Sentencia N.º 2156
- Sentencia
- N.º 2156
- Fecha
- 14/09/2004
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 03-2902
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Caracas, 14 de septiembre de 2004
194° y 145°
Consta en autos que, como anexo de Oficio n.° 2106-03, de 06 de agosto de 2003, el Juez Primero del Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió, a esta Sala Constitucional, para la revisión que establece el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, copia certificada del auto que, en la misma fecha, dictó el mencionado órgano jurisdiccional, mediante el cual decidió la desaplicación de los artículos 13.3º y 22 del Código Penal y, como consecuencia de ello, decretó la libertad plena del penado MIGUEL ANTONIO LARA GARCÍA, de conformidad con el artículo 105 eiusdem.
Después de la recepción del expediente, de ello se dio cuenta en Sala, mediante auto de 06 de noviembre de 2003, y fue designado Ponente el Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
Ahora bien, a los efectos de la admisibilidad de la revisión, debe advertirse, previamente, que, en casos como el presente, la expresión sentencias definitivamente firmes que contiene el artículo 336.10 de la Constitución no debe entenderse restringida a las actuaciones jurisdiccionales que decidan sobre el fondo de la controversia y pongan, por tanto, fin a la instancia correspondiente, sino en el sentido genérico decisión judicial, sea ésta una sentencia stricto sensu o bien, como en el presente caso, un auto o decisión interlocutoria. Ello, por cuanto el propósito de tutela de la preeminencia constitucional que impregna la predicha disposición, hace necesario el sometimiento al control, en esta sede, de cualesquiera decisiones jurisdiccionales definitivamente firmes en las cuales se decida la desaplicación, por razón de tal preeminencia, de una norma de rango inferior, con base en el control difuso que establece el artículo 334 de la Ley Máxima.
Por otra parte, esta Sala ha señalado, reiteradamente, que, para la revisión que establece la predicha disposición constitucional, debe tenerse la certeza de que el fallo, cuyo examen se pretenda mediante el referido mecanismo, tenga carácter definitivamente firme. En el presente caso, estamos en presencia de un auto que pronunció el Juez Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; se trata, entonces, de un pronunciamiento de primera instancia contra la cual podían ser activados los medios ordinarios de impugnación, tal como el recurso de apelación, de conformidad con los artículos 447.1 y 483 del Código Orgánico Procesal Penal.
Sin embargo, esta Sala observa, de las actas que conforman el expediente, que no se encuentra acreditado que el acto jurisdiccional en cuestión hubiera devenido definitivamente firme, sea por agotamiento de los medios legales de impugnación, sea por el perecimiento de los lapsos que la ley establece para la interposición de los mismos. Por tanto, resulta esencial que esta Sala tenga el conocimiento cierto de que la decisión que se somete a su revisión es definitivamente firme, razón por la cual estima pertinente que se ordene al Juez Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que, dentro del lapso de veinticuatro horas, siguientes a la respectiva notificación, informe si las partes fueron notificadas, conforme al artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, del auto que dicho jurisdicente emitió, en relación con la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad a la cual fue sometido el ciudadano Miguel Antonio Lara García; asimismo, si contra aquél se interpuso recurso de apelación, en cuyo caso, deberá remitir copia certificada del fallo que, en relación con el mismo, expidió la alzada competente.
Por último, observa esta Sala la necesidad recurrente de la expedición de decisiones como la que antecede, por razón de la reiterada omisión, por parte de los órganos jurisdiccionales particularmente, del actual remitente- que plantean revisión de sus decisiones, como contralores constitucionales, de desaplicación de disposiciones de rango subconstitucional, mas no acreditan formalmente el carácter definitivamente firme de dichos pronunciamientos, lo cual es requisito esencial de admisibilidad de la revisión que prescribe el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ello conduce a una innecesaria duplicación de trámites, así como a indebidas dilaciones procesales, contrarias a la garantía de la tutela judicial eficaz que establecen los artículos 26 y 257 de nuestra Ley Fundamental. Por tal razón, advierte la Sala al Juez Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas sobre su contumacia en la predicha conducta omisiva, con el objeto de que ejecute los correctivos pertinentes, sin perjuicio del apercibimiento de las responsabilidades legales que le fueren imputables, en el supuesto de persistencia futura en la referida omisión.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Cúmplase lo ordenado.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
Magistrado
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Magistrada
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 03-2902
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