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SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 07-1103
El 26 de julio de 2007, los abogados Gustavo Planchart Manrique, Alfredo Travieso Passios, Carlos Lepervanche Michelena, Margarita Escudero León, Moisés Vallenilla Tolosa, María Verónica Espina Molina, Yesenia Piñango, Nelly Herrera Bond y Xavier Escalante Elguezabal, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 945, 4.987, 21.182, 45.205, 35.060, 75.996, 33.981, 80.213 y 48.460, respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil NESTLÉ VENEZUELA, S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 23 de junio de 1957, bajo el N° 23, Tomo 22-A, interpuso solicitud de revisión constitucional de la sentencia N° 59 dictada el 24 de enero de 2007, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declaró con lugar el recurso de hecho ejercido por la Procuraduría General de la República, en consecuencia, se revocó la decisión dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de enero de 2006, que negó oír la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva dictada por el referido Tribunal el 3 de junio de 2005, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la empresa solicitante contra los actos administrativos contenidos en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº GCE-DF-SA-R-2002-024 del 12 de julio de 2002, que confirmó parcialmente el Acta Fiscal N° MF-SENIAT-GCE-DF-0050-2001-13 del 19 de septiembre de 2001, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por medio de la cual se determinó a cargo de la sociedad de comercio contribuyente la obligación de pagar la cantidad total de tres mil veintinueve millones seiscientos treinta y siete mil setecientos diez bolívares (Bs. 3.029.637.710,00), en concepto de impuesto sobre la renta causado y no pagado, multa e intereses moratorios para los períodos fiscales coincidentes con los años civiles de 1998 y 1999, y ordenó al Tribunal a quo oír, en ambos efectos, la apelación ejercida y remitir a esa Sala el expediente del juicio, a los efectos de conocer de la apelación interpuesta.
En virtud de su reconstitución, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.
El 2 de agosto de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
I
DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL
Los apoderados judiciales de la solicitante expusieron como fundamento de su pretensión, lo siguiente:
Que la sentencia impugnada reconoció que el lapso para apelar contra la decisión del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas venció el 14 de diciembre de 2005.
Que no obstante ello, la referida Sala atribuyó la omisión en el ejercicio del recurso de apelación por parte de la representación judicial del Fisco Nacional, a la omisión del referido Juzgado en dejar constancia en el expediente de que se habían practicado la notificación de todas las partes y la declaratoria de firmeza del fallo.
Que tal interpretación efectuada por la Sala, por cuanto no existe dicha obligación legal en el ordenamiento jurídico, viola el equilibrio e igualdad procesal entre las partes que el Juez está obligado a mantener.
Finalmente, solicitó que sea declarada ha lugar la revisión constitucional interpuesta.
II
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El 24 de enero de 2007, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión N° 59 declaró con lugar el recurso de hecho ejercido por la Procuraduría General de la República, en consecuencia, se revocó la decisión dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de enero de 2006, que negó oír la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva dictada el 3 de junio de 2005, y ordenó al Tribunal a quo oír, en ambos efectos, la apelación ejercida y remitir a esa Sala el expediente del juicio, a los efectos de conocer de la apelación interpuesta, previo a lo cual efectuó las siguientes consideraciones:
“…Vistas las cosas desde la perspectiva jurisprudencial sentada por esta Sala, en el caso concreto, se observa que el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó la sentencia definitiva N° 093-2005 en fecha 03 de junio de 2005, librando las boletas de notificación de esa decisión el día 28 de junio de 2005 al Contralor General de la República, al Fiscal General de la República, al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la Procuradora General de la República.
…omissis…
Así, considera esta Alzada que el lapso de ocho (8) días de despacho para que cualquiera de las partes pudiera ejercer, en caso de considerarlo pertinente, el recurso de apelación contra la aludida sentencia definitiva dictada por el Tribunal a quo, debe computarse a partir del día siguiente aquel en que se dejó constancia en el expediente de la última de las boletas de notificación ordenadas; y una vez finalizado dicho lapso comenzaría a correr el lapso de ocho (8) días de despacho para que la Procuraduría General de la República se considerara notificada del contenido del aludido fallo, según lo sentado en la interpretación realizada por esta Sala en las decisiones de fechas 04 de agosto y 10 de noviembre del 2005 antes referidas.
En orden a lo anterior, el mencionado lapso se iniciaría en principio a partir del día siguiente aquel en que fue consignada en el expediente la boleta de notificación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); sin embargo, no pasa inadvertido para esta Sala que antes de que ocurriera tal situación tanto el aludido Servicio como la sociedad mercantil contribuyente ya se encontraban tácitamente notificados de la sentencia definitiva N° 093-2005 dictada por el a quo el 03 de junio de 2005 de conformidad con lo previsto en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable supletoriamente a los procedimientos contenciosos tributarios conforme lo establece el artículo 332 del vigente Código Orgánico Tributario; toda vez que según se desprende de los autos, en fecha 07 de julio de 2005, la abogada Eliana Heredia Arroyo-Parejo, actuando con el carácter de apoderada judicial de la recurrente Nestlé Venezuela, S.A., había solicitado ante el Tribunal de instancia una copia certificada de la referida sentencia, solicitud que también efectuó pero, en copia simple, el 13 del mismo mes y año, la abogada Lilia María Casado Balbás, actuando con el carácter de representante del Fisco Nacional, circunstancia que no fue controvertida en esta Alzada por ninguna de las partes.
Por lo que atendiendo a lo dispuesto en el antes citado Parágrafo Segundo del artículo 277 del Código Orgánico Tributario, a efectos de computar el lapso que tenían las partes para apelar la decisión en referencia, debe entenderse que la última notificación que constó en autos fue la de la Procuraduría General de la República (21 de noviembre de 2005) y no la del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) (02 de diciembre de 2005).
De manera que, con vista al cómputo realizado el 13 de enero de 2006 por la Secretaría del Tribunal a quo de los días de despacho transcurridos en su sede desde el ‘22/11/2005’ hasta el ‘10/01/2006’ (folio 121 del expediente), el lapso de ocho (8) días de despacho para que cualquiera de las partes pudiera ejercer el referido recurso de apelación se inició el día 22 de noviembre de 2005 y culminó el día 01 de diciembre de 2005 (lapso que se discrimina de la siguiente manera: días de despacho 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2005), al cual adicionándole el lapso de ocho (8) días de despacho para que la Procuraduría General de la República se considerara notificada del contenido del aludido fallo, finalizó el día 14 de diciembre de 2005 (lapso conformado por los días de despacho 02, 05, 06, 07, 09, 12, 13, 14 de diciembre de 2005).
Ahora bien, dilucidado como ha quedado cuál era el lapso que tenían las partes para hacer uso de su derecho a ejercer el recurso de apelación contra la decisión definitiva del 03 de junio de 2005, observa la Sala que el Tribunal a quo al estar en conocimiento de que la sociedad de comercio contribuyente y el Fisco Nacional se encontraban a derecho por haberse dado tácitamente por notificados de esa decisión y que, por ende, el mencionado lapso para apelar venció el 14 de diciembre de 2005, ha debido dictar inmediatamente pasada dicha fecha un auto en el que dejara en el expediente constancia de haberse practicado todas las notificaciones ordenadas y que habiendo transcurrido el lapso previsto en el Código Orgánico Tributario a efectos de que las partes interpusieran su recurso de apelación sin haberlo hecho, la aludida sentencia definitiva había quedado firme.
La anterior omisión, a juicio de esta Máxima Instancia, hizo incurrir a la representación judicial del Fisco Nacional en el error de considerar que por haberse consignado en el expediente el día 02 de diciembre de 2005 la boleta de notificación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el cómputo del lapso para apelar la sentencia definitiva N° 093-2005 del 03 de junio de 2005, comenzaba a correr al día siguiente de la citada fecha al ser la última notificación formal agregada al expediente, por lo que la representación fiscal apeló el día 10 enero de 2006.
Aunado a lo anterior se aprecia del análisis exhaustivo de las actas procesales, que el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas omitió ordenar se librase la boleta de notificación a la sociedad mercantil Nestlé Venezuela, S.A., lo cual considera esta Alzada una irregularidad procesal grave que conllevaría a reponer la causa al estado de que se cumpliese con esa formalidad en caso de que la contribuyente no se hubiera dado tácitamente por notificada del fallo cuya apelación se pretende con la interposición del recurso de hecho bajo análisis, a propósito de garantizarle sus derechos constitucionales a la igualdad de las partes, a la defensa y al debido proceso consagrados en los artículos 21 y 49 de la Carta Magna.
…omisiss…
Sobre la base de los razonamientos efectuados, esta Sala declara con lugar el recurso de hecho ejercido por la representación fiscal contra el auto dictado por el Tribunal a quo en fecha 13 de enero de 2006, que negó oír el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del Fisco Nacional contra la sentencia definitiva N° 093-2005, dictada por ese mismo Tribunal en fecha 03 de junio de 2005”.
III
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “(…) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (…)”.
Por su parte, el legislador consagró la potestad de revisión en los artículos 5.4 y 5.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales disponen:
“(…) Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.
4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación (…).
… omissis …
16. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de la República”.
Asimismo, en el fallo N° 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”) esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:
“(…) 1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional (…)”.
Ahora bien, por cuanto en el caso de autos, se pidió la revisión de la sentencia N° 59 dictada el 24 de enero de 2007, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la misma, conforme lo supra expuesto. Así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En la oportunidad de decidir, esta Sala observa:
Al efecto, la parte actora solicitó la revisión constitucional de la sentencia N° 59 dictada el 24 de enero de 2007, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declaró con lugar el recurso de hecho ejercido por la Procuraduría General de la República, en consecuencia, se revocó la decisión dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de enero de 2006, que negó oír la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva dictada por el referido Tribunal el 3 de junio de 2005, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la empresa solicitante contra los actos administrativos contenidos en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº GCE-DF-SA-R-2002-024 del 12 de julio de 2002, que confirmó parcialmente el Acta Fiscal N° MF-SENIAT-GCE-DF-0050-2001-13 del 19 de septiembre de 2001, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por medio de la cual se determinó a cargo de la sociedad de comercio contribuyente la obligación de pagar la cantidad total de tres mil veintinueve millones seiscientos treinta y siete mil setecientos diez bolívares (Bs. 3.029.637.710,00), en concepto de impuesto sobre la renta causado y no pagado, multa e intereses moratorios para los períodos fiscales coincidentes con los años civiles de 1998 y 1999, y ordenó al Tribunal a quo oír, en ambos efectos, la apelación ejercida y remitir a esa Sala el expediente del juicio, a los efectos de conocer de la apelación interpuesta.
Así pues, la actora solicitó la presente revisión constitucional con fundamento en que la sentencia impugnada estableció una desigualdad y desequilibrio procesal, que violenta el derecho al debido proceso de la solicitante, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto atribuyó la extemporaneidad en el ejercicio del recurso de apelación por parte de la representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela a la omisión por parte del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de dejar constancia en el expediente de que se habían practicado la notificación de todas las partes y la declaratoria de firmeza del fallo.
En este orden de ideas, debe esta Sala Constitucional advertir que, según pacífica y reiterada jurisprudencia al respecto, se ha establecido que la potestad de revisión es ejercida por esta Sala de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, si con ello se va a contribuir a la uniformidad en la interpretación de principios y normas constitucionales, puesto que tal solicitud no implica una instancia adicional de conocimiento de la causa (Vid. Sentencia de esta Sala N° 44 del 2 de marzo de 2000, caso: “Francia Josefina Rondón Astor”).
Asimismo, debe destacarse que la solicitud de revisión no se configura como la posibilidad de una tercera instancia de la cual disponen los ciudadanos para fundamentar la misma en los posibles errores de juzgamientos en que incurran los jueces, sino que se constituye como un medio extraordinario y excepcional de control de la Sala sobre la interpretación de principios y normas constitucionales, que atenten de tal modo contra los derechos de los justiciables que hagan factible su revisión y posterior anulatoria de la sentencia impugnada por parte de la Sala.
Ahora bien, debe destacarse que la decisión cuya revisión se solicita no es una sentencia definitivamente firme que resuelva el fondo del caso, es decir, no ha adquirido el carácter de cosa juzgada, puesto que se trata de un fallo que declaró con lugar el recurso de hecho ejercido por la Procuraduría General de la República contra el auto dictado por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que negó oír la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva dictada por el referido Tribunal el 3 de junio de 2005, por tanto la misma es una sentencia interlocutoria simple, ya que se dictó en el curso del proceso para resolver una cuestión incidental, mas no el derecho discutido y, por tanto, no produce el efecto de poner fin a éste, ya que la Sala Político Administrativa ordenó la reposición de la causa al estado de que se tramite el procedimiento de segunda instancia (Cfr. Sentencias de esta Sala Nros. 1.202/2004, 2.145/2004 y 2.685/2005).
En razón de ello, esta Sala juzga que la revisión planteada de la sentencia N° 59 dictada el 24 de enero de 2007, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, debe ser declarada inadmisible, por no tratarse de aquellas decisiones sujetas a tal solicitud. Así se decide.
No obstante lo expuesto, debe reflexionarse sobre la diligencia y responsabilidad de las partes en el proceso y el derecho de igualdad de las mismas, en respeto de los derechos a la defensa y al debido proceso, todo ello en consonancia con lo dispuesto en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 15 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, aprecia esta Sala Constitucional que la Sala Político Administrativa ciertamente tal como lo alega la parte solicitante admitió la extemporaneidad en el ejercicio del recurso de apelación por parte de la Procuraduría General de la República, sin embargo, atribuyó esa extemporaneidad a la actuación del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas al no dejar constancia de haber practicado todas las notificaciones y haber dictado el auto que declara firme el fallo dictado.
Al efecto, expuso la referida Sala como fundamento de su decisión lo siguiente:
“Ahora bien, dilucidado como ha quedado cuál era el lapso que tenían las partes para hacer uso de su derecho a ejercer el recurso de apelación contra la decisión definitiva del 03 de junio de 2005, observa la Sala que el Tribunal a quo al estar en conocimiento de que la sociedad de comercio contribuyente y el Fisco Nacional se encontraban a derecho por haberse dado tácitamente por notificados de esa decisión y que, por ende, el mencionado lapso para apelar venció el 14 de diciembre de 2005, ha debido dictar inmediatamente pasada dicha fecha un auto en el que dejara en el expediente constancia de haberse practicado todas las notificaciones ordenadas y que habiendo transcurrido el lapso previsto en el Código Orgánico Tributario a efectos de que las partes interpusieran su recurso de apelación sin haberlo hecho, la aludida sentencia definitiva había quedado firme.
La anterior omisión, a juicio de esta Máxima Instancia, hizo incurrir a la representación judicial del Fisco Nacional en el error de considerar que por haberse consignado en el expediente el día 02 de diciembre de 2005 la boleta de notificación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el cómputo del lapso para apelar la sentencia definitiva N° 093-2005 del 03 de junio de 2005, comenzaba a correr al día siguiente de la citada fecha al ser la última notificación formal agregada al expediente, por lo que la representación fiscal apeló el día 10 enero de 2006.
Aunado a lo anterior se aprecia del análisis exhaustivo de las actas procesales, que el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas omitió ordenar se librase la boleta de notificación a la sociedad mercantil Nestlé Venezuela, S.A., lo cual considera esta Alzada una irregularidad procesal grave que conllevaría a reponer la causa al estado de que se cumpliese con esa formalidad en caso de que la contribuyente no se hubiera dado tácitamente por notificada del fallo cuya apelación se pretende con la interposición del recurso de hecho bajo análisis, a propósito de garantizarle sus derechos constitucionales a la igualdad de las partes, a la defensa y al debido proceso consagrados en los artículos 21 y 49 de la Carta Magna.
Bajo tales premisas, esta Sala, actuando como cúspide de la jurisdicción contencioso-tributaria estima pertinente hacer un llamado de atención al Juez del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, abogado Raúl Gustavo Márquez Barroso, para que en lo adelante adecúe sus actuaciones a la correcta aplicación del derecho, en aras de una justicia idónea y responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Sobre la base de los razonamientos efectuados, esta Sala declara con lugar el recurso de hecho ejercido por la representación fiscal contra el auto dictado por el Tribunal a quo en fecha 13 de enero de 2006, que negó oír el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del Fisco Nacional contra la sentencia definitiva N° 093-2005, dictada por ese mismo Tribunal en fecha 03 de junio de 2005” (Negrillas de esta Sala).
Así pues, se advierte que si bien es cierto que el juez es el director del proceso, las partes deben cumplir con determinadas obligaciones conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico, ante lo cual, en aras de resguardar el principio de seguridad jurídica y la actuación diligente de cada una de éstas en cumplir sus cargas procesales debe aquel -juez- cumplir con todas sus obligaciones legales y constitucionales para que el procedimiento se lleve a cabo en el marco de una celeridad y economía procesal que garantice la obtención de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles (ex artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
En razón de lo expuesto, esta Sala concuerda con lo expuesto por la Sala Político Administrativa en cuanto a que el juez debe adecuar sus actuaciones conforme a la correcta aplicación del derecho y, en consecuencia, estar atento a los lapsos procesales de los expedientes que reposan en los tribunales, por lo que transcurrido el lapso al día siguiente o lo más inmediato posible, es decir, dos o máximo tres días el juez debe dictar el auto que declare la firmeza del fallo, por no haber ejercido las partes los recursos correspondientes.
Sin embargo, no se podría suplir las cargas de las partes en el ejercicio de sus funciones mediante la nulidad procesal de todo lo actuado y la reposición de la causa, por la no publicación de un auto que declara firme el fallo dictado, ya que el ordenamiento nada menciona respecto al deber del Tribunal de dejar constancia de la notificación de las partes si éstas se encuentran a derecho o se dieron por notificadas tácitamente y deben cumplir con sus obligaciones procesales de revisar el expediente, so pena de transcurrir los lapsos procesales fatalmente, por estar consagrado en el ordenamiento jurídico el principio de preclusión de los actos procesales.
Al efecto, del contexto de la sentencia impugnada puede desprenderse que siempre y cuando el tribunal competente no dicte el auto de firmeza, pueden las partes apelar de la decisión, alegando que la omisión del Tribunal los ha hecho incurrir en una presunta confusión, tal contenido resulta contrario a los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, sin perjuicio de la validez de la apelación ejercida por anticipado, razón por la cual, esta Sala Constitucional advierte que la mencionada decisión genera una confusión procedimental, por cuanto si bien es deber de los tribunales de dictar los correspondientes autos verificado el transcurso del tiempo, la omisión en los mismos no puede constituirse como un motivo para que las partes relajen el proceso convirtiéndose ello en un escudo para una anarquía procedimental que desnaturaliza los principios del derecho procesal.
En razón de lo expuesto, esta Sala aprecia que la Sala Político Administrativa debió fundamentar la motivación de su fallo en que la Administración goza de una serie de privilegios y prerrogativas procesales en el marco de los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República, en razón de lo cual, se constituye en una obligación para el juez, mientras que tales privilegios o prerrogativas no hayan sido anuladas, desaplicadas o derogadas, el cumplimiento y aplicación de éstos, tal como lo consagra el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual establece: “Los privilegios y prerrogativas procesales de la República son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República”.
Al efecto, debe destacarse lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual consagra una especie de consulta obligatoria en cuanto a demandas que afecten los intereses de la República que hayan sido resueltas de manera contraria a lo expuesto por la representación judicial del Estado. Al efecto, expone el referido artículo, lo siguiente:
“Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente”.
En congruencia con lo expuesto, debe citarse sentencia de esta Sala N° 902/2004, en la cual se expuso lo siguiente:
“Al respecto debe advertirse que la consulta obligatoria prevista en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hasta tanto sea derogada por el legislador nacional o sea declarada por la jurisdicción constitucional su nulidad por motivos de inconstitucionalidad, no puede ser asimilada a la consulta obligatoria prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que se refiere a la tutela de situaciones jurídicas subjetivas particulares, y debe ser efectuada sin excepción por los Tribunales Superiores que sean competentes en cada caso (sin perjuicio de la potestad de todos los jueces de la República de velar por la integridad de la Constitución, de acuerdo al artículo 334 de la Carta Magna, cuando la aplicación de la norma legal en el caso concreto pueda, por ejemplo, ocasionar la violación de derechos o garantías constitucionales), ya que la misma, así como las prerrogativas a que alude el artículo 63 eiusdem, persiguen resguardar los intereses patrimoniales de la República y de todos aquellos entes públicos sobre los que aquella tenga derechos, no con el objetivo de evitar la responsabilidad del Estado, sino de impedir afectaciones en el cumplimiento de sus fines fundamentales establecidos en el ordenamiento jurídico, mediante el equilibrio entre los derechos de las personas y las potestades y obligaciones de la República (…)”.
Asimismo, interesa destacar sentencia de esta Sala N° 1107/2007, en la cual se expuso la justificación del interés general como mecanismo de aplicación de la consulta y su concepción dentro de la doctrina y jurisprudencia extranjera. Al respecto, se dispuso:
“La consulta, como noción procesal, se erige como una fórmula de control judicial en materias donde se encuentra involucrado el orden público, el interés público o el orden constitucional, y el juez que la ejerce debe revisar no sólo la juridicidad del fallo, sino la adecuación del derecho declarado al caso concreto, en los casos de la consulta prevista en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República la justificación se centra en el interés general que subyace en todo juicio propuesto contra un órgano o ente público.
Sobre la acepción ‘interés general’ que justifica el elenco de prerrogativas y privilegios procesales que ostenta la República, esta Sala ha sostenido que ‘(…) cuando la República es demandada en juicio, se acciona contra uno de los componentes más importantes del Estado y la eventual afectación de su patrimonio puede llegar a afectar el patrimonio de la población, y mermar la eficacia de la prestación de los servicios públicos. Conforme a esta premisa, el ordenamiento jurídico ha establecido privilegios y prerrogativas procesales para la actuación de la República en juicio en resguardo de los intereses superiores que rigen la actuación del Estado’ (Vid. Sentencia de esta Sala N° 2.229 del 29 de julio de 2005, caso: ‘Procuraduría General del Estado Lara’).
Respecto de su naturaleza jurídica, la doctrina extranjera ha destacado que ‘(…) la consulta no reviste el carácter de medio de ataque de las decisiones judiciales, sino tan sólo el deber del juez de primera instancia de remitir las actuaciones a la alzada’ (Vid. De Santo: ‘Tratado de los Recursos’, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999, pp. 475-478), a los fines de que la reexamine, y si bien se ha cuidado de no caracterizar este instituto como un recurso (Vid. Devis Echandía, Hernando, ‘Teoría General del Proceso’, Editorial Universidad, Buenos Aires, cuarta reimpresión, 2004, pág. 512) algunos lo consideran como un verdadero medio de impugnación.
En la jurisprudencia foránea, esta figura se erige como una garantía procesal de protección de ciertos bienes jurídicos ligada al principio de la doble instancia. En el derecho colombiano, por ejemplo, la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante sentencia N° C-153/95, señaló:
‘La consulta, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida.
La consulta opera por ministerio de la ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquélla. Por lo tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por ésta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas.
La consulta se consagra en los estatutos procesales en favor o interés de una de las partes. No se señalan en la Constitución los criterios que el legislador debe tener en cuenta para regularla; sin embargo, ello no quiere decir que esté habilitado para dictar una reglamentación arbitraria, es decir, utilizando una discrecionalidad sin límites, pues los derroteros que debe observar el legislador para desarrollar la institución emanan, como ya se dijo, precisamente de la observancia y desarrollo de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución’”.
En consecuencia, se observa que transcurridos los lapsos de apelación sin que las partes hayan apelado de la decisión que fue contraria a los intereses de la República, debe el juez competente remitir el referido fallo en consulta ante el Tribunal Superior competente, para que éste proceda a revisar si el fallo dictado resulta ajustado a derecho o no.
En este sentido, debe esta Sala destacar que tal privilegio sólo resulta objeto de aplicación contra los fallos que sean contrarios a la pretensión, excepción o defensa de la República, es decir, cuando la sentencia definitiva haya desestimado la pretensión del Estado, ya que cuando los particulares hayan resultado desfavorecidos tienen el deber de ejercer los correspondientes recursos (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1107/2007).
De conformidad con lo expuesto, debe esta Sala destacar que el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas debió remitir a la Sala Político Administrativa en consulta la sentencia dictada el 3 de junio de 2005, al constatar i) que la sentencia había sido contraria a la pretensión de la República y ii) que la representación judicial de la República no había apelado en tiempo hábil y, en su defecto, la Sala Político Administrativa en el fallo objeto de revisión debió fundamentar su fallo, en aras de garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, en el respeto de los privilegios y prerrogativas procesales, por lo que en consecuencia, debió dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en concordancia con lo establecido en el artículo 63 de la mencionada ley, lo que en nada ocasiona un perjuicio constitucional a la solicitante, en virtud de que estos pueden intervenir en la misma, por cuanto el efecto procesal del fallo resulta el mismo, en virtud que la Sala Político Administrativa debe proceder a la revisión del fallo dictado por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en segunda instancia, como tribunal natural de alzada.
En atención a lo expuesto, se ordena a la Sala Político Administrativa, conocer en consulta el referido fallo y no en apelación, sin que ello constituya una reposición de la misma, en virtud de que ello atentaría contra los principios de economía y celeridad procesal y, se constituiría en una reposición inútil, ya que la Sala Político Administrativa debe proceder a la revisión del fallo dictado por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en segunda instancia.
V
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la revisión constitucional interpuesta por los abogados Gustavo Planchart Manrique, Alfredo Travieso Passios, Carlos Lepervanche Michelena, Margarita Escudero León, Moisés Vallenilla Tolosa, María Verónica Espina Molina, Yesenia Piñango, Nelly Herrera Bond y Xavier Escalante Elguezabal, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 945, 4.987, 21.182, 45.205, 35.060, 75.996, 33.981, 80.213 y 48.460, respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil NESTLÉ VENEZUELA, S.A., ya identificada, de la sentencia N° 59 dictada el 24 de enero de 2007, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declaró con lugar el recurso de hecho ejercido por la Procuraduría General de la República, en consecuencia, se revocó la decisión dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de enero de 2006, que negó oír la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva dictada el 3 de junio de 2005, y ordenó al Tribunal a quo oír, en ambos efectos, la apelación ejercida y remitir a esa Sala el expediente del juicio, a los efectos de conocer de la apelación interpuesta.
Se ORDENA a la Sala Político Administrativa, conocer en consulta el referido fallo y no en apelación, sin que ello constituya una reposición de la misma, en virtud de que ello atentaría contra los principios de economía y celeridad procesal.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Remítase copia de la presente decisión al Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de Noviembre de dos mil siete (2007). Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Francisco Antonio Carrasquero López
MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N° 07-1103
LEML/d