Sentencia N.º 2302
- Sentencia
- N.º 2302
- Fecha
- 21/08/2003
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 02-2178
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 6 de septiembre de 2002, con oficio No. 3951 de la misma fecha, emanado del Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada DAMARIS MILAGROS RANGEL MATUTE, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 71.591, en representación del ciudadano ALBERTO JOSÉ DE MACEDO PENELAS, cédula de identidad N° 10.333.514, contra la presunta omisión del Juzgado Décimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas, al no pronunciarse respecto de la impugnación del monto de los salarios caídos consignados a favor del accionante por la empleadora INVERSIONES RODVEN S.A.
La remisión del expediente en mención, obedeció a la apelación ejercida el 4 de septiembre de 2002 por la abogada DAMARIS MILAGROS RANGEL MATUTE, contra la decisión del Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del 2 de septiembre del 2002.
El 6 de septiembre de 2002, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES DEL CASO
El ciudadano ALBERTO JOSÉ DE MACEDO PENELAS demandó a INVERSIONES RODVEN S.A. en un juicio de estabilidad laboral del cual conoce el Juzgado Décimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Durante el proceso la demandada consignó cheque de gerencia librado a favor del trabajador demandante por Bs. 5.792.022,34 en concepto de pago de antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso, intereses, utilidades, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, salarios adeudados y alícuota del vehículo. La parte actora impugnó, mediante escrito, el monto por insuficiente. El Tribunal declaró sin lugar la impugnación en sentencia del 16 de julio del 2002.
No obstante lo anterior, la abogada DAMARIS MILAGROS RANGEL MATUTE, en representación del ciudadano ALBERTO JOSÉ DE MACEDO PENELAS, interpuso amparo constitucional contra la presunta omisión del Juzgado Décimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al no pronunciarse respecto de la impugnación del monto de los salarios caídos consignados a favor del ciudadano MACEDO PENELAS por la empleadora INVERSIONES RODVEN S.A., por lo que alega la violación del artículo 51 de la Constitución Bolivariana de Venezuela el cual prevé Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo, y que se ordene a la ciudadana JUEZ RAIMUNDA CHACÓN, a emitir pronunciamiento de ley, a la impugnación por insuficiente (...) o de lo contrario se establezca un término para que la ciudadana Juez de instancia emita pronunciamiento de Ley, so pena de que el retardo u omisión por demás injustificado, dé inicio a un procedimiento disciplinario....
DE LA DECISIÓN APELADA
Del amparo interpuesto conoció el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, órgano jurisdiccional que en definitiva declaró inadmisible la acción de amparo constitucional en decisión del 2 de septiembre del 2002, bajo el argumento de que si la acción de amparo se interpone para que cese la omisión y el Tribunal de la causa se pronuncie respecto de la impugnación, al constar en autos que ya el Tribunal de la causa dictó pronunciamiento sobre la impugnación el 16 de julio de 2002 en el que declara SIN LUGAR la impugnación de la cantidad consignada por la accionada, INVERSIONES RODVEN C.A. efectuada por la parte actora ciudadano ALBERTO JOSÉ DE MACEDO PENELAS, la violación por la omisión ha cesado y se impone declarar la inadmisibilidad de la acción interpuesta por aplicación del artículo 6, numeral 1, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual explícitamente establece: No se admitirá la acción de amparo: 1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales que hubiesen podido causarla...
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En primer lugar, debe esta Sala pronunciarse respecto de su competencia para conocer de la presente apelación. Corresponde a la Sala Constitucional el conocimiento de las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando éstas infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales, y a tal efecto, reiterando los criterios sostenidos en sentencias de 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata Millán y Gustavo Domingo Ramírez Monja); 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire), en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se considera competente, y así se declara.
La acción de amparo constitucional procede cuando se produce de alguna forma un menoscabo del goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, lo cual puede provenir del desconocimiento, de la errónea aplicación, o de la falsa interpretación de la ley, que atenta contra un derecho o garantía constitucional.
Pero si la incorrecta aplicación de una norma o los errores en su interpretación, al igual que las respectivas valoraciones de las pruebas que realice el juez de la causa, no inciden en la eficacia de un derecho o garantía constitucional, no constituyen, entonces, una infracción constitucional ya que es del ámbito del juzgamiento de los jueces corregir los errores que puedan producir nulidades. Sostener lo contrario implica la intención llana de acceder a una nueva instancia judicial o administrativa, o de sustituir los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses; mas no la reafirmación de los valores constitucionales, que es lo que busca la pretensión de amparo.
En el presente caso, aparte de que el Juez a quo no ha violado ningún derecho o garantía constitucional con su decisión, el contenido del fallo, a juicio de esta Sala, resulta acertado en Derecho, pues no puede admitirse un amparo constitucional cuando el objeto por el cual se ha incoado el proceso constitucional ya ha dejado de ser, tal y como lo prevé la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 6, numeral 1, el cual prevé la no admisión de la acción de amparo cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiese podido causarla, por lo que siendo ese el supuesto verificado en autos, resultaba ciertamente inadmisible la solicitud en cuestión, y así se declara.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de amparo constitucional proferida por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 2 de septiembre del 2002, por virtud de la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por la abogada DAMARIS MILAGROS RANGEL MATUTE, en representación del ciudadano ALBERTO JOSÉ DE MACEDO PENELAS contra la presunta omisión del Juzgado Décimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 21 días del mes de agosto dos mil tres. Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
José Manuel Delgado Ocando
Antonio José García García
Pedro Rafael Rondón Haaz
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. N° 02-2178
JECR/
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