Venley

Sentencia N.º 2147

Sentencia
N.º 2147
Fecha
14/09/2004
Sala
Constitucional
Expediente
04-0205
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Solicitud de Avocamiento

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada-Ponente: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El 28 de enero de 2004, fue presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de la solicitud de avocamiento planteada por los abogados José Jesús Jiménez Loyo y Gisela Josefina Gómez, titulares de las cédulas de identidad números 4.560.656 y 4.248.828, respectivamente e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 66.350 y 20.969 correspondientemente, el primero de ellos, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano EUGENIO MANUEL ALFARO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad nº 6.016.486, y la segunda, en representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), instituto autónomo creado por Decreto Ley nº 908 del 13 de mayo de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela nº 1.746, extraordinaria, del 23 de mayo de 1975; respecto del juicio de amparo constitucional incoado por Asociación Solidaria para la Protección de la Comunidad El Rodeo, contra el mencionado instituto autónomo y la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Zamora del Estado Miranda, que cursa ante el Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

 

En la misma fecha, la Sala dio cuenta del escrito y designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando.

 

Acordada la jubilación del Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, en fecha 23 de agosto de 2004, reasume la ponencia la Magistrada doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Efectuado el análisis del caso mediante las copias certificadas presentadas por el actor solicitante del proceso de amparo que dio lugar a este avocamiento, la Sala, para decidir, pasa a hacer las consideraciones siguientes:

 

I

ANTECEDENTES

 

Como antecedentes del caso se señalan:

 

1.- El 17 de noviembre de 2003, la Asociación Solidaria para la Protección de la Comunidad El Rodeo interpuso acción de amparo constitucional contra el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Zamora del Estado Miranda, por la presunta infracción de los artículos 21, 49, 62, 70, 82, 111 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de la supuesta demolición de la plaza ubicada en el Conjunto Residencial Urbanización El Rodeo, para construir en su lugar un mercado popular (MERCAL). La accionante solicitó medida cautelar innominada de suspensión de la construcción que realiza el mencionado Instituto Autónomo en lo predios del Condominio nº 2 de la Urbanización El Rodeo, en el área denominada “plaza”.

 

2.- El 19 de noviembre de 2004, el Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda admitió la acción propuesta. En la misma fecha y por auto separado, acordó la medida cautelar solicitada.

 

3.- El 9 de diciembre de 2003, se realizó la audiencia pública prevista en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la cual asistió la representante legal de la accionante y su abogado asistente, la apoderada judicial del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), el ciudadano Eugenio Manuel Alfaro, en su carácter de Director Regional del mencionado instituto autónomo, la apoderada judicial del Municipio Zamora del Estado Miranda y el Sindico Procurador Municipal del aludido municipio. En esa oportunidad, se ordenó la evacuación de una prueba pericial a fin de determinar si el área de terreno identificada como “plazoleta” en el plano del Conjunto Residencial El Rodeo, se encuentra dentro de la parcela de terreno identificada en las poligonales señaladas en la cláusula segunda del Documento de Condominio del mencionado conjunto residencial. Además, el juez de la causa suspendió la audiencia y fijó su continuación para el 15 de diciembre de 2003.

 

4.- El 15 de diciembre de 2003, se reanudó la audiencia oral y en esa oportunidad las partes y el juzgado de la causa designaron los expertos que intervendrían en la prueba pericial antes referida.

 

II

ALEGATOS DE LOS SOLICITANTES

 

La representación judicial de los solicitantes fundamentaron su pretensión sobre la base de los argumentos siguientes:

 

Que la ciudadana Yelitzabet Burgos, Presidenta de la Asociación Solidaria para la Protección de la Comunidad El Rodeo, pretende derrumbar un local sede de “Mercal”, el cual es un plan del Gobierno Nacional para la comercialización de los productos de la cesta básica a precios accesibles para la gente más humilde.

 

Que el galpón donde funciona “Mercal” están depositados productos de la cesta básica a precios solidarios, lo que ocasiona escozor en sectores políticos como los que representa la accionante, quien sigue lineamientos políticos del Gobernador del Estado Miranda ciudadano Enrique Mendoza D`Ascoli, enemigo declarado del proyecto político que representa “Mercal”.

 

Que al admitir el amparo propuesto sin haber agotado la accionante la vía ordinaria de interdicto de obra nueva, el Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda infringió la garantía del debido proceso, prevista en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Que de acuerdo con el contrato de adjudicación del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), la vivienda de interés social no le da derecho a los adjudicatarios sobre los espacios de interés público, en los cuales, priva el interés colectivo sobre el interés individual.

Que es un hecho público, notorio y comunicacional que el Gobernador del Estado Miranda actúa como enemigo del proyecto bolivariano y utiliza a los ciudadanos afectos al partido Social Cristiano Copei y a Electores de Miranda, para impedir que le llegue a la gente más humilde los programas sociales como “Mercal”, el cual, facilita abaratar el costo de la vida.

 

Con fundamento en lo anterior, solicitaron que esta Sala Constitucional se avoque al conocimiento de la causa antes aludida y revoque la medica cautelar dictada por el Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

III

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a la determinación sobre la admisibilidad de la presente solicitud, la Sala pasa a dilucidar su competencia para conocer del asunto y, al respecto, observa que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de justicia de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente:

 

“Artículo 5. Es de la Competencia del tribunal Supremo de Justicia como más Alto Tribunal de las República.

 

Omissis...

 

48.  Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal, y avocarse al conocimiento del asunto cuando lo estime conveniente;

 

...Omissis...

 

El Tribunal conocerá en Sala Plena lo asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales 1 al 2. En Sala Constitucional los asuntos previstos en los numerales 3 al 23. En Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al 37. En Sala de Casación Penal los asuntos previstos en los numerales 38 al 40. En Sala de Casación Civil el asunto previsto en los numerales 41 al 42. En Sala de Casación Social los asuntos previstos en los numerales 43 y 44. En Sala Electoral los asuntos previstos en los numerales 45 y 46. En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida...” (Subrayado de la Sala).

 

Por su parte, el décimo aparte del artículo 18 eiusdem establece que “Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal de instancia, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa, para resolver si se avoca, y directamente asume el conocimiento del asunto, o, en su defecto lo asigna a otro tribunal”. 

 

En aplicación de las disposiciones legales transcritas y visto que la causa objeto de la presente solicitud versa sobre un juicio de amparo constitucional, materia que concierne a la jurisdicción constitucional, esta Sala resulta competente para conocer de la solicitud de avocamiento planteada. Así se declara.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Establecida su competencia para conocer de la solicitud de avocamiento presentada, la Sala pasa a decidir sobre lo pedido en los términos siguientes:

 

La causa objeto de la presente solicitud esta referida al juicio de amparo constitucional incoado por Asociación Solidaria para la Protección de la Comunidad El Rodeo contra el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Zamora del Estado Miranda, por la presunta infracción de los artículos 21, 49, 62, 70, 82, 111 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de la supuesta demolición por parte del mencionado instituto autónomo de la plaza ubicada en el Conjunto Residencial Urbanización El Rodeo, para construir en su lugar un mercado popular.

 

Respecto a lo solicitado, es necesario advertir que la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha justificado el ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia. En efecto, esta figura procesal exige tal tratamiento en virtud de su naturaleza excepcional, que permite excluir del conocimiento de una causa al juez que esté llamado ordinariamente a hacerlo y con ello limita los recursos que la ley le otorga a las partes para impugnar las decisiones que de este último emanen.

 

Este carácter excepcional de la institución del avocamiento ha sido acogida por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en el aparte undécimo del artículo 18, establece que la atribución conferida a las Salas de este Alto tribunal de avocarse al conocimiento de cualquier controversia o asunto litigioso de su competencia que curse ante otro órgano jurisdicional debe “ser ejercida con suma prudencia y sólo en caso grave, o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido”.

 

Ahora bien, en el caso bajo examen los solicitantes fundamentaron su solicitud en la presunta violación del debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, como resultado  de haber admitido el amparo propuesto y otorgar la medida cautelar requerida, pese a que la Asociación Solidaria para la Protección de la Comunidad El Rodeo no utilizó la vía judicial idónea a fin de obtener la tutela de los derechos constitucionales que denunció conculcados, las cual, a decir de los solicitantes, es el interdicto de obra nueva.

 

Por otra parte, los solicitantes expusieron una serie de circunstancias de orden político sin derivar de tal narración alguna situación que implica violación del ordenamiento jurídico o desorden procesal que menoscabe notoriamente la imagen del Poder Judicial, la tranquilidad general, el decoro o la institucionalidad democrática. 

 

Por ello, a juicio de esta Sala Constitucional, las denuncias planteadas por los solicitantes no constituyen, por sí solas, motivo suficiente que justifique el avocamiento a dicha causa, en consecuencia, se niega tal solicitud. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que NO HA LUGAR en derecho a la solicitud de avocamiento planteada por el ciudadano Eugenio Manuel Alfaro y por el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), respecto del juicio de amparo constitucional incoado por Asociación Solidaria para la Protección de la Comunidad El Rodeo contra el mencionado instituto autónomo y la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Zamora del Estado Miranda, que cursa ante el Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, sin que ello implique en modo alguno pronunciamiento sobre el mérito del proceso, objeto de esta solicitud.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de septiembre de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA                                                               

        El Vicepresidente,

 

 

 

 

                                                                                    JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                   CARMEN ZULETA DE MERCHÁN                                                                                             Ponente    

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

CZdeM/

Exp. n° 04-0205

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