Venley

Sentencia N.º 2212

Sentencia
N.º 2212
Fecha
09/11/2001
Sala
Constitucional
Expediente
00-0062
Ponente
José M. Delgado Ocando
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO

 

Mediante oficio nº 591 del 5 de octubre de 2000, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, el expediente original nº 11.619 de la nomenclatura de dicho juzgado, contentivo de las actuaciones relacionadas con la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano AGUSTÍN RAFAEL HERNÁNDEZ FUENTES, titular de la cédula de identidad nº 1.886.758, asistido por la abogada Rosa Elena Urdaneta, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 77.667, contra los autos dictados el 12 y 13 de julio de 2000, respectivamente, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

 

Tal remisión se efectuó en virtud de las apelaciones interpuestas por los apoderados del ciudadano José Gerardo Arias Chana, en su carácter de tercero interesado y por el ciudadano Humberto Paesano Galindo, en su cualidad de presunto agraviante, contra la decisión dictada el 8 de septiembre de 2001, por el mencionado Juzgado Superior que declaró con lugar la referida acción de amparo constitucional.

 

Recibido el expediente, esta Sala dio cuenta del mismo el 10 de octubre de 2000 y designó ponente al Magistrado doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero.

 

Por otra parte, el 21 de noviembre de 2000, el ciudadano JOSÉ GERARDO ARIAS CHANA, titular de la cédula de identidad nº 1.267.176, asistido por la abogada Beila Márquez Perdomo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 70.464, solicitó a esta Sala Constitucional que se dispusiera todo lo necesario para el efectivo cumplimiento y ejecución de la sentencia n° 215 del 7 de abril de 2000, dictada por esta Sala, en virtud de su incumplimiento. Dicha solicitud cursa en el cuaderno de incidencias del expediente n° 00-0062 de la numeración llevada por esta Sala, caso en el cual fue ponente el Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, quien también suscribe la presente decisión.

 

Posteriormente, mediante sentencia nº 505 del 6 de abril de 2001, esta Sala Constitucional en virtud de la conexión existente entre las causas que cursan en los expedientes números 00-0062 y 00-2771, de la numeración llevada por la Sala y, a los fines de evitar sentencias contradictorias, ordenó su acumulación.

 

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente y siendo la oportunidad procesal para ello, se pasa a decidir las causas acumuladas en los siguientes términos:

 

I

ANTECEDENTES

 

 

Como antecedentes de las causas acumuladas se señalan lo siguientes:

 

 

1.- Mediante sentencia nº 215 del 7 de abril de 2000, esta Sala Constitucional declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por el ciudadano José Gerardo Arias Chana contra la decisión dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que homologó la transacción celebrada el 14 de junio de 1999 en el juicio por cumplimiento de contrato y cobro de bolívares incoado en su contra por el ciudadano Luis José Pérez Azócar. En el referido fallo, esta Sala anuló el auto que homologó la mencionada transacción.

 

2.- El antes mencionado juzgado de primera instancia, mediante auto del 2 de mayo de 2000, concedió al ciudadano Luis José Pérez Azócar, parte actora del juicio en el cual se produjo la homologación anulada, un plazo de cinco (5) días de despacho para el cumplimiento voluntario del fallo dictado por esta Sala Constitucional.

 

3.- El 4 de mayo de 2000, el ciudadano Luis José Pérez Azócar, parte actora en el referido juicio, recusó a la ciudadana Betsy Parilli, juez del tribunal que dictó el auto mediante el cual se instó a la ejecución voluntaria del fallo de esta Sala.

 

4.-  El 12 de julio de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, tribunal al que le correspondió el conocimiento de la causa, dictó auto mediante el cual dejó sin efecto todo lo acordado en la transacción celebrada el 14 de junio de 1999 y suspendió la ejecución de la misma. Posteriormente, el mismo juzgado el 13 de junio de 2000, ordenó oficiar a los registradores mercantiles, participándoles lo decidido en cuanto a la nulidad del auto de homologación de la referida transacción y, en consecuencia, la nulidad de toda operación civil, mercantil o de cualquier índole que se haya realizado, o se realice con motivo de la transacción.

 

 5.-  El 17 de junio de 2000, el apoderado judicial de la parte actora, apeló los autos dictados el 12 y 13 de junio de 2000,  por el mencionado Juzgado Primero de Primera Instancia.

 

6.-  El 17 de mismo mes y año, el apoderado judicial de la parte actora recusó al ciudadano Humberto Paesano Galindo, juez del tribunal que dictó los autos objeto de apelación. Posteriormente, y, como consecuencia de dicha recusación, se remitió el expediente del caso al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

 7.- El 27 de julio de 2000, el ciudadano Agustín Rafael Hernández Fuentes interpuso acción de amparo constitucional contra los autos dictados el 12 y 13 de julio de 2000 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, anteriormente señalados.

 

8.- Mediante sentencia del 8 de septiembre de 2000, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar el amparo constitucional solicitado por el ciudadano Agustín Rafael Hernández Fuentes. Dicha decisión fue apelada por los apoderados del ciudadano José Gerardo Arias Chana, en su carácter de tercero interesado y por el ciudadano Humberto Paesano Galindo, presunto agraviante.

 

 9.- El  13 de noviembre de 2000, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas oyó, en ambos efectos, la apelación ejercida por el apoderado de la parte actora contra el auto dictado por ese tribunal el 2 de mayo de 2000, que otorgó el plazo para la ejecución voluntaria del fallo dictado por esta Sala el 7 de abril de 2000. En virtud de lo anterior, el expediente de la causa fue remitido en original, al Juzgado Superior Primero de la misma materia y territorio.

 

10.-  El 21 de noviembre de 2000, el ciudadano José Gerardo Arias Chana solicitó a esta Sala que dispusiera todo lo necesario para el efectivo cumplimiento y ejecución de la sentencia nº 215 del 7 de abril de 2000, en virtud del incumplimiento de la misma.

 

11.-  El 6 de abril de 2001, mediante sentencia nº 505, esta Sala acumuló las causas que cursan en los expedientes nº 000-0062 y 00-2771 de la nomenclatura llevada por esta Sala, ordenó al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la remisión de los autos originales relacionados con la demanda civil interpuesta por el ciudadano Luis José Pérez Azócar contra el ciudadano José Gerardo Arias Chana que cursó en el expediente nº 24226 del antes mencionado tribunal.  De igual forma, ordenó al Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, la remisión de los autos originales relacionados con la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano José Gerardo Arias Chana que cursó en el expediente nº 7617 del antes mencionado juzgado superior.  También decretó medida cautelar innominada de prohibición de venta, cesión o cualquier acto de enajenación sobre las acciones comerciales que con motivo de la transacción celebrada entre los ciudadano Luis José Pérez Azócar y José Gerardo Arias Chana, fueron transferidas por éste a aquél; así como medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el bien inmueble constituido por un local comercial.

 

12.-  El 13 de junio de 2001, vista la solicitud realizada por la apoderada judicial del ciudadano Agustín Rafael Hernández Fuentes, para suspender la causa hasta que se cite a los herederos de su mandante en virtud del fallecimiento del mismo, esta Sala Constitucional en aplicación de lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, suspendió el curso del proceso en las causas acumuladas, hasta tanto hubiere transcurrido el lapso otorgado a los herederos para darse por citados y, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, ordenó librar edicto en el cual se llame a los herederos del finado, si los hubiere, para que comparecieran a darse por citados en el lapso de diez (10) días de despacho. Finalizado ese lapso, los herederos tendrían diez (10) días de despacho para ejercer las defensas que estimaren convenientes.

 

13.- El 27 y 28 de junio de 2001, se publicaron en el diario “El Nacional” y los días 28 y 29 del mismo mes y año en el diario “Últimas Noticias” el edicto mediante el cual se hace saber a los herederos del difunto Agustín Rafael Hernández Fuentes, cuyo interés los vincularan a las causas acumuladas, para que comparecieran a darse por citados.

 

14.-  El 9 de octubre de 2001, la abogada Raquel Coromoto Rivas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 77.770, apoderada judicial de los ciudadanos Damelis de Jesús López Hernández, Damelys del Valle Hernández López y Manuel Vicente Hernández López, titulares de las cédulas de identidad nº 3.870.081, nº 9.979.97, y nº 14.596.860, respectivamente, presentó escrito mediante el cual expone una serie de argumentos y peticiones con respecto a las causas acumuladas.

II

DEL FALLO APELADO

 

Transcurrido el lapso otorgado a los herederos del difunto Agustín Rafael Hernández Fuentes para darse por citados, se reanudó el curso del proceso. Siendo la oportunidad para decidir, esta Sala, en primer lugar, se pronuncia sobre la apelación interpuesta contra el fallo que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Agustín Rafael Hernández Fuentes. En tal sentido, se observa lo siguiente:

 

El juzgado que decidió la acción de amparo en primera instancia fundamentó la sentencia apelada en las siguientes consideraciones:

 

Que como consecuencia de la anulación del auto de homologación de la transacción celebrada el 14 de junio de 1999, el accionado debió motivar el nuevo auto de homologación y hacer el análisis tendente a la verificación que debió preceder a la misma y, particularmente, en lo que respecta a la capacidad para disponer por parte del representante judicial del demandado.

El tribunal a quo consideró que los autos impugnados fueron más allá de lo dispuesto por la sentencia de la Sala Constitucional, ya que dejó sin efecto todo lo acordado en la transacción, por cuanto la misma se refiere únicamente a la anulación del auto que homologa la transacción.

Concluye el fallo apelado que las decisiones impugnadas violaron los artículos 25 y 26 de la Constitución y los artículos 545, 1395 ordinal 3º, y 1718 del Código Civil, así como, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al actuar el presunto agraviante fuera de su competencia por extralimitación en el cumplimiento del fallo dictado por la Sala Constitucional.

 

III

DE LA APELACIÓN

 

El ciudadano José Gerardo Arias Chana como tercero coadyuvante fundamentó su apelación en lo siguiente:

Que las decisiones dictadas por el presunto agraviante instrumentaron los efectos de la sentencia de amparo dictada por esta Sala, en la que se anuló el auto de homologación de la transacción, por lo que no puede calificarse que dicha actuación constituye abuso de poder.

 

Que la sentencia de esta Sala que anuló el auto de homologación de la transacción, no ordenó que se dictara un nuevo auto negando o decretando la homologación, sino que dejó al juez de instancia la misión de interpretar la norma según la cual una transacción no homologada no puede ejecutarse, lo que hizo el juez accionado al declarar inexistente la transacción y las operaciones comerciales realizadas con posterioridad a ella.

 

Alegó el apelante que el efecto inmediato de la sentencia de esta Sala era el de reponer las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración de la transacción, procediendo entonces la restitución de los bienes entregados al ciudadano Luis José Pérez Azócar, a manos nuevamente del demandado José Gerardo Arias Chana.

 

También alegó el apelante, que el presunto agraviado no es propietario de acción alguna en las sociedades mercantiles por él mencionadas en el escrito de solicitud de amparo, ya que no acompañó a los autos la probanza de tal titularidad, como lo es el libro de accionistas de las referidas sociedades mercantiles, donde se evidencie la cesión de tales acciones a su favor, tal y como lo dispone el artículo 296 del Código de Comercio.

 

Argumentó el apelante que el presunto agraviado no acreditó la propiedad que dice tener, de las acciones que conforman el capital social de la mentadas compañías, por lo que no tiene la necesaria cualidad de agraviado para que el juez lo ampare en el derecho que delata como conculcado, ya que no puede ser amparado de un derecho que no tiene. Agrega el apelante, que el argumento referido a la falta de cualidad de accionante se explanó ante el a quo y éste nada dijo en su sentencia.

Por último, argumentó que en el supuesto de que el presunto agraviado haya adquirido las referidas acciones, tal operación carece de validez y eficacia jurídica, porque al declarase nulo el auto de homologación de la transacción por medio de la cual su vendedor las adquirió, todo lo realizado a través de ella es nulo.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación. Al respecto observa que en sentencias del 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja), este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional a la luz de lo dispuesto en la Constitución.  Específicamente, en relación a las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de primera instancia emanadas de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, sostuvo lo siguiente:

 

“...corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia”.

 

 

En el presente caso, el tribunal que conoció de la acción de amparo constitucional en primera instancia y dictó la decisión apelada, fue el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Siendo ello así, esta Sala, aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito, resulta competente para conocer de la presente apelación.  Así se declara.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR LA APELACIÓN

 

Para decidir la apelación interpuesta esta Sala considera lo siguiente:

 

En su solicitud de amparo constitucional, el accionante expuso que adquirió de la sociedad mercantil Administradora Kris, C.A., las acciones que ésta poseía en las sociedades: C.A. Inversiones Ararat; Ganadería El Búfalo, C.A. y Administradora J-99, C.A.  Además adquirió las acciones de Administradora Kris, C.A de parte de ciudadano Luis José Pérez Azócar, el cual a su vez, las adquirió en virtud de la transacción judicial celebrada el 14 de junio de 1999 en el juicio que siguió Luis Pérez Azócar contra José Gerardo Arias Chana por resolución de contrato, que fue homologada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 17 del mismo mes y año.

 

El accionante consideró que el presunto agraviante, al dejar sin efecto lo  acordado por las partes en la transacción y suspender su ejecución, violó su derecho de propiedad sobre las referidas acciones, el cual se encuentra consagrado en el artículo 115 de la Constitución, así como, los artículo 545, 1.718 y 1.395, ordinal 3º del Código Civil y actuó fuera de su competencia, ya que el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil no le otorga esa facultad, por el contrario al juez sólo le corresponde homologar la transacción, siempre y cuando ésta no verse sobre materias que estén expresamente prohibidas por la ley.

 

De igual forma, argumentó que el presunto agraviante mal interpretó la sentencia nº 215 dictada por esta Sala Constitucional el 7 de abril de 2000, pues dicha decisión no anuló la transacción celebrada, sino el auto de homologación de la misma. Por ello, las decisiones atacadas, al dejar sin efecto la transacción, violan su derecho de propiedad y el principio de cosa juzgada, pues –según considera el accionante– la transacción tiene fuerza de cosa juzgada aun antes de ser homologada, según lo dispuesto en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1.718 y 1.395, ordinal 3° del Código Civil.

Con respecto a lo anterior esta Sala considera lo siguiente:

Visto que el accionante denuncia conculcado su derecho de propiedad sobre las acciones que representan el capital social de las sociedades mercantiles antes mencionadas, las cuales fueron adquiridas como consecuencia de la ejecución de la transacción cuya homologación fue anulada por este Alto Tribunal, considera la Sala que para decidir sobre la presunta violación del derecho de propiedad, es necesario determinar si el accionante ostenta la titularidad de dicho derecho.

 

En tal sentido, la Sala observa que las referidas acciones fueron adquiridas por el accionante del ciudadano Luis José Pérez Azócar, quien, a su vez, las adquirió en virtud de las recíprocas concesiones que las partes se hicieron en la transacción judicial, cuya homologación fue declarada nula. Precisado esto, corresponde pronunciarse sobre los efectos de lo acordado en una transacción judicial no homologada.

 

Con relación a lo anterior, la Sala observa que el legislador en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil dispone, con respeto a la homologación de la transacción judicial, lo siguiente:

 

“Artículo 256. Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución” (subrayado de la Sala).

 

En relación a lo anterior, es pertinente señalar que en sentencia nº 1209/2001 del 6 de julio, caso: M.A. Betancourt, esta Sala precisó lo siguiente:

 

“...el ordenamiento jurídico positivo confiere una doble naturaleza a la transacción: en primer término, la transacción es un contrato, en tanto –a tenor de lo dispuesto en el artículo 1159 del Código Civil- la misma tiene fuerza de ley entre las partes. En segundo término, la transacción es un mecanismo de auto composición procesal, en el que las partes, mediante recíprocas concesiones, determinan los límites de las situaciones jurídicas controvertidas, y de allí que –esencialmente- tenga efectos declarativos, con carácter de cosa juzgada. Respecto al auto de homologación, viene a ser la resolución judicial que –previa verificación de la capacidad de las partes para transigir, así como la disponibilidad de la materia para ello- dota de ejecutoriedad al contrato en cuestión, esto es la facultad de las partes de solicitar al órgano jurisdiccional competente su cumplimiento”.

 

De acuerdo a la doctrina expresada por la Sala, los efectos procesales de la transacción referidos a su ejecutoriedad, no se producen sino a partir de su homologación, por lo que en ausencia de ésta no es posible obtener su cumplimiento. 

 

Es claro que la falta de homologación de la transacción no afecta la validez de ésta como contrato, sino su ejecutoriedad, es decir, la posibilidad de ejecutar inmediatamente lo acordado, sin la cual, no es susceptible de ejecución y, por lo tanto, carece de eficacia con respecto a las relaciones jurídicas surgidas como consecuencia de las recíprocas concesiones realizadas por las partes. En suma, la homologación es la confirmación judicial de determinados actos de las partes (en el caso de autos la transacción), para la debida constancia y eficacia, de modo que su ejecutoriedad depende de dicha confirmación.

 

Observa la Sala que en el caso sub júdice, el accionante reconoce que adquirió los títulos valores de un tercero, que, a su vez, obtuvo en virtud de las concesiones otorgadas en la transacción judicial cuya homologación fue declarada nula. Siendo que las relaciones surgidas de dicho contrato no pueden ser ejecutadas, la transferencia de la propiedad de los referidos títulos valores al ciudadano Luis José Pérez Azócar, deben tenerse como no producidas, ya que los efectos de la declaratoria de nulidad de la homologación son ex tunc, y afectan, por tanto, la validez de cualquier acto realizado con base en la homologación anulada.

 

Por lo antes expuesto, esta Sala juzga que el ciudadano Luis José Pérez Azócar jamás ostentó la cualidad de propietario de los bienes que fueron adquiridos por el accionante, por lo que no pudo transferir la propiedad de cosas que le eran ajenas y, en consecuencia, el ciudadano Agustín Rafael Hernández Fuentes no tiene la cualidad de propietario de dichos bienes. Así se declara.

Con respecto a los autos señalados por el ciudadano Agustín Rafael Hernández Fuentes como lesivos de su derecho de propiedad, esta Sala observa lo siguiente:

 

En el auto del 12 de julio de 2000, el órgano jurisdiccional accionado se pronunció con respecto al pedimento realizado por las partes de la siguiente manera:

“ Vista a la decisión de amparo de fecha 07 de abril del 2000, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, en la cual se anula el auto de fecha 17 de junio de 1999, dictado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, donde homologó la transacción celebrada en fecha 14 de junio de 1999. Se deja SIN EFECTO todo lo acordado en la transacción en comento en fecha 14 de junio de 1999, acogiendo el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo antes expuesto este Tribunal de conformidad con el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, se suspende la ejecución de la referida transacción en los términos acordados” (Subrayado de la Sala).

 

 

Por otra parte, el auto del 13 de julio de 2000, el mencionado tribunal dispuso lo siguiente:

 

“El Tribunal ordena oficiar a los Registradores Mercantiles Segundo y Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y el Estado Miranda y al Registrador Subalterno de Registro del Estado Mérida, participándoseles que los ciudadanos Luis José Pérez Azócar y el apoderado del demandado, celebraron una transacción en el presente juicio, en fecha 14 de junio de 1999.  Que en fecha 24 de septiembre de 1999, se solicitó la nulidad de esta transacción, mediante acción de amparo intentada por los apoderados del demandado, ciudadano José Gerardo Arias Chana, por ante el Tribunal Supremo de Justicia, declarándose con lugar la solicitud de amparo interpuesta, y en la misma se revocó el auto de homologación de la mencionada transacción, de fecha 14 de junio de 1999.

Por cuanto quedó nulo el auto de homologación, tal como lo señala la referida sentencia, dicho auto de composición voluntaria quedó sin efecto de cosa juzgada; por lo que en consecuencia, toda operación civil, mercantil o de cualquier índole que se haya realizado, o se realice con motivo de la transacción en comento, queda sin efecto alguno, en razón de la nulidad antes señalada”(Subrayado de la Sala).

 

De lo antes transcrito, esta Sala observa que en el auto del 12 de junio de 2000, el presunto agraviante al expresar “Se deja  SIN EFECTO todo lo acordado en la transacción”, no se refirió a la nulidad del contrato de transacción celebrado, sino a los efectos procesales de dicha convención como medio de autocomposición procesal, a saber: i) poner fin al litigio pendiente, ii) otorgar a lo convenido carácter de cosa juzgada, iii) otorgar ejecutoriedad a lo acordado, pues, como ya se ha dicho, estos efectos procesales sólo se producen a partir de su debida homologación.

 

Por las razones antes expuestas, esta Sala considera que el presunto agraviante, al dictar los autos atacados como lesivos al derecho de propiedad del accionante, no actuó fuera de su competencia, sino conforme al artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y de acuerdo con la decisión de esta Sala. En consecuencia, la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Agustín Rafael Hernández Fuentes es improcedente a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

 

VI

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN DEL FALLO         nº 215 DEL 7 DE ABRIL DE 2000

 

El ciudadano José Gerardo Arias Chana, en su solicitud, expuso que los efectos del fallo dictado a su favor por esta Sala el 7 de abril de 2000, no se han materializado; particularmente, por cuanto la Juez Undécima de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, oyó la apelación intentada por Luis José Pérez Azócar contra el auto del 2 de mayo de 2000, en el cual se dispuso la restitución al demandado de las acciones, fondos de comercio y el inmueble que fueron entregados al demandante con motivo de la transacción cuya homologación fue declarada nula.

 

En virtud de lo anterior, solicitó que se tomen las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento del mandamiento de amparo emitido por esta Sala y, en particular, lo siguiente:

 

Ordenar al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que remita en el estado en que se encuentre el expediente, que contiene la causa en la cual la parte actora es el ciudadano Luis José Pérez Azócar y demandada José Gerardo Arias Chana, al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, de forma inmediata, sin necesidad de pronunciamiento alguno, con ocasión de la apelación por decidir en dicha causa.

Ordenar al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para que una vez recibido el expediente N° 24.226 del Juzgado Superior Primero de la misma materia y territorio, dicte auto mediante el cual, ordene la restitución de las acciones, bien inmueble y fondos de comercio pertenecientes a las empresas cuyas acciones fueron cedidas en la mentada transacción, a favor del demandado, José Gerardo Arias Chana, sin que, contra dicho auto, se oiga apelación de ninguna especie, ello con el fin de garantizar la ejecución sin dilación del amparo in commento, restableciendo la situación jurídica, retrotrayendo íntegramente las cosas al estado en que se encontraban antes de la transacción celebrada, restituyendo al demandado sus derechos, en la misma situación jurídica en que se encontraba ab initio, es decir, antes de celebrarse la mentada transacción.

 

Con respecto a la solicitud realizada por el ciudadano José Gerardo Arias Chana, esta Sala considera lo siguiente:

 

Para determinar el alcance de la ejecución de la sentencia de amparo constitucional, es necesario aclarar que éste tiene como finalidad restablecer la situación jurídica infringida por la violación de un derecho o garantía tutelado por la Constitución, conforme a su artículo 27, el cual prevé:

 

“Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales” (Subrayado de la Sala).

 

Como ya se dijo, el fin último del amparo no es otro que restablecer la situación jurídica infringida, es decir, retrotraer la situación presente a la modalidad que tenía en el pasado anterior a la lesión. Para ello, el juez constitucional posee un amplio poder discrecional para eliminar aquel elemento que produzca la lesión e impedir que el daño se concrete, continúe o que se agrave si ya se ha producido.

 

Una vez acordado el amparo, el juez constitucional debe dictar un mandamiento tendente a restablecer de manera directa la situación afectada o proceder por sí mismo al restablecimiento del derecho lesionado.

 

Ahora bien, en el caso de amparo contra decisiones judiciales previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el acto lesivo está constituido por una decisión judicial, por lo que  el efecto del amparo otorgado no puede ser otro que anular la decisión impugnada, ya que es la única forma de eliminar el elemento dañoso.  En este sentido, el mandamiento de amparo contra decisiones judiciales constituye siempre una declaratoria de nulidad.

 

Precisado lo anterior, resulta claro que las sentencias de amparos declaradas con lugar contra decisiones judiciales, constituyen fallos declarativos o de mera declaración, cuyo objeto es declarar la nulidad de la decisión atacada. Estas sentencias declarativas tienen una retroactividad total, en el sentido de que la decisión anulada se presume inexistente, por lo que no es susceptible de producir efecto jurídico alguno. De tal manera, la declaratoria de nulidad realizada en la sentencia de amparo, implica que el mandato contenido en la misma no necesita de actos de ejecución, ya que la mera declaración de nulidad del fallo atacado es suficiente para restablecer la situación jurídica constitucional infringida.

 

De acuerdo a lo antes expuesto, en los supuestos de amparo contra decisiones judiciales, el procedimiento de ejecución de sentencia establecido en el Titulo IV del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, no puede ser aplicado, ya que en estos casos el restablecimiento de la situación jurídica infringida no implica prestaciones de hacer, no hacer o de dar, sino declarar la nulidad de una decisión judicial.

 

Aclarado lo anterior, esta Sala observa que en el caso sub júdice el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante auto del 2 de mayo de 2000, concedió a la parte actora del juicio en el cual se produjo la decisión anulada, un lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a la fecha del auto, para dar cumplimiento voluntario a la sentencia dictada por esta Sala referida a la nulidad del auto que homologó la transacción, en aplicación de lo establecido en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil.

 

Con respecto a lo anterior, la Sala considera que el mandato de amparo constitucional contenido en la sentencia nº 215 antes referida constituye una declaratoria de nulidad de una decisión judicial, que no es susceptible de ejecución por parte del demandante en el referido juicio, ya que sus efectos anulatorios son inmediatos.  En tal sentido, considera esta Sala que el mencionado tribunal de primera instancia debió continuar la causa en el estado que tenía antes de producirse el auto de homologación anulado y advertir a las partes del juicio que en virtud de la falta de homologación de la transacción realizada, la misma no podía ser ejecutada y que los actos realizados, como consecuencia de dicha transacción, eran igualmente nulos, en virtud de la nulidad declarada por esta Sala.

 

Por otra parte, como ya se observó, los autos del 12 y 13 de julio de 2000, dictados por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, implican actos complementarios de publicidad de los efectos anulatorios de la sentencia dictada por esta Sala.

 

Ahora bien, observa la Sala que a propósito de la recusación intentada por el apoderado judicial del ciudadano Luis José Pérez Azócar contra el ciudadano Humberto Paesano Galindo, Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, se remitió el expediente de la causa al Juzgado Undécimo de Primera Instancia de la misma materia y territorio para que siguiera su conocimiento. Posteriormente, el expediente reingresó al Juzgado Décimo de Primera Instancia, quien, el 13 de noviembre de 2000, oyó, en ambos efectos, la apelación ejercida contra el auto dictado por ese tribunal el 2 de mayo de 2000, que ordenó la ejecución voluntaria del fallo de esta Sala.

 

Con respecto a las actuaciones antes señaladas, esta Sala advierte que el haber oído la apelación en ambos efectos, suspendiendo el curso de la causa hasta que se produzca una decisión por parte del tribunal de alzada sobre el fallo apelado, constituye una evidente violación a la tutela judicial efectiva, ya que por lo antes expuesto, la sentencia nº 215 del 7 de abril de 2000, no es susceptible de aplicación del procedimiento de ejecución de sentencia establecido en el Código de Procedimiento Civil, por cuanto el contenido del mandato de amparo acordado consiste en una declaratoria de nulidad de una decisión judicial, la cual surte plenos efectos desde el momento de la publicación del fallo.

 

Advierte la Sala que una de las proyecciones del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo  26 de la Constitución, consiste en el derecho de que las decisiones judiciales alcancen la eficacia otorgada por el ordenamiento jurídico, lo que significa que las decisiones se ejecuten en sus propios términos, el respecto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas.  Si se permite que el fallo se incumpla se convertiría a las decisiones judiciales y al reconocimiento de derechos que ellas comportan en meras declaraciones de intenciones.  

 

Por lo antes expuesto, esta Sala considera que el auto dictado el 2 de mayo de 2000, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo dispuesto en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, que otorgó a la parte actora del juicio un lapso para el cumplimiento voluntario de la sentencia dictada por esta Sala, así como el auto que dispuso oír en ambos efectos la apelación ejercida en su contra, lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva del ciudadano José Gerardo Arias Chana, el cual fue amparado en la referida sentencia nº 215 del 7 de abril de 2000, mediante la cual se anuló la homologación de la transacción celebrada en el juicio por no haber realizado el órgano jurisdiccional que dictó el mencionado acto procesal, el necesario análisis tendente a la verificación de la capacidad para disponer por parte de su representante judicial, por cuanto, al referirse el mandato de amparo acordado en el mencionado fallo a la nulidad de una decisión judicial, ésta tiene efectos inmediatos y no amerita actos de ejecución alguno. Así también se decide.

 

VII

DEL FRAUDE PROCESAL

 

En sentencia nº 505 del 6 de abril de 20001, esta Sala se pronunció sobre la existencia de suficientes indicios, tanto en los autos que conforman el cuaderno de incidencias del expediente nº 00-0062 como del expediente nº 00-2771, de que actuaciones de dudosa probidad han sido llevadas a cabo. 

 

Observó esta Sala en dicha oportunidad que en el presente caso han surgido una vorágine de recursos interpuestos, recusaciones, pronunciamientos jurisdiccionales y numerosas incidencias.

 

En tal sentido, es pertinente señalar que en sentencia nº 910 del 4 de agosto del 2000, la Sala estableció que los artículo 17 y 170, ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, contienen un rechazo general del dolo procesal y ordenan la prevención de la colusión y el fraude procesal, por lo que tales conductas deben ser interpretadas como reprimibles en forma general, ya que el legislador estableció una declaración prohibitiva que se conecta con la tuición del orden público y las buenas costumbres y con los derechos a la tutela judicial efectiva y a obtener de los órganos jurisdiccionales una justicia idónea, transparente y eficaz.

 

Según la doctrina establecida por esta Sala, el fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso o, por medio éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas (como ocurre en el proceso no contencioso), y mediante la apariencia procesal lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente.

 

En estos casos, se está ante una actividad procesal desviada, cuyos fines no son la resolución leal de una litis, sino el perjuicio a uno de los litigantes o a los terceros (incluso ajenos a cualquier proceso). En estos casos, el juez de la causa si constata actos procesales fraudulentos, puede de oficio decretar medidas “para mejor proveer” tendentes a esclarecer el fraude procesal conjeturado, aparte, por supuesto, de los recursos que los afectados puedan ejercer contra aquél, en especial el juicio de invalidación, previsto en los artículos 327 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

 

Advierte la Sala que los jueces, en ejercicio de la función jurisdiccional y en resguardo del orden público constitucional, cuando conozcan de actuaciones de dudosa probidad producidas en juicios conocido por ellos, en los cuales no exista decisión con autoridad de cosa juzgada, les corresponde pronunciarse y resolver, ya sea de oficio o a instancia de parte, con respecto a la existencia del fraude procesal.

 

En tal sentido, el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, ordena al juez tomar de oficio las medidas necesarias para evitar el fraude procesal y los actos contrarios a la majestad de la justicia; y así mismo, el artículo 212 de la mencionada ley adjetiva, le faculta para decretar de oficio la nulidad de los actos procesales, si éstos quebrantan leyes de orden público.

 

Ahora bien, esta declaratoria del fraude procesal y sus consecuentes efectos, tiene que ser producida mediante declaratoria jurisdiccional, que, conforme al artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, debe obtenerse en un juicio ordinario.  Al respecto, esta Sala, en sentencias números 908, 909 y 910, todas del 4 de agosto de 2000, caso: Hans Gotterried Ebert Dreger, estableció que, en principio, la vía del juicio ordinario es la apropiada para ventilar una acción de fraude procesal, ya que es necesario un término probatorio amplio, que no está previsto en un proceso breve como el del amparo, para demostrarlo, ya que el fraude se encuentra oculto tras las formas prefabricadas que tendrán que ser desmontadas.

 

Dicho lo anterior, la Sala juzga que en el presente caso, las actuaciones de dudosa probidad advertidas, constituyen hechos diferentes a los que originaron, tanto la apelación interpuesta, como de la solicitud de efectivo cumplimiento de la sentencia n° 215 del 7 de abril de 2000 dictada por esta Sala, por lo que, corresponde al juez de la causa, previo análisis de los alegatos y pruebas tendentes a demostrar su existencia, determinar si en el mencionado juicio se han producido actuaciones dolosas o fraudulentas que atenten contra el orden público y contra el derecho a la tutela judicial efectiva  de alguna de las partes.  Admitir lo contrario, significaría  atentar contra el derecho a la defensa de los presuntos involucrados en tales hechos de cuya probidad se duda, y así se declara.

 

VIII

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

 

1.- CON LUGAR la apelaciones ejercidas por los apoderados del ciudadano José Gerardo Arias Chana, tercero coadyuvante y por el ciudadano Humberto Paesano Galindo, presunto agraviante, de la decisión del 8 de septiembre de 2001, dictada por el Juzgado Superior Cuarta en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas , que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano AGUSTÍN RAFAEL HERNÁNDEZ FUENTES, titular de la cédula de identidad nº 1.886.758, contra los autos dictado el 12 y 13 de julio de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia SE REVOCA el fallo apelado.

 

2.-  SE ORDENA al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que remita de inmediato, en el estado en que se encuentre el expediente de la causa incoada por el ciudadano Luis José Pérez Azócar contra el ciudadano José Gerardo Arias Chana por cumplimiento de contrato y cobro de bolívares, al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, sin pronunciamiento alguno sobre la apelación ejercida por la parte actora de dicho juicio contra el auto de fecha 2 de mayo de 2000 que concedió el plazo para el cumplimiento voluntario del fallo emanado de esta Sala.

 

3.- SE ORDENA al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que una vez recibido el expediente de la causa antes referida, ordene librar las comunicaciones necesarias a los fines de informar que los actos jurídicos derivados de la ejecución de la transacción judicial celebrada el 14 de junio de 1999, no tienen efecto alguno en virtud de la nulidad de la homologación de dicha transacción.

 

Se ordena a la Secretaría de la Sala remitir el expediente nº 00-2771 al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del mes de noviembre dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

 

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                              JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                                        Ponente

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

JMDO/ns.

Exp. nº  00-0062 y 00-2771

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