Venley

Sentencia N.º 2255

Sentencia
N.º 2255
Fecha
17/12/2007
Sala
Constitucional
Expediente
07-0917
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

 

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

         El 6 de junio de 2007, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Gonzalo Salima Hernández y Alberto Palazzi Octavio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 55.950 y 22.750, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos RENÉ BRILLEMBOURG CAPRILES, ELKE BRILLEMBOURG CAPRILES, TANYA BRILLEMBOURG CAPRILES, ADELAIDA CAPRILES DE BRILLEMBOURG, NATHALIE BRILLEMBOURG CAPRILES y DAVID DANIEL BRILLEMBOURG CAPRILES, venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédula de identidad Nros. 5.310.872, 6.971.591, 6.971.593, 1.729.069, 11.741.922 y 10.335.030, respectivamente, contra las actuaciones judiciales realizadas por el Juzgado Cuarto de  Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

            Tal remisión obedece a la apelación interpuesta por el abogado Gonzalo Salima Hernández, en su carácter de apoderado judicial de los accionantes, el 1° de junio de 2007, contra la decisión del 30 de mayo de 2007, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional.

El 26 de junio de 2007, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó como ponente al Magistrado, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.

            Por escrito del 18 de julio de 2007, el abogado Gonzalo Salima Hernández, apoderado judicial de los accionantes, fundamentó la apelación propuesta.

            Por diligencia del 23 de julio de 2007, el abogado Gonzalo Salima Hernández, apoderado judicial de los accionantes consignó escrito de fundamentación de la apelación, luego de haber realizado correcciones al escrito presentado con anterioridad.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

1.- Por auto del 19 de diciembre de 1995, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas admitió demanda por cobro de bolívares (vía ejecutiva) interpuesta por CENTENNIAL BANK & TRUST C.O, LTD contra los ciudadanos Adelaida Capriles de Brillembourg, René Brillembourg Capriles, Elke Brillembourg Capriles, Tanya Brillembourg Capriles, David Brillembourg Capriles y Nathalie Brillembourg Capriles.

2.- Por auto del 9 de octubre de 1996, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, a solicitud de la parte actora acordó la citación por carteles de los demandados.

3.- Por auto del 7 de febrero de 1997, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, en virtud de la cesión de los derechos litigiosos de la parte actora a VENEZOLANA DE ALQUILER VENACA C.A., declinó la competencia a un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de que ninguna de las partes es una entidad bancaria.

4.- Por auto del 19 de diciembre de 1997, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a solicitud de la parte actora, designó como defensor judicial de la parte demandada,  al abogado Carlos Dickson Urdaneta, el cual aceptó dicho cargo y prestó el juramento de ley, por diligencia del 22 de diciembre de 1997.

5.- Por escrito del 20 de marzo de 1998, el abogado Carlos Dickson Urdaneta, en su carácter de defensor ad-litem designado en el juicio principal, contestó la demanda.

6.- El 31 de julio de 1998, el abogado Luis Cruz Guarenas, en su condición de Presidente de VENEZOLANA DE ALQUILER C.A. (VENACA), parte actora en el juicio principal, presentó escrito de informes.

7.- Por sentencia del 5 de noviembre de 1998, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la demanda interpuesta y; en consecuencia, los condenó al pago de la suma reclamada, correspondiente a doce millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos veintidós dólares con ochenta y cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 12.822.422,84).

8.- Por auto del 14 de enero de 1999, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró definitivamente firme la sentencia dictada y ordenó el cumplimiento voluntario de la misma.

9.- Por diligencia del 25 de enero de 1999, el defensor judicial Carlos Dickson Urdaneta apeló de la sentencia dictada el 5 de noviembre de 1998 por el Juzgado de Primera Instancia; apelación que fue declarada extemporánea por el Tribunal, por auto del 11 de febrero de 1999, el cual además, ordenó la ejecución forzosa de la decisión.

10.- El 29 de julio de 2002 tuvo lugar, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el acto de remate en el juicio principal.

11.- Por escrito del 27 de junio de 2006, presentado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas los abogados Gonzalo Salima Hernández y Migdalia Chávez Maury, actuando como apoderados judiciales de los ciudadanos René Brillembourg Capriles, Elke Brillembourg Capriles, Tanya Brillembourg Capriles, Adelaida Capriles de Brillembourg, Nathalie Brillembourg Capriles y David Daniel Brillembourg Capriles, solicitaron que se decretara la nulidad de todo lo actuado en la pieza principal y se reponga la causa al estado de contestación de la demanda, a los fines de que sus representados puedan ejercer su derecho a la defensa, así como la nulidad de lo actuado en el cuaderno de medidas.

12.- El 21 de diciembre de 2006, los abogados Gonzalo Salima Hernández y Alberto Palazzi Octavio, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos René Brillembourg Capriles, Elke Brillembourg Capriles, Tanya Brillembourg Capriles, Adelaida Capriles de Brillembourg, Nathalie Brillembourg Capriles y David Daniel Brillembourg Capriles, interpusieron acción de amparo constitucional contra las actuaciones judiciales realizadas por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

13.-  Por diligencia del 24 de mayo de 2007, el abogado Gonzalo Salima Hernández, apoderado judicial de los accionantes, consignó copia fotostática del auto del 15 de mayo de 2007 dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente la solicitud de reposición de la causa solicitada por la parte demandada, el 27 de junio de 2006, en el juicio principal.

14.- Por sentencia del 30 de mayo de 2007, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

            Fundamentaron el amparo los apoderados judiciales de los accionantes, en los siguientes aspectos:

1.- Que, la institución financiera CENTENNIAL BANK & TRUST C.O., LTD intentó una demanda, por cobro de bolívares, contra de sus representados. Señalaron que dicha institución fue absorbida por el Fondo de Garantías y Protección Bancaria (FOGADE) con ocasión de la crisis financiera y que “posteriormente en fecha 6 de julio de 1996 se llevó a cabo una cesión de derechos litigiosos (la cual cabe destacar en nuestro criterio es nula) en la cual la mencionada institución financiera cedió a la sociedad mercantil VENEZOLANA DE ALQUILER VENACA, C.A. todos sus derechos litigiosos en el juicio”.

            2.- Que en dicho juicio la parte actora no logró la citación ni personal ni por carteles de los codemandados y el Tribunal “a solicitud de la parte actora procedió a nombrar defensor ad-litem a dichos ciudadanos, en cabeza del cual se llevó a cabo la citación y el cual asumió la defensa de los mismos, dicho profesional del derecho era el ciudadano Carlos Dickson Urdaneta”.

            3.- Que el abogado Carlos Dickson Urdaneta, en su carácter de defensor ad-litem, “ejerció la representación de los integrantes de la sucesión BRILLEMBOURG ORTEGA durante la sustanciación del proceso en primera instancia, pero hay que destacar que dicha defensa a todas luces fue ineficiente”.

            4.- Que “el defensor ad-litem, se limitó a el  (sic) envío de unos telegramas, pero no trató por ningún otro medio de hacer contacto con los codemandados, tal y como era su obligación de acuerdo al criterio establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente por la Sala Constitucional”.

            5.- Que “el defensor ad-litem, se limitó a efectuar una contestación de demanda en la cual únicamente procede a negar y rechazar tanto en los hechos como en el derecho el libelo de demanda incoado en contra de sus defendidos, sin proceder en ese acto por ser la oportunidad pertinente a atacar los documentos fundamentales de la demanda, es decir, no llevó a cabo ninguna actividad para fulminar el valor probatorio de los documentos fundamentales de la demanda, lo cual evidencia la inacción en el ejercicio del derecho a la defensa que debió haber asistido a nuestros hoy representados”.

            6.- Que el defensor ad-litem no llevó a cabo ninguna actividad probatoria y no procedió a oponerse a las medidas preventivas que se dictaron en el juicio.

            7.- Que dictada la sentencia de fondo por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el defensor ad-litem se abstuvo de ejercer el recurso de apelación, con lo cual quedó definitivamente firme la sentencia de primera instancia, con lo cual se procedió “al indebido remate de los bienes inmuebles de mis representados”.  Señalaron además, que “con uno sólo de los bienes inmuebles rematados se hubiera pagado el monto completo de la acción incoada en contra de los miembros de la Sucesión BRILLEMBOURG ORTEGA en el supuesto negado de que el demandante tuviera razón, resulta curioso que el defensor ad-litem jamás alegó esto”.

            8.- Que a sus representados se les violó el derecho a la defensa previsto en el artículo 49 de la Constitución, “dada la inexistente defensa que tuvieron por parte de dicho defensor ad-litem”.  Solicitaron además, que en virtud de la conducta, que consideraron contraria a la ética profesional por parte del defensor ad-litem, se proceda a oficiar lo correspondiente al Colegio de Abogados a los fines de que se abra un procedimiento disciplinario al ciudadano Carlos Dickson Urdaneta.

            9.- Que “la inobservancia por parte del Juez de primera instancia al momento de la sentencia de fondo y proceder al remate judicial de los bienes de los miembros de la SUCESIÓN BRILLEMBOURG ORTEGA, de la ausencia de defensa de la cual fueron víctimas nuestros representados, gracias a la deficiente actuación del defensor ad-litem Carlos Dickson Urdaneta, lo ha calificado la jurisprudencia patria o ha señalado que cuando se está ante esa situación ocurre una VULNERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL, y que en tal virtud debe declararse nulo todo lo actuado en el expediente y reponer la causa al estado de nueva contestación para que la víctima de este hecho pueda ejercer su derecho constitucional a la defensa a plenitud”.

            10.- Que el Tribunal Supremo de Justicia en varias ocasiones se ha pronunciado sobre la figura del defensor ad-litem y ha decretado la nulidad de todo lo actuado en los juicios cuando se prueba que el defensor no ha cumplido con sus obligaciones.  Seguidamente citaron las sentencias dictada por esta Sala Constitucional el 20 de octubre de 2005 (caso: Marta Patricia Torres Alarcón) y del 28 de octubre de 2005 (caso: C.A. Vencemos).

            11.- Por último, solicitaron que se decrete la nulidad de todo lo actuado en la pieza principal del juicio, y que se reponga la causa al estado de contestación de la demanda, a los fines de que sus representados puedan ejercer en plenitud el derecho a la defensa del cual –consideran- fueron privados en virtud de la inactividad del defensor ad-litem.  Asimismo solicitaron que se decrete la nulidad de todo lo actuado en el cuaderno de medidas de dicho juicio, y se reponga la causa al estado de nuevo decreto y negativa de las mismas, y de ser rechazada tal solicitud, pidieron que se reponga la causa al estado de hacer oposición a las mismas.

III

DE LA DECISIÓN APELADA

            El Tribunal a quo declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por los abogados Gonzalo Salima Hernández y Alberto Palazzi Octavio, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos RENÉ BRILLEMBOURG CAPRILES, ELKE BRILLEMBOURG CAPRILES, TANYA BRILLEMBOURG CAPRILES, ADELAIDA CAPRILES DE BRILLEMBOURG, NATHALIE BRILLEMBOURG CAPRILES y DAVID DANIEL BRILLEMBOURG CAPRILES, por considerar:

“Se denuncia como agraviante de los derechos constitucionales del derecho a la defensa, la conducta asumida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, al no pronunciarse sobre la violación de orden público constitucional en que incurrió al no reponer la causa por la inacción del defensor ad litem nombrado en dicha causa, que no ejerció el derecho a la defensa de los mismos, produciéndose una evidente “VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO” y con ello se le despojó de sus bienes inmuebles ubicados en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en el juicio que por Cobro de Bolívares siguió la extinta institución bancaria CENTENNIAL BANK & TRUST C.O., LTD, en contra de los sucesores del fallecido JORGE DAVID BRILLEMBOURG ORTEGA, ciudadanos ADELAIDA CAPRILES DE BRILLEMBOURG, RENE BRILLEMBOURG CAPRILES, ELKE BRILEMBOURG CAPRILES, TANYA BRILLEMBOURG CAPRILES, DAVID BRILLEMBOURG CAPRILES y NATHALIE BRILLEMBOURG CAPRILES, que lo anterior fue reclamado y solicitado al Tribunal presunto agraviante el 27.06.2006, y en vista de la omisión de pronunciamiento y ante la inminente caducidad del lapso de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional…”.

…Omissis…

“Se evidencia de la lectura de la solicitud de amparo constitucional parcialmente transcrita, que la accionante pretende a través de la presente acción de amparo, que se reponga la causa en un juicio ya sentenciado definitivamente firme y en el cual ya se remataron los bienes de la demandada. Fundamentó su pedimento en las supuestas violaciones al derecho a la defensa”.

…Omissis…

Se observa de lo anterior que al supuesto agraviado le fue dada una respuesta, aunque tardía, a su solicitud repositoria, formulada ahora en Amparo ante esta Alzada, y la misma aunque sobrevenida le fue negada mediante auto de fecha 15.05.2007 (f.76 y 77; 3ª pieza), y es por ello que sí la presente acción la motiva la supuesta inactividad del presunto agraviante al pronunciarse sobre su solicitud repositoria, se entiende que al pronunciarse sobre la solicitud realizada, la misma ya no es admisible por haber cesado la violación del Juzgado presunto agraviante, conforme al numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual claramente señala que el amparo es inadmisible cuando hubiere cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla.

Y además de lo anterior habría que decir que aunque la anterior decisión fue negativa a la parte accionante en amparo, contra la misma tenía también el presunto agraviado el recurso de apelación, lo cual haría a simple vista igualmente inadmisible la pretensión de amparo constitucional contra la misma conforme al numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con la interpretación que del mismo realizó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia N° 2.369 del 23.11.2001, Caso Parabólicas Service´s Maracay, C.A., o sea de que también es inadmisible la acción de amparo cuando habiendo podido recurrir en forma ordinaria contra la decisión que le causa un presunto agravio constitucional y no haberlo ejercido. ASÍ SE ESTABLECE.-

Ahora bien, y aun cuando lo anterior es suficiente para declarar inadmisible la presente acción de amparo constitucional, considera este Juzgador prudente señalar que analizando la presente acción de amparo independientemente de la omisión de pronunciamiento del Tribunal de la Causa (presunto agraviante) y en vista de la sesgada intención del recurrente de querer soportar su primaria actuación procesal en la decisión posterior emitida por el juzgado cuyas actuaciones cuestiona, que igualmente luce inadmisible la presente acción de amparo constitucional por constituir la supuesta violación a su derecho a la defensa una situación evidentemente irreparable (numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales), ya que tal como ella misma lo alega y acredita, el juicio que cuestiona ya fue decidido y rematados los bienes, entonces se produce una situación de imposible restablecimiento de las situaciones jurídicas cumplidas al estado que tenían antes de la violación, o sea de regresar los bienes rematados. Anular los actos de ejecución de una sentencia firme concluidos con el acto de remate y reponer la causa al estado de contestar la demanda y de oponerse a unas medidas cautelares, sería atribuirle al amparo una característica distinta a la de restablecedora de la situación jurídica infringida, otorgándoles unos efectos creadores, modificadores o extintores de una situación jurídica infringida, lo que no es posible conforme con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 27, y 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

…Omissis…

“Por lo tanto, esta Alzada considera que el caso de autos se subsume también dentro de los supuestos determinados en el artículo 6, numeral 3, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. ASÍ ESTABLECE.-

De conformidad con lo establecido anteriormente, queda a este Juzgador actuando en sede constitucional, declarar inadmisible la presente acción de amparo interpuesta, de conformidad con los numerales 1º y 3º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. ASÍ SE DECIDE”.-

IV

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

En escrito presentado el 18 de julio de 2007 y corregido el 23 de julio de 2007 ante esta Sala, el abogado Gonzalo Salima Hernández, en su carácter de apoderado judicial de los accionantes en la presente acción de amparo constitucional, fundamentó su apelación en los siguientes términos:

1.- Que en su decisión del 30 de mayo de 2007, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró inadmisible la acción de amparo en virtud de que cesó la violación del Juzgado presunto agraviante y consideró que la acción fue propuesta en virtud de la omisión pronunciamiento de dicho Juzgado, cuestión que señaló como falsa.

            2.- Que el Juzgado a quo inadmitió la acción de amparo en virtud de que existen recursos ordinarios en contra de la decisión del 15 de mayo de 2007, señaló que en el presente caso “estamos frente a los supuestos excepcionales por los cuales pueden coexistir el presente recurso extraordinario como el ordinario de apelación”, ya que si bien se ejerció apelación contra la decisión del 15 de mayo de 2007, dictada por el Juzgado de Primera Instancia, la apelación fue oída en un solo efecto, “y que en virtud de ello se podrían seguir causando graves daños a nuestros representados, ya que la hoy parte actora VENACA, pretende lograr el embargo ejecutivo de otros bienes propiedad de nuestros representados, en base según alegan ellos a un remanente que queda por cobrar, exactamente tratarán de embargar y rematar los bienes que fueron objeto de la transacción de fecha 9 de agosto de 2004, cuya nulidad demandaron nuestros representados y que fue declarada nula por el propio a- quo en su decisión de fecha 15 de mayo de 2007”.

            3.- Que el Juez Superior señaló que el juicio principal ya fue decidido y fueron rematados los bienes, y que por tanto se hace imposible el restablecimiento de las situaciones al estado que tenían antes de la violación, al respecto señaló que “a nuestros representados si se le puede reestablecer el derecho a la defensa, ya que en efecto la causa puede reponerse al estado de nueva contestación, con ello nuestros representados podrán ejercer el derecho humano a la defensa (…) otro efecto se lograría, es el evitar que la parte actora VENEZOLANA DE ALQUILER C.A. (VENACA), pueda seguir embargando y rematando bienes propiedad de los integrantes de la sucesión Brillembourg Ortega”.

            4.- Que con respecto a la nulidad de los remates, “debemos señalar que los mismos jamás debieron tener lugar, ya que los integrantes de la Sucesión Brillembourg Ortega, en virtud de varios reparos fiscales, no les había sido posible obtener el certificado de solvencia de la declaración sucesoral y el cual no se ha obtenido a la presente fecha, sin el cual ningún juez puede llevar a cabo un acto que implique traspaso de dichos bienes, es decir no podía llevar a cabo los actos de remates como ocurrió en el presente caso, fundamentamos este argumento en la Ley de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”.

            5.- Que “se puede perfectamente declarar nulos los actos de remate en virtud de que los mismos son los que se denominan en la doctrina Ventas forzadas, en caso de que VENACA haya vendido dichos bienes a terceros de buena fe, en caso de evicción por parte de nuestros representados éstos tendrían acción en contra del ejecutante de mala fe como es el caso de la hoy actora, mala fe que se evidencia de la transacción celebrada en fecha 9 de agosto de 2004, en la cual era evidente que el ciudadano Enrique Luis Fuentes no representaba a los miembros de la sucesión Brillembourg Ortega, y a éstos no les importó ese hecho, de allí se evidencia la mala fe”.  

            6.- Finalmente, solicitó la admisión de la presente acción de amparo en virtud de las graves violaciones constitucionales que sufrieron sus representados.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

         Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando ésta corresponda a los Juzgados Superiores, el Tribunal competente para conocer las apelaciones de los fallos, y así se declara.

No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones de los fallos de primera instancia de amparo, conforme la jurisprudencia vinculante emitida en fallo de 1 febrero de 2000 (caso: José A. Mejía).

            En consecuencia, siendo que la sentencia apelada fue dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala es competente para conocer de la apelación ejercida; y así se declara.

            Determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento y, a tal efecto, estima que:

En el presente caso, los apoderados judiciales de los accionantes en amparo atacaron la validez de las actuaciones judiciales realizadas por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al haber designado defensor ad-litem a un abogado que no ejerció la defensa de la parte codemandada  en el juicio que por cobro de bolívares interpuso CENTENNIAL BANK & TRUST C.O, LTD contra sus representados, los ciudadanos Adelaida Capriles de Brillembourg, René Brillembourg Capriles, Elke Brillembourg Capriles, Tanya Brillembourg Capriles, David Brillembourg Capriles y Natalie Brillembourg Capriles.

Alegaron los apoderados judiciales de los accionantes que, el referido Juzgado de Primera Instancia, al dictar la sentencia de fondo no tomó en cuenta la inactividad del defensor al haber contestado en forma pura y simple la demanda y no haber realizado actividad probatoria alguna.  Señalaron que, incluso, dicho defensor judicial no ejerció el recurso de apelación contra la sentencia de fondo dictada por dicho juzgado y que, sin embargo, la sentencia quedó firme y se acordó la ejecución forzosa y, consecuentemente, el remate de bienes de sus representados.

Se alegó la violación del derecho a la defensa, ya que el tribunal de la causa ha debido detectar la irregularidad y acordar la nulidad de todo lo actuado en el juicio, y solicitaron la reposición de la causa al estado de contestación de la demanda.

En tal sentido, observa esta Sala que en el presente caso el 29 de julio de 2002 tuvo lugar, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el acto de remate en el juicio principal, pero, posteriormente se solicitó el embargo ejecutivo de nuevos bienes de los demandados, aún pendientes de ser rematados.

Igualmente, se evidencia de las actas del expediente, que por escrito presentado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 27 de junio de 2006, los apoderados judiciales de la parte demandada en el juicio principal, accionantes del amparo, con fundamento en la presunta violación del derecho a la defensa de sus representados por el incumplimiento de las obligaciones del defensor judicial designado, solicitaron la nulidad de las actuaciones en el juicio incoado en contra de sus representados y la consecuente reposición de la causa al estado de nueva contestación.  Dicha solicitud fue negada por decisión del Juzgado de Primera Instancia.

Observa esta Sala, que en el presente caso, estando pendiente la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre el planteamiento de nulidad y consecuente reposición de la causa, los codemandados en el juicio principal interpusieron acción de amparo constitucional, el 21 de diciembre de 2006, no contra la negativa del Juzgado de emitir pronunciamiento sobre la solicitud, tal como erróneamente señaló el a quo, sino contra las actuaciones realizadas por el Juzgado de Primera Instancia, al nombrar el defensor ad-litem y continuar el curso de la causa, a pesar del incumplimiento de las obligaciones por parte del mismo, que, como se señaló antes en el texto de este fallo, fue el mismo argumento esgrimido en la solicitud de nulidad y reposición planteada.

De manera tal, que se evidencia de los elementos presentes en autos que en el presente caso existía un recurso ordinario que se podía ejercer, tal como se hizo, que fue la solicitud de reposición de la causa, y ante la respuesta negativa, la parte contaba con el recurso de apelación contra la negativa de reposición, ya que las partes, para ese momento, se encontraban a derecho, el cual fue ejercido con posterioridad a la interposición de la presente acción de amparo.

Al respecto, esta Sala ha señalado (sentencia dictada el 28 de julio de 2000, caso: Luis Alberto Baca)  que cuando se está ante  “fallos cuya apelación se oye en un solo efecto, si contienen violaciones constitucionales en perjuicio de una de las partes, la lesionada puede optar entre acudir a la vía de la apelación, caso en que la parte considera que por este camino restablecerá su situación, o acudir a la acción de amparo”. De manera tal, que en el presente caso, se evidencia que la parte presuntamente agraviada optó por la acción de amparo y no por la apelación en un solo efecto del auto interlocutorio en fase de ejecución; por lo que no estuvo ajustada a derecho la decisión del juzgado a quo, en cuanto a la inadmisibilidad de la acción de amparo por la causal contenida en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que como se señaló precedentemente los presuntos agraviados podían elegir entre interponer el recurso de apelación o ejercer la acción de amparo constitucional, tal como lo hicieron, y así se decide. 

Ahora bien, a pesar que en el presente caso corresponde a la Sala remitir el expediente a los fines de que el Juzgado Superior tramite la presente acción de amparo, celebre la audiencia constitucional  y se pronuncie sobre el fondo del asunto, se observa, que en el presente caso, en virtud de la gravedad de las violaciones constitucionales que se han detectado, por orden público constitucional y por el principio de celeridad procesal pasa esta Sala a pronunciarse sobre el fondo de la presente acción de amparo constitucional, y lo hace en los términos que a continuación se expresan.

Observa esta Sala que, en el caso bajo análisis se denunció la violación del derecho a la defensa de los presuntos agraviantes que se configuró ante la inobservancia del Juez de Primera Instancia al momento de dictar sentencia y posteriormente proceder al remate judicial de los bienes de los miembros de la Sucesión Brillembourg Ortega, de la ausencia de defensa de la cual fueron víctimas por la deficiente actuación del defensor ad-litem designado para que los representara en juicio y defendiera sus intereses.

Al respecto, esta Sala se pronunció en sentencia del 26 de enero de 2004 (Caso: Luis Manuel Díaz Fajardo) en la cual se analizaron las obligaciones del defensor ad-litem, a la luz del derecho constitucional a la defensa, y se estableció lo siguiente:

“Ahora bien, la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa.

Pero debe la Sala, en aras a delinear las relaciones del derecho de defensa y la función del defensor ad litem, proceder a analizar, cómo debe encarar tal función el defensor, a fin de cumplir con ella cabalmente.

En este sentido, la Sala considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el demandante.

El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (artículo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc.) a favor del demandado.

Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa.

Para tal logro no basta que el defensor envíe telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo.

A juicio de esta Sala, la lectura del artículo 225 del Código de Procedimiento Civil, apuntala lo que la Sala destaca como forma de ejercicio de la función de defensor ad litem. En efecto, dicha norma dispone que el Tribunal al hacer el nombramiento del defensor dará preferencia en igualdad de circunstancias a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y quisiere hacerla.

Cuando el legislador toma en cuenta que para la designación se prefiere a los apoderados, a los parientes y amigos del demandado, y se oiga a su cónyuge (si se tratare de persona natural, casada) lo que se está significando es que el defensor a nombrarse debe tener interés en la defensa, debido a sus nexos con el defendido, lo que demuestra que es la defensa plena la razón de la institución.

Tal norma (artículo 225 del Código de Procedimiento Civil), colide con la Ley de Abogados (artículo 4), que establece que la representación en juicio sólo corresponde a abogados en ejercicio, y aunque el defensor ad litem no es un mandatario; sin embargo, el espíritu de dicha ley especial -que debe ser respetado- es que la actividad procesal sea efectuada por abogados en ejercicio, por lo que los parientes y amigos mencionados en el artículo 225 citado, deben ser abogados para ser defensores, pero por el hecho de que no lo sean y no se les pueda nombrar, no surge razón para no consultarlos sobre cuál profesional del derecho será nombrado defensor, ya que lo que se busca es que quien asuma la defensa tenga interés en ella.

En el caso de autos, constaba en el expediente laboral la dirección del demandado, antes de la fecha del nombramiento del defensor. Luego, era impretermitible que el defensor acudiera a la dirección del defendido a preparar la defensa, a menos que éste se negare, no bastando a ese fin enviarle un telegrama notificándole el nombramiento. Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara.”.

Ahora bien, de las copias certificadas de las actuaciones procesales que se consignaron para la fundamentación de la presente acción de amparo se evidencia que, en el juicio por cobro de bolívares interpuesto por VENEZOLANA DE ALQUILER C.A. (VENACA) contra los ciudadanos Adelaida Capriles de Brillembourg, René Brillembourg Capriles, Elke Brillembourg Capriles, Tanya Brillembourg Capriles, David Brillembourg Capriles y Nathalie Brillembourg Capriles, el defensor ad-litem tenía conocimiento del domicilio de los demandados, ya que el mismo consta en autos y pudo haber localizado a sus defendidos para la preparación de su defensa, ya que sólo se conformó con el envío de dos telegramas.

Igualmente se evidencia que, en el juicio principal, el defensor ad-litem en la oportunidad de contestar la demanda señaló que no fue posible establecer contacto con sus defendidos y, por lo tanto contestó la demanda en términos genéricos al expresar:  “me veo imposibilitado de efectuar una mejor defensa de los derechos e intereses que pudieran corresponderle, motivo por el cual, en salvaguarda de esos derechos, y siendo la oportunidad correspondiente doy contestación a la demanda intentada en los siguientes términos:  ‘RECHAZO Y CONTRADIGO’ tanto en los hechos como en el derecho, la demanda intentada en contra de los ciudadanos ADELAIDA CAPRILES DE BRILLEMBOURG, RENÉ BRILLEMBOURG CAPRILES, ELKE BRILLEMBOURG CAPRILES, TANYA BRILLEMBOURG CAPRILES, DAVID BRILLEMBOURG CAPRILES Y NATHALIE BRILLEMBOURG CAPRILES, por VENEZOLANA DE ALQUILER VENACA C.A.”.

Por otra parte, observa la Sala que el defensor ad-litem no se opuso a los documentos promovidos por la parte demandante, ni probó nada que favoreciera a sus representados para desvirtuar las afirmaciones de la parte demandante, junto con el hecho de que ejerció extemporáneamente apelación contra la decisión que pronunció, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 5 de noviembre de 1998.

En consecuencia, considera esta Sala que la actuación del defensor no fue diligente pues, como quedó probado con anterioridad, la única actividad que realizó para la localización de sus representados fue el envío de dos telegrama que, además, fue infructuoso, lo que trajo como consecuencia que los demandados quedaran indefensos en el juicio por cobro de bolívares incoado en su contra,  con lo cual se produjo la infracción del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, situación que fue denunciada en sede constitucional.

Debe la Sala precisar, que la causa donde se dictó la decisión impugnada se encuentra en estado de ejecución forzosa, y a la fecha de la interposición de la acción de amparo ya se habían verificado remates de  bienes de los codemanados, en el juicio principal, y aún se encontraban pendientes de rematar bienes propiedad de la Sucesión Brillembourg Ortega, en base a un supuesto remanente. 

Con respecto a los remates realizados se evidencia que los mismos se efectuaron sin que la referida Sucesión hubiese obtenido el certificado de solvencia tal como lo prevé el artículo 51 de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que textualmente señala:

“Artículo 51: Los registradores, jueces y notarios no podrán protocolizar, autenticar o dar fe de reconocimiento de documentos en que a título de heredero o legatario, se transmita la propiedad o se constituyan derechos reales sobre bienes recibidos por herencia o legado, sin previo conocimiento del certificado de solvencia a que se refiere el artículo 45 de la Ley o a la autorización expresa del Ministerio de Finanzas”. 

De manera tal, que a juicio de esta Sala la transferencia de la propiedad de dichos bienes, efectuada en un proceso plagado de vicios constitucionales y legales en donde se burlaron los derechos del Fisco, y donde además se enervó el derecho a la doble instancia, mal puede producir efectos, debido a que la fase ejecutiva donde ocurrió, es el resultado de un proceso irrito. En consecuencia, la Sala a los efectos de este amparo no otorga ningún efecto a los remates realizados ya que los mismos atentan contra el orden público constitucional.

            Por las razones expuestas, la Sala declara con lugar la apelación ejercida y con lugar el amparo propuesto y, en consecuencia, se anula las actuaciones de la primera instancia a partir de citación por carteles, incluida la sentencia del 5 de noviembre de 1998, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y repone el juicio al estado de nueva citación de los demandados en la primera instancia. Así se decide.

Con relación a las adquisiciones efectuadas en los remates de los bienes, dichos actos se anulan y el tribunal de la causa deberá notificar este fallo a los Registros respectivos, lo cual obra sin perjuicio de los derechos que pudieran tener los adquirientes de los inmuebles.

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR la apelación ejercida por el abogado Gonzalo Salima Hernández, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos RENÉ BRILLEMBOURG CAPRILES, ELKE BRILLEMBOURG CAPRILES, TANYA BRILLEMBOURG CAPRILES, ADELAIDA CAPRILES DE BRILLEMBOURG, NATHALIE BRILLEMBOURG CAPRILES y DAVID DANIEL BRILLEMBOURG CAPRILES, identificados en autos, contra el fallo del 30 de mayo de 2007, del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia se revoca la sentencia apelada en los términos expuestos.

SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por los abogados Gonzalo Salima Hernández y Alberto Palazzi Octavio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 55.950 y 22.750, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos RENÉ BRILLEMBOURG CAPRILES, ELKE BRILLEMBOURG CAPRILES, TANYA BRILLEMBOURG CAPRILES, ADELAIDA CAPRILES DE BRILLEMBOURG, NATHALIE BRILLEMBOURG CAPRILES y DAVID DANIEL BRILLEMBOURG CAPRILES contra las actuaciones judiciales realizadas por el Juzgado Cuarto de  Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

TERCERO: Se ANULAN las actuaciones de la primera instancia a partir de la citación por carteles, incluida la sentencia del 5 de noviembre de 1998, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y se REPONE el juicio al estado de nueva citación de los demandados en la primera instancia.

            Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al a quo. 

Remítase copia certificada del presente fallo al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Igualmente, remítase copia de la presente decisión al Colegio de Abogados del Distrito Federal, a los fines de investigar los aspectos disciplinarios correspondientes al abogado CARLOS ANDRÉS DICKSON URDANETA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 29.562. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17 días del mes de diciembre de dos mil siete (2007). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

Los Magistrados,

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

 

                                                        Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

                                                          Carmen Zuleta de Merchán

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. 07-0917

JECR/

 

Quien suscribe, Magistrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López, discrepa de la decisión contenida en el presente fallo, por lo que expresa el presente voto disidente en los términos siguientes:

 

En el presente caso, la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra las actuaciones realizadas por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio referido a la demanda por cobro de bolívares (vía ejecutiva) interpuesta por Centennial Bank & Trust C.O. LTD, la cual vendió sus derechos litigiosos a Venezolana de Alquiler, C.A. (VENAZA), contra Adelaida Carriles de Brillembourg, René Brillembourg Capriles, Elke Brillembourg Capriles, Tanya Brillembourg Capriles, David  Brillembourg Capriles y Natalie Brillembourg Capriles.

 

La aludida pretensión de tutela constitucional fue declarada inadmisible por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia dictada el 30 de mayo de 2007.

 

Ahora bien, el fallo del cual se disiente declara con lugar la apelación ejercida, revoca el fallo apelado, declara con lugar la acción de amparo incoada y, en consecuencia,  anulan las actuaciones de la primera instancia a partir de los carteles, incluida la sentencia del 5 de noviembre de 1998, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y repone el juicio al estado de nueva citación de los demandados.

 

Con respecto a lo decidido por la mayoría sentenciadora, quien suscribe considera lo siguiente:

 

En primer lugar, que el 27 de junio de 2006, los hoy accionantes en amparo solicitaron al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que decretara la nulidad de todo lo actuado en el juicio y la reposición de la causa al estado de contestación de la demanda, y el 21 de diciembre de 2006, sin esperar pronunciamiento sobre lo solicitado, interpusieron la presente acción de amparo constitucional por las mismas razones en las que fundamentaron su solicitud de nulidad y reposición. Ello así, los presuntos agraviados optaron por la vía judicial preexistente para procurar el restablecimiento de la situación jurídica que consideraron infringida, por lo que la acción de amparo incoada resulta inadmisible  a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Por otra parte, con respecto a negarle los efectos a los remates efectuados sin que la Sucesión Brillembourg Ortega hubiese obtenido el certificado de solvencia previsto en el artículo 51 de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quien suscribe considera que tal contravención no implica violación constitucional alguna, sino infracción de rango legal que debe ser resuelta a través de la vía judicial pertinente (impugnar el acto de registro, autenticación o reconocimiento emanado del registrador o notario). De igual forma, en referencia a la burla de los derechos del Fisco, se advierte que la acción de amparo constitucional tiene como propósito el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva del accionante, por lo que una eventual lesión de los derechos patrimoniales de la República, no puede servir de fundamento para otorgar esta particular tutela de derechos constitucionales, ya que, en tal caso, correspondería a la Administración Tributaria formular los reparos fiscales correspondientes y ejercer las acciones judiciales pertinentes.

 

Por las razones expuestas, quien suscribe considera que la Sala debió confirmar la sentencia apelada que declaró la inadmisibilidad del amparo incoado. 

 

Queda en estos términos expresado el presente voto concurrente.

 

Fecha ut retro.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

Disidente

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

FACL/

Exp. N° 07-0917

 

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