Venley

Sentencia N.º 2253

Sentencia
N.º 2253
Fecha
12/12/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-0931
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL                

 

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ  

 

El 20 de junio de 2006, el abogado Julio Iñigo Troconis Cardot, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 19.074, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana JOSEFA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad n° 2.894.037, presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de la solicitud de revisión de la sentencia n° 05-833 dictada el 20 de diciembre de 2005, por la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal, en la que se declaró inadmisible el recurso de nulidad y, sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada en el juicio ordinario (hoy solicitante) contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 29 de enero de 2004.

 

El 22 de junio de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ y con tal carácter la suscribe.

 

Efectuado el análisis del caso, esta Sala para decidir pasa a hacer las siguientes consideraciones:

 

I

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

La representación judicial de la parte demandada en el juicio ordinario, fundamentó su solicitud de revisión sobre la base de los argumentos que se resumen a continuación:

Que como fundamento al recurso de casación, se denunció el defecto de actividad por infracción al cardinal 6 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, vista la falta de determinación del inmueble objeto del litigio al no especificarse sus linderos.

 

Que la sentencia cuya revisión se solicita, obvio pronunciarse sobre la reposición de la causa peticionada, vista la infracción denunciada, por lo que a su decir, resulta violatoria a los principios y garantías constitucionales.

 

Que el fallo de la Sala de Casación Civil, al desestimar la denuncia sobre la indeterminación del inmueble, incurrió “...en error judicial injustificado e infracciones al derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la no lesión de los derechos constitucionales (...) [desconociendo] los principios constitucionales de la confianza legitima y del in dubio pro defensa...”.

 

Que la revisión constitucional es solicitada, por desatenderse “...la doctrina vinculante de la Sala al no interpretar favorablemente el libelo de la demanda que no dio cumplimiento al artículo 340 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, y que por ende, infringió los artículos 26 y 49 de la Carta Política (sic)...”.

 

Que como “defensa perentoria”, se opuso dentro del juicio ordinario, la cuestión previa contenida en el cardinal nueve (9) del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referido a la cosa juzgada, por cuanto, el contrato celebrado por las partes, fue “...declarado nulo por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y, confirmada por el Tribunal Superior Civil, Contencioso Administrativo y Tributario...”

 

Que dicha cuestión fue declarada inadmisible por no haber identidad en los juicios, argumento que fue sostenido por el Tribunal de alzada y por la Sala de Casación Civil, violentándose “...la garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución (...) porque bien es sabido que esta defensa no sólo es de orden público, sino, que debe tenerse como verdad frente a todos. De modo, que al desestimar la verdad procesal y sustantiva surgida entre las mismas partes (...) violó el ‘principio a la confianza legitima’...”.

En atención a lo expuesto, la parte actora solicitó se revisen los argumentos de la Sala de Casación Civil en su sentencia n° 05-883, dictada el 20 de diciembre de 2005, que declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la peticionante contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 29 de enero de 2004.

 

II

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

 

            El pronunciamiento jurisdiccional cuya revisión se pretende, lo constituye la sentencia n° 05-883 emanada de la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal el 20 de diciembre de 2005, que declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por el apoderado judicial de la ciudadana Josefa González de Rodríguez, contra la decisión dictada el 29 de enero de 2004, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores Circunscripción Judicial del Estado Lara, en el juicio que por cumplimiento de contrato interpuso el ciudadano Francesco Nardi Coccia contra la precitada ciudadana.

 

En ese sentido, dicha solicitud se fundamento sobre la base de las siguientes consideraciones:

 

“…omissis…

 

Ahora bien, como se adelantó supra la sentencia de casación que dio lugar al reenvío dictado el 22 de junio de 2001, declaró procedente el vicio de actividad denunciado, por consiguiente, vale afirmar que, en el presente asunto el ad quem en manera alguna pudo incurrir en el supuesto de procedencia del recurso de nulidad, cual es, el desacato a la doctrina del fallo de casación, según lo previsto en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil; toda vez que, con la declaratoria del defecto de actividad y la reposición de la causa, a tenor de la preasentada doctrina el juez asume la autonomía plena para sustanciar de nuevo el juicio.

 

...omissis...

 

En el extenso planteamiento de la denuncia supra transcrita, el formalizante de manera confusa imputa expresamente a la recurrida la existencia de dos vicios, a saber, reposición preterida o no decretada e indeterminación objetiva, y respecto a éste último, no señala al ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil como violado, pues, esta norma es la que contiene la exigencia formal y de orden público de que la sentencia debe identificar con precisión la cosa u objeto sobre la cual recae la decisión.

En tal sentido, el recurrente señala que el fallo del ad quem es inejecutable, pues aduce que si bien el accionante en el libelo de demanda arguye el incumplimiento por parte de la accionada de un contrato de cesión y pretende se le reconozca el 50% de un invocado derecho de posesión sobre un inmueble y sus bienhechurías, se abstuvo de indicar los linderos y medidas del referido bien; por lo que, al declarar el tribunal de alzada con lugar la demanda, dada la predicha imprecisión libelar, mal podría cumplirse con lo ordenado por la sentencia, todo lo cual, según señala, la inficiona de indeterminación objetiva y, además, del vicio de reposición preterida o no decretada, en este caso porque adoleciendo el libelo de tal vaguedad, conforme a lo pretendido, debió reponerse la causa al estado de declararse inadmisible la demanda.

 

...omissis...

 

Precisado lo anterior, y según se constató precedentemente tanto de lo expresado en el libelo como del contenido de la recurrida, el ad quem determinó el objeto de la decisión, cual es, el cumplimiento de una obligación, a saber, la cesión del 50% de derechos posesorios sobre un inmueble, cuya ubicación, se repite, igualmente consta en el referido fallo, todo sobre la base de lo estipulado en el contrato, cuyos datos de autenticación también se encuentran señalados en la predicha sentencia.

En consecuencia, la Sala considera que la denuncia formulada es improcedente, por no haber infracción del artículo 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

...omissis...

 

Del texto trasladado, la Sala evidencia que el recurrente expresamente delata el vicio de incongruencia negativa por parte de la recurrida, por cuanto, según su dicho, ésta no contiene decisión positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas; sin embargo, tal planteamiento fue expuesto en forma general, pues en parte alguna del contenido de la delación, el formalizante puntualiza sobre cuál alegato o defensa opuesta, específicamente omitió pronunciarse el ad quem.

Como único fundamento de lo denunciado, se limita a transcribir en extracto parte del libelo de la demanda y del dispositivo de la decisión recurrida. De ello, lo único que puede inferir la Sala es que el recurrente entonces trata de denunciar una posible omisión de pronunciamiento del ad quem sobre uno de los alegatos expuestos por quien representa su contraparte -el accionante- en el libelo. Ahora bien, dada la predicha imprecisión del formalizante en señalar cuál fue el alegato respecto al que habría podido abstenerse de resolver el ad quem, aunado a que, en cualquier caso, el formalizante igualmente carecería de interés procesal para plantear la denuncia, pues de ser cierto que la recurrida silenció un alegato del demandante, éste resultaría el único agraviado, por tanto, mal puede la Sala determinar si en el sub iudice se configuró el vicio denunciado. Así se decide....”.

 

            Posteriormente, la Sala de Casación Civil pasó a analizar cada uno de las denuncias realizadas sobre los hechos y por infracción de Ley, quedando desestimadas las mismas, por lo que se declaró inadmisible el recurso de nulidad y sin lugar el recurso de casación. 

III

DE LA COMPETENCIA

 

En cuanto a la competencia de esta Sala Constitucional para conocer de la petición formulada, el artículo 336 cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

 

“Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

...omissis...

 

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

 

 

En efecto, dentro de las potestades atribuidas en la Constitución de 1999 en forma exclusiva a esta Sala Constitucional, se encuentra la de velar y garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, a los fines de mantener la uniformidad en la interpretación de los preceptos fundamentales y en resguardo de la seguridad jurídica. Al respecto, la doctrina de esta Sala Constitucional, bien de lo que dispone expresamente la Carta Fundamental de 1999, o bien de lo que está implícito en la potestad de garantía constitucional que ésta le asigna, particularmente en su artículo 335, ha concluido que la solicitud de revisión constitucional puede ejercerse respecto a los siguientes actos: a) sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional; b) sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitución; c) decisiones de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia; d) decisiones que violen la Constitución, y, e) decisiones que se aparten de la doctrina vinculante de esta Sala Constitucional (vid. sent. n° 93/2001, caso: Corpoturismo).

 

En ese sentido, esta competencia le ha sido atribuida expresamente por el artículo 5 cardinal 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004, al establecer:

 

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

...omissis...

 

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...) aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala”.

 

Ampliando aun más, la normativa prevista en el citado artículo 5, esta Sala en sentencia n° 325 del 30 de marzo de 2005, estableció:

 

“(...)esta Sala advierte que en su función de intérprete suprema de la Constitución, concebida y dirigida a controlar la recta ampliación de los derechos y principios constitucionales y en aras de lograr la uniformidad de la jurisprudencia constitucional, debe ampliar el objeto de control mediante el supuesto de hecho de la revisión constitucional establecida en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a la violación de derechos constitucionales y no sólo a la vulneración de principios jurídicos fundamentales”. (Resaltado de la sentencia)

 

Siendo así, visto que la presente solicitud de revisión fue formulada en relación a una decisión definitivamente firme emitida por la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal, esta Sala Constitucional se declara competente para conocer de la misma, y así se decide.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

            Llegada la oportunidad para decidir, esta Sala observa:

 

            El apoderado judicial de la actora solicitó a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión prevista en el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, consagrada en el artículo 5 cardinal 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con respecto a la sentencia n° 883 dictada por la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal el 20 de diciembre de 2005, que declaró inadmisible el recurso de nulidad y, sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la representación judicial de la propia solicitante contra la decisión emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara el 29 de enero de 2004, en el juicio por cumplimiento de contrato seguido por el ciudadano Francesco Nardi Coccia contra la peticionante en revisión.

 

Los razonamientos expuestos en el escrito de revisión, se circunscriben a la confirmatoria realizada por la Sala de Casación Civil, sobre el vicio de actividad denunciado en el recurso de casación, según el cual, existe una total indeterminación sobre el inmueble objeto del juicio, violentándose el cardinal 6 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por lo que – a decir de la peticionante-, la Sala obvió el pronunciamiento respectivo sobre la reposición de la causa visto el vicio denunciado.

 

Así mismo, la actora fundamentó su solicitud de revisión, en base a la violación de la garantía de la cosa juzgada, alegato éste, opuesto como cuestión previa en el juicio ordinario, por considerar que durante la tramitación de otro juicio se declaró nulo el contrato sometido a consideración en el proceso. 

 

Ahora bien, esta Sala en sentencia nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”), señaló que la facultad de revisión es “(…) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional (…)”, por ello “(…) en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir” la solicitud “cuando así lo considere”, en ese sentido, “(…) la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión ‘(…) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’ (…)”.

 

En atención a lo expuesto, se ha establecido en reiteradas oportunidades, que la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva instancia, por lo que, la solicitud bajo análisis, se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.

 

En el presente caso, la representación judicial de la solicitante pretende un nuevo juzgamiento sobre el proceso incoado, por cuanto, denunció unas supuestas infracciones constitucionales que, a su decir, convalidó la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia al declarar sin lugar el recurso de casación planteado, habiendo sido opuestas –dichas denuncias- desde el inicio del proceso. Al ser ello así, esta Sala evidencia que la pretensión del peticionante persigue el reexamen de los elementos fácticos que sirvieron a la mencionada Sala para declarar el sin lugar el recurso, así, como el análisis de la decisión tanto del Juzgado de Primera Instancia, como del Juzgado Superior. 

 

En tales supuestos, ha sido criterio de la Sala que la revisión constitucional no constituye una tercera instancia ni un recurso ordinario que pueda ser intentado bajo cualquier fundamentación de interés subjetivo, sino por el contrario, una potestad extraordinaria, excepcional y discrecional de la misma, que coadyuva a la uniformidad de los criterios constitucionales como garantía de la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales, en resguardo de la seguridad jurídica necesaria en todo Estado de Derecho.

 

Ahora bien, de la lectura de la decisión cuya revisión se solicita, se observa que la misma no contraría en modo alguno la jurisprudencia de esta Sala, por cuanto no se evidencia que exista un grotesco error de interpretación de la norma constitucional que permita definir que se sostuvo un criterio contrario a la jurisprudencia previamente establecida, en consecuencia, esta Máxima Instancia Constitucional estima que la situación planteada no se enmarca dentro de la finalidad que persigue la solicitud de revisión, en los términos expresados supra, por lo que se declara no ha lugar la misma. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional interpuesta por el abogado Julio Iñigo Troconis Cardot, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana JOSEFA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ ya identificados, de la sentencia n° 883, dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el 20 de diciembre de 2005, en la que se declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada en el juicio ordinario (hoy solicitante) contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 29 de enero de 2004.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 12 días del mes de Diciembre      dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

 

 

 

      FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                                                         Ponente

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                      

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

FACL/

Exp. n° 06-0931

 

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