Venley

Sentencia N.º 2204

Sentencia
N.º 2204
Fecha
07/12/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-1195
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada-Ponente: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

            Mediante Oficio Nº CA-1046-06 del 25 de julio de 2006, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Carlos Alberto La Cruz Alastre, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.226, con el carácter de defensor del ciudadano ROBERTH LORENZO DÍAZ, titular de la cédula de identidad Nº 11.768.145, contra la omisión de pronunciamiento que le atribuyó al Juzgado Primero de Control del referido Circuito Judicial Penal, respecto a una excepción opuesta por la defensa del hoy accionante, para cuya fundamentación alegó la violación de los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.

Tal remisión obedece a la apelación que intentó, dentro del lapso de tres días previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la parte accionante, contra la decisión del 14 de julio de 2006, dictada por la mencionada Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible la acción de amparo propuesta.

El 4 de agosto de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien asume la ponencia y con tal carácter la suscribe.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL AMPARO

           Señaló la defensa de la parte accionante como antecedentes relevantes para la interposición de su acción de amparo, que el 19 de febrero de 2006, el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón decretó medida privativa de libertad contra su defendido, teniendo como fundamento para ello los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de secuestro, detentación de arma de fuego y agavillamiento, en perjuicio del ciudadano Antonio Fernández Pimienta.

Indicó que, el 7 de marzo de 2006, ejerció recurso de apelación contra la anterior decisión y el 28 del mismo mes y año, la representación del Ministerio Público presentó escrito acusatorio contra todos los imputados por la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 16, numeral 12, parágrafos 2 y 3 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con el artículo 77, numerales 1, 5 y 8 del Código Penal, "...sin tomar en consideración las observaciones hechas por (la Corte de Apelaciones) (...) lo que motivó a quien suscribe a oponer (...) las excepciones previstas en el artículo 28, ordinal 4º (sic), letras E-I, por considerar que el Acto Conclusivo presentado por el Ministerio Público no cumplía con los requisitos de procedibilidad para intentar la acción como tampoco con los requisitos formales señalados taxativamente en el artículo 326...".  

Que, el 20 de abril de 2006, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón declaró sin lugar el recurso intentado. Posteriormente, el 24 del mismo mes y año, la defensa de la parte accionante presentó escrito mediante el cual opuso como punto previo la excepción prevista en el artículo 28, numeral 4, letras E-I del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que en el escrito acusatorio que fue consignado por la representación fiscal contra su defendido no fueron señalados expresamente los hechos que se le atribuyen, por lo que, a su parecer, incumplía con lo preceptuado en el artículo 326 eiusdem, razón por la que solicitó la declaratoria con lugar de la excepción opuesta y, en consecuencia, el sobreseimiento de la causa; asimismo, impugnó todos los medios probatorios que fueron ofrecidos por la representación fiscal, toda vez que en éstos no se señala a su defendido como autor o partícipe de los hechos.

Precisó que, el 20 de junio de 2006, durante la celebración de la audiencia preliminar, ratificó el anterior escrito, siendo que el 26 del mismo mes y año el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón "...OMITIÓ pronunciamiento en relación a la excepción opuesta a favor de (su) defendido, es decir, no resolvió previamente dicha excepción, (...) no se observa en ninguna parte que el juez Ad (sic) quo, haya declarado con o sin lugar la excepción con su debida fundamentación, ni se haya pronunciado por la solicitud de sobreseimiento, así como tampoco lo hizo con la impugnación de los medios probatorios ofrecidos por la representación Fiscal, Omisión que viola los derechos constitucionales, el debido proceso, el derecho a la defensa, el acceso a la justicia, a la Tutela judicial efectiva, continuando (su) defendido en un estado total de indefensión por cuanto no se le ha puesto en conocimiento cuales son los hechos que se le imputan, cual es su grado de participación, cuáles son los medios de prueba que lo señala como autor o partícipe en el hecho...".

Finalmente, en atención a los hechos narrados, denunció la violación de los derechos constitucionales preceptuados en los artículos 21, 27, 49, numerales 1 y 8 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 6 y 330 del Código Orgánico Procesal Penal. En atención a ello, solicitó que la presente acción de amparo constitucional sea declarada con lugar en la definitiva y, en consecuencia, restablecida la situación jurídica infingida.

            El 14 de julio de 2006, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón declaró inadmisible la acción de amparo constitucional intentada.

El 25 de julio de 2006, la defensa del accionante consignó ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, escrito contentivo del recurso de apelación.

II

COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para conocer de la presente apelación y, a tal efecto, observa:

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores y de las Cortes de Apelaciones que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo –a excepción de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo- ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones se rigen tanto por las normativas especiales como por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala (vid. caso: Emery Mata Millán del 20 de enero de 2000 y caso: Yoslena Chanchamire Bastardo del 8 de diciembre de 2000).

De manera que, de acuerdo a estas últimas interpretaciones y al contenido del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, le corresponde a esta Sala conocer de la apelación que interpuso la defensa de la  parte actora, contra la decisión dictada, el 14 de julio de 2006, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. Así se declara.

III

DE LA SENTENCIA APELADA

El 14 de julio de 2006, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón declaró inadmisible la acción de amparo conforme a lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tomando como argumento para ello lo siguiente:

 

“Se denota claramente (...) que el A Quo efectivamente si se pronunció sobre la excepción alegada por el hoy accionante relacionada con la falta de individualización de parte del Representante Fiscal en el escrito acusatorio, mal podría entonces el hoy accionante alegar falta de respuesta oportuna de parte del Juez Primero de Juicio de este Circuito Judicial, Extensión Punto Fijo, toda vez que no se perfeccionó tal omisión en el caso in comento por cuanto sí se estableció una respuesta de parte del Juzgado conocedor en la respectiva audiencia preliminar.

Como corolario al análisis arriba esbozado, considera pertinente establecer esta Corte de Apelaciones, que nuestra norma adjetiva penal establece en su artículo 28 las excepciones que durante la fase preparatoria se pueden intentar ante el Juez y en las demás fases del proceso ante el tribunal competente; ahora bien las que sean interpuestas durante la fase preparatoria (tal y como sucedió en el caso en estudio) serán tramitadas en forma de incidencia sin interrumpir la investigación, el juez deberá dictar una resolución la cual será apelable dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la respectiva audiencia. Vía ésta que no fue agotada por el hoy accionante.

 Igualmente establece la referida norma en su último aparte que en los casos en los cuales el Juez decida declarar el rechazo de las excepciones planteadas, esto no impedirá que las mismas sean planteadas nuevamente durante la fase intermedia por los mismos motivos.
Quiere decir entonces que además de existir otras vías judiciales idóneas para la protección constitucional, vale decir el recurso de apelación de autos, la no declaración con lugar de las excepciones opuestas no deben impedir un nuevo planteamiento pero ahora ante el juez de juicio respectivo.

 Afianza el criterio arriba indicado, la decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia de fecha 25-10-2005, Expediente Nº 3206, con Ponencia del Magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, mediante la cual se establece que resultan inadmisibles las acciones de amparo por falta de pronunciamiento o declaración sin lugar de excepciones alegadas que se intenten si (sic) haber agotado la vía judicial preexistente, traducida en la posibilidad de interponer nuevamente las aludidas excepciones en fase de juicio, de seguida se citan extractos de la aludida decisión:

(…)

De modo que contra la decisión atacada mediante el amparo constitucional, no era posible la interporsición del recurso de apelación para su impugnación, siendo que al establecer el legislador la posibilidad de ser planteadas nuevamente ante el tribunal de Juicio en la fase correspondiente al juicio oral y público, al no agotarse este medio ordinario idóneo para el reestablecimiento de la situación jurídica denunciada, deviene la inadmisibilidad de la solicitud de amparo, el tenor de lo previsto en el ordinal 5°(sic) del artículo 6 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así lo ha dejado sentado la Sala Constitucional en sentencia de fecha 10-03-2004, expediente 344, al expresar: ' la acción de amparo resulta inadmisible cuando el presunto agraviado se haya abstenido de acudir a las vías ordinarias previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales podía obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos constitucionales por cuanto todo juez de la República es constitucional' (subrayado y negrilla de esta Corte).
Aunado a todo lo anterior debe señalarse que las acciones de amparo contra decisiones judiciales deben ser analizadas bajo la óptica de la interposición o agotamiento previo de los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, amén de verificarse si la decisión accionada fue dictada con abuso de poder o actuando el Juez fuera del marco de sus competencias, lo cual no es el caso.

Por lo tanto se debe declarar inadmisible la presente solicitud de amparo y así se decide...”.

 

IV

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

            El 25 de julio de 2006, el abogado Carlos Alberto La Cruz Alastre, con el carácter acreditado en autos, consignó, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, escrito de fundamentación del recurso de apelación en el cual señaló, los siguientes argumentos:

            Que el juez Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón no hizo pronunciamiento alguno respecto a lo solicitado por la defensa de la parte accionante en su escrito de descargo, el cual fue ratificado en la oportunidad de la audiencia oral "...que si bien es cierto que al ser declaradas sin lugar las excepciones planteadas esto no impide a que las mismas sean planteadas ante el Juez de Juicio; pero en el presente caso no hubo pronunciamiento alguno por parte del Juez Primero de Control sobre las excepciones como tampoco sobre el Sobreseimiento solicitado y la impugnación de todos los medios ofrecidos por la representación Fiscal...".

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

            En el presente caso el abogado Carlos Alberto La Cruz Lastre, defensor del ciudadano Roberth Lorenzo Díaz, interpuso acción de amparo constitucional contra la omisión de pronunciamiento atribuida al Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, respecto a una excepción opuesta por la defensa del hoy accionante en la oportunidad prevista en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, referida, a su juicio, a la acción promovida ilegalmente por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentarla, por la falta de requisitos formales para intentar la acusación fiscal.

            A tal efecto, sostuvo la parte actora que el referido Tribunal de Control le cercenó los derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de su defendido, toda vez que no se emitió pronunciamiento sobre la excepción que opuso para ser resuelta en la oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar, al no señalar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basó para declararla “inadmisible”, incumpliendo con ello la obligación de motivar una decisión impuesta por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal.

Por su parte, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, precisó que el Tribunal Primero de Control sí había resuelto la excepción opuesta y que, en tal caso, el legitimado activo podía intentar recurso de apelación contra la declaratoria sin lugar hecha por el referido Juzgado de Control, o bien, oponer de nuevo dicha excepción en la fase de juicio.

Ahora bien, esta Sala observa que, en la oportunidad descrita en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, la parte accionante opuso la excepción prevista en literal “e” numeral 4 del artículo 28 eiusdem, al estimar que el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público no individualizó los imputados ni los hechos punibles que se le atribuían a cada uno, lo que, a su juicio, dicho ente no cumplía con la obligación de establecer una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado, los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan y la expresión de los preceptos jurídicos aplicables.

Sin embargo, esta Sala hace notar que el fundamento que utilizó la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón para declarar inadmisible el amparo no consta en actas, razón por la cual no podía declarar en tales términos inadmisible el amparo, toda vez que el acta levantada con ocasión de la celebración de la audiencia preliminar, consignada en copia simple por la parte actora, no aparece legible en su totalidad respecto de la presunta resolución que hizo el Juzgado de Control sobre la excepción opuesta (ver folio 89 del expediente).

En consecuencia, esta Sala declara con lugar la apelación interpuesta y revoca la decisión dictada el 14 de julio de 2006, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Carlos Alberto La Cruz Alastre, actuando como defensor  del ciudadano Roberth Lorenzo Díaz, contra la omisión de pronunciamiento que le atribuyó al Juzgado Primero de Control del referido Circuito Judicial Penal, respecto a una excepción opuesta por la defensa del hoy accionante; asimismo, ordena que dicho Juzgado colegiado, constituido con jueces accidentales, emita un nuevo pronunciamiento sobre la inadmisibilidad o no del amparo, tomando en cuenta lo señalado en el presente fallo. Igualmente, se le ordena al Tribunal a quo, en el caso que considere que deba admitirse el amparo, que le solicite a la parte actora que consigne, hasta la celebración de la audiencia constitucional, copia certificada de la decisión que adversa en el caso bajo estudio, toda vez que la misma fue presentada conjuntamente con la solicitud en copia fotostática simple, en la cual aparece ilegible tres líneas que son fundamentales para la resolución de la demanda. Así se decide.

Al margen de lo antes decidido, esta Sala considera pertinente señalarle al Tribunal a quo, lo siguiente:

La Corte de Apelaciones señaló que la parte actora podía interponer recurso de apelación en el caso bajo estudio, en virtud de que la defensa del ciudadano Roberth Lorenzo Díaz opuso la excepción en la fase preparatoria. Cabe señalar, al respecto, que el escrito que contiene la excepción opuesta dentro del proceso penal, fue consignado, según se desprende de su contenido, en la oportunidad prevista en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, una vez presentado el acto conclusivo de la fase preparatoria. Por lo tanto, esa excepción debe resolverse en la celebración de la audiencia preliminar. En el caso de que sea declarada sin lugar la misma, no puede interponerse recurso de apelación, como lo señala el artículo 447.2 del Código Orgánico Procesal Penal.

Además, se precisa que en el presente asunto no se cuestiona la declaratoria sin lugar de la excepción opuesta sino por el contrario, la inmotivación respecto de esa resolución hecha en la audiencia preliminar.

            En relación a la falta de resolución en la audiencia preliminar, por parte del Juez de Control, de la excepciones opuestas en el proceso penal, esta Sala, en sentencia N° 1044, del 17 de mayo de 2006 (caso: Gustavo Adolfo Anzola y otros), asentó que es posible interponer la acción de amparo constitucional, toda vez que es un deber incuestionable que el juez motive de forma clara los argumentos de hecho y de derecho en que basa su dispositivo, de manera que permita a las partes conocer los argumentos en que se fundamentó, lo que no puede ser obviado en ningún caso.

            Por lo tanto, se apercibe al Tribunal a quo, que analice el contenido de la decisión citada, a los efectos de emitir su correspondiente pronunciamiento en el presente amparo. Así se declara.

            Por último, se deja constancia que la reposición ordenada en el presente asunto no implica la declaratoria de libertad del ciudadano Roberth Lorenzo Díaz, toda vez que dicho ciudadano se encuentra privado judicialmente de su libertad por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. Así se declara igualmente.

VI

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta contra la decisión dictada, el 14 de julio de 2006, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, ejercida por el abogado Carlos Alberto La Cruz Alastre, actuando como defensor del ciudadano  ROBERTH LORENZO DÍAZ.

SEGUNDO: REVOCA la decisión dictada, el 14 de julio de 2006 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo señalado en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra una omisión de pronunciamiento que le atribuyó al Juzgado Primero de Control del mismo Circuito Judicial Penal.

TERCERO: REPONE la presente causa al estado de que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, constituida con jueces accidentales, decida nuevamente sobre la admisibilidad de la acción de amparo.

Publíquese y regístrese. Remítase al tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  07 días del  mes de diciembre de dos mil seis (2006). Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

 

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                       Ponente

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp Nº: 06-1195

CZdeM/

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