Sentencia N.º 206
- Sentencia
- N.º 206
- Fecha
- 30/04/2002
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- C01-0165
- Ponente
- Rafael Pérez Perdomo
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente Doctor RAFAEL PÉREZ PERDOMO
La Sala Accidental Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal de Reenvío, integrada por los jueces Alicia Andrade de Morett, Jean Marshall Balza (ponente) y Norma Hernández de Arteaga, por sentencia de fecha 24 de enero del año 2001, condenó al imputado Luis Alberto Rojas Torrealba, venezolano, mayor de edad, comerciante, con cédula de identidad Nº 6.031.204, a cumplir la pena de dos años de prisión y a las accesorias legales correspondientes, por la comisión de los delitos de actos lascivos violentos, previsto en el artículo 377, único aparte, del Código Penal, cometido en perjuicio de sus menores hijas (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA).
Los hechos, por los cuales se sigue el presente juicio, son los siguientes: El 13 de julio de 1998, la ciudadana Yomaris Del Socorro Omaña Aponte denunció, ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Seccional Ocumare del Tuy, del Estado Miranda, la práctica de actos libidinosos en la persona de sus menores hijas (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA), de cuatro (4) y seis (6) años de edad respectivamente, por parte del padre de éstas ciudadano Luis Alberto Rojas Torrealba.
La abogada Martha Noguera Brizuelas, Defensora Público Penal Quincuagésimo Primero del mencionado Circuito Judicial, defensora del imputado, interpuso recurso de casación contra la mencionada sentencia. Al efecto, con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denunció la infracción del artículo 512, ordinal 3º, ejusdem, por cuanto la recurrida se limitó a mencionar los medios de prueba cursantes en autos, sin realizar el debido análisis comparativo de éstos medios entre si, con lo cual dejó de establecer, claramente, los hechos dados por probados.
La Corte de Apelaciones emplazó al Fiscal Primero del Ministerio Público para la contestación del recurso y éste alegó su improcedencia, por no estar prevista, en el Código para entonces vigente, la posibilidad de una nueva casación, como si lo admitía el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal.
Recibido el expediente, en fecha 16 de marzo de 2001, se dio cuenta en la Sala de Casación Penal y se designó ponente al Magistrado Rafael Pérez Perdomo quien, con tal carácter, suscribe la presente sentencia.
El 14 de marzo, la Sala declaró admisible el recurso de casación y se convocó a las partes para la audiencia oral y pública. Este acto tuvo lugar el día 09 de abril de 2002 con asistencia de la Fiscal Tercera del Ministerio Público, Luisa Elena Monsalve y la Defensora Pública Segunda, Yarit Hurtado ante las Salas de este Alto Tribunal, quienes intervinieron oralmente y presentaron, por escrito, sus conclusiones.
Cumplidos, como han sido, los trámites procedimentales del caso, se pasa a dictar sentencia y, a tal fin, se observa:
El sentenciador, a los fines de demostrar la responsabilidad del acusado, se limitó a transcribir las pruebas cursantes en autos y a darles la valoración correspondiente, constituidas estas por la denuncia interpuesta por la ciudadana Yomaris Omaña Aponte; el reconocimiento médico-legal practicado a las menores, las actas de las entrevistas efectuadas a las mismas, en presencia de la Procuradora Segunda de Menores, la declaración del acusado. No obstante la mención de estos elementos de convicción procesal, el sentenciador omite el análisis y comparación de tales medios probatorios, con lo cual dejó de establecer correctamente los hechos dados por probados.
El sentenciador, como se ha dicho, ha debido establecer los hechos probados previa la comparación y análisis de todos y cada uno de los elementos de convicción procesal. La motivación, propia de la función judicial, tiene como norte la interdicción de la arbitrariedad, permite constatar los razonamientos del sentenciador, necesarios para que el acusado y las demás partes, conozcan las razones que le asistan, indispensables para poder ejercer con propiedad los recursos y, en fin, para poder determinar la fidelidad del juez con la ley. Por consiguiente, tiende a la incolumidad de principios fundamentales como el derecho a la defensa, a una sentencia justa e imparcial y a los principios de la tutela judicial efectiva (artículo 49, de la Constitución). La falta de análisis de los elementos de convicción judicial referidos, incidieron sobre la correcta demostración de los hechos y la responsabilidad penal del acusado Luis Alberto Rojas Torrealba en la comisión de los mismos.
En este sentido, el fallo recurrido no alcanza a satisfacer las exigencias del artículo 512, ordinal 3º, del reformado Código Orgánico Procesal Penal (cuya redacción es idéntica a la ofrecida por el artículo 527, ordinal 3º, ejusdem). Por consiguiente, la Sala encuentra procedente declarar con lugar el recurso y la declaratoria de nulidad del fallo recurrido. Así se declara.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara con lugar el recurso de casación propuesto por la defensa del imputado Luis Alberto Rojas Torrealba, anula el fallo impugnado y ordena la remisión del expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, para que, previa su distribución entre las Salas Accidentales de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio, se dicte una nueva sentencia con prescindencia de los vicios que dieron lugar a la presente nulidad.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal en Caracas, a los 02 días del mes Mayo de año 2002. Años 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS
El Vicepresidente,
RAFAEL PÉREZ PERDOMO
Ponente
La Magistrada
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN
La Secretaria,
LINDA MONROY DE DIAZ
RPP/vpc
Exp.Nº C-01-165
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias