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Sentencia N.º 2266

Sentencia
N.º 2266
Fecha
01/08/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-1144
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Luis Velázquez Alvaray

Expediente 2005-1144

 

Mediante Oficio N° 0540-288 del 17 de mayo de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, remitió el expediente a esta Sala Constitucional, contentivo de la acción de amparo constitucional, interpuesta por el ciudadano JOSE RAMÓN ARANGUREN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 18.019, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil  Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil de la Primera Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 27 de octubre de 1958, bajo el número 20 , Tomo 33-A, contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2000, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Estabilidad Laboral y Agrario   de la referida Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la medida cautelar de suspensión de los efectos de la Providencia Administrativa N° 28 del 30 de julio de 2000, dictada por el Inspector del Trabajo del Estado Trujillo, en el recurso de nulidad ejercido conjuntamente con acción de   amparo constitucional por el ciudadano Orlando Rafael Guevara Reyes.

 

Dicha remisión obedece a la consulta obligatoria a la cual esta sujeta la sentencia dictada el 12 de mayo de 2005, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 31 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

           

El 18 de diciembre de 2000, el ciudadano Jose Ramón Aranguren,  actuando en su carácter de apoderado judicial de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), interpuso acción de amparo constitucional, contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2000, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Estabilidad Laboral y Agrario   de la referida Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la medida cautelar de suspensión de los efectos de la Providencia Administrativa N° 28 del 30 de julio de 2000, dictada por el Inspector del Trabajo del Estado Trujillo, en el recurso de nulidad ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional por el ciudadano Orlando Rafael Guevara Reyes.

 

Alegó el accionante que, el Tribunal que dictó la sentencia violó la doctrina vinculante de la Sala Constitucional, la cual señala que “es improcedente ejercer el Recurso de Nulidad Contencioso-Administrativo conjuntamente con los Amparos previstos en el artículo 5° de la  Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando el Recurso de Nulidad se funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución...”

 

            Adujo que, el decreto de amparo cautelar vulnera los derechos y garantías constitucionales de CADAFE, al violarle el derecho al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

II

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

El fallo dictado el 12 de mayo de 2005, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, dictaminó:

 

“(...Omissis) Mediante diligencia de fecha 6 de junio de 2001, al folio 67, el apoderado de la recurrente solicitó el avocamiento de la ciudadana Juez que fuera designada para presidir el Tribunal en esa oportunidad, la cual se avocó (sic) del (sic) conocimiento de la causa y ordenó la notificación del demandado de autos (sic).

Por auto de fecha 20 de julio de 2001, al folio 75, se ordenó librar nuevamente boleta de notificación al ciudadano Orlando Guevara, informándole de la oportunidad cuando se llevaría a efecto la audiencia oral y pública.

Ahora bien, este sentenciador procedió a efectuar un análisis minucioso de las actas del presente expediente y encuentra que la última actuación de impulso procesal efectuada por la recurrente, lo constituye su solicitud de avocamiento de la juez arriba indicada, que fue cumplida el 6 de junio de 2001; y la última actuación cumplida por el Tribunal lo es el auto de fecha 20 de julio de 2001; siendo que a partir de esta última fecha citada no se llevó a cabo gestión alguna en este proceso para la notificación a los sujetos pasivos.

Con esta inactividad procesal por parte de la recurrente, durante más de seis (6) meses, desde el 6 de junio de 2001, se evidencia el abandono del trámite del presente recurso, previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.   

(Omissis...)En consecuencia y por cuanto de las actas del presente expediente se observa que la accionante no le ha dado el correspondiente impulso a este proceso, durante un período superior a los seis (6) meses, con lo cual se pone de manifiesto el decaimiento (sic) de su interés, el presente caso se subsume dentro de las previsiones del preindicado (sic) artículo 25 ejusdem, por lo cual debe declararse terminado este procedimiento y extinguida la instancia. Así se decide”. 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia N° 01 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán)  y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las consultas sobre las sentencias de los Tribunales Superiores (exceptuando los tribunales superiores contenciosos administrativos), Cortes de Apelaciones en lo Penal y las Cortes de la Contencioso Administrativo,  cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

 

En el caso sub iudice, la sentencia consultada fue dictada el 12 de mayo de 2005, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, que declaró terminado el procedimiento por abandono de trámite, de la acción de amparo constitucional.

 

Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre este aspecto, la misma resulta competente para conocer de la presente consulta, y así declara.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

La sentencia, sometida a consulta fue dictada el 12 de mayo de 2005, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, la cual declaró terminado el procedimiento por abandono de trámite de la acción de amparo constitucional.

 

La Sala Constitucional observa, que de las actas que cursan en el expediente se constata que efectivamente desde el 6 de junio de 2001 hasta el auto de fecha 20 de julio de 2001, que ordenó la notificación del ciudadano Orlando Rafael Guevara Reyes, dictado por el tribunal, no se realizó ninguna actuación dirigida a darle impulso procesal a la acción incoada, por lo que se produjo la inactividad procesal destacada en la sentencia, por un lapso superior a los seis meses, por lo que resultaba obligatoria la declaratoria de terminado el procedimiento, tal y como lo expresó el a quo.

 

Ahora bien, observa la Sala, que en el caso de autos se observa que la acción de amparo fue interpuesta en el año 2000 y decidida en el año 2005, y en razón de ello declaró el abandonó de tramite, pese a su incompetencia sobrevenida, en razón de la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el año 2003, lo cual modificó la competencia en materia laboral, quienes no son competentes para conocer en materia de amparos y sobre nulidades de actos administrativos -providencias administrativas-, por lo que la remisión a un tribunal competente, constituiría una reposición inútil de acuerdo a lo previsto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y bajo la égida de los principios constitucionales de la tutela judicial efectiva y de celeridad y economía procesal.

 

 En consecuencia, bajo este razonamiento, esta Sala comparte y reitera el criterio sostenido por el a quo, en virtud de que es congruente con la jurisprudencia vinculante de esta Sala Constitucional, en cuanto a la procedencia de la declaratoria de terminado el procedimiento de amparo constitucional, por lo que se confirma la sentencia sometida a consulta y, así se declara.

 

Ahora bien, por cuanto en el caso de autos se evidenció el abandono del trámite, corresponde a ésta Sala imponer a los accionantes la multa prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia, dando cumplimiento a lo ordenado en la norma citada, le impone como multa el pago de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00) a la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), a favor del Fisco Nacional, por lo que deberán consignar en el expediente el respectivo recibo de pago.

 

 

DECISIÓN

 

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada el 12 de mayo de 200, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, que declaró terminado el procedimiento en la acción de amparo constitucional interpuesta contra la sentencia dictada el contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2000, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Estabilidad Laboral y Agrario   de la referida Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la medida cautelar de suspensión de los efectos de la Providencia Administrativa N° 28 del 30 de julio de 2000. De conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se IMPONE multa, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00), a la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE).

 

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Devuélvase el expediente Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

 

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los  01 días del mes de agosto de dos mil cinco. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 
Luisa Estella Morales Lamuño

                                                                           

                                                                         El Vicepresidente

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

  Magistrado                           

 

 

Luis Velázquez Alvaray

               Magistrado-Ponente

 

 

 

Francisco Carrasquero López

                Magistrado                         

 

 

    Marcos Tulio Dugarte Padrón

                                                                       Magistrado

 

 

Arcadio Delgado Rosales

           Magistrado

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena

 

Exp. N°: 05-1144

LVA/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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