Sentencia N.º 209
- Sentencia
- N.º 209
- Fecha
- 17/06/2004
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- C04-0150
- Ponente
- Blanca Rosa Mármol de León
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León
LOS HECHOS
Los hechos en la presente causa se originaron el día 17 de octubre de 2003, aproximadamente a las nueve de la noche, en la Lonchería Don Titus, ubicada en la Avenida Nueva Granada, en el Estacionamiento Doña Car Automotores, frente a Automotriz Venezolana y al lado del INCE, en la ciudad de Caracas, cuando dos individuos armados entraron a robar la lonchería, de la cual es propietario DOLORES RAMÓN LINDO TITO, llevándose ochenta mil bolívares (Bs. 80.000,oo) que extrajeron de la caja registradora y doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,oo) que le sacaron a DOLORES RAMÓN LINDO TITO de la billetera; sometieron con un arma de fuego al propietario del local y a su socia, propinándole a esta última un cachazo con un revolver calibre 38. Al salir huyendo los ciudadanos del local, uno de ellos es detenido por una comisión de la Guardia Nacional que se encontraba patrullando la zona, quien respondió al nombre de JEFFERSON JESÚS BASTIDAS BLANCO.
De conformidad con lo establecido en los artículos 462 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la admisibilidad o no del recurso de casación interpuesto por la Defensora Pública Penal Sexagésima Primera ORLETY PIÑANGO, contra la sentencia dictada por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 27 de febrero de 2004, que DECLARÓ SIN LUGAR la apelación ejercida por la defensa del imputado JEFFERSON JESÚS BASTIDAS BLANCO, venezolano, mayor de edad, soltero, buhonero, de este domicilio e indocumentado, quien manifestó nunca haber sido cedulado, contra la decisión dictada por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 9 de enero de 2004, que CONDENÓ al imputado a cumplir la pena de presidio de SEIS (6) AÑOS y CUATRO (4) MESES por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO, previsto y sancionado en el artículo 460 en concordancia con el artículo 82 del Código Penal, y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 278 ejusdem, e igualmente las penas accesorias contempladas en los artículos 13 y 14 ibídem, en perjuicio de DOLORES RAMÓN LINDO TITO, natural de Perú, mayor de edad, casado, comerciante, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 82.078.576.
El recurso no fue contestado por la parte fiscal.
Remitidos los autos a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, correspondió la elaboración de la presente ponencia a la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Cumplidos como han sido los demás trámites procedimentales, se pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:
RECURSO DE CASACIÓN
ÚNICA DENUNCIA:
Denuncia la formalizante la violación, por errónea interpretación, de los artículos 376 del Código Orgánico Procesal Penal, 74.4 del Código Penal y el encabezamiento del artículo 87 ejusdem, al considerar que la recurrida no le dio a las normas jurídicas referidas, el verdadero sentido, lo cual, en su concepto, trajo como consecuencia que le aplicaran a su defendido, una pena mayor a la que le correspondía por tales hechos delictivos.
Para fundamentar el recurso, transcribe parte de la sentencia recurrida, y luego señala que en cuanto al delito de robo en grado de frustración la Corte de Apelaciones, señaló: ...que es irrelevante en orden de quantum de la pena, la aplicación de la atenuante prevista en el ordinal 4° del artículo 74 del Código Penal, (aplicada por el juzgado a quo) pues tal disposición permite aplicar la pena en menos del límite mínimo; procediendo a establecer que el término medio de la pena que establece el delito tipificado en el artículo 460 del Código Penal, es de doce (12) años de presidio, que aplicando la rebaja prevista en el artículo 82 ejusdem, por tratarse de un delito frustrado, la pena correspondiente es de ocho (08) años de presidio, haciendo, con todo respeto, una errónea interpretación del alcance general de la norma en comento, incidiendo con ello, en la alteración del resultado del quantum de la pena....
Luego transcribe parte del artículo 74.4 del Código Penal, haciendo seguidamente el cálculo aritmético tomando en cuenta el hecho punible imputado a su defendido, para llegar a la conclusión que la pena a aplicar es la de cinco (5) años y cuatro (4) meses de presidio, y no la que impuso la recurrida de seis (6) años y cuatro (4) meses de presidio por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO.
En lo que respecta a la pena a imponer por el delito previsto en el artículo 278 del Código Penal, es decir, por el PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, señala la recurrente, lo siguiente:... y partiendo de lo advertido en el fallo de Primera Instancia, es decir del término mínimo que prevé este injusto penal, Tres (3) años de prisión, que conforme al artículo 87 ejusdem, que establece la conversión de penas de prisión en presidio, (computando un día de presidio por dos de prisión), la pena sería, de Un (1) año y seis (6) meses de presidio, rebajando un tercio conforme al artículo 376 del texto adjetivo, quedando en un (1) año de presidio, procediendo, en este punto, a sumar el año (1) que resultó de este cálculo de pena, con el que le resultó del realizado en el delito de Robo en grado de frustración, obviando el contenido del artículo 87 del Código Penal, donde establece: ...se aplicará sólo la pena de esta especie correspondiente al delito más grave pero con el aumento de las dos terceras partes del otro.... Por lo que se debió, una vez convertida la pena de prisión en presidio, que dio como resultado un (1) año y seis (6) meses, con la rebaja establecida en el artículo 376 del texto adjetivo, de un tercio, es decir, un (01) año, aumentar sólo las dos terceras partes de éste, al delito más grave, que equivale a ocho (08) meses de presidio, quedando la pena en definitiva a cumplir, sin la rebaja prevista en el artículo 376 del texto adjetivo, para el delito de Robo Agravado Frustrado, en SEIS (06) AÑOS DE PRESIDIO, y no como lo estableció la recurrida.
Continúa su escrito señalando, que de lo anterior se desprende que la Corte de Apelaciones resolvió no aplicar la rebaja establecida en el artículo 376 segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal, con respecto al delito de robo agravado frustrado, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal, en relación con el artículo 80 segundo aparte ejusdem, al considerar que no procedía la imposición de una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente; que ello motivó a que la recurrida impusiera la pena de ocho (8) años de presidio por dicho delito; que ello trajo como consecuencia que su defendido, al haber habido una errónea interpretación de la norma violentada, no obtuviera una justa rebaja de pena; que la pena que debió aplicársele es la de cinco (5) años y cuatro (4) meses de presidio.
Para sustentar tal posición, cita jurisprudencia de esta Sala, respecto al caso, así como de la Sala Constitucional, para luego señalar, que:...En este orden de ideas, y conforme a las decisiones invocadas, en que observa la defensa, que mi representado JEFFERSON BASTIDAS BLANCO, fue condenado por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO (delito cuya pena excede en su límite máximo de ocho (8) años, pero FRUSTRADO, conforme al artículo 80 segundo aparte del Código Penal. Que el robo agravado, prevé una pena de prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años, que llevado a su término medio, conforme al artículo 37 del Código Penal, la pena sería de Doce (12) años de presidio, que aplicando la rebaja (que fuera aplicada en Primera Instancia), conforme al artículo 74 ordinal 4° ejusdem, la pena quedaría en ocho (8) años de presidio; pena a la cual debe rebajarse conforme al artículo 82 del texto sustantivo, una tercera parte, quedando la pena en cinco (5) años y cuatro (4) meses, que conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos, previsto en el artículo 376 del Código Penal, debe rebajarse un tercio, quedando una pena de tres (3) años, seis (6) meses y veinte (20) días de presidio, que sería en definitiva la pena a imponer por el Robo Agravado Frustrado, (más grave), pero con el aumento de las dos terceras partes de la pena del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, conforme al artículo 87 encabezamiento del Código Penal, vale decir, ocho (8) meses de presidio, debiendo ser en definitiva la pena a cumplir de CUATRO (04) AÑOS, DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS DE PRESIDIO.
La falta en que incurrió la recurrida tiene relevancia jurídica e incide en la alteración del resultado de la pena a aplicar, por cuanto como consecuencia de ella, la recurrida llegó a la conclusión por errónea interpretación de las normas sustantivas y adjetiva (74 ordinal 4°, 87 encabezamiento del Código Penal y 376 segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal), de condenar al prenombrado acusado a una excesiva, que de haber decidido en correcta interpretación de las normas que aplicó, hubiese impuesto una pena menor....
Y, para finalizar, solicitó a este Alto Tribunal, se declare con lugar el presente recurso de casación, por tratarse del cómputo de la pena, y en consecuencia sea corregido el mismo.
La Sala para decidir observa:
De la lectura de la presente denuncia se evidencia que la misma carece de la debida concisión y claridad, ya que la formalizante de manera conjunta señala la violación de los artículos 376 del Código Orgánico Procesal Penal, el 74.4 del Código Penal y el encabezamiento del artículo 87 ejusdem, por errónea interpretación de la ley.
El artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, establece los requisitos que debe contener el escrito de fundamentación del recurso de casación, siendo ello, el señalamiento en forma concisa y clara de los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios.
Por otra parte, ha dicho la Sala que cuando se denuncia el vicio de errónea interpretación debe el recurrente señalar la manera como ha debido ser interpretada la norma violentada, e indicar con precisión los motivos que hacen procedente el recurso, el no hacerlo es contrario a la técnica que se debe observar en la redacción de la fundamentación, lo que constituye una carga impuesta al recurrente que no la puede asumir la Sala a los fines de la resolución del recurso, pues ésta no puede deducir lo que pretende el denunciante.
De la lectura del escrito presentado, se evidencia que la formalizante denuncia la violación de diversas normas y no señala concretamente en que consistió el vicio de errónea interpretación de los artículos denunciados, por parte del tribunal a quo.
Y por cuanto la presente denuncia no se encuentra debidamente fundamentada, la misma debe ser desestimada por manifiestamente infundada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las razones antes expuestas este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los DIECISIETE días del mes de JUNIO de 2004. Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación.
La Presidenta de la Sala (E),
Blanca Rosa Mármol de León
Ponente
El Vicepresidente (E),
Beltrán Haddad Chiramo
El Magistrado Suplente,
Juan Bautista Rodríguez Díaz
La Secretaria,
Linda Monroy de Díaz
BRMdL/rder.
RC EXP. No. 04-0150
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