Venley

Sentencia N.º 23

Sentencia
N.º 23
Fecha
19/01/2007
Sala
Constitucional
Expediente
06-1349
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 18 de septiembre de 2006, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio n° 774-06, del 9 de agosto de 2006, librado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, mediante el cual remitió el expediente n° BPO1-0-2006-000008 (nomenclatura de dicha Corte), que contiene la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado SIMÓN VIELMA RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 34.458, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana NUBIS JACINTA VELÁSQUEZ DE RENDÓN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 3.694.615, contra la decisión dictada el 28 de enero de 2006, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, Extensión El Tigre, mediante la cual se dictó una medida cautelar innominada que consistió, entre otras cosas, en la inmovilización de una cuenta bancaria cuya titularidad corresponde a dicha ciudadana.

 

Tal remisión obedece al recurso de apelación ejercido pura y simplemente, en tiempo hábil, por la  ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón, asistida por el abogado Juan Carlos Rendón, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la decisión dictada el 16 de junio de 2006, por la mencionada Corte de Apelaciones, que declaró “inadmisible por causa sobrevenida” de amparo constitucional propuesta.

 

En fecha 25 de septiembre de 2006, se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

1.- El 12 de noviembre de 1999, el ciudadano Felipe Nery Brito se dirigió al Inspector del Trabajo del Estado Monagas, a fin de solicitar su reenganche como trabajador de la empresa F y G Suply, C.A., contratista de PDVSA, Petróleo y Gas.

 

2.- El 12 de diciembre de 1999, el Inspector del Trabajo del Estado Monagas, mediante providencia administrativa nº 90, declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos, incoada por el ciudadano Felipe Nery Brito contra F y G Suply, C.A.

 

3.- El 5 de noviembre de 2001, el ciudadano Felipe Nery Brito interpuso acción de amparo constitucional contra F y G Suply, C.A., por violación de su derecho al trabajo, en virtud de que la mencionada sociedad mercantil se había negado a reengancharlo y a hacer efectivo el pago de los salarios caídos ordenado por la Inspectoría del Trabajo.

 

4.- El 13 de noviembre de 2001, el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes- de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental admitió la acción de amparo incoada.

 

5.- El 19 de diciembre de 2001, se celebró la audiencia oral y pública del caso y en la misma audiencia se dictó el dispositivo del fallo que declaró con lugar el amparo incoado y, en consecuencia, se ordenó a F y G Suply, C.A. el reenganche inmediato del ciudadano Felipe Nery Brito a su puesto de trabajo, y desde la fecha del despido injustificado, se le paguen los salarios dejados de percibir, así como los correspondientes días de espera, ambos desde el 5 de noviembre de 1999, hasta el momento de su efectiva reincorporación, los cuales deberán ser pagados con la respectiva indexación. Además, condenó en costas a la parte contumaz por el treinta por ciento (30%) de la estimación.

 

6.- El 14 de enero de 2002, el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil –Bienes- de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, ordenó la ejecución forzosa del fallo antes referido y comisionó, a tal efecto, a un juzgado ejecutor de medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas.

 

7.- El 7 de febrero de 2002, se constituyó el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Aguasay, Ezequiel Zamora, Cedeño, Acosta y Caripe de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en la sede de la empresa F y G Suply, C.A. a fin de ejecutar la sentencia de amparo. El mencionado juzgado ejecutor, en virtud de la negativa de la ejecutada en reenganchar al trabajador, dio por terminada la comisión y remitió la resultas al juzgado comitente.

 

8.- El 1º de septiembre de 2003, el juzgado de la causa ordenó la ejecución forzosa de la sentencia de amparo y acordó el embargo ejecutivo sobre bienes muebles e inmuebles propiedad de F y G Suply, C.A.

 

9.- El 24 de septiembre de 2003, el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil –Bienes- de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, repuso la causa al estado de librar nuevamente mandamiento de ejecución, en virtud de que a la abogada que actuó en representación de la parte actora le fue revocado el poder que le fue conferido y, por ello, resultan nulas todas las actuaciones en que ésta participó.

 

10.- El 2 de diciembre de 2005, los apoderados judiciales del ciudadano Felipe Nery Brito solicitaron al juzgado de la causa que ordenara la notificación de Petróleos de Venezuela, S.A. como fiadora y principal pagadora de F y G Suply, C.A., a tenor del numeral 14 de la cláusula 69 de la Convención Colectiva de Trabajo que ampara al sector petrolero.

 

11.- El 12 de diciembre de 2005, el juzgado de la causa instó a Petróleos de Venezuela, S.A., a que informara si, en virtud del cardinal 14 de la cláusula 69 de la Contrato Colectivo, podía responderle al trabajador querellante de las obligaciones contractuales que mantiene la empresa F y G Suply, C.A.

 

12.- El 20 de enero de 2006, el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Anaco del la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, se constituyó en las oficinas del Banco Mercantil, sucursal Anaco, y procedió a embargar ejecutivamente la cuenta corriente nº 1077-415516, cuyo titular es Petróleos de Venezuela, S.A., por la cantidad de un mil ciento ochenta millones ciento dos mil trescientos veintiún bolívares con treinta y ocho céntimos (Bs. 1.180.102.321,38). En el mismo acto, el aludido órgano jurisdiccional ordenó emitir cheque de gerencia a nombre del apoderado judicial del ciudadano Felipe Nery Brito, abogado Juan Carlos Rendón Velásquez.

 

13.- El 25 de enero de 2006, los abogados Yurima Falcón y Antonio Guerrero Araujo, actuando en su carácter de apoderados judiciales de Petróleos De Venezuela, S.A. (PDVSA), interpusieron acción de amparo constitucional contra el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil –Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental.

 

14- En esa misma fecha, el Ministerio Público dio inicio a una investigación penal, con ocasión de la denuncia formulada por la empresa PDVSA Petróleo, S.A.. El motivo de tal denuncia, fue la presunta comisión de un hecho punible a través del embargo ejecutivo decretado por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental.

 

15.- El 28 de enero de 2006, el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, previa solicitud del Ministerio Público, dictó una medida cautelar innominada con fundamento en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, en la cual se ordenó al Gerente del Banco Mercantil sucursal Anaco, suspender cualquier pago proveniente de la cuenta corriente signada con el número 1077-4155-16 propiedad de la empresa PDVSA Petróleo, S.A., al ciudadano Juan Carlos Rendón, con motivo del embargo efectuado por el Juez del Juzgado Superior Quinto del Estado Monagas, ello a los fines de que la misma no se retiren cantidades de dinero y así evitar un perjuicio al Estado venezolano; se ordenó el bloqueo de manera inmediata la cuenta corriente signada con el número 1090-14591-8 del Banco Mercantil sucursal Anaco, a nombre del ciudadano Juan Carlos Rendón; se ordenó oficiar al Consejo Nacional Bancario a los fines de que éste bloqueara cualquier cuenta corriente o cuenta de ahorro aperturada por el ciudadano Juan Carlos Rendón, con cheques provenientes de la cuenta 1090-14591-8 del Banco Mercantil sucursal Anaco; se ordenó notificar al ciudadano Procurador General de la República, sobre el bloqueo de la cuenta corriente 1077-4155-16, propiedad de la empresa PDVSA Petróleo, S.A.; afectando también dicha medida a la cuenta bancaria n° 0105-0054-120054-17976-9, aperturada por la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón en el Banco Mercantil.

 

16.- El 9 de febrero de 2006, esta Sala, mediante sentencia n° 173, admitió la acción de amparo constitucional intentada por la representación de Petróleos de Venezuela, S.A., y decretó la medida cautelar innominada solicitada en dicha solicitud de tutela constitucional. Posteriormente, la parte accionante solicitó a esta Sala la extensión de dicha medida cautelar.

 

17.- El 17 de febrero de 2006, el abogado Simón Vielma Rodríguez, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón, interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 28 de enero de 2006, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre.

 

18.- El 4 de abril de 2006, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui admitió la acción de amparo intentada.

 

19.- El 6 de junio de 2006, esta Sala, mediante sentencia n° 1.118, declaró procedente la extensión de la medida cautelar innominada solicitada por la representación de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A., y, en consecuencia, acordó el embargo preventivo de la cuentas de ahorro nº 7687-00783-2 del Banco Mercantil, C.A. Banco Universal, a nombre de la ciudadana Rosa Arelis Natera, titular de la cédula de identidad nº 8.353.948, hasta por la cantidad de quinientos millones de bolívares (Bs. 500.000.000,00); así como de la cuenta corriente nº  0054-17976-9, 2 del Banco Mercantil, C.A. Banco Universal, a nombre de la ciudadana Nubis Velásquez, titular de la cédula de identidad nº 3.694.615,  hasta por la cantidad de trescientos millones de bolívares (Bs. 300.000.000,00), hasta tanto se resuelva la acción de amparo de autos.

 

20.- El 7 de junio de 2006, se llevó a cabo ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, la celebración de la audiencia constitucional en el proceso de amparo incoado por el abogado Simón Vielma Rodríguez, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón. El 16 de junio de 2006, se publicó la sentencia dictada en ese proceso, en la cual se declaró “inadmisible por causa sobrevenida” la acción de amparo constitucional intentada.

 

21.- Contra esta última decisión, la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez, asistida por el abogado Juan Carlos Rendón, ejerció apelación pura y simple el 21 de junio de 2006, siendo tempestivo dicho recurso, tal como se desprende del auto de fecha 3 de julio de 2006, contentivo del cómputo de días hábiles efectuado por la Secretaría de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui.

 

II

ALEGATOS DEL ACCIONANTE

 

Del escrito contentivo de la acción de amparo se desprenden los siguientes argumentos:

Que la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón es una mujer con problemas de salud, y que ha sido sometida a varias operaciones por problemas renales. Que su manutención proviene de los aportes que le hacen sus tres hijos Rafael Rendón, Milagros Rendón y Juan Carlos Rendón, los cuales le depositan sumas de dinero para cubrir los gastos de salud y manutención en la cuenta de ahorros n° 0105-0054-120054-17976-9 aperturada por dicha ciudadana en el Banco Mercantil con sede en la ciudad de Maturín, Estado Monagas.

 

Que en fecha 7 de febrero de 2006, la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón fue informada en el Banco Mercantil que la cuenta antes mencionada se encontraba bloqueada, con ocasión de un proceso penal que cursaba ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre. Que en la oportunidad en que dicha ciudadana acudió al mencionado Tribunal, le informaron sobre la existencia del expediente contentivo de la causa y de la medida cautelar dictada sobre la mencionada cuenta, pero sin otros detalles, toda vez que ella no era parte en ese proceso penal.

 

Que la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón es un tercero afectado fuera de la relación procesal, y por tanto no tiene la cualidad de parte, y siendo así, no tiene acceso a las actas del proceso. Que si bien es cierto que la medida cautelar obedece a un proceso penal incoado contra la Juez (accidental) del Tribunal Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes- de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, abogada María Pino Paredes, a la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón no le es aplicable una imputación tácita, máxime cuando la medida tiene un carácter general sin identificación de la persona afectada y sin ninguna mención que refleje una imputación tácita.

 

Que al no ser parte la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón en el proceso penal antes referido, no tiene la facultad de ejercer los mecanismos ordinarios de impugnación contra la decisión del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre. Siendo así, la única vía idónea es la acción de amparo, visto que la medida cautelar dictada por dicho tribunal constituye una amenaza inminente a la vida de la ciudadana antes identificada, toda vez que afecta los medios de manutención y los medios para garantizar el cumplimiento de sus tratamientos médicos.

 

Que en la decisión dictada por el Tribunal de Control no se especifica el lapso de duración de la medida cautelar, contraviniendo lo establecido por esta Sala en la sentencia dictada en el caso Claudia Ramírez Trejo en el año 2001 y en sentencia n° 1.081/2004, del 4 de junio.

 

De igual forma, indicó que la denunciante en el proceso penal (PDVSA Petróleo, S.A.) ha incurrido en un fraude procesal, ya que pretende, a través de la jurisdicción penal, enervar y subvertir los efectos producidos en un juicio que se ventiló en otra jurisdicción, de allí la idoneidad de la presente acción de amparo.

 

Siendo así, alegó que la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui dejó en total estado de indefensión a la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón, al hacer nugatoria su participación en el proceso penal, vulnerando así su derecho a la defensa. De igual forma, alegó la vulneración del debido proceso, al ser dictada en forma abstracta la medida, sin determinar en específico el objeto pasivo ni el sujeto activo del delito, así como tampoco se determinó el lapso de duración de la medida. También alegó la violación del derecho a la propiedad, toda vez que se le cercenó la posibilidad del uso, disfrute y disposición de las cantidades de dinero contenidas en dicha cuenta, tanto las vinculadas al delito como las que no lo están, con el agravante de que se le ha obstruido la posibilidad de sufragar una eventual emergencia en razón de la condición especial de su salud, y de poder cubrir su manutención y tratamiento médico, con un riesgo evidente para su vida.

 

Por último, solicitó la declaratoria con lugar de la acción de amparo constitucional, y que, en consecuencia, se restablezca la situación jurídica infringida, ordenándose de forma inmediata el cese de los efectos de la medida que acordó el bloqueo de la cuenta de ahorros de la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón, identificada con el n° 0105-0054-120054-17976-9, del Banco Mercantil, a los fines de que pueda usar, gozar y disfrutar de sus bienes, cubrir su manutención y sufragar los gastos de su tratamiento médico.

 

III

DE LA SENTENCIA APELADA

 

La sentencia dictada el 16 de junio de 2006, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, que declaró “inadmisible por causa sobrevenida” la presente acción de amparo constitucional, estableció lo siguiente:

 

“… en la oportunidad de la celebración de la Audiencia Constitucional en la presente causa, el Abogado BALMORE ACEVEDO, apoderado judicial de la empresa Petróleos de Venezuela, informó a este Tribunal que se practicó Inspección Judicial en la cuenta de la ciudadana Nubis Velásquez, hoy accionante, en la cual se evidenció que tenía cantidades muy por debajo y no fue hasta el mes de enero cuando se le hace un depósito por 500.000.000 millones de bolívares de la cuenta de Juan Carlos Rendón, por lo que vista la irregularidad se interpuso amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia, siendo resuelto el mismo por la Sala Constitucional, el día anterior a la celebración de la audiencia constitucional, es decir, el 06-06-06, mediante el cual acordó el embargo de la cuenta de la precitada ciudadana.

Siendo ello así, esta Alzada procedió a verificar la información, a través de la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, toda vez, que de ser así estaríamos en presencia de una causal de inadmisibilidad del amparo por causa sobrevenida las cuales son de orden público, razón por la cual el Juzgador puede declararla en cualquier estado del proceso, ya que posee un amplio poder para modificar, confirmar o revocar lo apreciado, aun cuando la acción se haya admitido, siendo esto criterio sostenido por el Máximo Tribunal de la República en su Sala Constitucional, Exp. 01-1741.

Al respecto, efectivamente mediante decisión de fecha 06 de junio del 2006, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado FRANCISCO CARRASQUERO, Exp. N° 06-0127, vista la solicitud efectuada por el abogado ANTONIO GUERRERO, Apoderado Judicial de Petróleos de Venezuela S.A, en la cual requiere entre otras cosas la extensión de la medida cautelar de embargo preventivo decretada por esa misma Sala, a la cuenta corriente n° 1090145918 del Banco Mercantil a nombre del ciudadano JUAN CARLOS RENDÓN, estableció lo siguiente: (omissis)

En virtud de lo anterior, habiendo dictado decisión el Máximo Tribunal de la República, en su Sala Constitucional, en la que ordenó el embargo preventivo de la cuenta de la hoy accionante NUBIS VELÁSQUEZ DE RENDÓN, la presunta violación del derecho constitucional denunciado cesó, en virtud de que existe una decisión emanada por un Órgano jurisdiccional competente, como lo es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien estando legalmente facultada para ello, decretó medida cautelar de embargo contra la referida cuenta a nombre de la ciudadana antes mencionada, todo ello, como consecuencia de la Acción de Amparo interpuesta contra la decisión dictada por el Tribunal Laboral de Monagas de donde se originó la medida en contra de los activos de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A., en consecuencia a tenor de lo establecido en el artículo 6, numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho (sic) y Garantías Constitucionales, se declara inadmisible por causa sobrevenida la presente acción. Y así se decide”.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer del presente recurso de apelación, y a tal efecto observa:

 

Que en sentencia n° 1/2000, del 20 de enero, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, con relación a los recursos de apelación que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sostuvo expresamente lo siguiente:

 

“...corresponde a esta Sala conocer las apelaciones (…) sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia...”.

 

Observa esta Sala, que en el presente caso, la sentencia apelada fue dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, actuando como tribunal de primera instancia en sede constitucional; en consecuencia, siendo ello así, esta Sala -aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito supra-, resulta competente para conocer del presente recurso de apelación, y así se declara.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Determinada la competencia, esta Sala observa que la acción de amparo constitucional se interpuso contra la decisión dictada el 28 de enero de 2006, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, el cual, con ocasión de un proceso penal, y previa solicitud del Ministerio Público, dictó una medida cautelar la cual consistió básicamente, en primer lugar, en la suspensión de cualquier pago proveniente de la cuenta corriente signada con el número 1077-4155-16 propiedad de la empresa P.D.V.S.A. Petróleo, S.A., al ciudadano Juan Carlos Rendón; en segundo lugar, en el bloqueo de la cuenta corriente signada con el número 1090-14591-8 del Banco Mercantil sucursal Anaco, a nombre del ciudadano Juan Carlos Rendón; en tercer lugar, en el bloqueo de cualquier cuenta corriente o cuenta de ahorro aperturada por el ciudadano Juan Carlos Rendón, con cheques provenientes de la cuenta 1090-14591-8 del Banco Mercantil sucursal Anaco; afectando también dicha medida a la cuenta bancaria n° 0105-0054-120054-17976-9, aperturada en el Banco Mercantil por la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón.

 

Dicha acción de amparo se fundamentó en que la medida cautelar innominada dictada por el presunto agraviante, generó una amenaza inminente a la vida de la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón, toda vez que dicha medida le ha impedido a aquélla sufragar su manutención y sus gastos médicos, así como también le vulneró los siguientes derechos y garantías constitucionales: 1.- Su derecho a la defensa, al hacer nugatoria su participación en el proceso penal, en el cual no es parte; 2.- La garantía del debido proceso, al ser dictada en forma abstracta la medida, sin determinarse el objeto pasivo ni el sujeto activo del delito, así como tampoco el lapso de duración de tal medida; y 3.- El derecho a la propiedad, al cercenársele la posibilidad del uso, disfrute y disposición de las cantidades de dinero contenidas en la cuenta objeto de la medida.

 

También observa esta Sala, que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, mediante decisión del 16 de junio de 2006, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, tomando como fundamento para ello el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo esta última decisión objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante.

 

La sentencia apelada se fundamentó en que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional ordenó el embargo preventivo de la cuenta de la ciudadana Nubis Velásquez de Rendón, y que por ello, la presunta violación del derecho constitucional denunciado cesó “… en virtud de que existe una decisión emanada por un Órgano jurisdiccional competente, como lo es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien estando legalmente facultada para ello, decretó medida cautelar de embargo contra la referida cuenta a nombre de la ciudadana antes mencionada, todo ello, como consecuencia de la Acción de Amparo interpuesta contra la decisión dictada por el Tribunal Laboral de Monagas de donde se originó la medida en contra de los activos de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A.”.

 

Ahora bien, respecto a esta argumentación expuesta por el a quo, debe afirmarse que según la disposición prevista en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no se admitirá la solicitud de amparo cuando “...hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla”.

 

La teleología de dicha norma se traduce en que la acción de amparo será inadmisible cuando la lesión o la amenaza constitucional objeto de aquélla, haya sido extinguida por cualquier causa idónea materializada con posterioridad al nacimiento de dicha amenaza o lesión, sea antes de la interposición de la acción o durante el iter del proceso de amparo.

 

Visto lo anterior, esta Sala considera que en el caso de autos el amparo propuesto no encuadra en el supuesto de inadmisibilidad descrito en la citada disposición, toda vez que la circunstancia de que esta Sala Constitucional, un día antes de llevarse a cabo la celebración de la audiencia constitucional ante el a quo, haya acordado el embargo preventivo de la cuenta corriente nº  0105-0054-120054-17976-9, del Banco Mercantil, C.A. Banco Universal, a nombre de la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón, hasta por la cantidad de trescientos millones de bolívares (Bs. 300.000.000,00), no puede en ningún momento ser considerada como una causa o un motivo idóneo que haya extinguido la presunta injuria constitucional delatada por dicha ciudadana.

 

En tal sentido, aun y cuando en un primer momento (28 de enero de 2006) el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, haya dictado una medida cautelar innominada a través de la cual se ordenó el bloqueo de la señalada cuenta bancaria, y que en una oportunidad posterior (6 de junio de 2006) esta Sala haya ordenado el embargo preventivo sobre esa misma cuenta, no implica que haya cesado la lesión constitucional objeto del amparo incoado, toda vez que nada obsta a que sobre una misma cuenta bancaria pueden ser dictadas varias medidas cautelares –aun y cuando tengan naturalezas distintas- por órganos jurisdiccionales diferentes, siendo que en el caso sub lite, las dos medidas dictadas sobre la cuenta bancaria de la hoy quejosa mantienen su vigencia.

 

En consecuencia, la presunta lesión constitucional que pudo haber sido generada en la esfera de derechos de la accionante por el Tribunal Primero de Control, en caso de existir, mantiene sus efectos no obstante la decisión dictada por esta Sala Constitucional y, por ende, se discrepa del razonamiento explanado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, ya que mal podría decirse que aquella lesión cesó en virtud de la decisión dictada por esta Sala Constitucional en fecha 6 de junio de 2006. Así se declara.

 

Precisado lo anterior, observa esta Sala que antes de acudir a la vía del amparo, la hoy quejosa tenía a su disposición un medio judicial preexistente -aun y cuando no fuera parte en el proceso penal-, a los efectos de enervar la medida cautelar innominada dictada por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión el Tigre, cuyos efectos incidieron negativamente, a su decir, en una cuenta bancaria de su propiedad. En tal sentido, dicho medio judicial se encuentra constituido por la figura de la oposición a la providencia cautelar, la cual pudo ser formulada por dicha ciudadana, en su calidad de tercero afectado por aquélla, con base en el artículo 551 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a la remisión en materia de medidas preventivas y en concordancia con los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

 

Sobre la necesidad del agotamiento de la oposición a la medida cautelar por parte de los terceros que vean afectados sus derechos, antes de acudir a la vía del amparo, esta Sala, en sentencia n° 4.398/2005, del 12 de diciembre, sostuvo lo siguiente:

 

“… observa la Sala que en lugar de accionar en amparo, pudo el accionante oponerse al embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, no obstante, si no pudo ejercer tal derecho toda vez que desconoce si se realizó la publicación del último cartel de remate, en atención a la norma mencionada, pudo ejercer la tercería prevista en los artículos 373 y siguientes del Código Adjetivo Civil, y así ejercer la defensa de sus derechos e intereses sin ser parte en la causa principal. Dicha institución – tercería - requiere de un trámite no tan breve y sumario como así lo constituye la acción de amparo, se trata por el contrario, de insertarse en un procedimiento en el que efectivamente se debe hacer plena prueba de los hechos alegados a fin de aclarar la posición del tercero lo cual presupone el cumplimiento de las etapas procesales a tal fin.

(…)

En atención a la norma antes transcrita, la Sala estima que efectivamente el accionante dispone de un medio idóneo para impugnar el fallo accionado mediante la presente acción y así proteger los derechos que denuncia le han sido violentados, como lo es la oposición al embargo, y de no ser posible, intentar la tercería, por una parte, y por otra, la acción reivindicatoria prevista en el artículo 584 del referido Código Adjetivo, que de ser ejercida corresponderá al juzgador determinar la existencia o no del derecho invocado por el éste accionante, motivo por el cual la presente acción de amparo resulta inadmisible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide”.

 

De igual forma, en sentencia n° 785/2006, del 7 de abril, se asentó que:

 

“… con relación al auto dictado el 27 de abril de 2005, mediante el cual se decretó una medida preventiva para el aseguramiento de bienes del imputado, con fundamento en el artículo 551 del Código Orgánico Procesal Penal, los accionantes o los terceros que se consideren afectados, podían haber ejercido la oposición a dicha medida, establecida en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil- y sólo si los jueces de la alzada, quienes igualmente son protectores de la Constitución, que conocieren de esta petición, decidieran con violación de derechos y garantías constitucionales, que amenazaran de irreparable su situación, podría acudir a la vía del amparo”.

 

Una vez realizada la adaptación de los anteriores criterios jurisprudenciales a las particularidades del presente caso, forzoso es para esta Sala concluir que la acción de amparo propuesta se ve arropada por la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone lo siguiente:

 

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

(…)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;” (…).

 

Sobre este particular, debe reiterarse el carácter especial de la acción de amparo y el problema que constituiría el otorgarle un carácter sustitutivo de los demás mecanismos judiciales, los cuales al ser parte de un sistema jurídico homogéneo, se presentan igualmente como garantizadores y protectores de los derechos y garantías constitucionales (sentencia n° 785/2006, del 7 de abril).

 

A mayor abundamiento, no puede pretender la quejosa la sustitución, con el amparo, de los medios o recursos que previamente dispuso el ordenamiento procesal penal para el restablecimiento de la situación jurídica que supuestamente fue infringida, pues dichos medios constituyen la vía idónea como garantía de la tutela judicial eficaz y sólo cuando no obtengan respuesta o haya una dilación procesal indebida pueden, los interesados, acudir a la vía del amparo. El fundamento de ello descansa en el carácter subsidiario de la acción de amparo, en virtud del cual, en palabras del Tribunal Constitucional español, “…se ha de dar ocasión a los Tribunales ordinarios para restablecer el derecho fundamental vulnerado y sólo cuando dicha pretensión no obtuviere satisfacción por el Poder Judicial estaría autorizado el Juez Constitucional en su conocimiento” (STC 49/1992, de 2 de abril). Es decir, tal subsidiariedad sólo permite acudir a la vía del amparo cuando se ha intentado sin satisfacción la defensa de los derechos y libertades ante los tribunales ordinarios (STC 72/1992, de 13 de mayo, también del Tribunal Constitucional español).

 

La admisión de lo contrario comportaría la desaparición de las otras vías que estableció el legislador para la eficacia y realización de los derechos e intereses de las partes -incluso los constitucionales- dentro de un determinado proceso (sentencias 2489/2005, del 5 de agosto; 3.267/2005, del 28 de octubre, de esta Sala).

 

En tal sentido, se reitera el criterio sustentado en sentencia n° 2.198/2001, del 9 de noviembre, en la cual se estableció lo siguiente:

 

"Es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones: 

a) Una vez que la vía judicial haya sido instada y que los medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha; o

b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no dará satisfacción a la pretensión deducida.

La disposición del literal a) apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano, tal como se afirmó en líneas anteriores; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías o medios procesales ordinarios les imprime la potestad de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que su agotamiento es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.

La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal, no tiene el sentido de que se interponga cualquiera imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. Por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión.

De cara al segundo supuesto [literal b], relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.

Alguna de tales circunstancias podría venir dada cuando, por ejemplo, la pretensión de amparo exceda del ámbito intersubjetivo para afectar gravemente al interés general o el orden público constitucional; en caso de que el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa (lo que no puede enlazarse el hecho de que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo, tal como lo argumenta el accionante); cuando no exista vía de impugnación contra el hecho lesivo, o ésta sea de imposible acceso; cuando el peligro provenga de la propia oscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; o ante dilaciones indebidas por parte los órganos judiciales, tanto en vía de acción principal como en vía de recurso”.

                                                             

En este mismo orden de ideas, en sentencia n° 2.369/2001, del 23 de noviembre, esta Sala estableció:

 

 “…la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.

 Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.

 No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.

En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los  artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no  ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)”.

                                         

Siendo así, resulta evidente entonces que en el caso sub lite, la parte accionante disponía de un mecanismo ordinario, distinto a la acción de amparo, lo suficientemente eficaz e idóneo para plantear su pretensión, ya que como se indicó supra, pudo haber ejercido la oposición a la medida cautelar antes señalada.

La posibilidad de acudir excepcionalmente a la acción de amparo constitucional, sin haber agotado previamente la vía ordinaria, requiere que la violación al derecho constitucional denunciado sea tal, que muestre clara e indubitablemente la falta de idoneidad de la vía ordinaria para restablecer la situación jurídica infringida y evitar se causen daños irreparables (sentencia n° 785/2006, del 7 de abril), por lo cual deberá justificar y fundamentarse la interposición del amparo en la  inexistencia o de la falta de idoneidad de la vía ordinaria, lo cual no se evidencia en el caso de autos, pues la parte accionante disponía de un medio judicial preexistente a fin de satisfacer su pretensión. Así se declara.

 

Por último, en cuanto al argumento de la parte accionante referido al fraude procesal en el cual habría incurrido la representación de PDVSA Petróleo, S.A., denunciante en el proceso penal, en el sentido de que ésta pretende subvertir, a través de la motorización del proceso penal que cursa ante el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, los efectos producidos en el juicio que se ventiló ante el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes- de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental.

 

Al respecto, se reitera que la vía del juicio ordinario es la apropiada para ventilar la acción de fraude procesal, por cuanto es necesario un término probatorio amplio, como el del juicio ordinario, para que dentro de él se demuestre el supuesto fraude, a pesar de la existencia de violaciones constitucionales, pues el procedimiento de amparo resulta muy breve para exponer y analizar las pruebas necesarias para determinar la existencia del fraude (sentencia n° 4.398/2005, del 12 de diciembre).

 

            En sentencia n° 2.749/2001, del 27 de diciembre, la Sala ratificó su criterio en torno a la imposibilidad que, por regla general, tiene el Juez Constitucional de declarar el fraude procesal:

 

“...la pretensión de amparo constitucional, con su correspondiente procedimiento, no es el procedimiento idóneo para aspirar a la declaración judicial acerca de la existencia del fraude procesal y subsiguiente inexistencia del juicio en que se fraguó, sino el juicio ordinario. En los supuestos en que se denuncie el acaecimiento de un fraude procesal como causa petendi para reclamar la declaración de inexistencia de un juicio por ese motivo, quien impetra la tutela jurisdiccional debe acudir a la vía del juicio ordinario, conforme a los artículos 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para que se resuelva la concreta controversia entre las partes que emerge del fraude delatado. En consecuencia, la pretensión de amparo constitucional incoada con el propósito de obtener el establecimiento del fraude procesal y la inexistencia del juicio en que se materializó, resulta manifiestamente inadmisible”.

 

            Ahora bien, la Sala también ha establecido que en situaciones excepcionales puede declararse la existencia de fraude procesal a través del amparo, siempre y cuando del expediente surjan suficientes elementos de convicción que acrediten inequívocamente tal circunstancia, es decir, la utilización del proceso con fines diversos a los que constituyen su naturaleza (sentencia n° 77/2000, del 9 de marzo).

 

            En el caso sub lite, aun cuando el juzgador que conoció en primera instancia con sede constitucional no emitió pronunciamiento alguno en cuanto al fraude procesal alegado por la accionante, en atención de los criterios antes expuestos, se estima que no constan en el expediente suficientes elementos para declararlo, pues para ello se requiere de una actividad probatoria más extensa para determinar si en el presente caso existe el fraude alegado. Así las cosas, la hoy quejosa debe instaurar, por vía ordinaria, un procedimiento en el que procure la declaración del fraude en el cual incurrió, en su criterio, la representación de PDVSA Petróleo, S.A., quien funge como denunciante en el proceso penal que cursa en el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre. Así se declara.

 

Con base en los planteamientos expuestos a lo largo del presente fallo, esta Sala Constitucional considera que la presente acción de amparo resulta inadmisible de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En consecuencia, forzoso es declarar sin lugar el recurso de apelación ejercido, y se confirma, en los términos expuestos, la decisión dictada el 16 de junio de 2006, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional intentada por el abogado Simón Vielma Rodríguez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Nubis Jacinta Velásquez de Rendón. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

 

1.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana NUBIS JACINTA VELÁSQUEZ DE RENDÓN, asistida por el abogado JUAN CARLOS RENDÓN.

 

2.- Se CONFIRMA, en los términos expuestos, la decisión dictada el 16 de junio de 2006, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta por el abogado SIMÓN VIELMA RODRÍGUEZ, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana NUBIS JACINTA VELÁSQUEZ DE RENDÓN.

 

Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase el expediente al Tribunal de origen.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19  días del mes de enero  dos mil siete. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

      FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                                                         Ponente

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

FACL/

Exp. n° 06-1349

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