurada en el sub iudice en los términos siguientes:
Aprecia la Sala, que en el texto de la recurrida, el ad-quem fundamenta su decisión para declarar sin lugar las apelaciones interpuestas por las partes, en un amplio estudio con respecto a la reposición de la causa que puede solicitar la Procuraduría General, en aquellos casos en los cuales sea parte o tenga interés la República.
De las actas que integran el expediente, se observa que al folio 365 de la primera pieza, corre inserta diligencia contentiva de recurso de apelación ejercido por el abogado Juan Vicente Ardila, actuando en su carácter de apoderado de la demandada, la cual es del tenor siguiente:
En horas de despacho de hoy, treinta (30) de noviembre de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), presente ante este Juzgado, JUAN VICENTE ARDILA, apoderado de PACCA RUBIO, conforme se desprende de pieza del expediente, ocurre: Purgada la suspensión del proceso, por estar notificadas las partes que componen la relación procesal, de la sentencia dictada el 05 de agosto de 1998 y, dentro del término de Ley; se interpone recurso de apelación, contra la decisión dictada por este Juzgado en la que declaró su competencia (Ver folio 332 al 336 cuaderno principal) y por vía de consecuencia, conocer y tramitar la causa como Tribunal mercantil. Apelo también de la decisión que declaró con lugar la pretensión de los actores, como por efecto, de la supuesta confesión ficta (Ver folio 340 al 347 cuaderno principal) dictada por este Juzgado en esa misma fecha; se aclara, ambas apelaciones corresponden a las decisiones vertidas en la sentencia del 05 de agosto de 1998. Todo conforme lo prevé el artículo 68 de la Ley Adjetiva Civil... (Subrayado y negritas del diligenciante)
Como se puede apreciar, el apoderado de la demandada, ejerció el precitado recurso contra la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial Área Metropolitana de Caracas, el 5 de agosto de 1998, tanto en lo concerniente a la declaratoria de competencia decidida por ese Juzgado, como sobre el fondo de la controversia.
Cuando un juez declara su propia competencia y resuelve en esa misma sentencia sobre el mérito de la controversia, su decisión puede ser impugnada por dos vías posibles; la primera de éllas, mediante la solicitud de la regulación de la competencia y, la segunda, por apelación en la cual debe indicarse que aspecto de la sentencia está siendo impugnada. En efecto, señala el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, que:
La sentencia definitiva en la cual el Juez declare su propia competencia y resuelva también sobre el fondo de la causa, puede ser impugnada por las partes en cuanto a la competencia, mediante la solicitud de regulación de esta o con la apelación ordinaria. En este último caso, el apelante deberá expresar si su apelación comprende ambos pronunciamientos o solamente el de fondo.
Consta a los folios 370 y 371 de la primera pieza, autos dictados por el a-quo, en fecha 20 y 21 de enero de 1999, mediante, en el primero se oyen las apelaciones interpuestas en ambos efectos, y lo hace en los siguientes términos,
Vista la diligencia anterior, suscrita por la abogada Ana Vejar, actuando con el carácter acreditado en autos, y vista la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por este Tribunal en fecha 5 de agosto de 1998, el Tribunal oye dicha apelación en ambos efectos....
y por vía de aclaratoria, el segundo expresa:
Como complemento del auto anterior, este Tribunal acuerda aclarar que la apelación que es providenciada en el mismo, corresponde tanto a la propuesta por la representación de la Procuraduría General de la República como a la propuesta por el abogado JUAN VICENTE ARDILA, con el carácter de representante de la parte demandada.
De las transcripciones hechas se observa que, 1) el apelante ejerció su recurso tanto en lo concerniente a la declaratoria de competencia, como en lo atinente al mérito de la controversia; 2) que, a tenor de lo previsto en el mentado artículo 68, es posible ejercer el recurso de apelación en esos dos (2) sentidos, cuando se está en presencia de una sentencia que declara su competencia y decide el fondo del asunto, como el caso de autos y, 3) del auto de 21 de enero de 1999, complemento del dictado el 20 de enero del mismo año, que la apelación oída en ambos efectos, comprende tanto la ejercida por la Procuraduría General de la República, como por el apoderado de la demandada.
Para decidir, la Sala observa:
De un detenido estudio realizado sobre las actas acreditadas al expediente, se verifica la existencia de la impugnación formulada por el apelante, en relación a la competencia que se abrogó el Tribunal mercantil para conocer de la demanda, cuyos efectos, se trata de una pretensión propuesta por dos sociedades mercantiles contra otra empresa de comercio, siendo que esta última no cumplió su parte del convenio de compraventa de café, referido a la entrega de insumos agrícolas especificados como sacos de café lavado fino con calidad para exportación, considerándolo materia agraria.
Bajo estos presupuestos de hecho, estima la Sala, que estamos en presencia de un problema de orden público procesal, dado que si la declaratoria proferida por el a-quo en la cual se consideró competente por la materia, fue impugnada, el ad-quem debió haberse pronunciado necesariamente sobre ello, dado que la competencia no puede abrogarse tácitamente, sino que debe existir pronunciamiento expreso, máxime en este caso, en el cual se ha planteado la crisis del conocimiento por la materia.
Esta Sala, a objeto de apoyar la presente decisión, se permite transcribir doctrina jurisprudencial referente a la materia del orden público.
Con relación a las áreas que se han venido delimitando en el campo del orden público la Sala, en sentencia de 8 de julio de 1999, con ponencia del magistrado Héctor Grisanti Luciani, en juicio Antonio Yesares Pérez contra Agropecuaria El Venao, C.A. y otro, en expediente N° 98-505, sentencia N° 422, señaló:
La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras, las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia, a la competencia en razón de la cuantía o la materia, a la falta absoluta de citación del demandado y a los trámites esenciales del procedimiento
(
Omissis
)
la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia obligatoria del proceso civil, es impositiva, es decir, obligatoria en su sentido absoluto, para las partes y para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos
(Resaltado de la Sala).
Por otra parte, los principios relativos a la defensa de orden constitucional y el debido proceso, imponen al juzgador dar aplicación a los principios procesales de saneamiento, relevancia o trascendencia, de nulidad esencial y el de Obligatoriedad de los Procedimientos Establecidos en la Ley, y como bien lo indica el procesalista, DEVIS ECHANDIA,
La ley nos señala cuáles son los procedimientos que se han de seguir para cada clase de proceso o para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea permitido a los particulares, aún existiendo acuerdo entre todos los interesados en el caso, ni a las autoridades o a los jueces MODIFICARLOS O PRETERMITIR SUS TRÁMITES. (DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Editorial ABC: Tomo I, Décima Edición. Pág. 39, Bogotá 1985) (Mayúsculas, negritas y subrayado de la Sala)
En lo referente al concepto de orden público, esta Sala, elaboró su doctrina sobre el concepto de orden público, con apoyo en la opinión de Emilio Betti, así:
Que el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público.
(
Omissis
)
A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden público tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento(G.F. Nº 119. V. I., 3ª etapa, pág. 902 y S. Sentencia de fecha 24 de febrero de 1983) (Subrayado y negritas de la Sala).
A este respecto, la Sala, estableció en la citada sentencia de 24 de febrero de 2000, lo siguiente,
...El artículo 320, cuarto aparte, del Código de Procedimiento Civil, establece que Podrá también la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público o constitucionales que ella encontrare, aunque no se les haya denunciado.
Conforme a esta disposición legal, la Sala de Casación Civil tiene prerrogativa para extender su examen al fondo del litigio, sin formalismos, cuando, a motu propio, detecte la infracción de una norma de orden público o constitucionales. Esta atribución puede ser ejercida por la Sala con objeto de materializar la correcta aplicación de la justicia, habida cuenta que el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil señala que Cuando la ley dice: el juez o tribunal puede o podrá, se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y la imparcialidad.
(
Omissis
)
en consecuencia, declara que, en lo sucesivo, podrá casar de oficio los fallos sometidos a su consideración, para lo cual sólo es necesario que se detecte en ellos infracción de orden público y constitucionales como lo señala el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, ateniéndose siempre, claro está, a los postulados del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide...
Mas recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en sentencia de 9 de marzo de 2000, expediente N° 00-0126, conceptualizó, en materia de Amparo Constitucional, el comportamiento que debe asumir el juez cumpliendo con la función tuitiva del orden público, de esta manera decidió:
...el conocimiento de unos hechos que no fueron alegados como supuestos de hecho de las normas constitucionales denunciadas como infringidas, pueden y deben producir otras situaciones a ser tomadas en cuenta por los sentenciadores, ya que a pesar de ser ajenas a la pretensión de amparo, siempre que sean cuestiones de orden público, sobre las cuales el juez puede de oficio resolver y tomar decisiones, si constata que las mismas no lesionan derecho de las partes o de terceros. Cuando los afectados por las decisiones han sido partes en el juicio donde se constatan los hechos contrarios al orden público, y ellos son generadores de esos hechos, el derecho a la defensa y al debido proceso no se les está cercenando si de oficio el juez cumpliera con la función tuitiva del orden público, ya que es la actitud procesal de las partes las que con su proceder denota la lesión del orden público, entendido éste como el
Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente la organización de ésta, no pueden ser alteradas por voluntad de los individuos
(Diccionario Jurídico Venezolano D & F, pág. 57). La ineficacia de esas condiciones fundamentales generaría el caos social
.(Subrayado de la Sala).
Con fuerza a las anteriores consideraciones, habiéndose detectado en el presente caso la existencia de la subversión del proceso, esta Sala, en resguardo del derecho a la defensa, al debido proceso y a la garantía constitucional de imparcialidad, idoneidad y transparencia de la justicia, estima prudente hacer uso de la casación de oficio, dada la omisión de pronunciamiento en que incurrió la recurrida al no analizar y resolver lo relativo a la competencia por la materia, que fue objeto del recurso subjetivo de apelación ejercido por el apoderado de la demandada. En consecuencia, dada la duda existente en el presente caso, sobre si la materia es mercantil por el carácter de las partes- o agraria por el objeto del contrato-, y aunado a esto, la falta de pronunciamiento del Juzgador de Alzada, en lo atinente a la competencia impugnada, la Sala casa de oficio el presente fallo. Así se decide.
Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción del orden público procesal, debido a la omisión de pronunciamiento de la recurrida, se abstiene de conocer y decidir las denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.
D E C I S I Ó N
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 8 de marzo de 2000. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE REPONE la causa al estado de que el Tribunal Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Dada la naturaleza del presente fallo, no hay especial condenatoria en costas del recurso.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta y un ( 31 ) días del mes de julio de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
_____________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente-Ponente,
_________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
____________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
________________________
ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. 00-433
AA20-C-2000-000261
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