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Sentencia N.º 2267

Sentencia
N.º 2267
Fecha
25/09/2002
Sala
Constitucional
Expediente
02-0990
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 30 de abril de 2002, el ciudadano ALBERTO HERNÁNDEZ BETANCOURT, titular de la cédula de identidad nº 3.253.388, mediante la representación de los abogados María Teresa Carvallo y José Manuel Rodríguez R., inscritos en el Inpreabogado bajo los nos 19.918 y 41.099, intentó, ante esta Sala, amparo constitucional contra las sentencias que dictaron, el 13 de agosto de 1999 y el 9 de octubre de 2001, el Tribunal de Carrera Administrativa y la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, respectivamente, para cuya fundamentación denunció la violación de sus derechos a la tutela judicial eficaz, debido proceso y defensa que acogieron los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Después de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 30 de abril de 2002 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

El 9 de julio de 2002 la parte actora solicitó a la Sala se pronunciara sobre la admisión de la demanda.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.        Alegó:

1.1     Que, el 21 de abril de 1997, interpuso ante el Tribunal de Carrera Administrativa recurso de nulidad, conjuntamente con pretensión cautelar de amparo, contra “...la seudo e ilegal aceptación de renuncia de fecha 07 de Noviembre de 1996, que adolece de serios vicios que acarrea su nulidad absoluta, emanada por el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (...) mediante el cual se pretende la terminación de la relación de empleo público de (su) mandante iniciada en fecha 04 de marzo de 1974,...”.

1.2     Que la pretensión de la demanda era la declaratoria de nulidad de los actos impugnados, la reincorporación al cargo que ocupaba y el consecuente pago de “los salarios dejados de percibir, prestaciones, bonificaciones, primas y demás beneficios laborales, por efecto de las ilegales actuaciones del ente”.

1.3     Que, el 13 de agosto de 1999, el Tribunal de Carrera Administrativa declaró inadmisible la demanda, con fundamento en el artículo 84, cardinal 4, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, relativa a la inepta acumulación de acciones y en razón de que el petitorio era genérico.

1.4     Que, recurrida en apelación la sentencia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró sin lugar el recurso y confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia, “incurriendo en los mismos e idénticos errores de juzgamiento que el Tribunal A-quo.”

1.5     Que “...se desprende de los textos transcritos que el Tribunal A-quo y el Tribunal A-quem, incurriendo en el vicio de falso supuesto de hecho, atribuyéndole a la querella menciones que no contiene, establecen que la parte actora en su libelo de demanda por vía principal ha solicitado ‘...la reincorporación al cargo que desempeñaba y conjuntamente el pago de las prestaciones sociales...’, lo cual no es cierto, es falso de toda falsedad, como bien lo podrá precisar esta respetable Sala...”.

1.6     Que solicitó el pago de “los salarios dejados de percibir, prestaciones, bonificaciones, primas y demás beneficios laborales” y no el pago de las “prestaciones sociales” como falsamente lo establecen los fallos que se impugnan. Que la expresión prestaciones no puede entenderse como reclamo de pago de prestaciones sociales y en todo caso el artículo 42 de la Ley de Carrera Administrativa establece que el sistema de remuneraciones comprende los sueldos, compensaciones, viáticos, asignaciones y cualesquiera otras prestaciones pecuniarias o de otra índole que reciban los funcionarios públicos por sus servicios.

2.        Denunció:

2.1     La violación de los derechos a la tutela judicial eficaz, debido proceso y defensa que establecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la inadmisibilidad que declararon ambos órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 84, cardinal 4, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, porque estimaron que se habrían acumulado acciones que se excluían entre sí, “...se le ha colocado en absoluto y perfecto estado de indefensión, imposibilitándole dilucidar el fondo de la controversia que sometió al conocimiento del Tribunal de Carrera Administrativa como al de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo,...”.

3.       Pidió:

“...declare CON LUGAR la presente acción de amparo constitucional por la violación directa, flagrante y grosera de los derechos constitucionales de los cuales es titular (...) y en consecuencia decrete: 1) La nulidad de la sentencia de fecha 13 de agosto de 1999 dictada por el Tribunal de Carrera Administrativa, (...) y 2) La nulidad de la sentencia de fecha 09 de octubre de 2001 dictada por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo (...) ordenándose a su vez, se procesada (sic) a dictar nuevo fallo al fondo de la controversia planteada en el libelo de demanda...”

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

En cuanto a la competencia para el conocimiento del caso de autos, la Sala observa que, en sentencia del 14 de marzo de 2000 (Expediente nº 00-0581, Caso: Elecentro y Cadela), se estableció lo siguiente:

“Es competencia de la Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de amparo que se ejerzan, por vía principal, contra las decisiones de última instancia que dicte la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Asimismo, es competencia de la Sala Constitucional el conocimiento de las consultas y apelaciones que se ejerzan contra las sentencias de la citada Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, cuando ésta conozca, por vía principal, de acciones de amparo en primera instancia”.

 

Por tanto, como en el presente caso se trata de una demanda de amparo contra una sentencia que dictó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en segunda instancia, esta Sala Constitucional declara su competencia para el conocimiento del amparo que se incoó. Así se decide.

La Sala precisa que limitará su examen del presente caso a la sentencia de segunda instancia antes mencionada puesto que la de primera instancia, que precede a aquélla y que también se señaló como hecho lesivo, fue sustituida por la de alzada, cuyo conocimiento compete a este Tribunal Supremo de Justicia a través del amparo constitucional.

 

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal de la sentencia de segunda instancia que se impugnó decidió en los términos siguientes:

“Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 14 de febrero de 2000, por la abogada María Teresa Carvallo, (...), actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano ALBERTO HERNÁNDEZ BETANCOURT (...) contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa en fecha 13 de agosto de 1999, en la cual se declaró inadmisible la querella interpuesta por el prenombrado ciudadano, contra el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado.”

 

 

A juicio del tribunal de la sentencia que se impugnó, “...se evidencia como lo sostuvo el a quo, el carácter genérico, impreciso e indeterminado del petitum de la querella, respecto a los conceptos solicitados y los actos impugnados”. De igual modo, consideró que se evidenciaba una inepta acumulación, “...ya que el querellante solicitó como pretensión conjunta su reincorporación al cargo que desempeñaba, así como el pago de sus prestaciones sociales por vía principal, lo cual de conformidad con lo expuesto en el presente fallo, resulta a todas luces improcedente, toda vez, que las mismas se excluyen mutuamente, en virtud que el pago de las prestaciones sociales es efectivo en la oportunidad en que el funcionario es separado definitivamente del cargo, por lo que no se puede esperar su pago si igualmente se pretende ser reincorporado al servicio activo.”

 

IV

ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN

Con base en los términos de la pretensión de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y encuentra que dicha pretensión cumple con los mismos. Así se declara.

En lo concerniente a la admisibilidad de la pretensión de amparo sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad que preestableció el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala encuentra que, por cuanto no se halla incursa prima facie en tales causales, la pretensión es admisible. Así se declara.

 

V

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

ADMITE la demanda de amparo que incoó el ciudadano ALBERTO HERNÁNDEZ BETANCOURT contra la sentencia que dictó, el 9 de octubre de 2001, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

ORDENA:

1.        Notificar de esta decisión a los Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, notificación que deberá acompañarse con copia de esta decisión y del escrito continente de la demanda de amparo, con la información de que podrán hacerse presentes en la audiencia constitucional, cuyo día y hora serán fijados por la Secretaría de la Sala, para que expongan lo que estimen pertinente acerca de la demanda de amparo constitucional a que se contraen las presentes actuaciones. Se les advertirá a los notificados que la ausencia de ellos no será entendida como aceptación de los hechos que se le imputaron.

2.        Notificar al Ministerio Público de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

3.       Que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo notifique de esta decisión a quien obró como parte demandada, en el proceso que se tramitó, en segunda instancia, por ante dicho Tribunal. y cuya dirección procesal es la siguiente: Banco Central de Venezuela, Consultoría Jurídica, esquina de Santa Capilla, Avenida Urdaneta, Caracas. Luego del cumplimiento de esta actuación, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo informará inmediatamente de sus resultas a esta Sala Constitucional.

4.       Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la práctica de la última de las notificaciones que se están ordenando.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 25 días del mes de septiembre de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

JOSE MANUEL DELGADO OCANDO

Magistrado        

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

Magistrado          

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente    

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 02-0990

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