SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Luis Velázquez Alvaray
El 23 de mayo de 2005 se recibió en Sala el Oficio N° 130 del 10 de mayo de 2005, remitido por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Niños y Adolescentes y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, anexo al expediente N° 8030 contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados María Alejandra Bertucci Kuffaty y José Gregorio Márquez Martínez, inscritos en el Instituto de Previsión del Abogado bajo los números 46.074 y 62.280, respectivamente, actuando con el carácter de representantes judiciales del ciudadano NICOLÁS ÁNGEL CIRIGLIANO VECCHIO, titular de la cédula de identidad número 1.886.218, contra la decisión dictada el 6 de septiembre de 2004 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, mediante la cual declaró con lugar la demanda de intimación incoada en su contra por la representación de la Sucesión Simonpietri Luongo, por la presunta violación de los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa, previstos en los artículos 26 y 49 constitucionales.
Dicha remisión obedece a la consulta obligatoria a la cual está sujeta la sentencia dictada el 3 de mayo de 2005 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Niños y Adolescentes y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 23 de mayo de 2005 se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO
El 11 de octubre de 2004, el accionante interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 6 de septiembre de 2004 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, mediante la cual declaró con lugar la demanda de intimación incoada en su contra por la representación de la Sucesión Simonpietri Luongo.
Del escrito de interposición de la presente acción de amparo, se desprenden los siguientes alegatos y argumentos de la parte accionante:
Denunció la violación de los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa, previstos en los artículos 26 y 49 constitucionales, por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con motivo de la decisión dictada el 6 de septiembre de 2004, mediante la cual declaró con lugar la demanda de intimación incoada en su contra por la representación de la Sucesión Simonpietri Luongo, la cual es, a juicio de la parte accionante, totalmente incongruente y no refleja la situación de hecho y derecho según las cuales se trabó la litis.
Agregó que la sentencia accionada excluye los argumentos y defensas que esgrimió en el juicio principal, lo que lesiona su derecho a la defensa y al debido proceso.
Adujo que hubo un fraude procesal que se manifestó con el cúmulo de irregularidades que deben tramitarse por el procedimiento de amparo conforme a la doctrina de la Sala Constitucional.
Finalmente, solicitó que para la restitución de la situación jurídica infringida, se ordene dictar nueva sentencia sobre la totalidad del thema decidendum y se decrete medida cautelar innominada de suspensión de los efectos de la sentencia accionada.
El 21 de octubre de 2004, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Niños y Adolescentes y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, decretó la medida cautelar solicitada y ordenó al tribunal señalado como presunto agraviante, suspender la ejecución forzosa de la sentencia accionada.
II
DE LA SENTENCIA CONSULTADA
El 3 de mayo de 2005 el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Niños y Adolescentes y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas dictó sentencia mediante la cual declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional, por estimar entre otras consideraciones, que al haber llegado ambas partes en el juicio principal a un acuerdo favorable, sobrevenidamente cesó la presunta violación denunciada por la parte accionante, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
III
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia N° 01 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las consultas sobre las sentencias de los Tribunales Superiores, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.
En el caso sub iudice, la sentencia consultada fue dictada el 3 de mayo de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Niños y Adolescentes y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que conociendo en primera instancia, en sede constitucional, declaró de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales inadmisible la presente acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados María Alejandra Bertucci Kuffaty y José Gregorio Márquez Martínez, en representación del ciudadano Nicolás Ángel Cirigliano Vecchio, contra la decisión dictada el 6 de septiembre de 2004 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, mediante la cual declaró con lugar la demanda de intimación incoada en su contra por la representación de la Sucesión Simonpietri Luongo.
Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre este aspecto, la misma resulta competente para conocer de la presente consulta, y así declara.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
La sentencia sometida a consulta fue dictada el 3 de mayo de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Niños y Adolescentes y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto sobrevenidamente cesó la presunta violación denunciada por la parte accionante.
La Sala observa, que de las actas que cursan en el expediente se constata que el 29 de abril de 2005, el ciudadano Nicolás Ángel Cirigliano Vecchio, asistido por la abogada María Alejandra Bertucci Kuffaty, antes identificada, hoy parte accionante, manifestó que por cuanto de mutuo y común acuerdo, hemos llegado a un acuerdo favorable para ambas partes, sobre la causa que da origen a la presente acción de amparo constitucional, en este acto desisto de la acción de amparo constitucional.
En tal sentido, el artículo 25 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que:
quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.
En virtud de lo anterior, la Sala observa que el accionante desistió personalmente de la acción de amparo interpuesta, por lo cual procede a declarar desistida la presente acción de amparo, luego de verificar los extremos requeridos para su validez, en cuyo caso ha constatado que las denunciadas no son violaciones de orden público y no atentan contra las buenas costumbres, pues sólo afectan la esfera de derechos e intereses subjetivos de la parte accionante, y así se declara.
En este sentido, advierte la Sala que el a quo ha debido pronunciarse previa la consideración de cualquier otro aspecto, sobre el desistimiento que expresamente hizo la parte agraviada, pues es su obligación conocer y decidir sobre cada uno de los elementos que comprende el thema decidendum, incluso los puntos previos. Así se decide.
En consecuencia, se revoca la sentencia consultada.
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
1. REVOCA la sentencia dictada el 3 de mayo de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Niños y Adolescentes y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
2. HOMOLOGADO el desistimiento de la acción de amparo interpuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 01 días del mes de agosto de dos mil cinco. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Presidenta,
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Pedro Rafael Rondón Haaz
Magistrado
Luis Velázquez Alvaray
Magistrado-Ponente
Francisco Carrasquero López
Magistrado
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Magistrado
Arcadio Delgado Rosales
Magistrado
El Secretario,
José Leonardo Requena
Exp. N°: 05-1114
LVA/