Venley

Sentencia N.º 2260

Sentencia
N.º 2260
Fecha
01/08/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-1044
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Luis Velázquez Alvaray

    Expediente 2005-1044

 

 

El 16 de mayo de 2005, la ciudadana Liliana Cabral Brito, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 70.565,   actuando con el carácter de apoderada judicial de la asociación civil UNIÓN CONDUCTORES SAN ANTONIO, inscrita ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, el 28 de noviembre de 1985, bajo el N° 43, Protocolo Primero, cuarto trimestre de 1985, interpuso por ante la Sala Constitucional, acción de amparo constitucional, contra la sentencia dictada el 7 de julio de 2004, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró con lugar la apelación interpuesta, revocó la sentencia dictada el 13 de abril de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial y declaró con lugar la demanda por calificación de despido interpuesta por los ciudadanos Luis David Mirabal Meza, Wilfredo Reques Rivero y otros.

 

El 18 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

El 16 de mayo de 2005, la apoderada judicial de Unión Conductores San Antonio, interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 7 de julio de 2004, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró con lugar la apelación interpuesta, revocó la sentencia dictada el 13 de abril de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial y declaró con lugar la demanda por calificación de despido interpuesta por los ciudadanos Luis David Mirabal Meza, Wilfredo Reques Rivero y otros.

 

Alegó la accionante en su escrito, que el fallo dictado por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, vulneró normas de orden público y lesionó los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así mismo, señaló que el fallo impugnado incurrió en violación de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, toda vez, que la decisión del juzgado superior no analizó las pruebas que cursaban en autos, sino que simplemente se limitó a valorar los estatutos de la asociación civil.

 

Señaló que contra la decisión impugnada, había ejercido el recurso de control de legalidad por ante la Sala de Casación Social, el cual fue declarado inadmisible mediante sentencia del 2 de diciembre de 2004. Igualmente, señaló la accionante, que desde que se dictó la sentencia impugnada hasta la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional ha transcurrido más de seis (6) meses, por lo que la presente acción sería inadmisible, sino estuviere involucrado el orden público, por el servicio público que presta la asociación civil Unión Conductores San Antonio.

 

II

DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

 

El fallo impugnado por vía del amparo constitucional, dictado el 7 de julio de 2005 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con ocasión del recurso de apelación ejercido el 13 de abril de 2004, por el apoderado judicial de los ciudadanos Luis David Mirabal Meza, Wilfredo Reques Rivero y otros, declaró con lugar la apelación interpuesta, revocó la sentencia dictada el 13 de abril de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial y declaró con lugar la demanda por calificación de despido interpuesta por los mencionados ciudadanos.

 

Al respecto la sentencia estableció lo siguiente:

 

“La prestación del servicio personal queda demostrada a los autos, en donde los accionantes trabajan como chofer, conduciendo unidades con el logo de UNION (sic) CONDUCTORES DE SAN ANTONIO, portando un uniforme el cual es de obligatorio uso al momento de conducir las unidades colectivas públicas de pasajeros, siguiendo ordenes (sic) bajo la supervisión y el control de la asociación civil y de los socios a los cuales se le debía y se les rendía cuentas. ASI SE ESTABLECE.- (...); en consecuencia, observa este Juzgador, que la parte accionada, solo se concreta a indicar que el demandante no tiene la cualidad necesaria para interponer la demanda, ya que carece del carácter de trabajador, no existiendo según esta la relación de trabajo alegada por el actor, en virtud de que no se encuentran presentes los elementos que regulan tal relación; en tal sentido se evidencia que en el presente caso se niega la prestación del servicio de carácter personal, prestación de servicio esta que ha quedado demostrada a los autos y del cual se ha motivado a lo largo de esta sentencia; y efectivamente no ha quedado demostrado a los autos con las pruebas traídas al proceso por parte de la accionada que la misma hubiere desvirtuado dicha prestación del servicio; por el contrario los recibos de pago que hacen los Avances a las finanzas de la Asociación demuestran que existe una ajeneidad (sic), la prestación del servicio como chofer de unidades que se identifican con la señas y características (sic) de la Asociación y el portar el uniforme que ésta le impone, a efectos de prestar de manera personal el servicio de transporte de personas en una determinada ruta para cuyo fin existe la Asociación y es un servicio encomendado en exclusividad a la Asociación por el Estado Venezolano, lo cual es un hecho admitido por ambas partes y se demuestra con los Estatutos, y el que la Asociación establece directrices en la forma y condiciones y modo de prestación de ese servicio al Avance, son hechos que quedaron demostrados a los autos del presente expediente y evidencian los elementos de una relación jurídica de carácter laboral.- ASI SE ESTABLECE”.  

 

 

 

 

 

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Esta Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través de su sentencia del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán), se declaró competente para conocer de las solicitudes de amparo constitucional interpuestas “contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan, directa e inmediatamente, normas constitucionales”, así como de los Juzgados Superiores en lo Contencioso-Administrativo en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal, de acuerdo con lo establecido en el citado fallo, y en el artículo 5 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Ahora bien, por cuanto la presente acción de amparo fue interpuesta contra la decisión dictada el 7 de julio de 2005, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró con lugar la apelación interpuesta, revocó la sentencia dictada el 13 de abril de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial y declaró con lugar la demanda por calificación de despido interpuesta por los mencionados ciudadanos, corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento de la acción de amparo ejercida de conformidad con la doctrina contenida en el fallo citado.

 

 

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Realizada la lectura del libelo, esta Sala advierte, que la acción de amparo cumple los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías, sin embargo observa la Sala que la acción se encuentra incursa en una de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 eiusdem.

 

Efectivamente, como lo reconoce la accionante en su escrito, la acción de amparo se encuentra incursa en la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al haberse configurado el consentimiento expreso de la violación o amenaza de los derechos presuntamente conculcados, ya que como acertadamente lo señaló la misma, desde el 7 de julio de 2004 -fecha en que se dictó el fallo impugnado con ocasión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 13 de abril de 2004- hasta la fecha en que interpuso la presente acción de amparo constitucional -16 de mayo de 2005-, ha transcurrido con creces el lapso de caducidad previsto en el artículo 6 numeral 4 eiusdem.

 

            Así lo establece el artículo 6 numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales:

 

“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

 

(...Omissis)

4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbre.

Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.

El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación”.

 

La Sala observa, que en el caso de autos la sentencia impugnada, y que ha sido señalada como violatoria de los derechos constitucionales, fue dictada el 7 de julio de 2004, siendo impugnada once (11) meses después, por lo que esta Sala observa que no se configura la urgencia que entraña la violación de un derecho constitucional que debe ser restituido mediante el ejercicio de la acción de amparo.

 

Por otra parte, la Sala advierte, que la accionante incurre en un error de interpretación, cuando señala que en el ejercicio de su acción está involucrado el orden público y que, por ello, no cabe la inadmisibilidad de la misma. Al respecto, es oportuno señalar que la interpretación que la Sala Constitucional le ha dado a la noción de orden público debe atender a la necesidad de proteger el interés general o de un colectivo determinado, a quien se le infringieron sus derechos a la defensa y al debido proceso al negársele el ejercicio de acciones previstas en procedimientos ordinarios.

 

 

La Sala observa que en el presente caso no está involucrado el orden público sino los intereses particulares de la accionante pues el acto supuestamente lesivo no afecta el servicio público que aquélla presta.

 

Aunado a lo anterior, de las afirmaciones que contiene el escrito de amparo se evidencia que la accionante agotó las vías procedimentales con las que contaba para el restablecimiento de sus derechos, acudiendo a la vía del amparo con la justificación de la violación del orden público, para obtener una nueva revisión del fallo impugnado.

 

Indudablemente, al constatarse en autos el consentimiento expreso de la accionante de la sentencia impugnada -del 7 de julio de 2004-, resulta claro, para esta Sala, que se configuró la causal de inadmisibilidad del artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE de conformidad con el artículo 6 numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo constitucional interpuesta por la apoderada judicial de la asociación civil UNIÓN CONDUCTORES SAN ANTONIO, contra la sentencia dictada el 7 de julio de 2004, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró con lugar la apelación interpuesta, revocó la sentencia dictada el 13 de abril de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial y declaró con lugar la demanda por calificación de despido interpuesta por los ciudadanos Luis David Mirabal Meza, Wilfredo Reques Rivero y otros.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de  Justicia,  en Sala Constitucional,  en Caracas,  a los  01 días del mes agosto  de dos mil cinco. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

 

 

 

                                                       El Vicepresidente,

 

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

    Magistrado                         

 

 

                                                              
                                                                        Luis Velázquez Alvaray                                             

                                                                             Magistrado-Ponente

 
 
 
 
Francisco Carrasquero López

                      Magistrado                              

 

 

 

                

                                                 

 

                                                                     Marcos Tulio Dugarte Padrón

                                                              Magistrado

 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

          Magistrado

                                                          

 

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena

Exp. N°: 05-1044

LVA/

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