Venley

Sentencia N.º 2208

Sentencia
N.º 2208
Fecha
07/12/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-1274
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el 31 de agosto de 2006, el abogado Winston Oraa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 64.477, con el carácter de apoderado judicial de la UNIVERSIDAD DE ORIENTE, interpuso acción de amparo sobrevenido contra “… la decisión dictada en fecha 09 de agosto de 2006 en el expediente N° T-I-2J-784-06 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre …”.

El 4 de septiembre de 2006 se dio cuenta en Sala Constitucional del escrito presentado, designándose la ponencia a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter, suscribe esta decisión.

El 10 de octubre de 2006, el representante de la Universidad de Oriente solicitó pronunciamiento de la admisión de la acción de amparo sobrevenido y expuso que dicha casa de estudios se encuentra amenazada con la sentencia accionada, toda vez que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial había acordado la ejecución.

Analizados los términos en que fue propuesta la presente acción de amparo, esta Sala debe considerar su competencia, para lo cual, observa:

 

 

 

I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

La acción de amparo estuvo fundamentada en los siguientes antecedentes y alegatos:

1.- El 26 de septiembre de 2005, los representantes del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Fundaudo (SINTRASEGUDO) presentaron un pliego conflictivo contra su patrono SEGURIDAD FUNDAUDO C.A., ante la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Cumaná, compañía en la cual, la Universidad de Oriente tiene una participación accionaria equivalente al uno por ciento (1%).

2.- Que con ocasión del pliego introducido por los trabajadores, la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Cumaná permitió el ejercicio del derecho a huelga, pero de manera limitada, en el sentido de que se respetaran los servicios mínimos indispensables para evitar la paralización total de las funciones en esa casa de estudio; sin embargo, los trabajadores, en vez de acatar la resolución en los términos acordados, procedieron al secuestro de las instalaciones de la Universidad de Oriente.

3.- Que, ante esa situación, y ante las presiones de la Universidad de rescindir el contrato celebrado con la sociedad SEGURIDAD FUNDAUDO, ésta interpuso una acción de amparo constitucional contra sus propios trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de Seguridad Fundaudo (SINTRASEGUDO), la cual, el 29 de noviembre de 2005, fue declarada sin lugar, ordenándose tanto a la Universidad de Oriente como a la sociedad SEGURIDAD FUNDAUDO C.A. ventilar la solución del conflicto ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, siendo una decisión que afecta a la Universidad al incorporarle en el conflicto laboral sin ser patrono.

4.- Que, no obstante a que no mantiene una relación de trabajo con los miembros del sindicato SINTRASEGUDO, la Universidad de Oriente acudió al procedimiento administrativo, en el cual, en principio, no se le consideró como parte directamente involucrada; sin embargo, luego de que la Inspectoría del Trabajo ordenó a SEGURIDAD FUNDAUDO C.A. la reincorporación inmediata de los trabajadores a sus puestos de trabajo, situación que comprueba el carácter de tercero de la Universidad de Oriente en el conflicto suscitado, recibe posteriormente una comunicación del órgano administrativo laboral indicándole el inicio de un procedimiento administrativo de multa por desacato de la decisión, el cual, para el momento de la interposición del amparo, no había concluido.

5.- Por su parte, los representantes del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Fundaudo (SINTRASEGUDO), con ocasión de la decisión de la inspectoría del trabajo, interpusieron, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, acción de amparo contra la Universidad de Oriente alegando, lo siguiente: a) Que prestan servicios personales de manera directa a la Universidad de Oriente; b) Que esa Universidad constituyó conjuntamente con Fundaudo la empresa de Seguridad Fundaudo C.A. para la prestación del servicio de vigilancia, por lo que la finalidad de la constitución de esta empresa es simular la relación de trabajo existente entre los trabajadores y esa casa de estudios; c) Que la empresa Seguridad Fundaudo es un mecanismo creado para ocultar la relación de trabajo entre los trabajadores y la Universidad de Oriente; d) Que esa situación ha conculcado su derecho al trabajo por lo que solicitan protección constitucional.

6.- Que, mediante sentencia del 9 de agosto de 2006, la acción de amparo constitucional fue declarada parcialmente con lugar, ordenando la reincorporación de los trabajadores de manera directa por parte de la Universidad de Oriente.

 7.- Que la referida decisión fue objeto de apelación por parte de la Universidad de Oriente, insistiendo, en primer lugar, en la incompetencia del tribunal, por tratarse de una materia atribuida a la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez que el fundamento de la acción fue el acto administrativo dictado por la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Cumaná, y en segundo lugar, con base en la falta de legitimación pasiva por parte de la Universidad de Oriente.

8.- Que la decisión que se cuestiona consideró erróneamente la sentencia de amparo dictada el 29 de noviembre de 2005 que versó sobre la acción de amparo constitucional interpuesta previamente por SEGURIDAD FUNDAUDO C.A. contra los trabajadores de SINTRASEGUDO por la toma de las instalaciones, siendo una decisión que, si bien declaró la inadmisibilidad del amparo, no genera en nombre de esos trabajadores, ninguna clase de derechos laborales que se están reclamando.

9.- Que, posteriormente, los representantes de SINTRASEGUDO ejercieron una acción mero declarativa, la cual, fue objeto de decisión el 16 de junio de 2006 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, estableciendo la conexidad entre SEGURIDAD FUNDAUDO C.A. y la Universidad de Oriente, aunque hizo la salvedad de que dicha conexidad solamente está dirigida a establecer la solidaridad  en el pago de los conceptos laborales, más no en las demás cargas derivadas de la relación laboral, ni menos para fusionar la personalidad jurídica de la compañía con la Universidad de Oriente, como han pretendido los trabajadores demandantes, al considerar que deben ser absorbidos como personal adscrito a esa Universidad cuando un grupo importante no trabaja en las instalaciones sino en un edificio perteneciente a Corporiente, aunado a que muchos de ellos no cumplen con los requisitos del Consejo Nacional de Universidades para ingresar como personal ordinario.

10.-  Que no se ha pretendido constituir una sociedad con el objeto de ocultar una relación laboral por parte de la Universidad de Oriente, toda vez que la constitución de la compañía de la cual esa institución sólo tiene el uno por ciento (1%) se llevó a cabo con base en el artículo 10 de las Normas de Austeridad dictadas el 7 de junio de 1995 por el Consejo Nacional de Universidades, el cual, establece: “Las universidades deben estudiar  alternativas de contratación con empresas para atender labores administrativas y/o prestación de servicios”.

11.- Que la competencia le está atribuida –tal como señaló- al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental, porque se pretende con la acción de amparo constitucional interpuesta por los trabajadores afiliados a SINTRASEGUDO cumplir la providencia administrativa dictada el 6 de marzo de 2006 por la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Cumaná, relacionada con el pliego de peticiones presentado contra SEGURIDAD FUNDAUDO C.A., que es una sociedad mercantil distinta a la Universidad de Oriente, como erróneamente se ha pretendido entender, toda vez que la Universidad sólo mantiene un contrato de servicios con esa empresa.

12.- Que, atendiendo a la doctrina de esta Sala Constitucional, el juez de primera instancia debió declinar la competencia del amparo en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental.

13.- Que, solicita la competencia de esta Sala para conocer del amparo sobrevenido, toda vez que el juez superior del trabajo sería el competente para conocer de los amparos contra decisiones de la juez laboral de primer instancia; pero como el vicio imputado a la decisión cuestionada a través del amparo sobrevenido es el de incompetencia, lo cual es de orden público, resultaría inapropiado presentar el amparo ante un juez superior laboral que no tiene tampoco competencia para conocer de los amparos en cumplimiento de las providencias administrativas, pues, de seguirse el curso del juicio, se estaría reeditando el curso equivocado que inicialmente le ha otorgado el juez laboral de primera instancia.

14.- Ante esa situación, denunciaron la violación del derecho al debido proceso y al carácter meramente restablecedor de la acción de amparo constitucional por generar nuevas condiciones para los trabajadores.

15.- Con base en las consideraciones expuestas, peticionaron protección constitucional, atendiendo a la siguiente consideración:

“Por todo lo anteriormente expuesto, es que, en nombre de mi representada Universidad de Oriente (UDO), comparezco ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a solicitar por la vía del amparo sobrevenido, se revoque o anule la decisión que dictada por la Jueza Segunda de Juicio del Trabajo del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre en fecha 9 de agosto de 2006 con motivo del amparo ejercido por los trabajadores de la empresa Seguridad Fundaudo, C.A., afiliados al Sindicato Sintrasegudo”.

 

16.- De manera complementaria a la pretensión anterior, la representación accionante manifestó que en caso de considerarse la incompetencia por parte de esta Sala para conocer de la acción de amparo interpuesta, se proceda al avocamiento de la causa:

“Fundamento esta solicitud de AVOCAMIENTO en el desorden procesal en la sede jurisdiccional así como en la administrativa, que ha dado lugar a condenar a mi representada UDO por fraude legal, sin que medie el correspondiente proceso en su contra, como así lo señalaré oportunamente en este escrito, y por ello, para poner coto definitivo, a las innumerables anomalías procesales que han desembocado en la severa violación constitucional que denunciamos contra mi mandante, lo cual involucra comprometer el erario público que es el que sostiene esa Casa de Estudios, por montos milmillonarios para satisfacer las pretensiones de unos trabajadores que, sin cumplir con las exigencias legales han encontrado en los jueces de la circunscripción judicial del Estado Sucre el soporte para obtener sus pretensiones, por vías procesales inadecuadas, como quedará demostrado en el curso de nuestras alegaciones”.

 

17.- Finalmente, solicitó medida cautelar innominada en razón de la peligrosidad en que se encuentra la Universidad de Oriente ante la ejecución del fallo:

“En atención a esta exigencia, debo precisar que la inminencia con la cual se dictó la decisión de amparo aquí recurrida, en la que se ordena a mi representada a cumplir con todas las cargas de carácter laboral a favor de los trabajadores de SEGURIDAD FUNDAUDO C.A., la colocan en una situación de extrema dificultad, pues se le conmina a cumplir con una carga que trae como consecuencia que la UDO deba incorporar en su nómina a un grupo de trabajadores, y ello conlleva a que se debe solicitar un aumento en la partida presupuestaria correspondiente para honrar tales cargos, por otra parte, esta circunstancia obliga también a violentar las Normas de Austeridad para las Universidades Nacionales (Gaceta Oficial 4924, del 29-06-95) y, finalmente, de cumplir con el dispositivo de esta decisión de amparo –so pena de cometer desacato, tal como lo indica la decisión- las autoridades de la casa de estudios que represento corren el inminente riesgo de cometer un delito contra la cosa pública, pues estaría comprometiendo al Estado con una carga económica no autorizada”.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Vista la pretensión de la accionante esta Sala debe pronunciarse sobre la solicitud de avocamiento, y, en tal sentido, debe precisar si la petición expuesta por la parte accionante tiene fundamentos y elementos suficientes que conlleven a la convicción suficiente de modificar la competencia originalmente existente en materia de amparo.

Al respecto, el artículo 5, numeral 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece:

“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.

 

48. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal, y avocarse al conocimiento del asunto cuando lo estime conveniente”.

 

La normativa adjetiva establece que el avocamiento es una potestad de esta Sala Constitucional que bien puede ejercitarse de oficio o a instancia de la parte, por lo que su aplicación se encuentra sometida a un análisis discrecional, entendida en el sentido cuando hayan elementos reales y de auténtica necesidad cuya gravedad delimiten la convicción suficiente para adentrarse al estudio y pronunciamiento de una determinada causa, por lo que de configurarse circunstancias de suma necesidad, resultará procedente aplicar esta institución procesal excepcional para la modificación de la competencia. Sobre este particular, en decisión 845/2005 (caso: Corporación Televen C.A.), se estableció lo siguiente:

“Es de considerar que, la jurisprudencia de este Máximo Tribunal ha justificado el ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia; en consecuencia, esta figura procesal exige tal tratamiento en virtud de su naturaleza excepcional, que permite excluir del conocimiento de una causa al juez que esté llamado ordinariamente a hacerlo y con ello limita los recursos que la ley le otorga a las partes para impugnar las decisiones que de este último emanen.

 

En el caso sub iudice, la presente acción de amparo constitucional se ha propuesto contra la sentencia dictada el 9 de agosto de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, la cual, declaró parcialmente con lugar la acción interpuesta en contra de esa casa de estudios, por miembros representantes del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Fundaudo (SINTRASEGUDO), ordenando incorporación de los accionantes de ese amparo con las consecuencias derivadas de la relación laboral y “RESPETANDO EL DERECHO AL TRABAJO, EL DERECHO A UN SALARIO JUSTO Y VITAL, A LA ESTABILIDAD LABORAL, Y A LA SEGURIDAD social por causa del servicio personal prestado …”.

Al respecto, los señalamientos expuestos por la representación judicial de la Universidad de Oriente, se fundamentan en el quebrantamiento del derecho al debido proceso y al carácter meramente restablecedor del amparo, toda vez, que, en un primer orden, el juez laboral transgredió competencias que son inherentes a la jurisdicción contencioso administrativa, por haber emitido un pronunciamiento en pro del cumplimiento de una resolución proferida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, y por otra parte, al crear derechos en la esfera jurídico subjetiva de los trabajadores demandantes, cuando ello no es un efecto inherente ni derivativo de la acción de amparo constitucional.

También señaló la accionante que interponía la presente acción de amparo sobrevenido, conjuntamente con solicitud de avocamiento y medida cautelar, por cuanto si bien pudiera ejercer el amparo contra sentencia ante el juzgado superior –aunque apeló de la decisión tal como lo afirmó- el hecho de que sea la instancia superior laboral la cual se pronuncie del caso, todavía contradice la doctrina de la Sala Constitucional, respecto a que los amparos interpuestos para el cumplimiento de las providencias de las inspectorías del trabajo, corresponden únicamente a los juzgados superiores con competencia en lo contencioso administrativo.

Los argumentos expuestos por la parte accionante relacionados con la competencia para conocer de amparos versados en las providencias de la Administración laboral, aunado a que la Universidad de Oriente todavía se encuentra expuesta a que acontezca nuevas huelgas que afecten su funcionamiento, toda vez que la problemática existente con los trabajadores todavía permanece, y ante la imposibilidad según esa Universidad de cumplir económicamente con el mandamiento de amparo, hacen entrever, en criterio de esta Sala, la existencia de una situación de suma relevancia que amerita que dicha causa deba ser conocida por esta Sala, razón por la cual, se acuerda la presente solicitud de avocamiento, por ende, se ordena al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre para que proceda en un lapso no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas más el término de la distancia, para que proceda a la remisión del expediente, agregando, además, en caso de que dicha causa se encuentre en alzada en virtud de la apelación presentada por la Universidad de Oriente, proceda a oficiar al juzgado que conozca en segunda instancia para que proceda a la remisión del expediente en los mismos términos exigidos en este fallo. Así se declara.

Asimismo, esta Sala observa de los señalamientos expuestos por la Universidad de Oriente, la existencia de la decisión dictada el 16 de junio de 2006 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, que versó sobre la acción merodeclarativa interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de Seguridad Fundaudo (SINTRASEGUDO), esta Sala se avoca de oficio a esa causa, razón por la cual, ordena el referido Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, remita las actuaciones relacionadas en un lapso no mayor de cuarenta y ocho (48) horas más el término de la distancia, a los fines de su conocimiento, en virtud de la relación de conexidad existente con el proceso de amparo constitucional de cual esta Sala se avoca. Así se decide.

Con fundamento en lo expuesto, se acuerda suspender los efectos de las sentencias dictadas por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre y por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, los días 9 de agosto de 2006 y 16 de junio de 2006, relacionadas con la acción de amparo y acción merodeclarativa interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de Seguridad Fundaudo (SINTRASEGUDO) contra la UNIVERSIDAD DE ORIENTE. Así se decide.

III

DECISIÓN

 

Con base en las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

1.- AVOCA en el juicio de amparo que cursó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, mediante el cual se tramitó el juicio de amparo constitucional interpuesto por los representantes de SINTRASEGUDO contra la UNIVERSIDAD DE ORIENTE.

2.- ORDENA al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, la remisión de la causa relacionada con el amparo interpuesto por SINTRASEGUDO contra la UNIVERSIDAD DE ORIENTE, para que remita el expediente en un lapso de cuarenta y ocho (48) horas más el término de la distancia a esta Sala Constitucional. Se advierte a la referida instancia, que en caso de que el expediente no se encuentre en el tribunal por la apelación presentada por la UNIVERSIDAD DE ORIENTE, proceda a oficiar a la instancia superior para que dé cumplimiento de la presente decisión.

3.- AVOCA a la causa que cursó ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, relacionado con la acción mero declarativa interpuesta por SINTRASEGUDO contra la UNIVERSIDAD DE ORIENTE.

4.- ORDENA al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, la remisión del expediente relacionado con el amparo interpuesto por SINTRASEGUDO contra la UNIVERSIDAD DE ORIENTE, para que remita el expediente en un lapso de cuarenta y ocho (48) horas más el término de la distancia a esta Sala Constitucional.

5.- ACUERDA LA MEDIDA CAUTELAR Y SUSPENDE los efectos de la sentencia dictada el 9 de agosto de 2006 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, que decidió la acción de amparo constitucional interpuesta por SINTRASEGUDO contra la UNIVERSIDAD DE ORIENTE.

6.- ACUERDA LA MEDIDA CAUTELAR Y SUSPENDE los efectos de la sentencia dictada el 16 de junio de 2006, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, que decidió la acción merodeclarativa interpuesta por SINTRASEGUDO contra la UNIVERSIDAD DE ORIENTE.

7.- ORDENA al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre para que notifique a los representantes de SINTRASEGUDO de la presente decisión.

Se advierte que en caso de que no se dé cumplimiento a lo señalado en la presente decisión, se aplicará la sanción contenida en el artículo 23, numeral 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  07  días del  mes de  diciembre  de dos mil seis (2006). Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                       Ponente

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.- 06-1274

CZdeM/

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

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