Sentencia N.º 2282
Sentencia N.º 2282
- Sentencia
- N.º 2282
- Fecha
- 12/12/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 06-0055
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Mediante oficio n° 000254-2005, del 18 de noviembre de 2005, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de
Dicha remisión se hizo de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de
El 13 de enero de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la doctora Carmen Zuleta de Merchán, siendo reasignada la ponencia el 3 de agosto de 2006 al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter la suscribe.
Realizada la lectura de las actas procesales, pasa
I
ANTECEDENTES
Por auto del 11 de noviembre de 2005, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de
El 14 del mismo mes y año, el citado Tribunal declaró inadmisible la acción de conformidad con el artículo 6, cardinal 5 de
El 17 de noviembre de 2005, en tiempo hábil, la representación judicial de la parte accionante ejerció recurso de apelación contra la decisión dictada por el a quo constitucional, la cual fue oída en un solo efecto y, se ordenó la remisión de las actuaciones a
El 9 de enero de 2006, se recibieron ante
II
DE
La presente acción de amparo constitucional está fundamentada en el hecho de que durante la tramitación del juicio de invalidación incoado por la representación judicial de Cleveland Indians Baseball Company, no se les otorgó el término de la distancia para subsanar la cuestión previa prevista en el ordinal 3°, del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por lo que accionan en amparo contra la sentencia dictada el 21 de enero de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de
El 3 de marzo de 2005, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de
El 6 de octubre de 2005, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de
En ese sentido, el 21 de octubre de 2005, se declaró extinguido el procedimiento, vista la falta de subsanación de la parte peticionante.
Ante tal proceder, es que la representación judicial de la parte hoy accionante en amparo, interpuso su solicitud alegando en su escrito lo que sigue:
1.- Que, ...[e]l Tribunal agraviante incurre en errores de juzgamiento al dictar su decisión; por error de interpretación y falta de aplicación del artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, y falta de aplicación del artículo 344 del mismo Código, infringiendo de esta manera el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil; en flagrante violación de los derechos constitucionales de mi representada, el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela jurídica efectiva, derechos éstos últimos, que llevan implícito un conjunto de derechos como lo son entre otros el derecho a ser oído y el derecho a que se decida con las debidas garantías del proceso... (sic).
2.- Que, ...[e]l Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de
3.- Que, ...[e]l término de la distancia es un lapso complementario a otro, que otorga la ley con el fin de evitar que ese otro lapso resulte mermado, por lo tanto es indivisible [e] inseparable al lapso principal, es decir, en este caso, el lapso para subsanar, por lo tanto, no dio cumplimiento a lo ordenado por la sentencia del superior, al no cumplir por error de interpretación con la formalidad del plazo para subsanar lo establecido por el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil (sic).
4.- Que, ... no se cumplió con lo ordenado por el Tribunal, para subsanar el defecto del poder, en el lapso concedido, es decir tres (3) días de despacho como término de distancia, vencido el cual comenzaría a correr el lapso de cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento; [siendo] el emplazamiento la convocatoria que se le hace a una persona por parte de un juez para que comparezca por ante el Tribunal, a cumplir con lo que se le ordene. Por lo expuesto, es evidente que el Tribunal agraviante no cumplió con una formalidad esencial, que garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso, las cuales constituyen la garantía para que el agraviado se le oigan y analicen oportunamente sus alegatos de la manera prevista en la ley (sic).
5.- Que, ...la notificación de las partes para la continuación del juicio, no sustituye el emplazamiento para la realización del acto del proceso contemplado en el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el emplazamiento es un acto esencial para ejercer el derecho a la defensa y alcanzar en esta forma la efectiva tutela judicial (Sic).
Finalmente, luego de alegar sus fundamentos en cuanto a la admisibilidad de la presente acción, solicitó se decretara la suspensión de los efectos de la sentencia impugnada que declaró la extinción del proceso por la falta de subsanación de la cuestión previa ordenada, se declarara con lugar la pretensión de amparo constitucional incoada, se anulara la sentencia y se repusiera la causa al estado de emplazar a Cleveland Indians Baseball Company, para corregir la cuestión previa observada.
III
DE
Previo a cualquier otra consideración, esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente recurso de apelación, y a tal efecto es necesario reiterar que en decisión del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán vs. el Ministro y el Vice-Ministro del Interior y Justicia), se dejó asentado que:
Corresponde a esta Sala conocer las apelaciones (...) sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de
Ahora bien, por cuanto en el caso sub iudice, la decisión objeto de la presente apelación fue emitida por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de
IV
DE
Mediante decisión del 14 de noviembre de 2005, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de
...De acuerdo al cómputo de los días de despacho transcurridos en el Tribunal presuntamente agraviante desde el día 06-10-2005 hasta el día 21-10-2005 transcurrieron nueve (09) días de despacho (folio 212).
Al haber sido introducido esta solicitud de Amparo Constitucional el día 11-11-2005 es evidente que el hoy recurrente en amparo pretende la revisión de una sentencia catorce (14) días de despacho después, por considerar que el Tribunal ha debido emplazarlo formalmente, habiendo precluído el lapso para interponer el recurso ordinario de apelación, recurso idóneo para revisar la sentencia del 21-10-05 ... (negrillas del a quo constitucional).
V
DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
En el escrito recursivo, la representación judicial de la parte accionante, hoy recurrente, alega nuevamente todos y cada uno de los argumentos expuestos en el escrito de su solicitud de tutela constitucional, indicando por demás, que ...la acción de amparo es el único medio judicial de que dispone [su] representada para proteger sus derechos constitucionales violados por la decisiones dictadas por el Juez Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de
Con fundamento a lo expuesto, solicitó se declare con lugar el recurso de apelación ejercido y se ordene el restablecimiento de la situación jurídica infringida.
VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Previo a emitir pronunciamiento al caso planteado resulta forzoso hacer alusión a lo siguiente:
Esta Sala en sentencia reciente n° 1894 del 27 de octubre de 2006, conociendo en apelación en un caso análogo, en el cual el 26 de junio de 2006 el Juzgado Superior del Trabajo de
Al respecto, esta Sala advierte que, revisadas las actas que conforman el presente expediente contentivo de la acción de amparo constitucional y el poder presentado por los abogados Jesús Efraín Muñoz y Oscar Bernal Segovia, otorgado el 15 de febrero de 2005, ante el Consulado General de
En este orden de ideas, se colige que el poder con que actuaron los abogados Jesús Efraín Muñoz y Oscar Bernal Segovia, es un poder para un caso específico, que únicamente faculta a dichos apoderados judiciales a actuar ante los organismos allí enunciados. Por lo tanto, dichos abogados incurrieron en un error al pretender actuar como representantes de la accionante Cleveland Indians Baseball Company en el presente amparo constitucional, con fundamento en el poder general que este último le otorgó a los fines de que ejercieran la defensa de sus intereses en un proceso distinto.
Precisado lo anterior, considera oportuno esta Sala, reiterar la jurisprudencia dictada en esta materia, la cual ha quedado expresada en sentencia N° 1364 del 27 de junio de 2005 (caso: Ramón Emilio Guerra Betancourt), ratificada entre otras, en sentencias N° 2603 del 12 de agosto de 2005 (caso: Gina Cuenca Batet), N° 152 del 2 de febrero de 2006 (caso: Sonia Mercedes Look Oropeza) y N° 1316 del 3 de junio de 2006 (caso: Inversiones Inmobiliarias S.A.), en las que se señaló que:
Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de ese tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso, el ius postulandi o derecho de hacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente.
Así las cosas, para lograr el andamiento de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que no se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción
.
Dentro de este orden de ideas, la legitimación activa en materia de amparo constitucional, corresponde a quien se afirme agraviado en sus derechos constitucionales; y en el caso sub júdice la supuesta agraviada no otorgó de manera suficiente un mandato o poder que permitiera que estos profesionales del derecho ejercieran su representación válidamente en el presente procedimiento de amparo constitucional.
En este sentido, el artículo 19 de
Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra
Por tanto, resulta imperioso para esta Sala declarar inadmisible la presente acción de amparo de conformidad con lo establecido en el párrafo sexto del artículo 19 de
Ahora bien, el poder consignado en autos por el abogado Oscar Bernal Segovia, para actuar en la presente acción de amparo constitucional como apoderado judicial de Cleveland Indians Baseball Company, fue el otorgado el 15 de febrero de 2005, ante el Consulado General de
VII
DECISIÓN
Por las consideraciones de hecho y derecho que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de
Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase el expediente al Juzgado Superior Primero del Trabajo de
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. n° 06-0055
...gistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz discrepa del criterio mayoritario respecto de la sentencia que antecede con fundamento en los siguientes razonamientos:
En el fallo en cuestión la mayoría sentenciadora declaró la inadmisión de la pretensión de tutela constitucional con fundamento en el artículo 19 de
la presunta agraviada no otorgó de manera suficiente un mandato o poder que permitiera que este profesional del derecho ejercer su representación válidamente en el presente procedimiento de amparo constitucional.
Como se observa, la declaración de inadmisión de la pretensión de amparo se fundamentó en la ineficacia del poder con el que los supuestos apoderados acreditaron la representación de la peticionaria de tutela, para lo cual fundamentaron su desestimación en el artículo 19 de
Por otro lado, la falta o consignación de un poder defectuoso (defecto de representación), constituye, en los procesos de amparo, como se expresó, un error subsanable (igual que en el proceso civil -donde es objeto de una cuestión previa y, además, convalidable-), tal y como lo ha reconocido, de manera reiterada y en aplicación del principio pro actione, esta Sala Constitucional en innumerables actos decisorios, donde, en casos similares al de autos (en los cuales se había producido, con la demanda, poder otorgado apud acta en el proceso originario), estableció, como solución, la notificación a la parte actora para la ratificación de las actuaciones de quien había dicho que actuaba en su nombre y a sus supuestos representantes para que, en su defecto, acreditasen, en forma suficiente, su representación previa a la interposición de la demanda (vide, entre otros, los fallos nos 130 de 17.03.00, 398 de 02.04.01, 1984 de 16.10.01, 630 de 31.03.03 y, el más reciente, 1307 de 12.07.04). En ese mismo sentido, en situaciones en que no se había acreditado, en forma alguna, la representación, también se adoptó la misma solución (cfr., entre otras, las siguientes: 414 de 19.05.00, 1785 de 25.09.01, 1028 de 30.05.02, 104 de 11.02.04 y 1191 de 21.06.04).
En conclusión, lo ajustado a derecho hubiese sido la aplicación del criterio de esta Sala, respecto de la notificación de la parte actora para la ratificación de las actuaciones de quien había expresado que actuaba en su nombre, o a sus supuestos representantes para que, en su defecto, acreditasen, en forma suficiente, su representación previa a la interposición de la demanda; ello en respeto al principio pro actionae, a la confianza legítima y a la seguridad jurídica de los cuales este Supremo Tribunal debe ser el mayor garante.
Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.
Fecha ut supra.
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vice-presidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Disidente
Francisco Antonio Carrasquero López
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 06-0055
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