Sentencia N.º 2218
- Sentencia
- N.º 2218
- Fecha
- 07/12/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 06-1484
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 10 de octubre de 2006, fue recibido en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el oficio N° 06-428 del 28 de septiembre de 2006, por el cual se remitió el expediente distinguido con el alfanumérico 06-671 (KP02-0-2006-000107), contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta, el 9 de mayo de 2006, por el ciudadano JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 4.386.573, Presidente de la Asociación Civil El Caramelo, inscrita en el Registro Inmobiliario del Municipio Palavecino del Estado Lara, el 25 de julio de 2003, bajo el N° 38, Folios 1 al 2, Tomo 10, asistido por el abogado Manuel Octavio Díaz Rojas, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 61.700, contra la sentencia dictada el 21 de diciembre de 2005, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Dicha remisión obedece al recurso de apelación ejercido el 1 de agosto de 2006, por el apoderado judicial del accionante, contra la sentencia dictada el 26 de julio de 2006, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta.
El 13 de octubre de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual del presente expediente esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Señaló que “…el referido tribunal, en este caso agraviante, en fecha 21-12-2005 dictó sentencia en contra de la Asociación Civil sin fines de lucro, por [su] representada, en una acción de amparo interpuesta por la ciudadana ROCÍO CAROLINA AMARO RODRÍGUEZ, por supuestas violaciones al derecho a la defensa, a la vivienda, igualdad y no discriminación. Tal y como consta en el expediente identificado con el No. KP02-0-2005-289…”.
Indicó que se evidenciaba del referido expediente que “… en ningún caso aparece en autos la debida notificación de [su] representada, por lo que se infiere que se realizó el procedimiento con total y absoluto desconocimiento por parte de la Asociación, trayendo esto la consecuente condenatoria sin haber tenido la oportunidad para alegar lo que fuese necesario en defensa de [su] representada y en contra de las pretensiones de la querellante…”.
Adujó que por informaciones extrajudiciales se enteró de tal situación “… después de haber sido dictada sentencia sin que [estuvieran] debida y legalmente notificados del proceso, por lo que consecuencialmente el tribunal de alzada ratificó la decisión de primera instancia…”.
Denunció que, si bien era cierto que “…las citaciones en materia de Amparo Constitucional, jurisprudencialmente se simplificó la modalidad o formalidad de la práctica, no significa de esto de ninguna manera que no sea imprescindible practicarla efectiva y validamente…”, de allí que los vicios cometidos en el procedimiento instaurado por la ciudadana Rocío Amaro en contra su representada –Asociación Civil sin fines de lucro-, ante el Juzgado señalado como agraviante vulneró sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso.
En virtud de lo expuesto, solicitó se declarara con lugar la acción de amparo constitucional y, en consecuencia, se restituyera la situación jurídica infringida, decretándose la nulidad de la sentencia dictada el 21 de diciembre de 2005, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
II
DE LA SENTENCIA APELADA
El 26 de julio de 2006 el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta, contra la decisión dictada el 21 de diciembre de 2005, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, teniendo como argumento para ello, lo siguiente:
“…la presente solicitud en principio encuadra dentro de uno de los supuestos en los cuales es admisible la acción de amparo constitucional contra una sentencia de amparo, no obstante lo anterior esta sentenciadora previo el análisis de las actas procesales observa que la parte querellante, Asociación Civil El Caramelo, si bien no concurrió a la audiencia constitucional, ni por si ni por medio de apoderado judicial, sin embargo ejerció el recurso de apelación contra la decisión dictada en primera instancia por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del estado (sic) Lara, en fecha 21 de diciembre de 2005. De igual manera se observa que el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Lara, conociendo en alzada dictó sentencia en fecha 16 de marzo de 2006, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Civil El Caramelo.
Consta igualmente de las copias certificadas de las actas que conforman el procedimiento de amparo constitucional, que la representación de la Asociación Civil El Caramelo no alegó ni en primera instancia, ni en el superior respectivo, la ausencia de notificación de su representada o cualquier otro vicio que implique violación a su derecho a la defensa. En este sentido se observa que tanto el juez que conoció en primera instancia como el de alzada, tienen potestad para corregir o subsanar los vicios cometidos en el curso del procedimiento, sin dejar de lado que constituye una obligación del juez antes de dictar su sentencia, analizar el cumplimiento de los presupuestos procesales de la acción y del procedimiento.
…
En el caso sub iudice se observa en primer término que la acción de amparo no fue interpuesta contra la decisión dictada en última instancia, es decir, contra la proferida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Lara, sino por la dictada en primera instancia por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Lara. De haberse intentado contra la decisión de última instancia, esta alzada no tendría competencia para conocer y decidir la solicitud, sino la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y en segundo término se observa que si bien los derechos constitucionales denunciados como violados en la presente solicitud no constituyeron el objeto del amparo constitucional primigenio, no obstante considera esta sentenciadora que al haber la representación judicial de la Asociación Civil El Caramelo interpuesto de manera oportuna el recurso de apelación contra la decisión dictada en primera instancia, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Lara, actuando en sede constitucional, el querellante tuvo la posibilidad de alegar el presunto vicio en la notificación de su representada cuando el expediente se encontraba en alzada y no lo hizo, por lo que la presente acción tendría como objeto subsanar las omisiones cometidas en el ejercicio del derecho a la defensa en el anterior procedimiento de amparo constitucional y por último se observa que la falta de notificación o citación es un presupuesto procesal que debe ser revisado de oficio, tanto por el juez a quo como por el Juez de alzada.
En consecuencia de todas las anteriores consideraciones esta sentenciadora considera que la presente solicitud de amparo constitucional es improcedente y así se declara”.
III
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente apelación para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto se observa que, conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer de las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo, salvo en la materia contencioso administrativa, ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones se rige tanto por las normativas especiales, como por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala (vid. caso: Emery Mata Millán, del 20 de enero de 2000, y caso: Yoslena Chanchamire Bastardo, del 8 de diciembre de 2000).
De acuerdo con estas últimas interpretaciones y con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y visto que la sentencia ha sido dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del Estado Lara, actuando como primera instancia constitucional, esta Sala resulta competente para conocer de la presente apelación; y así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Precisado lo anterior, esta Sala se pronuncia acerca del recurso de apelación ejercido, dejando constancia que el accionante no fundamentó su recurso, y que, por tanto, tal pronunciamiento no obedecerá a alegato alguno de la misma ante esta Alzada.
Ahora bien, observa esta Sala que en el caso de autos la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la sentencia dictada el 21 de diciembre de 2005, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Rocío Carolina Amaro Rodríguez, contra la Asociación Civil El Caramelo, representada por el ciudadano José Alberto Hernández.
A juicio del accionante la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara vulneró sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que “…se realizo (sic) el procedimiento con total y absoluto desconocimiento por parte de la Asociación, trayendo esto la consecuente condenatoria sin haber tenido la oportunidad para alegar lo que fuese necesario en defensa de [su] representado…”.
Se observa así, que la acción de amparo incoada constituye lo que se ha denominado “amparo contra amparo” por cuanto se pretende impugnar una decisión que había recaído sobre otra acción de amparo constitucional ejercida de manera primigenia.
En tal sentido, esta Sala en sentencia N° 4584 del 13 de diciembre de 2005, (Caso: Carmen Rosa Ramírez) señaló que:
“Conforme el criterio que se ha forjado esta Sala Constitucional, el ejercicio del “amparo contra amparo” resultaría posible únicamente en el caso de que las violaciones a los derechos constitucionales se deriven directamente de la sentencia dictada por el juez constitucional, de tal suerte que el ejercicio de las mismas se halle supeditado a la existencia indubitable de una violación del derecho a la defensa o al debido proceso, o la usurpación de funciones por parte del tribunal constitucional, que deben originarse necesariamente en el curso de tal proceso de amparo y, por tanto, los elementos que configuren la nueva vulneración del orden constitucional sean fáctica y jurídicamente distintos de los que fueron sometidos a revisión en la decisión de la acción de amparo primariamente ejercida” (subrayado de esta Sala).
Al respecto, si bien las denuncias de infracción constitucional alegadas por el accionante se sustentan en argumentaciones diferentes a las debatidas en el amparo originalmente interpuesto, también se aprecia que el accionante ejerció oportunamente el recurso de apelación contra la decisión que hoy acciona, sólo que, en esa oportunidad, no impugnó el vicio que mediante esta acción pretende enervar: la falta de notificación de su representada. Al ser ello así, no cabe lugar a dudas que el objeto de este amparo es subsanar las omisiones cometidas por el accionante al ejercer su derecho a la defensa.
En tal sentido, cabe referir que esta Sala señaló, en la sentencia N° 438/2000 de 23 de mayo, respecto a la acción de amparo que se interponga contra sentencias de amparo constitucional, que: “…al quedar agotada la vía del amparo -ya sea por apelación o consulta- es imposible ejercer tal mecanismo de protección en contra de una sentencia de amparo firme, por cuanto se crearía una cadena interminable de acciones de amparo, vulnerándose así el principio de la doble instancia -lesionando a su vez la seguridad jurídica-, quedando desvirtuada la esencia breve y expedita que inviste el proceso de amparo”. Lo expuesto halla justificación en el hecho de que a pesar que la acción de amparo contra amparo, como se ha denominado, procede sólo cuando se infrinjan ex novo derechos o garantías constitucionales, ello no la exime de cumplir con los supuestos de admisibilidad que ha incardinado la jurisprudencia de esta Sala en torno al artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, entre ellos, el de la inadmisibilidad de la acción cuando se han agotado las vías procesales ordinarias, que en este caso lo constituye la apelación.
Ahora bien, la representación de la Asociación Civil El Caramelo accionó en amparo contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara para enervar unas supuestas lesiones constitucionales que le imputa, cuando de haber existido y de haberlas denunciado en la oportunidad en que interpusieron la apelación ya se le habría amparado el derecho que hoy alega como infringido; sin embargo no fue así, la parte accionante ejerció el recurso de apelación mas no alegó lo que considera su máxima lesión constitucional, y ahora pretende, a través de un nuevo amparo subsanar su omisión.
Siendo ello así, y visto que conforme con la jurisprudencia de esta Sala (Vid. fallo N° 2369 del 23 de noviembre de 2001) haber agotado las vías procesales ordinarias acarrea la inadmisión del amparo constitucional, esta Sala declara la inadmisibilidad de la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En consecuencia, declara sin lugar la apelación interpuesta y revoca el fallo dictado por el Juzgado ad quem que declaró improcedente la acción. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano José Alberto Hernández, contra la sentencia dictada el 26 de julio de 2006, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
SEGUNDO: REVOCA la sentencia dictada el 26 de julio de 2006, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano José Alberto Hernández, contra la sentencia dictada el 21 de diciembre de 2005, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.
TERCERO: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano José Alberto Hernández, contra la sentencia dictada el 21 de diciembre de 2005, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en Caracas, a los 07 días del mes de diciembre de dos mil seis (2006). Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Presidenta,
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Francisco A. Carrasquero López
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 06-1484
CZdeM/ tg
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