Venley

Sentencia N.º 2254

Sentencia
N.º 2254
Fecha
18/08/2003
Sala
Constitucional
Expediente
02-2376
Ponente
Iván Rincón Urdaneta
Procedimiento
Recurso de Revisión

 

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

 

El 26 de septiembre de 2002, el abogado Otmaro Silva Lares, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 13.666, en su carácter de apoderado judicial de INDUSTRIAS METALÚRGICAS VAN DAM, C.A., interpuso ante esta Sala Constitucional, recurso de revisión contra la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, el 30 de julio de 2002, que declaró sin lugar la recusación interpuesta por el hoy recurrente, contra el árbitro abogado Félix Roland Matthíes, Presidente del Tribunal Arbitral en el procedimiento arbitral existente entre la sociedad Mercantil Industrias Metalúrgicas Van Dam, C.A. y la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio de la Defensa.

 

En la misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I

 

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

El recurrente, en su escrito de solicitud de revisión, formuló los siguientes alegatos:

 

Planteó el recurrente que, el 16 de octubre de 2001, interpuso escrito de recusación contra el abogado Félix Roland Matthíes en su carácter del Presidente del Tribunal Arbitral designado por la Sala Político Administrativa, el 6 de noviembre de 1997, en el procedimiento arbitral existente entre su representada y la República Bolivariana de Venezuela.

 

Señaló el recurrente que en este sentido se planteó una incidencia a los fines de decidir sobre la recusación planteada. El 20 de noviembre de 2001, narró el recurrente, interpuso escrito de recusación contra el Presidente de la Sala Político-Administrativa con ocasión de la incidencia de recusación planteada contra el árbitro Félix Roland Matthíes.

Denunció el recurrente que el 11 de junio la Sala Político-Administrativa declaró sin lugar la recusación interpuesta contra el Presidente de la Sala  y la anterior decisión no le fue notificada pese a que fue dictada fuera del lapso legalmente establecido y en su dispositivo se ordenó la notificación de las partes. De la misma manera denunció el recurrente que la Sala Político-Administrativa declaró sin lugar la recusación formulada contra el árbitro Félix Roland Matthíes en su decisión del 30 de julio de 2002.  Indicó el recurrente que el árbitro Félix Roland Matthíes se encuentra incurso en la causal prevista en el numeral 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil y que a pesar de que el procedimiento se encontraba suspendido “la decisión del 11 de junio de 2002 no fue notificada a las partes como expresamente lo ordenaba el petitorio a los fines de la continuación de la causa”.

Expuso el recurrente que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sus decisiones del 2 de marzo de 2002 (caso: Francia Josefina Rondón) y 6 de febrero de 2001 (Caso: Corpoturismo) estableció los lineamientos para ejercer su facultad de revisión. Denunció el recurrente que la sentencia del 11 de junio de 2002 de la Sala Político-Administrativa y la posterior omisión de no notificar dicho fallo encuadra en el “numeral 4º” de la sentencia del 6 de febrero de 2001 (Caso: Corpoturismo), que dispone que las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, en un error grotesco en cuanto a la  interpretación de la Constitución  o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. Señaló el recurrente que la decisión de la Sala Político-Administrativa del 11 de junio de 2002 infringió los “derechos a la defensa al debido proceso y a la garantía de la imparcialidad del Juez, todo lo cual forma parte esencial de las disposiciones consagradas en los artículos 26 y 49”.

Expuso el recurrente que la decisión emanada de la Sala Político-Administrativa el 11 de junio de 2002 que declaró sin lugar la recusación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, establecía expresamente, en su dispositivo “Remítase las presentes actuaciones a la Sala, a los fines de que se continúe tramitando el procedimiento, previa notificación de las partes. Cúmplase lo ordenado”. De acuerdo con lo expuesto señaló el recurrente que la decisión que declaró sin lugar la recusación, del árbitro Félix Roland Matthíes “se dictó a espaldas” de su representada que nunca tuvo conocimiento formal de tal decisión y “simplemente se enteró dos meses después” de dicha decisión cuando ya la Sala había dictado una nueva sentencia, también desfavorable a sus intereses.

Estimó el recurrente que “la actuación de la Sala Político-Administrativa al dictar la decisión del 30 de julio de 2002 se traduce en una grave violación al derecho a la defensa y al debido proceso, desde que se dictó una sentencia que afecta gravemente sus derechos e intereses, sin habérsele notificado previamente de la decisión del 11 de junio de 2002, que expresamente ordenaba la notificación como condición necesaria para la continuación de la causa”. Por ello para fundamentar las violaciones constitucionales denunciadas sobre el derecho a la defensa y el debido proceso transcribió extractos de la decisión del 19 de octubre de 2000 y de la decisión número 225 del 7 de abril del 2000 dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

Indicó el recurrente que la decisión del 11 de julio de 2002 impedía que la Sala Político-Administrativa dictase una nueva decisión sin antes garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de su representado.

Igualmente denunció que la decisión del 30 de julio de 2002, infringió su derecho a la defensa puesto que “de manera improcedente y en contra de las pruebas aportadas, se declaró sin lugar la recusación formulada contra el Árbitro Presidente Félix Rolando Matthíes lo cual, sin duda, se traduce en una grave violación a la garantía a la imparcialidad del juez que debe regir en todo proceso judicial(...) consagrada en el artículo 49 de la Constitución.” Continuó el recurrente indicando que las causales de inhibición consagradas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil constituían un mecanismo de la legislación para garantizar la imparcialidad de los jueces.

Denunció el recurrente que el presidente del Tribunal Arbitral había señalado expresamente que su representada había actuado con falta de probidad en el juicio arbitral iniciado contra la República, situación que “demuestra sin duda alguna una enemistad manifiesta entre el Presidente del Tribunal Arbitral y mi persona, por lo cual estaba obligado a inhibirse o en su defecto (h)a debido declararse con lugar la recusación formulada, según lo previsto en el artículo 82, numeral 18º(sic) del Código de Procedimiento Civil”.

Finalmente solicitó el recurrente que se declare con lugar el presente recurso de revisión y se ordene a la Sala Político-Administrativa reponer el procedimiento al estado en que se encontraba para el momento en que se dictó la sentencia del 11 de junio de 2002 y se ordene la notificación de las partes.

 

II

DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

El 30 de julio 2002, la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar la recusación interpuesta por el abogado Otmaro Silva Lares, contra el Árbitro Presidente, abogado Félix Roland Matthíes,  fundamentando su decisión de la siguiente forma:

 

“...De todas las circunstancias analizadas se concluye, que no hay en autos la demostración de elementos indiciarios suficientes, que permitan establecer una presunción de enemistad, entre el árbitro presidente abogado Félix Roland Matthíes y el abogado Otmaro Silva Lares; destacándose que el ordinal 18 (sic) del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil exige que la enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, sea demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado. Es por ello, que en fuerza de las motivaciones anteriormente expuestas, este Juzgador considera que los fundamentos de la recusación carecen de la necesaria consistencia y demostración en autos para fundamentarla, por no existir en el expediente elementos de convicción que permitan establecer su existencia; los razonamientos expresados por el recusante y su debida confrontación con las actas del expediente, considerados en forma objetiva, no permiten sostener válidamente el alegato de enemistad o de supuesta parcialidad del Árbitro Presidente recusado para conocer del presente procedimiento; razones por las cuales la recusación planteada no puede prosperar. Así se decide. (...) En vista de los razonamientos antes expuestos, este Juzgador en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la recusación interpuesta por el abogado Otmaro Silva Lares, antes identificado, en sus escritos de fechas 16 de octubre de 2001, contra el Árbitro Presidente, abogado Félix Roland Matthies, también identificado. 

En atención a lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Procedimiento Civil, se sanciona con multa de dos mil bolívares (Bs. 2000,oo) a la parte recusante, antes identificada”.

 

 

 

 

 

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

Siendo la oportunidad para decidir sobre la admisibilidad, debe esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente causa y en tal sentido observa:

 

El artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece como atribución de esta Sala Constitucional la revisión de “sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva” (Subrayado de esta Sala).

 

En el presente caso se ha ejercido un recurso de revisión contra una decisión dictada por la Sala Político-Administrativa, que declaró sin lugar la recusación interpuesta por el abogado Otmaro Silva Lares, contra el Árbitro Presidente, abogado Félix Roland Matthíes en su carácter de Presidente del Tribunal Arbitral, nombrado conforme a la sentencia dictada por la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, el 6 de noviembre de 1997, en el procedimiento arbitral existente entre Industrias Metalúrgicas Van Dam, C.A., y la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio de la Defensa.

 

En este sentido este juzgador debe reiterar su criterio sostenido en muchas de sus decisiones, como en la sentencia número 520 del 7 de junio de 2000, donde se lee lo siguiente:

 

“En consecuencia, por constituir la facultad de revisión de los actos o sentencias dictadas por los tribunales de la República y de las otras Salas de este Tribunal Supremo, en especial en materia de amparo, una disposición constitucional vinculante para el funcionamiento de esta Sala, no obstante que no se ha promulgado la ley orgánica correspondiente, puede este órgano jurisdiccional, en resguardo del orden público constitucional, ejercer esa facultad en interés de la aplicación y correcta interpretación de los valores constitucionales, lo que a su vez es exigido por el ordinal (sic) 10 del artículo 336 de la vigente Constitución”.

 

Resulta de lo anterior, que al plantearse la revisión de una sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa, esta Sala Constitucional resulta competente para conocer de la presente solicitud de revisión. Así se decide.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Llevado a cabo un estudio individual del expediente, la Sala pasa a decidir y, en tal sentido, observa:

 

El peticionario, abogado Otmaro Silva Lares, en su carácter de apoderado judicial de Industrias Metalúrgicas Van Dam, C.A., interpuso, ante esta Sala Constitucional, recurso de revisión contra la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, el 30 de julio de 2002, que declaró sin lugar la recusación interpuesta por el abogado antes identificado, contra el árbitro abogado Félix Roland Matthíes, Presidente del Tribunal Arbitral, en el procedimiento arbitral existente entre el recurrente y la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio de la Defensa, solicitó a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión concedida por el numeral 10 del artículo 336 del Texto Constitucional, respecto de la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el 30 de julio de 2002.

 

Ahora bien, recuerda esta Sala que, conforme a reiterada jurisprudencia, se estableció en sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001 (Caso Corpoturismo) que sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

 “1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la  interpretación de la Constitución  o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional.”

 

 Al respecto, observa esta Sala que de las actas del expediente, se desprende que la decisión cuya revisión se solicita es de naturaleza incidental, pues pende de una causa principal que cursa ante la misma Sala Político-Administrativa de este  Máximo Tribunal, a saber, dentro del procedimiento arbitral existente entre Industrias Metalúrgicas Van Dam, C.A. y la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio de la Defensa, sobre el cual no existe un  pronunciamiento definitivo.

 

Es decir que se trata de una sentencia emanada de la Sala Político-Administrativa, que no es una sentencia definitivamente firme, lo cual constituye un requisito sine qua non para que esta Sala pueda ejercer la potestad extraordinaria, excepcional y discrecional de revisión, que tiene atribuida de conformidad con lo previsto en el Texto Fundamental; resulta, por ello,  forzoso desestimar la solicitud del recurrente  y así lo declara.

 

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que NO HA LUGAR  a la solicitud de revisión presentada por el abogado Otmaro Silva Lares, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 13.666, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INDUSTRIAS METALÚRGICAS VAN DAM, C.A., de la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, el 30 de julio de 2002.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 18  días del mes de agosto de 2003. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

 

El Presidente-Ponente,

 

Iván Rincón Urdaneta

 

      El Vicepresidente,

 

    Jesús Eduardo Cabrera Romero

           

 

José Manuel Delgado Ocando                                       

    Magistrado                                                            

 

 

                                                                                    Antonio José García García                                                                                                        Magistrado

 

           

Pedro Rafael Rondón Haaz

Magistrado

 

 

            El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. 02-2376

IRU/

 

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