Venley

Sentencia N.º 2229

Sentencia
N.º 2229
Fecha
20/09/2002
Sala
Constitucional
Expediente
01-2744
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 3 de diciembre de 2001, PESAJES DEL PUERTO C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 7 de junio de 1998, bajo el n° 52, Tomo 58-A, y TRANSPORTE ALCA C.A., inscrita ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Hacienda del Distrito Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 11 de junio de 1974, bajo el n° 4.647, libro 36, cuyas reformas posteriores fueron inscritas ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 29 de octubre de 1985, bajo el n° 77, Tomo 5-A, mediante la representación de la abogada Nobis Felicia Rodríguez Ramones, inscrita en el Inpreabogado bajo el n° 17.617, introdujeron, ante esta Sala, solicitud de revisión de la sentencia que dictó, el 6 de noviembre de 2001, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo.

Luego de la recepción del expediente de la causa el 3 de diciembre de 2001, se dio cuenta en Sala y por auto del mismo día y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

ANTECEDENTES

Narraron los solicitantes que:

El 21 de febrero de 2000, PESAJES DEL PUERTO C.A. y TRANSPORTE ALCA C.A. solicitaron al Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello una información en relación con el procedimiento de licitación para el otorgamiento de la concesión para la instalación y operación de un sistema de pesaje de vehículos de carga en el área portuaria del Puerto de Puerto Cabello. Asimismo, las mencionadas sociedades solicitaron las copias certificadas del expediente continente de las actas del referido procedimiento de licitación y la del acta que, el 13 de enero de 2000, emanó de la Junta Directiva del Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello, mediante la cual se declaró desierto el procedimiento de licitación que se refirió anteriormente.

El 7 de abril de 2000, las hoy solicitantes interpusieron otra solicitud en la cual insistieron en sus requerimientos.

 Que, el 14 de abril de 2000, el mencionado ente público comunicó a PESAJES DEL PUERTO C.A. y TRANSPORTE ALCA C.A. que el procedimiento de licitación había sido declarado desierto; que, de conformidad con la Ley de Licitaciones del Estado Carabobo, tal decisión se publicó el 19 de enero de 2000; y que el expediente se encontraba en los archivos de la Comisión de Licitaciones. Con base en esta información, las solicitantes dirigieron dos cartas a la Comisión de Licitación de Prestación o Gestión de Servicios Públicos del Estado Carabobo, el 10 de mayo y el 3 de julio de 2000, respectivamente, en las cuales insistieron en su pretensión de tenencia de acceso al expediente y a la obtención de copia certificada del mismo.

En virtud de que no recibieron respuesta a sus solicitudes, el 28 de marzo de 2001, hicieron nueva solicitud al Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello en la cual insistieron en sus requerimientos y, además, denunciaron que el Presidente del ente público había afirmado que el expediente continente de las actas del procedimiento de licitación reposaba en los archivos de la Comisión de Licitación, aun cuando él era el Presidente de dicha Comisión en el momento cuando se efectuó la solicitud.

A través de una comunicación del 8 de mayo de 2001, que fue recibida, por Pesajes del Puerto C.A. y Transporte Alca C.A., el 18 de mayo de 2001, el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello envió a dichas compañías una carpeta en la que, supuestamente, se encontraban todas las copias certificadas del expediente continente del procedimiento de licitación. Sin embargo, en tal carpeta sólo se hallaron algunas copias fotostáticas, que no estaban certificadas, entre las que faltaba la decisión definitiva que se dictó en el procedimiento de licitación.

En razón de esta comunicación, Pesajes del Puerto C.A. y Transporte Alca C.A. ejercieron, ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, acción de amparo constitucional contra el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello, por la supuesta violación de sus derechos a la defensa, al debido procedimiento y de petición.

Mediante sentencia del 19 de julio de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte declaró improcedente el amparo constitucional y ordenó un mandamiento de habeas data.

Contra esta decisión, Pesajes del Puerto C.A. y Transporte Alca C.A. propusieron recurso de apelación para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y, este tribunal, en fallo del 6 de noviembre de 2001, declaró con lugar la apelación, revocó el fallo que dictó el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo y declaró inadmisible la demanda de amparo que había sido interpuesta.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

La parte demandante solicitó la revisión de la sentencia que dictó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa el 6 de noviembre de 2001, con base en las siguientes razones:

1.       Que, en la sentencia cuya revisión se solicitó, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no acató la doctrina que esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentó en la decisión n° 870 del 29 de mayo de 2001.

Que, en ese fallo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con el propósito de la determinación de cuándo se inicia el lapso para que opere el consentimiento que menciona el cardinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en aquellos casos en los que los particulares hacen varias solicitudes a la Administración y ésta no responde a las mismas, expresó que, debido a que la lesión a los derechos constitucionales se atribuye a una omisión, es necesario que se tome en cuenta la conducta del particular, la del órgano administrativo y la complejidad del caso, a la luz del principio pro actione. En tal sentido, concluyó esta Sala Constitucional en la decisión que se mencionó, que el lapso para la asunción del consentimiento de la lesión debía comenzar a contarse desde el momento cuando el particular hiciese la última solicitud y no desde cuando éste hiciese la primera.

2.       Que, a su vez, en la sentencia cuya revisión se solicitó se plasmó lo que transcribe a continuación:

 

“...observa la Corte que cursa en el expediente comunicación de fecha 22 de febrero de 2000, dirigida por el ciudadano Angel Baricelli en representación de Pesajes del Puerto C.A (sic) al Presidente del Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (...), solicitando copia certificada del expediente administrativo contentivo del proceso de licitación, así como del Acta de fecha 13 de Enero de 2000, en la que se transcribe lo estimado por la Comisión de Licitación del Estado Carabobo, y la Junta Directiva del Instituto, para declarar desierto el proceso en cuestión. No consta, ciertamente, respuesta alguna dada a la anterior solicitud, lo que motivó que el 7 de abril de 2000 el representante de la precitada compañía, ejerciera un recurso de reclamo por ante el Presidente y demás miembros de la referida Junta, ratificando las aludidas peticiones.

Posteriormente, mediante comunicación de fecha 14 de abril de 2000, el Presidente del Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello informó a PESAJES del Puerto C.A. que:

 

‘De conformidad con lo dispuesto en la Ley Licitaciones del Estado Carabobo, cuando la máxima autoridad del ente, con base en la recomendación de la Comisión de Licitación, declara desierto el proceso, se extingue el proceso licitatorio.

En este orden de ideas, el 19 de enero del presente año, a través de una publicación de prensa, se hizo del conocimiento de las empresas participantes (...) que el proceso licitatorio (...) fue declarado desierto.

Igualmente, se le informa que el expediente del referido proceso reposa en los archivos de la Comisión de Licitación(...).’

 

Es de hacer notar que después del 7 de abril de 2000, el representante de Pesajes del Puerto C.A. no dirigió nueva comunicación al Instituto, sino hasta el 28 de marzo de 2001, de tal manera que dejó transcurrir once (11) meses sin formular nuevamente su petición, ni ejercer acción alguna en sede jurisdiccional (...) contra la señalada omisión del ente administrativo, que a su juicio atenta contra derechos constitucionales. Asimismo, se observa que incluso desde la fecha de la última comunicación dirigida a la Comisión de Licitación, así como desde la respuesta dirigida por el Instituto el 14 de abril de 2000 (...) hasta el 28 de marzo de 2001, transcurrió un lapso superior al indicado, sin que la parte interesada hubiere pretendido la protección de sus derechos constitucionales en sede jurisdiccional.”

 

3.       Que, como se observa, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no acató la doctrina que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentó en la sentencia que se citó precedentemente, pues debió estudiar el caso con mayor profundidad y dar prioridad al principio pro actione.

4.       Que, además, debió analizar la complejidad del caso, la conducta desidiosa de la Administración y la actitud diligente de los administrados, quienes realizaron varias solicitudes a los órganos administrativos con el objeto tener acceso al expediente.

 

5.       Que, en la sentencia cuya revisión se pretende, se menoscabaron sus derechos a ser oído, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la jurisdicción, que establecen, respectivamente, los artículos 49, cardinal 3 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Que:

 

“Por las consideraciones anteriores y teniendo la Sala Constitucional competencia para conocer el presente caso y con fundamento en los artículos 335 y 336, ordinal 10 de la Constitución vigente [solicitaron] LA REVISIÓN EXTRAORDINARIA de la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, y declare su nulidad por su evidente inconstitucionalidad.”

 

 

III

DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

El fallo objeto de la presente solicitud de revisión es el que, el 6 de noviembre de 2001, dictó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró inadmisible la demanda de amparo constitucional que ejercieron las entonces demandantes contra el Instituto de Puerto Autónomo de Puerto Cabello.

 

IV

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.”

Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes de amparo abarca tanto fallos que dicten las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia como los demás tribunales de la República (Vid. sentencias del 9 de marzo de 2000, caso: José Alberto Zamora Quevedo, del 7 de junio de 2000, caso: Mercantil Internacional, C.A. y del 6 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según el artículo 335 del Texto Fundamental.

En el presente caso se pidió la revisión de una sentencia definitivamente firme de amparo constitucional que dictó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 6 de noviembre de 2001, razón por la cual esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la revisión a que contrae el caso que ahora se juzga. Así se decide.

 

V

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

Esta Sala, para la decisión, observa:

Para la determinación del ámbito de la potestad revisora de sentencias definitivamente firmes por parte de esta Sala, es necesario, ante todo, la interpretación de lo que dispone el Texto Constitucional. En este sentido, el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, establece la potestad extraordinaria y facultativa de esta Sala para la revisión de las sentencias definitivamente firmes de amparo y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, así como aquellas que hayan incurrido, de manera evidente, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución, que hayan sido dictadas por los tribunales de la República o por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia. Esta norma constitucional no genera, de manera alguna, la creación de una nueva instancia en los procesos, ya que el precepto constitucional que se refirió incorporó una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y facultativa para la Sala Constitucional.

Es por ello que esta Sala, al momento de la ejecución de tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución, y en consideración de la garantía de la cosa juzgada, a una actuación excesivamente prudente en cuanto a la admisión y procedencia de recursos que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido dicho carácter de cosa juzgada judicial.

Así, esta Sala Constitucional, en sentencia n° 93 que fue dictada, el 6 de febrero de 2001, (caso: Corpoturismo), determinó que sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y facultativa, ejercerá la potestad de revisión de las sentencias definitivamente firmes, en los siguientes términos:

“Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

 

1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional.” (Subrayado añadido)

 

Asimismo, la Sala estableció en la sentencia que antes se citó:

“...esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, (...) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales...”.

 

Sobre la base del criterio que se transcribió, la Sala pasa a pronunciarse sobre la solicitud de revisión que interpusieron Pesajes del Puerto C.A. y Transporte Alca C.A.

Expusieron las solicitantes que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia cuya revisión se solicitó, desconoció la doctrina que esta Sala sentó en la sentencia n° 870, del 29 de mayo de 2000, en la cual se expresó lo siguiente:

“A diferencia de violaciones derivadas de actos o hechos, siempre susceptibles de ubicarlos en un tiempo o un espacio de tiempo más o menos determinable, en caso de dilaciones como las que se denuncia, determinar el momento a partir del cual debe considerarse producido el daño constitucionalmente valorable requiere un estudio más cuidadoso, ya que, en caso de retardos injustificados, ni siquiera el transcurso de los lapsos a que están sujetas las autoridades tanto administrativas, judiciales o legislativas, podría servir como parámetro preciso y objetivo del cual deducir la violación a una situación jurídica subjetiva de naturaleza constitucional.

Por eso, el legislador ha introducido soluciones a la ausencia de respuesta oportuna a los particulares. A ello atiende precisamente la disposición contemplada en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (...). Se trata (...) de una garantía a favor del administrado frente a la indefensión producida por la inacción de la Administración.

Respecto al razonamiento vertido en la sentencia apelada, en cuanto a que el tiempo transcurrido entre la primigenia solicitud ante las Autoridades de la Universidad mencionada y el día en que fue interpuesta la acción de amparo en cuestión, esta Sala considera que, a pesar de la dificultad que le es intrínseca, el juez debió verificar los elementos básicos que conllevan a subsumir el hecho en la norma. Entre esos elementos destaca, por su pertinencia con la objeción que tiene que hacerle esta Sala a la sentencia apelada, la llamada condición de aplicación, la cual se identifica con aquella circunstancia o circunstancias que deben darse para que pueda llevarse a cabo el contenido de la norma. Es así como constata la Sala que el juzgador de primera instancia equivocó su juicio acerca del suceso a partir del cual cumplía aplicar la caducidad a que se refiere el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al señalar implícitamente que dicho lapso se inició desde la fecha que fuera interpuesta la solicitud, lo cual, en virtud de las circunstancias que seguidamente se pondrán de relieve, luce contrario a los fines de la justicia e ilógico respecto de la garantía constitucional en que se resuelve el amparo.

 

Ciertamente, que, cuando el daño ilegítimo le es imputado a una omisión o abstención (...), es decir, que aquel no es causado por un hecho o acto, es necesario atender, en caso de estar presentes, a otros elementos, como lo serían: la propia conducta del administrado, de las autoridades involucradas o de la complejidad del procedimiento, haciendo, en todo caso un análisis del principio pro actione, es decir, de tutelar con preferencia el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, sin que ello suponga el predominio de una desaconsejada jurisprudencia del caso, antes que el ejercicio de una jurisprudencia de valores.

(...)

Un análisis de la tesis expuesta, debió destacar la diligencia con que actuó la accionante, pues como queda demostrado de la lectura del expediente, esta fue pertinaz en su solicitud, ya que acudió en dos oportunidades a ratificar la misma, dejando constancia de ello a través de un juez de la localidad. Tal circunstancia da lugar a que el lapso de los seis meses a que alude el numeral 4 del artículo 6 de la citada Ley Orgánica, deba contarse a partir de la última de dichas ratificaciones, esto es, a partir del 10 de febrero de 1998, es decir, sin que hubiera transcurrido el lapso de seis meses a que alude la norma ya mencionada, tal presupuesto de admisibilidad no era aplicable.”

 

Como puede apreciarse, en la decisión que fue parcialmente citada, esta Sala, con el propósito de pronunciarse sobre la admisibilidad de una demanda de amparo, determinó cuándo comenzaba a correr el lapso de seis meses para que se pudiese considerar que se configuró el consentimiento al que se refiere el primer aparte del cardinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en aquellos casos en los que el particular hace varias solicitudes a la Administración y ésta no responde.

En tal sentido, se consideró que cuando la lesión de los derechos constitucionales se atribuye a una omisión, a la luz del principio pro actione, el cual privilegia el ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción, deben tomarse en cuenta diversos factores, como: la conducta del administrado, la de las autoridades involucradas y la complejidad del procedimiento.

Finalmente, en la decisión que se citó, esta Sala concluyó, sobre la base de la diligencia que demostró el particular, en virtud de que realizó en varias oportunidades sus requerimientos a la Administración, que el lapso de seis meses para que operase el consentimiento de la lesión debía contarse desde la última solicitud que aquél hizo a ésta y no desde la primera.

De otra parte, en el fallo del 6 de noviembre de 2001, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo plasmó lo siguiente: 

“Sentado lo anterior pasa la Corte a conocer sobre la acción de amparo incoada, y al respecto observa (...) que tanto el representante del Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello como la Procuraduría General del Estado Carabobo alegaron (...) la caducidad de la acción de amparo, esgrimiendo que desde que la Administración querellada debió contestar la última de las notificaciones que le fuere dirigida por Pesajes del Puerto, C.A. hasta la fecha de interposición del amparo, transcurrió un lapso superior al de los seis meses que prevé el artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Al respecto observa la Corte que cursa en el expediente comunicación de fecha 22 de febrero de 2000, dirigida por el ciudadano Angel Baricelli en representación de Pesajes del Puerto C.A (sic) al Presidente del Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (...), solicitando copia certificada del expediente administrativo contentivo del proceso de licitación, así como del Acta de fecha 13 de Enero de 2000, en la que se transcribe lo estimado por la Comisión de Licitación del Estado Carabobo, y la Junta Directiva del Instituto, para declarar desierto el proceso en cuestión. No consta, ciertamente, respuesta alguna dada a la anterior solicitud, lo que motivó que el 7 de abril de 2000 el representante de la precitada compañía, ejerciera un recurso de reclamo por ante el Presidente y demás miembros de la referida Junta, ratificando las aludidas peticiones.

Posteriormente, mediante comunicación de fecha 14 de abril de 2000, el Presidente del Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello informó a PESAJES del Puerto C.A. que:

 

‘De conformidad con lo dispuesto en la Ley Licitaciones del Estado Carabobo, cuando la máxima autoridad del ente, con base en la recomendación de la Comisión de Licitación, declara desierto el proceso, se extingue el proceso licitatorio.

En este orden de ideas, el 19 de enero del presente año, a través de una publicación de prensa, se hizo del conocimiento de las empresas participantes (...) que el proceso licitatorio (...) fue declarado desierto.

Igualmente, se le informa que el expediente del referido proceso reposa en los archivos de la Comisión de Licitación(...).’

 

Es de hacer notar que después del 7 de abril de 2000, el representante de Pesajes del Puerto C.A. no dirigió nueva comunicación al Instituto, sino hasta el 28 de marzo de 2001, de tal manera que dejó transcurrir once (11) meses sin formular nuevamente su petición, ni ejercer acción alguna en sede jurisdiccional (...) contra la señalada omisión del ente administrativo, que a su juicio atenta contra derechos constitucionales. Asimismo, se observa que incluso desde la fecha de la última comunicación dirigida a la Comisión de Licitación, así como desde la respuesta dirigida por el Instituto el 14 de abril de 2000 (...) hasta el 28 de marzo de 2001, transcurrió un lapso superior al indicado, sin que la parte interesada hubiere pretendido la protección de sus derechos constitucionales en sede jurisdiccional.”

 

Del texto que se transcribió se desprende que, por lo menos, se realizaron 3 solicitudes al supuesto agraviante, a saber: el 22 de febrero y el 7 de abril de 2000, y el 28 de marzo de 2001, y dos más a la Comisión de Licitación –ente que, según fue informado, poseía la información que se requirió- el 10 de mayo y el 3 de julio de 2000. A su vez, se colige también que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no estimó la insistencia de las solicitantes en la defensa de sus intereses y en el ejercicio de su derecho de petición, tanto ante el Instituto demandado, directamente, como ante la Comisión de Licitaciones a la cual fue referida por aquél, insistencia que, en los términos que expuso la Sala en la sentencia que invocaron las solicitantes, es una conducta que, lejos de la revelación de consentimiento de la omisión lesiva, manifiesta diligencia en la pretensión de hacer cesar la conducta omisiva.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha debido juzgar pro actionae, según los lineamientos de la interpretación de esta Sala acerca del alcance del derecho de acceso a la jurisdicción, y apreciar, como último eslabón de la cadena de conductas lesivas, la omisión en la que habría incurrido la Administración en su respuesta, del 18 de mayo de 2001, al último requerimiento de las Administradas –sin que con ello prejuzgue la Sala acerca de la procedencia de la demanda al respecto- a partir del cual, y hasta la interposición del amparo, no se produjo la caducidad.

Así, el criterio que fue vertido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en la sentencia que está sometida a revisión, obvió una interpretación que realizó esta Sala en el marco del principio pro actionae, el cual impone la exigencia de la interpretación de los requisitos de admisibilidad de las demandas en el sentido que más favorezca el derecho de acceso a la jurisdicción que establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con lo cual incurrió en omisión de la aplicación de la norma constitucional en cuestión y así se declara. Por tal razón, se declara que ha lugar a la solicitud de revisión que se examina y analiza y, en consecuencia, se anula el fallo que el mencionado tribunal dictó el 6 de noviembre de 2001, y se ordena que se pronuncie una nueva decisión, en segunda instancia, en el proceso de amparo que se inició con ocasión de la demanda de amparo constitucional que intentaron Pesajes del Puerto C.A. y Transporte Alca C.A.

Por último, esta Sala debe acotar que el propósito fundamental de la solicitud de revisión no es servir como un mecanismo de defensa a los justiciables, sino como un medio de protección de la supremacía de las normas y principios constitucionales con el que, de manera incidental, se resuelve una situación subjetiva.

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide que HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional que interpusieron PESAJES DEL PUERTO C.A. y TRANSPORTE ALCA C.A. contra la sentencia que dictó, el 6 de noviembre de 2001, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y, en consecuencia :

1.        ANULA el fallo que pronunció la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 6 de noviembre de 2001, mediante el cual se declaró con lugar la apelación que incoó la apoderada judicial de Pesajes del Puerto C.A. y Transporte Alca C.A. contra una decisión que emanó del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, se revocó esta decisión, y declaró inadmisible la acción de amparo constitucional que ejercieron dichas compañías de comercio contra el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello.

2.        ORDENA a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que, en acatamiento del criterio que se expresó en esta decisión, vuelva a dictar sentencia, en segunda instancia, en el proceso que se inició con ocasión a la demanda de amparo constitucional que interpusieron Pesajes del Puerto C.A. y Transporte Alca C.A contra el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en Caracas, a los 20 días del mes de septiembre del año dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

   

El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

              Magistrado                

 

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

   Magistrado

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

       Magistrado-Ponente   

 

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

PRRH/fs/sn.-

Exp. 01-2744

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias