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Sentencia N.º 2282

Sentencia N.º 2282

Sentencia
N.º 2282
Fecha
12/12/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-0055
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

Mediante oficio n° 000254-2005, del 18 de noviembre de 2005, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente n° UP11-O-2005-000018 (nomenclatura de dicho Juzgado), en el que cursó acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Oscar Bernal Segovia, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 8.798, en su condición de apoderado judicial de CLEVELAND INDIANS BASEBALL COMPANY, domiciliada en la ciudad de Cleveland de los Estados Unidos de América, debidamente inscrita bajo el Federal # 34-1547452, contra el auto dictado el 21 de octubre de 2005, por el Juzgado Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del Estado Yaracuy.

 

Dicha remisión se hizo de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, vista la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte accionante, contra el fallo dictado el 14 de noviembre de 2005, por el precitado Juzgado Superior, que declaró inadmisible la acción propuesta.

 

El 13 de enero de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la doctora Carmen Zuleta de Merchán, siendo reasignada la ponencia el 3 de agosto de 2006 al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter la suscribe. 

 

Realizada la lectura de las actas procesales, pasa la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

Por auto del 11 de noviembre de 2005, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, le dio entrada a la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Oscar Bernal Segovia, en su condición de apoderado judicial de Cleveland Indians Baseball Company, contra el auto dictado el 21 de octubre de 2005, por el Juzgado Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del citado Estado.

 

El 14 del mismo mes y año, el citado Tribunal declaró inadmisible la acción de conformidad con el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

            El 17 de noviembre de 2005, en tiempo hábil, la representación judicial de la parte accionante ejerció recurso de apelación contra la decisión dictada por el a quo constitucional, la cual fue oída en un solo efecto y, se ordenó la remisión de las actuaciones a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

 

            El 9 de enero de 2006, se recibieron ante la Secretaría de esta Sala las actas que conforman el presente recurso de apelación.

 

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

La presente acción de amparo constitucional está fundamentada en el hecho de que durante la tramitación del juicio de invalidación incoado por la representación judicial de Cleveland Indians Baseball Company, no se les otorgó el término de la distancia para subsanar la cuestión previa prevista en el ordinal 3°, del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por lo que accionan en amparo contra la sentencia dictada el 21 de enero de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Coordinación Laboral del Estado Yaracuy, en las que se decretó la extinción del procedimiento.

 

El 3 de marzo de 2005, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, admitió la solicitud interpuesta, realizó el trámite pertinente y, posteriormente, el 6 de octubre de 2005 declaró parcialmente con lugar la acción, ordenando al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, reponer la causa al estado en que se conceda el término de distancia para subsanar el poder, de acuerdo a lo establecido en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se anuló el auto del 3 de febrero de 2005, y declaró sin lugar la acción en cuanto a la decisión dictada el 21 de enero de 2005.

 

El 6 de octubre de 2005, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Coordinación Laboral del Estado Yaracuy, recibió las actuaciones y dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de amparo, por lo que otorgó el término de la distancia, y en su aparte “Cuarto:”, indicó: “por cuanto las partes se encuentran a derecho no se hace necesaria la notificación de las partes”.

 

En ese sentido, el 21 de octubre de 2005, se declaró extinguido el procedimiento, vista la falta de subsanación de la parte peticionante.

 

Ante tal proceder, es que la representación judicial de la parte hoy accionante en amparo, interpuso su solicitud alegando en su escrito lo que sigue:

 

1.- Que, “...[e]l Tribunal agraviante incurre en errores de juzgamiento al dictar su decisión; por error de interpretación y falta de aplicación del artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, y falta de aplicación del artículo 344 del mismo Código, infringiendo de esta manera el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil; en flagrante violación de los derechos constitucionales de mi representada, el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela jurídica efectiva, derechos éstos últimos, que llevan implícito un conjunto de derechos como lo son entre otros el derecho a ser oído y el derecho a que se decida con las debidas garantías del proceso...” (sic).

 

2.- Que, “...[e]l Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del Estado Yaracuy, mediante auto de fecha seis (6) de octubre de 2005, acuerda en su ordinal segundo: se repone la causa al estado de otorgar el término de la distancia para subsanar el poder de acuerdo al artículo 205 del Código de Procedimiento Civil. [Y] en su ordinal tercero: En consecuencia siendo el domicilio procesal de la parte recurrente por invalidación la ciudad de Caracas, Distrito Capital, se le concede tres días (3) de despacho como término de la distancia, vencidos los cuales comenzarán a decursar los cinco (5) días de despacho que como plazo para la subsanación del defecto del poder, establece el artículo 350 [eiusdem]. Y en su ordinal cuarto: por cuanto las partes se encuentran a derecho, no se hace necesario la notificación de las misma” (sic).

 

3.- Que, “...[e]l término de la distancia es un lapso complementario a otro, que otorga la ley con el fin de evitar que ese otro lapso resulte mermado, por lo tanto es indivisible [e] inseparable al lapso principal, es decir, en este caso, el lapso para subsanar, por lo tanto, no dio cumplimiento a lo ordenado por la sentencia del superior, al no cumplir por error de interpretación con la formalidad del plazo para subsanar lo establecido por el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil” (sic).

 

4.- Que, “... no se cumplió con lo ordenado por el Tribunal, para subsanar el defecto del poder, en el lapso concedido, es decir tres (3) días de despacho como término de distancia, vencido el cual comenzaría a correr el lapso de cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento; [siendo] el emplazamiento la convocatoria que se le hace a una persona por parte de un juez para que comparezca por ante el Tribunal, a cumplir con lo que se le ordene. Por lo expuesto, es evidente que el Tribunal agraviante no cumplió con una formalidad esencial, que garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso, las cuales constituyen la garantía para que el agraviado se le oigan y analicen oportunamente sus alegatos de la manera prevista en la ley” (sic).

5.- Que, “...la notificación de las partes para la continuación del juicio, no sustituye el emplazamiento para la realización del acto del proceso contemplado en el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el emplazamiento es un acto esencial para ejercer el derecho a la defensa y alcanzar en esta forma la efectiva tutela judicial” (Sic).

 

Finalmente, luego de alegar sus fundamentos en cuanto a la admisibilidad de la presente acción, solicitó se decretara la suspensión de los efectos de la sentencia impugnada que declaró la extinción del proceso por la falta de subsanación de la cuestión previa ordenada, se declarara con lugar la pretensión de amparo constitucional incoada, se anulara la sentencia y se repusiera la causa al estado de emplazar a Cleveland Indians Baseball Company, para corregir la cuestión previa observada.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a cualquier otra consideración, esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente recurso de apelación, y a tal efecto es necesario reiterar que en decisión del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán vs. el Ministro y el Vice-Ministro del Interior y Justicia), se dejó asentado que: “…Corresponde a esta Sala conocer las apelaciones (...) sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte (...) de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia…”.

 

Ahora bien, por cuanto en el caso sub iudice, la decisión objeto de la presente apelación fue emitida por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en sede constitucional, le corresponde a esta Sala el conocimiento del presente recurso, de conformidad con su doctrina y en aplicación de lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA APELADA

 

Mediante decisión del 14 de noviembre de 2005, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, declaró inadmisible la acción propuesta por considerar que la accionante tenía la posibilidad de ejercer el recurso ordinario previsto en la ley, para el restablecimiento de la situación presuntamente infringida, como lo era el recurso de apelación, fundamentándose en lo siguiente:

 

“...De acuerdo al cómputo de los días de despacho transcurridos en el Tribunal presuntamente agraviante desde el día 06-10-2005 hasta el día 21-10-2005 transcurrieron nueve (09) días de despacho (folio 212).

Al haber sido introducido esta solicitud de Amparo Constitucional el día 11-11-2005 es evidente que el hoy recurrente en amparo pretende la revisión de una sentencia catorce (14) días de despacho después, por considerar que el Tribunal ha debido emplazarlo formalmente, habiendo precluído el lapso para interponer el recurso ordinario de apelación, recurso idóneo para revisar la sentencia del 21-10-05 ...” (negrillas del a quo constitucional).

           

V

DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

 

En el escrito recursivo, la representación judicial de la parte accionante, hoy recurrente, alega nuevamente todos y cada uno de los argumentos expuestos en el escrito de su solicitud de tutela constitucional, indicando por demás, que “...la acción de amparo es el único medio judicial de que dispone [su] representada para proteger sus derechos constitucionales violados por la decisiones dictadas por el Juez Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del Estado Yaracuy, pues al tratarse de una decisión que no tiene apelación y no es recurrible en casación por la cuantía y constar en autos la flagrante violación a derechos y garantías de orden constitucional, la acción de amparo es admisible, y así lo solicitamos expresamente por cuanto, le han sido violado a [su] representada, de manera directa, inmediata y flagrante derechos de rango constitucional para cuyo restablecimiento no existen vías procesales ordinarias, eficaces, idóneas y operantes...” (sic).

 

Con fundamento a lo expuesto, solicitó se declare con lugar el recurso de apelación ejercido y se ordene el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

 

 VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Previo a emitir pronunciamiento al caso planteado resulta forzoso hacer alusión a lo siguiente:

 

Esta Sala en sentencia reciente n° 1894 del 27 de octubre de 2006, conociendo en apelación en un caso análogo, en el cual el 26 de junio de 2006 el Juzgado Superior del Trabajo de la Coordinación Laboral del Estado Yaracuy, declaró parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Jesús Efraín Muñoz y Oscar Bernal Segovia, actuando como apoderados judiciales de la sociedad extranjera Cleveland Indians Baseball Company, contra la decisión dictada el 19 de enero de 2006 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Coordinación Laboral del mismo Estado, que negó la admisión del recurso de invalidación de sentencia interpuesta por la citada sociedad; declaró inadmisible la acción de amparo constitucional intentada vista la insuficiencia del poder consignado para arrogarse la representación alegada en el amparo invocado. En dicha sentencia se expuso lo que sigue:

 

“Al respecto, esta Sala advierte que, revisadas las actas que conforman el presente expediente contentivo de la acción de amparo constitucional y el poder presentado por los abogados Jesús Efraín Muñoz y Oscar Bernal Segovia, otorgado el 15 de febrero de 2005, ante el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de América que corre del folio 13 al folio 15, que tales apoderados judiciales de la accionante realizaron actuaciones procesales afirmando tener representación para ello; no obstante, el poder con que actuaron no es eficaz y suficiente por no atribuir facultad para intentar acciones de amparo constitucional.

          

En este orden de ideas, se colige que el poder con que actuaron los abogados Jesús Efraín Muñoz y Oscar Bernal Segovia, es un poder para un caso específico, que únicamente faculta a dichos apoderados judiciales a actuar ante los organismos allí enunciados. Por lo tanto, dichos abogados incurrieron en un error al pretender actuar como representantes de la accionante Cleveland Indians Baseball Company en el presente amparo constitucional, con fundamento en el poder general que este último le otorgó a los fines de que ejercieran la defensa de sus intereses en un proceso distinto.

Precisado lo anterior, considera oportuno esta Sala, reiterar la jurisprudencia dictada en esta materia, la cual ha quedado expresada en sentencia N° 1364 del 27 de junio de 2005 (caso: Ramón Emilio Guerra Betancourt), ratificada entre otras, en sentencias N° 2603 del 12 de agosto de 2005 (caso: Gina Cuenca Batet), N° 152 del 2 de febrero de 2006 (caso: Sonia Mercedes Look Oropeza) y N° 1316 del 3 de junio de 2006 (caso: Inversiones Inmobiliarias S.A.), en las que se señaló que:

 

 ‘Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de ese tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso, el ius postulandi o derecho de hacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente.

 

Así las cosas, para lograr el “andamiento” de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que no se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción…’.

 

Dentro de este orden de ideas, la legitimación activa en materia de amparo constitucional, corresponde a quien se afirme agraviado en sus derechos constitucionales; y en el caso sub júdice la supuesta agraviada no otorgó de manera suficiente un mandato o poder que permitiera que estos profesionales del derecho ejercieran su representación válidamente en el presente procedimiento de amparo constitucional.

 

En este sentido, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable al procedimiento de amparo por disposición del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, prevé la falta de representación como una causal de inadmisibilidad, en los siguientes términos:

 

‘Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada’. (Negritas de la Sala).

Por tanto, resulta imperioso para esta Sala declarar inadmisible la presente acción de amparo de conformidad con lo establecido en el párrafo sexto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; así mismo se declara inadmisible la apelación ejercida por la parte accionante contra la decisión dictada el 26 de junio de 2006 por el Juzgado Superior del Trabajo de la Coordinación Laboral del Estado Yaracuy en virtud de la falta de representación de los apoderados judiciales de la accionante, tal y como fue expuesto anteriormente, circunstancia que motiva a esta Sala a revocar la decisión apelada; y así se decide”.

 

Ahora bien, el poder consignado en autos por el abogado Oscar Bernal Segovia, para actuar en la presente acción de amparo constitucional como apoderado judicial de Cleveland Indians Baseball Company, fue el otorgado el 15 de febrero de 2005, ante el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de América, es decir, el mismo poder al cual hace referencia la sentencia señalada; por ende, al evidenciarse del mismo que la presunta agraviada no otorgó de manera suficiente un mandato o poder que permitiera que este profesional del derecho ejercer su representación válidamente en el presente procedimiento de amparo constitucional, esta Sala de conformidad con lo expuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en armonía con la sentencia citada, declara inadmisible la acción de amparo constitucional intentada, así como el recurso de apelación ejercido. Así se declara.

 

VII
DECISIÓN

 

Por las consideraciones de hecho y derecho que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Oscar Bernal Segovia, actuando en representación de Cleveland Indians Baseball Company, contra el auto dictado el 21 de octubre de 2005 por el Juzgado Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del Estado Yaracuy. En consecuencia, se declara también INADMISIBLE el recurso de apelación ejercido contra la decisión dictada el 14 de noviembre de 2005 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy

 

Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase el expediente al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. Cúmplase lo ordenado. 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  12 días del mes de Diciembre  dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

 

      FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                                                         Ponente

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                      

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

FACL/

Exp. n° 06-0055

 

...gistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz discrepa del criterio mayoritario respecto de la sentencia que antecede con fundamento en los siguientes razonamientos:

En el fallo en cuestión la mayoría sentenciadora declaró la inadmisión de la pretensión de tutela constitucional con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto, en su criterio:

“…la presunta agraviada no otorgó de manera suficiente un mandato o poder que permitiera que este profesional del derecho ejercer su representación válidamente en el presente procedimiento de amparo constitucional”.

 

Como se observa, la declaración de inadmisión de la pretensión de amparo se fundamentó en la ineficacia del poder con el que los supuestos apoderados acreditaron la representación de la peticionaria de tutela, para lo cual fundamentaron su desestimación en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales el legislador estableció, en respeto al principio pro actionae, la posibilidad de subsanación de la falta de los requisitos u oscuridad o ambigüedad del libelo, mediante la correspondiente corrección por la parte actora.

Por otro lado, la falta o consignación de un poder defectuoso (defecto de representación), constituye, en los procesos de amparo, como se expresó, un error subsanable (igual que en el proceso civil -donde es objeto de una cuestión previa y, además, convalidable-), tal y como lo ha reconocido, de manera reiterada y en aplicación del principio pro actione, esta Sala Constitucional en innumerables actos decisorios, donde, en casos similares al de autos (en los cuales se había producido, con la demanda, poder otorgado apud acta en el proceso originario), estableció, como solución, la notificación a la parte actora para la ratificación de las actuaciones de quien había dicho que actuaba en su nombre y a sus supuestos representantes para que, en su defecto, acreditasen, en forma suficiente, su representación previa a la interposición de la demanda (vide, entre otros, los fallos nos 130 de 17.03.00, 398 de 02.04.01, 1984 de 16.10.01, 630 de 31.03.03 y, el más reciente, 1307 de 12.07.04). En ese mismo sentido, en situaciones en que no se había acreditado, en forma alguna, la representación, también se adoptó la misma solución (cfr., entre otras, las siguientes: 414 de 19.05.00, 1785 de 25.09.01, 1028 de 30.05.02, 104 de 11.02.04 y 1191 de 21.06.04).

En conclusión, lo ajustado a derecho hubiese sido la aplicación del criterio de esta Sala, respecto de la notificación de la parte actora para la ratificación de las actuaciones de quien había expresado que actuaba en su nombre, o a sus supuestos representantes para que, en su defecto, acreditasen, en forma suficiente, su representación previa a la interposición de la demanda; ello en respeto al principio pro actionae, a la confianza legítima y a la seguridad jurídica de los cuales este Supremo Tribunal debe ser el mayor garante.

 

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

Fecha ut supra.

 

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vice-presidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Disidente         

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 06-0055

 

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