Sentencia N.º 2133
- Sentencia
- N.º 2133
- Fecha
- 29/08/2002
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 02-0848
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 15 de febrero de 2002, PANADERÍA, PASTELERÍA, HELADERÍA y LUNCHERÍA SANTA PAULA C.A., inscrita el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 22 de enero de 1983, bajo el nº 53, Tomo 3-A, con la asistencia del abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 78.826, intentó, ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 27 de julio de 2001, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, para cuya fundamentación denunció la violación de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica que acogieron los artículos 49.1 y 22 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 18 de marzo de 2002, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró con lugar.
El 26 de marzo de 2002, CAPANAPARO C.A. tercero interviniente-, inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Lara, el 9 de junio de 1978, bajo el Nº 26, Tomo 3-D., mediante la representación del abogado Boris Faderpower, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 47.652, apeló contra la sentencia del citado Tribunal, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.
Después de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 16 de abril de 2002 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE LA CAUSA
El 15 de febrero de 2002, PANADERÍA, PASTELERÍA, HELADERÍA y LUNCHERÍA SANTA PAULA C.A., con la asistencia del abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, intentó, ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 27 de julio de 2001, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. En ese mismo día, se distribuyó la causa y le correspondió su conocimiento al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.
El 18 de febrero de 2002, el tribunal de la causa admitió el amparo de autos.
El 11 de marzo del mismo año tuvo lugar la audiencia oral y pública, a la cual asistieron el supuesto agraviado y CAPANAPARO C.A., tercero interviniente. Se dejó constancia de que el Juzgado supuesto agraviante consignó con anterioridad escrito de conclusiones.
El 18 de marzo de 2002, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró con lugar.
El 26 de marzo de 2002, CAPANAPARO C.A., mediante la representación del abogado Boris Faderpower, apeló contra la sentencia del citado Tribunal, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.
II
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. Alegó:
1.1 Que, el 31 de mayo de 1983, suscribió contrato de arrendamiento a tiempo determinado con CAPANAPARO C.A.
1.2. Que, el 14 de diciembre de 2000, CAPANAPARO C.A demandó el desalojo, por falta de pago de los cánones de arrendamiento, con fundamento en el literal a del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
1.3 Que, el 2 de marzo de 2001, en virtud de que el arrendador se rehusó a recibirle los cánones de arrendamiento, consignó, por concepto de estos últimos, la cantidad de cuatro millones ochocientos treinta mil bolívares (Bs. 4.830.000,00) correspondientes a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000 y enero y febrero de 2001.
1.4 Que, el 7 de marzo de 2001, la demandante reformó la demanda, pero mantuvo su pretensión de desalojo.
1.5 Que, el 27 del mismo mes y año, contestó la demanda y opuso la cuestión previa del ordinal 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto de acuerdo con el literal a del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, sólo puede demandarse el desalojo de un inmueble objeto de arrendamiento, cuando el contrato es a tiempo indeterminado.
1.6 Que, como defensa de fondo, alegó que no incurrió en mora en el pago, por cuanto: i) el acreedor no se lo exigió en su oportunidad; ii) ello se hizo costumbre entre las partes; y iii) antes de la citación, ya había consignado los cánones que adeudaba.
1.7 Que, el 9 de mayo de 2001, el Juzgado Cuarto del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declaró con lugar el desalojo, por lo que, el 14 de ese mismo mes y año, apeló de esa decisión.
1.8 Que, el 27 de julio de 2001, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial declaró sin lugar la apelación y confirmó en todas sus partes el fallo del a quo.
2. Denunció:
2.1 La violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso, que establece el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto se le condenó por una acción desacertada e inadmisible en el ordenamiento jurídico como lo es el desalojo ante una relación arrendaticia a tiempo determinado, por lo que se modificó los términos de redacción de los artículos 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y 1580 del Código Civil..., con lo cual ...el juzgador incurrió en un falso supuesto normativo al aplicar una norma no prevista para el caso y peor aun estableciéndoles consecuencias jurídicas no previstas por el legislador (entenderlo a tiempo indeterminado).
2.2 La violación de su derecho a la seguridad jurídica que establece el artículo 22 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto se modificó de manera abrupta el ordenamiento procesal y se ...usurpó las (sic) reservas legal de la Asamblea Nacional para dictar las leyes procésales (sic), y admitió una acción de DESALOJO (...), pese a que como se ha señalado, existe una relación a tiempo determinado.
3. Pidió:
Como medida cautelar innominada:
a) Suspenda la ejecución del fallo ordenada según auto de fecha 05-11-2001 dictado por el Juzgado Cuarto del Municipio Iribarren; hasta que sea dictada la sentencia definitivamente firme en el presente caso.
b) Que se suspenda cualquier otra resolución o providencia jurisdiccional dirigida a la ejecución de la Sentencia lesiva de (sus) derechos constitucionales (...), por lo que solicit(a) que oficie al Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas, a los efectos de que NO PRACTIQUE la ejecución de la decisión ya señalada; hasta tanto sea dictada sentencia definitivamente firme, dado que ha sido el tribunal comisionado para la realización de la medida ejecutiva tal como se desprende del auto que se señaló supra.
Como petitorio de fondo, solicitó
PRIMERO: (...) se declare con lugar el presente amparo (...)
TERCERO: (sic) Que declare la nulidad del fallo, y, por tanto se ordene:
A) Se Deje sin efecto la sentencia emanada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo civil, mercantil transito del Estado Lara (sic) de fecha 26-07-2001 y que (le) fuera notificada en fecha 23-10-2001, por resultar INADMISIBLE, y por ende DECLARE TERMINADO el procedimiento de desalojo intentado por Sociedad Mercantil C.A. CAPANAPARO en contra de Sociedad Mercantil PANADERIA, PASTELERIA HELADERIA Y LUNCHERIA SANTA PAULA C.A.
B) Subsidiariamente, en caso de considerar que el juez constitucional verificado este vicio constitucional, solo puede limitarse anular la sentencia viciada, y ordenar a que sea el juez de instancia que decida sobre el fondo de lo controvertido, declare SIN EFECTO la sentencia emanada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo civil, mercantil transito (sic) del Estado Lara de fecha 26-07-2001 y que fuera notificada en fecha 23-10-2001 y que ORDENE juez de instancia correspondiente que sea este (sic) quien decida sobre la pretensión de DESALOJO intentada, con la orden de esta superioridad haga, al tribunal que conozca del fondo, de sentenciar respecto al Derecho ala Defensa y al Debido Proceso. Esto es, DEJANDO SIN EFECTO el fallo objeto de la presente acción de amparo y ordenando al juez en referencia, dictar nueva decisión sin incurrir en las violaciones constitucionales denunciadas, es decir, VALORANDO QUE EXISTE UNA CAUSAL DE INADMISION PRESENTE EN EL PROCESO y que NO SE VALORADON (sic) LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.
D) que en caso de que se haya DESALOJADO DEL LOCAL COMERCIAL señalada en el fallo que se recurre así como en el mandamiento ejecutorio, sea ordenada cautelarmente QUE SE (LES) PONGA OTRA VEZ EN EJERCIO (sic) DE (SUS) DERECHOS ARRENDATICIOS o en la sentencia de fondo por parte del tribunal que decida el fondo de la causa.
III
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el caso de autos, el recurso de apelación fue ejercido contra la sentencia que dictó, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, esta Sala declara su competencia para el conocimiento del recurso en referencia. Así se decide.
IV
DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El juez de la sentencia objeto de apelación decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:
...declara CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por PANADERIA SANTA PAULA, C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del estado (sic) Lara, el 26 de julio de dos mil y uno (sic), en el Expediente signado con el Nº 01-16897. La referida decisión queda anulada y el juez de instancia dictará sentencia sin incurrir nuevamente en las violaciones constitucionales apreciadas por este Tribunal. Y siendo como es que la medida e desalojo ordenada por el Tribunal de la causa forma parte de ese estado de lesión apreciado por este Tribunal, la misma queda sin efecto alguno. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la acción incoada.
A juicio del juez de la sentencia objeto de apelación, El problema de autos estriba en resolver sobre dos puntos de vista antagónicos y si la decisión del Tribunal a-quo se mantiene dentro de esa área privativa de los jueces de instancia para interpretar las normas de derecho o, lo que es lo mismo, dentro de una zona soberana y autónoma con relación a la apreciación de los hechos y su subsunción al derecho.
En su opinión, para la determinación de la procedencia o no del amparo, debía analizar primero la naturaleza del contrato, por lo que examinó su cláusula novena, citó doctrina sobre el particular y arribó a la conclusión de que se trataba de un contrato a tiempo determinado; criterio contrario al de los jueces que conocieron y decidieron el juicio por desalojo en primera y segunda instancia.
Con base en lo anterior estableció que Si no se hubiese cambiado la naturaleza del contrato las defensas del quejoso habrían sido diferentes y sus perspectivas también. Pero encerrado como fue dentro de una estrategia prefabricada, en la cual el juez de la causa contribuyó decisivamente, el derecho a la defensa de la quejosa sufrió un evidente menoscabo y también su derecho al debido proceso. Su igualdad jurídica quedó por igual seriamente comprometida. Y así se declara.
V
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
Para la decisión, la Sala observa que la demanda de amparo es contra una decisión judicial, por lo que debe analizarse a la luz de lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Sobre el particular, la Sala tiene establecido que:
...la acción de amparo contra actuaciones judiciales, contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias. (Sentencia nº 127 del 6-2-01, Exp nº 00-1301, caso Licorería el Buchón C.A)
En el presente caso, se observa que la parte actora fundamentó su demanda de amparo en la supuesta violación de sus derechos a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica,que se configuró, en su criterio, cuando el tribunal de la sentencia objeto de amparo interpretó, de manera errónea, el artículo 1580 del Código Civil y lo condenó, no obstante que la demanda que originó el procedimiento era inadmisible por tratarse de una relación contractual a tiempo determinado, respecto de la cual no cabe el desalojo a que se refiere el literal a del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Ahora bien, en primer lugar, observa esta Sala que la discusión, sobre la naturaleza determinada o indeterminada del contrato de arrendamiento, fue objeto de análisis en las respectivas instancias. En efecto, la demandante en amparo confesó que opuso la cuestión previa del ordinal 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se demandó por desalojo, no obstante la existencia de una relación contractual a tiempo determinado; y que su defensa fue declarada sin lugar tanto en primera como en segunda instancia, con base en una interpretación errónea de la cláusula novena del contrato de arrendamiento y del artículo 1580 del Código Civil.
Con fundamento en lo anterior, esta Sala reitera que el amparo no constituye una tercera instancia de revisión de los alegatos objeto de análisis por los tribunales de instancias y, menos aún, cuando las pretendidas violaciones de derechos constitucionales derivan de la incorrecta apreciación o interpretación de normas jurídicas.
En tal sentido, en sentencia n° 828 del 27 de julio de 2000 (caso: Seguros Corporativos C.A. y Agropecuaria Alfin S.A.), se estableció:
Para que el amparo proceda, es necesario que exista una infracción por acción u omisión a una norma constitucional, sea esta realizada mediante desconocimiento, mala praxis, o errada interpretación de normas legales o sub-legales, siempre que ella enerve el goce y ejercicio pleno de un derecho constitucional.
Ahora bien, hay que distinguir entre la incorrecta aplicación de una norma, su omisión, o los errores en su interpretación, que se refieren a su actividad y entendimiento, de la infracción de un derecho o garantía constitucional. Estos no se ven -en principio- vulnerados, porque la norma deja de aplicarse, se aplica mal o se interpreta erradamente. Estos vicios, por sí mismos, no constituyen infracción constitucional alguna, y es del ámbito del juzgamiento de los jueces, corregir los quebrantamientos señalados, los cuales pueden producir nulidades o ser declarados sin lugar. Cuando estos vicios se refieren a las normas de instrumentación del derecho constitucional, en principio los derechos fundamentales no quedan enervados. La forma como interpretan la Ley el Juez o la Administración o su subsiguiente aplicación, puede ser errada u omisiva, pero necesariamente ello no va a dejar lesionado un derecho o una garantía constitucional, ni va a vaciar su contenido, haciéndolo nugatorio. Por ejemplo, en un proceso puede surgir el quebrantamiento de normas procesales, pero ello no quiere decir que una parte ha quedado indefensa, si puede pedir su corrección dentro de él. La Administración puede tomar erradamente una decisión sobre unos bienes, pero esto no significa que le prive al dueño el derecho de propiedad. Se tratará de una restricción ilegal que originará acciones del perjudicado, pero no la de amparo, al no quedar cercenado el derecho de propiedad del dueño.
Pero cuando el tipo de vicio aludido deja sin aplicación o menoscaba un derecho o garantía constitucional eliminándolo, y no puede ser corregido dentro de los cauces normales, perjudicándose así la situación jurídica de alguien, se da uno de los supuestos para que proceda el amparo, cuando de inmediato se hace necesario restablecer la situación jurídica lesionada o amenazada de lesión. Si la inmediatez no existe, no es necesario acudir a la vía del amparo, sino a la ordinaria, no porque el amparo sea una vía extraordinaria, sino porque su supuesto de procedencia es la urgencia en el restablecimiento de la situación o en el rechazo a la amenaza, y si tal urgencia no existe, el amparo tampoco debe proceder.
Los errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de las normas legales, en principio no tienen por qué dejar sin contenido o contradecir una norma constitucional, motivo por el cual ellos no pueden generar amparos. Lo que los generan es cuando los errores efectivamente hagan nugatoria la Constitución, que la infrinjan de una manera concreta y diáfana. Es decir, que el derecho o garantía constitucional, en la forma preceptuada en la constitución, quede desconocido. (Subrayado añadido.)
En el caso de autos, se observa que las supuestas lesiones de orden constitucional que alegó la actora derivan de la incorrecta apreciación de una cláusula contractual, en concordancia con una disposición normativa del Código Civil, apreciación que debe tenerse como hecha dentro de la independencia de la labor de juzgamiento del Juez, sin que la misma signifique per se la violación de derechos constitucionales.
La Sala observa, entonces, que el fallo que se apeló contradijo los criterios que fueron expuestos ut supra cuando señaló que el problema de autos estriba en resolver dos puntos de vista antagónicos y si la decisión del Tribunal a-quo se mantiene dentro de esa área privativa de los jueces de instancia para interpretar las normas de derecho o, lo que es lo mismo, dentro de una zona soberana y autónoma con relación a la apreciación de los hechos y su subsunción al derecho
Para mayor abundamiento, debe igualmente señalarse que la Sala ha considerado que el amparo no es la vía idónea para el examen de pretensiones con fundamento en relaciones contractuales.
Sobre este particular, la Sala se ha pronunciado de la siguiente forma:
No puede pretenderse, pues, que a través de una acción de amparo se examinen las condiciones de existencia, validez u otras previstas en el ordenamiento legal, respecto de determinados contratos para lo cual el sistema de normas vigente ha previsto específicos mecanismos y procedimientos- bajo la justificación de pretendidas violaciones a derechos o garantías constitucionales, pues ello desvirtuaría la naturaleza misma de la vía de tutela constitucional que se invoca. Por tal razón, resulta forzoso declarar la inadmisibilidad de la presente acción de amparo, y así se declara. (sentencia Nº 1.303 de la S.C. TSJ, de fecha 27-10-00).
Por último, la Sala observa que, en el presente caso, la causal que motivó la interposición de la demanda de desalojo fue la falta de pago oportuno del arrendatario al arrendador, por concepto de canon de arrendamiento; hecho que admitió expresamente el supuesto agraviado cuando, en su contestación, confesó que, el 2 de marzo de 2001, luego que se admitió la demanda-, consignó la cantidad de cuatro millones ochocientos treinta mil bolívares correspondientes a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000 y enero y febrero de 2001.
VI
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de apelación que dictó el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 18 de marzo de 2002, y declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo que incoó PANADERÍA, PASTELERÍA, HELADERÍA y LUNCHERÍA SANTA PAULA C.A. contra la sentencia que dictó, el 27 de julio de 2001, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial, la cual queda vigente. En consecuencia, declara CON LUGAR el recurso de apelación que se interpuso contra la precitada sentencia.
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de AGOSTO de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Vice-Presidente Encargado de la
Presidencia,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El Vicepresidente Encargado
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado-Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHAN
Magistrado Suplente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 02-0848
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