Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentenciasSALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta
Mediante oficio No. 162-2003 del 18 de febrero de 2003, el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida remitió, a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el conocimiento de la causa contentiva de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JAVIER ARELLANO MENDEZ, titular de la cédula de identidad No 5.446.221, contra los ciudadanos Isolina García, Eulogio Contreras Contreras y Fermín Antonio Contreras.
Tal remisión obedece al conflicto negativo de competencia planteado por el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y el Juzgado de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida para conocer la presente acción de amparo.
El 28 de febrero de 2003, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
I
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Invocó el accionante, como fundamento de la acción de amparo constitucional, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que, desde hace quince (15) años, compró la finca La Laguna en el Sector El Rincón de La Laguna, Parroquia Río Negro, del Municipio Autónomo Guaraque del Estado Mérida.
Que ha venido defendiendo el medio ambiente en el sector donde tiene su finca, lo cual ha generado problemas con sus vecinos; problemas que han ocasionado que se vea obligado a denunciarlos ante las autoridades competentes.
Que los ciudadanos Isolina García, Eulogio Contreras Contreras y Fermín Antonio Contreras, vecinos de la mencionada finca, alegando que necesitaban el paso, sustrajeron un portón que resguardaba su propiedad.
Que, en varias oportunidades, ha colocado portones; sin embargo los mencionados ciudadanos los han sustraído, por lo cual interpuso una denuncia ante la Fiscalía Octava del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.
Que las agresiones han continuado y se han materializado en daños a los cercados, pastizales y los diferentes cultivos que tiene en su finca. Que, asimismo, los aludidos ciudadanos introducen vehículos por la Finca y sustraen madera del Parque Nacional General Juan Pablo Peñalosa.
Que, asimismo, depositan fertilizantes de gran impacto ambiental, lo que trae como consecuencia la proliferación de insectos. Que, además, movilizan animales con arrieros y le han matado caballos, por lo cual denunció estos hechos ante el Destacamento No. 16 de la Guardia Nacional.
Que los ciudadanos Isolina García, Eulogio Contreras Contreras y Fermín Antonio Contreras siguen celebrando reuniones en perjuicio de sus derechos.
Que, en razón de lo anterior, interpuso acción de amparo constitucional contra los aludidos ciudadanos, por considerar que los mismos han vulnerado su derecho a la propiedad, por lo cual solicitó se ordene ... la reposición del portón de entrada a mi finca y cualquier otra medida a los citados fines.
El 7 de febrero de 2003, el Juzgado de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida se declaró incompetente para conocer la presente acción de amparo y declinó la competencia en un Juzgado de Primera Instancia en materia Agraria.
El 18 de febrero de 2003, el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida se declaró incompetente para conocer la presente acción, por lo cual planteó un conflicto negativo de competencia y, en consecuencia remitió el expediente a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a fin de que resolviera el conflicto planteado.
II
DE LA COMPETENCIA
En el presente caso se observa que la remisión de los presentes autos a esta Sala Constitucional tiene como finalidad dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida y el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.
Al respecto, observa esta Sala que el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil establece que, en caso de no haber un Tribunal Superior común en la Circunscripción o si la incompetencia es declarada por un Tribunal Superior, la solicitud de regulación de competencia debe ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia).
En el caso de autos, visto que no existe un Tribunal Superior común al Tribunal de Juicio y al Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario, ambos de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que resuelva el conflicto negativo suscitado entre dichos tribunales, a propósito de la acción de amparo constitucional instaurada por el ciudadano Javier Arellano Méndez, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, la competencia para decidir el citado conflicto y así se declara.
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Establecido lo anterior, toca a esta Sala pronunciarse acerca del conflicto de competencia planteado en el presente caso, al respecto, se observa lo siguiente:
El 7 de febrero de 2003, el Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida se declaró incompetente para conocer de la presente acción de amparo por considerar que las violaciones denunciadas por el accionante se referían al derecho a la propiedad sobre un inmueble destinado a la producción agrícola, por lo cual -a su criterio- no se trataba de una violación de carácter penal. En razón de ello consideró que las violaciones alegadas se vinculaban con materia agraria, y declinó la competencia para conocer de la causa en un Juzgado de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.
Ahora bien, el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida estimó que en la acción de amparo ejercida por el ciudadano Javier Arellano Méndez, se denunció la violación de derechos a la propiedad por el hurto de un portón ubicado en su finca, daños que, a su criterio, están tipificados en los artículos 475, 476 y 478 del Código Penal, razón por la cual consideró que resultaba incompetente para conocer la presente acción.
Ahora bien, observa esta Sala que, en el presente caso, la supuesta lesión del derecho a la propiedad del accionante se originó por el supuesto hurto de un portón ubicado en la Finca La Laguna por parte de los ciudadanos Isolina García, Eulogio Contreras Contreras y Fermín Antonio Contreras, lo cual -a decir del accionante- tuvo como consecuencia la destrucción de los cultivos que allí se producen.
Al respecto esta Sala evidencia que el artículo 453 del Código Penal establece:
Todo el que se apodere de algún objeto mueble, perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo, sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de seis meses a tres años.
Asimismo, el artículo 475 eiusdem señala:
El que de cualquier manera haya destruido, aniquilado, dañado o deteriorado las cosas, muebles o inmuebles, que pertenezcan a otro, será castigado, a instancia de parte agraviada, con prisión de uno a tres meses.
Por último, el artículo 480 del Código en referencia establece:
El que sin necesidad haya matado un animal ajeno o le haya causado algún mal que lo inutilice, será penado, por acusación de la parte agraviada, con arresto de ocho a cuarenta y cinco días.
De lo anterior, evidencia la Sala que los hechos generadores de la supuesta violación al derecho a la propiedad denunciada por el accionante, son afines con la materia penal, por lo cual esta Sala, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que establece que son competentes, para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, estima que, en el presente caso, el Tribunal competente para el conocimiento de la acción propuesta es un Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.
Establecido lo anterior, resulta preciso determinar cuál Tribunal de Primera Instancia en la jurisdicción penal es el competente para conocer la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Javier Arellano Méndez. Al respecto se observa que el numeral 4 del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal establece:
En razón de lo anterior, esta Sala considera que el tribunal competente para conocer de la presente acción de amparo es un Juzgado de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, y así se declara.
Decisión
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara que el tribunal competente para conocer de la acción de amparo interpuesta por el ciudadano JAVIER ARELLANO MENDEZ, titular de la cédula de identidad No 5.446.221, contra los ciudadanos Isolina García, Eulogio Contreras Contreras y Fermín Antonio Contreras, es un Juzgado de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 18 días del mes de agosto de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.
El Presidente Ponente
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Antonio José García García
Magistrado
José Manuel Delgado Ocando
Magistrado
Pedro Rafael Rondón Haaz
Magistrado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 03-0621
IRU