Sentencia N.º 2312
- Sentencia
- N.º 2312
- Fecha
- 14/12/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 06-1172
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 06-1172
El 1 de agosto de 2006, el abogado José Gregorio Rodríguez García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 71.353, actuando en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil PANALPINA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 10 de diciembre de 1962, bajo el N° 58, Tomo 36-A, interpuso solicitud de revisión constitucional de la sentencia N° 95 del 19 de enero de 2006, dictada por la Sala Político Administrativa, mediante la cual se declaró improcedente la apelación incoada por la representación judicial de la empresa recurrente contra la sentencia interlocutoria dictada el 26 de julio de 2005, por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, que declaró improcedente la solicitud de suspensión de los efectos de los actos administrativos contenidos en la Resolución de Multa N° APCG-5014-AAJ-PA-2004-029 del 5 de noviembre de 2004, y en la Planilla de Liquidación N° H-01-0224724 del 9 de noviembre de 2004, emanadas de la Gerencia de la Aduana Principal de Ciudad Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en consecuencia, se confirmó la decisión apelada, antes identificada, se declaró improcedente la suspensión de efectos solicitada por la contribuyente y se condenó al pago de las costas procesales a Panalpina, C.A., y la sentencia N° 514 del 2 de marzo de 2006, dictada por la referida Sala, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de ampliación presentada por el apoderado judicial de la contribuyente Panalpina, C.A., respecto a la sentencia N° 95/2006.
En virtud de su reconstitución, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.
El 3 de agosto de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
I
DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL
La parte solicitante expuso como fundamento de su pretensión, lo siguiente:
Que la sentencia impugnada obvió el argumento expuesto por la solicitante en el escrito de fundamentación a la apelación, en cuanto a la interpretación del artículo 263 del Código Orgánico Tributario conforme al principio de presunción de inocencia, establecido en el artículo 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la interpretación efectuada por la Sala Constitucional contenida en la decisión N° 1397/2001.
Que “(…) la violación que se produciría al derecho fundamental a la presunción de inocencia de la sancionada, en caso que se exigiera el pago de la multa y no se suspendiera los efectos del acto administrativo mediante la medida solicitada, toda vez que, no habiendo sentencia definitiva y firme que resuelve el fondo de los motivos de nulidad absoluta que sirvieron de argumento para impugnar el acto administrativo, el mismo no gozaría de la certeza incontrovertible de legalidad o legitimidad y mal podría de manera adelantada, antes de un procedimiento contradictorio en el que se permita el ejercicio del derecho fundamental a la defensa y la existencia de una sentencia de fondo, ordenarse el pago de la misma (…)”.
Que la apelación interpuesta ante la Sala Político Administrativa versaba sobre que la revisión de procedencia de las medidas considerara sólo sobre los actos de determinación tributaria y no sobre los actos de imposición de sanción, asimilando su contenido a lo establecido en el derogado Código Orgánico Tributario de 1994, lo cual no acogió la Sala Político Administrativa, contrariando el principio de presunción de inocencia.
Finalmente solicitó sea declarada ha lugar la revisión interpuesta y, en consecuencia, se declare la nulidad de la sentencia impugnada.
II
DE LAS SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
La Sala Político Administrativa mediante sentencia N° 95 del 19 de enero de 2006, declaró improcedente la apelación incoada por la representación judicial de la empresa recurrente contra la sentencia interlocutoria dictada el 26 de julio de 2005, por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, que declaró improcedente la solicitud de suspensión de los efectos de los actos administrativos contenidos en la Resolución de Multa N° APCG-5014-AAJ-PA-2004-029 del 5 de noviembre de 2004, y en la Planilla de Liquidación N° H-01-0224724 del 9 de noviembre de 2004, emanadas de la Gerencia de la Aduana Principal de Ciudad Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en consecuencia, se confirmó la decisión apelada, antes identificada, se declaró improcedente la suspensión de efectos solicitada por la contribuyente y se condenó al pago de las costas procesales a Panalpina, C.A., previo a lo cual efectuó las siguientes consideraciones:
“(…) la Sala observa que la suspensión de los efectos del acto recurrido en materia tributaria, no ocurre en forma automática con la interposición del recurso contencioso tributario (como sucedía bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994), sino que por el contrario debe considerarse como una medida cautelar que el órgano jurisdiccional puede decretar a instancia de parte.
En otro orden, del artículo 263 del Código Orgánico Tributario, antes citado, se desprende que para la procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos deben cumplirse ciertas exigencias, que conforme con el texto de la norma se refieren a ‘que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho’.
De este modo, la interpretación literal del texto transcrito supra permitiría afirmar, en principio, la posibilidad de que los requisitos para decretar la medida cautelar en materia tributaria no sean concurrentes. Sin embargo, la Sala considera necesario advertir que las interpretaciones de los textos normativos deben realizarse con base en una comprensión integral de los mismos, lo cual le impone efectuarla de forma sistemática con respecto a todo el ordenamiento jurídico.
Tomando en consideración dicha circunstancia, la Sala juzga necesario y pertinente citar en esta oportunidad, el criterio plasmado en su Sentencia Nº 00607 de fecha 3 de junio de 2004, Caso: Deportes El Márquez, C.A., posteriormente ratificado por los fallos Nos. 00737 del 30 de junio de 2004, Caso: Mercedes Benz Venezuela, S.A., 01023 del 11 de agosto de 2004, Caso: Agencias Generales Conaven, C.A., y 01677 del 6 de octubre de 2004, Caso: Servicios Especiales San Antonio, S.A. (...).
…omissis…
En virtud de la decisión arriba transcrita, esta Sala estima que las exigencias enunciadas en el artículo 263 del vigente Código Orgánico Tributario, no deben examinarse aisladamente, sino en forma conjunta, porque la existencia de una sola de ellas no es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal, cual es la suspensión de los efectos del acto impugnado, en tanto que mal podrían enervarse los efectos de un acto revestido de una presunción de legalidad si el mismo no supone para el solicitante un perjuicio real de difícil o imposible reparación con la sentencia de fondo, o si aquél no ostenta respecto del acto en cuestión una situación jurídica positiva susceptible de protección en sede cautelar.
Tan es así, que las previsiones generales en materia de medidas cautelares contenidas en el Código de Procedimiento Civil, exigen la concurrencia de los requisitos de procedencia de tales medidas, no existiendo en el ámbito contencioso tributario -como tampoco ocurre en el contencioso administrativo- una razón lógica para soportar lo contrario, esto es, la procedencia de la medida cautelar de que se trate por la sola verificación de uno de los aludidos extremos.
En tal sentido, la medida preventiva de suspensión de efectos procede únicamente cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable, a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés público involucrado.
Sentado (sic) lo anterior, resulta necesario analizar si en el caso de autos la decisión del Tribunal de instancia estuvo ajustada a derecho al determinar la improcedencia de la suspensión de efectos de la resolución impugnada, y en tal sentido se observa lo siguiente:
En cuanto concierne al periculum in damni, observa la Sala que dicho requisito ha sido fundamentado por la recurrente en el daño patrimonial ocasionado en su esfera económica por el pago de la multa determinada por la Gerencia de la Aduana Principal de Ciudad Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
…omissis…
Considera en definitiva esta Sala, que más allá de lo argumentado por la contribuyente recurrente, en la situación bajo examen ésta no aportó a los autos elemento alguno del cual pudiera inferirse seriamente el perjuicio patrimonial irreparable o de difícil reparación con la decisión de mérito; razón por la cual se impone desestimar este argumento. Así se declara.
Por otro lado, la Sala aprecia que el segundo argumento esgrimido por la recurrente para sustentar su solicitud de suspensión de efectos consiste en que ‘...de declararse la nulidad del acto administrativo recurrido, se colocaría al contribuyente en la difícil situación de solicitar el reintegro de una cantidad de dinero cuantiosa, que por la práctica termina siendo de casi imposible cumplimiento, afectándose en definitiva el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el daño que le produjere el cese de actividades sería irreparable por la sentencia definitiva…’.
Ante tal planteamiento, es de observar que la devolución de lo pagado por concepto de multa en caso de resultar procedente su pretensión principal de nulidad, no constituiría una prestación de imposible ejecución, toda vez que al ser acordada la nulidad de la resolución impugnada, bastaría la realización del correspondiente procedimiento administrativo para que proceda el reintegro (Ver sentencias Nos. 00968 del 1º de julio de 2003, caso: Citibank N.A. Sucursal Venezuela y 00002 del 7 de enero de 2003, caso: Banco Tequendama, S.A.).
Adicional a ello, es de advertir que no obstante el trámite que eventualmente tuviese que realizar la actora a fin de obtener del Estado la repetición de un dinero pagado de manera indebida, el carácter coactivo de las decisiones jurisdiccionales impondría a la Administración Tributaria, en el caso de declararse con lugar el recurso incoado, devolver el monto percibido por concepto de los impuestos y multa anulados.
De manera que, la restitución de lo pagado por concepto de impuesto sobre la renta y multas, en ejecución de una eventual decisión favorable para la recurrente, no estaría sujeta a la discrecionalidad de la Administración; por el contrario, constituiría un verdadero deber jurídico derivado de una sentencia de obligatorio cumplimiento, cuya inobservancia generaría responsabilidades personales y directas a los funcionarios adscritos a ella. En virtud de lo expuesto, en el caso de autos debe desecharse el antes planteado argumento, y así se declara.
Por lo tanto, al no constar en autos elementos que permitan concluir objetivamente sobre el cumplimiento del requisito relativo al periculum in damni, tal como fue apreciado por el a quo, resulta improcedente la medida de suspensión de efectos solicitada, e inoficioso el análisis respecto del otro supuesto de procedencia, pues su cumplimiento debe ser concurrente, tal y como ha quedado sentado en el presente fallo. Así se declara.
Con base en lo anteriormente expuesto, esta Alzada confirma la sentencia interlocutoria de fecha 26 de julio de 2005, dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana y declara improcedente la solicitada suspensión de efectos. Así se decide (…)”.
Asimismo, la Sala Político Administrativa mediante sentencia N° 514 del 2 de marzo de 2006, declaró improcedente la solicitud de ampliación presentada por el apoderado judicial de la contribuyente Panalpina, C.A., respecto a la sentencia N° 95/2006, previo a lo cual efectuó las siguientes consideraciones:
“(…) A tal efecto, considera esta Sala que en el momento de decidir la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, de fecha 26 de julio de 2005, entró a evaluar su conformidad a derecho, revisando que se encontraren satisfechos los requisitos concurrentes de procedencia para que fuera otorgada la medida cautelar de suspensión de efectos prevista en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario.
Así las cosas, al analizarse en esa oportunidad los elementos cursantes en autos, no se evidenció la demostración del periculum in damni o daño patrimonial irreparable en la esfera del contribuyente como consecuencia de la ejecución del acto administrativo impugnado. De tal manera, esta Sala consideró inoficioso pronunciarse respecto al resto de los argumentos presentados por el apoderado de la contribuyente, como fundamentos de su apelación.
En razón de lo anterior, se considera improcedente la solicitud de ampliación presentada por el apoderado judicial de la contribuyente, ya que en el momento de dictarse la sentencia número 00095, resultaba innecesario pronunciarse sobre la pretendida violación al derecho a la presunción de inocencia, al no haberse demostrado el daño irreparable (periculum in damni) que le causaría a la contribuyente la ejecución de la Resolución de multa, por lo que no tendría relevancia alguna en la esfera jurídico-subjetiva de la peticionante, el análisis de los demás argumentos que sirvieron de fundamento a la apelación. Así se declara.
Por otra parte, esta Sala considera necesario señalar que la norma prevista en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, no distingue entre actos que determinen tributos y aquellos que impongan multas en ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, por lo que los requisitos de procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos serían los mismos para cualquier acto administrativo de contenido tributario, recurrible de conformidad con lo previsto en el artículo 259 eiusdem. Así se decide (…)”.
III
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “(…) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (…)”.
Por su parte, el legislador consagró la potestad de revisión en los artículos 5.4 y 5.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales disponen:
“(…) Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.
4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación (…).
… omissis …
16. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de la República”.
Asimismo, en el fallo N° 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”) esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:
“(…) 1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional (…)”.
Ahora bien, por cuanto en el caso de autos, se pidió la revisión de las sentencias Nros. 95 y 514 dictadas el 19 de enero de 2006 y el 2 de marzo de 2006, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la misma, conforme lo supra expuesto. Así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En la oportunidad de decidir, esta Sala observa:
Al efecto, la parte actora solicitó la revisión constitucional de las sentencias Nros. 95, dictada el 19 de enero de 2006 por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró improcedente la apelación incoada por la representación judicial de la empresa recurrente contra la sentencia interlocutoria dictada el 26 de julio de 2005, por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, en consecuencia, se confirmó la decisión apelada, se declaró improcedente la suspensión de efectos solicitada por la contribuyente y se condenó al pago de las costas procesales a Panalpina, C.A., y la N° 514 del 2 de marzo de 2006, dictada por la referida Sala, que declaró improcedente la solicitud de ampliación presentada por el apoderado judicial de la contribuyente Panalpina, C.A., respecto a la sentencia N° 95/2006.
En primer lugar, aprecia esta Sala que los argumentos expuestos en la revisión constitucional sobre los requisitos de procedencia de la misma versan sobre la sentencia N° 95, dictada el 19 de enero de 2006 por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de que es en este fallo que la referida Sala analizó los requisitos de procedencia de las medidas cautelares y la improcedencia de su interpretación conforme lo expuso el accionante a la asimilación de la suspensión de efectos establecida en el derogado Código Orgánico Tributario de 1994, lo cual –según aduce- produjo una violación a su derecho a la presunción de inocencia, ya que la segunda de las sentencias objeto de revisión –sentencia N° 514/2006- versa única y exclusivamente sobre la improcedencia de una solicitud de ampliación del fallo anterior, por cuanto éste último es consustancial al primero de ellos, razón por la cual el referido análisis versará sobre la primera de ellas, resultando afectada la segunda si esta Sala considera procedente declarar ha lugar la revisión constitucional interpuesta, por ser conexa a la anterior. Así se decide.
En segundo lugar, debe esta Sala Constitucional advertir que, según pacífica y reiterada jurisprudencia al respecto, se ha establecido que la potestad de revisión es ejercida por esta Sala de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, si con ello se va a contribuir a la uniformidad en la interpretación de principios y normas constitucionales, puesto que tal solicitud no implica una instancia adicional de conocimiento de la causa (Vid. Sentencia de esta Sala N° 44 del 2 de marzo de 2000, caso: “Francia Josefina Rondón Astor”).
Asimismo, debe destacarse que la solicitud de revisión no se configura como la posibilidad de una tercera instancia de la cual disponen los ciudadanos para fundamentar la misma en los posibles errores de juzgamientos en que incurran los jueces, sino que la misma se constituye como un medio extraordinario y excepcional de control de la Sala sobre la interpretación de principios y normas constitucionales, que atenten de tal modo contra los derechos de los justiciables que hagan factible su revisión y posterior anulatoria de la sentencia impugnada por parte de la Sala.
En este sentido, de las actas del expediente se desprende que la situación planteada no se ajusta a los fines que persigue la potestad excepcional de revisión constitucional, dado que no es posible examinar en esta sede extraordinaria la suficiencia de la motivación desarrollada en el fallo sujeto a revisión, la valoración que efectuó el juzgador para dictar el dispositivo cuestionado, ni el alcance de las interpretaciones de normas legales que se hayan realizado en la referida sentencia, salvo que se detecte que contraríen en forma manifiesta o grotesca el contenido de una norma constitucional o la doctrina de alguna decisión vinculante de esta Sala Constitucional, en cuanto al sentido y alcance que ha de atribuirse a alguna disposición constitucional al ser desarrollada por la ley, no existiendo ninguno de tales supuestos en el presente caso.
Bajo las anteriores premisas, esta Sala estima que, de conformidad con los supuestos fijados por el numeral 10 del artículo 336 constitucional y por los numerales 4 y 16 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como de los delimitados por la Sala en su sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001, caso: “Corpoturismo”, pueden ser objeto de revisión constitucional las sentencias definitivamente firmes que resuelvan el mérito de la controversia y las decisiones de naturaleza interlocutoria con fuerza de definitivas, que pongan fin al proceso.
En consecuencia, visto que en el presente caso no se encuentran los supuestos previamente establecidos, aunado al hecho de que los posibles perjuicios económicos alegados por el solicitante pueden ser restablecidos por la sentencia definitiva, esta Sala debe declarar no ha lugar la revisión constitucional interpuesta. Así se decide.
En razón de ello, esta Sala juzga que la revisión planteada de las decisiones Nros. 95 y 514 dictadas el 19 de enero de 2006 y el 2 de marzo de 2006, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, debe ser declarada no ha lugar. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR la revisión constitucional interpuesta por el abogado José Gregorio Rodríguez García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 71.353, actuando en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil PANALPINA, C.A., ya identificada, de la sentencia N° 95 del 19 de enero de 2006, dictada por la Sala Político Administrativa, mediante la cual se declaró improcedente la apelación incoada por la representación judicial de la empresa recurrente contra la sentencia interlocutoria dictada el 26 de julio de 2005, por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, que declaró improcedente la solicitud de suspensión de los efectos de los actos administrativos contenidos en la Resolución de Multa N° APCG-5014-AAJ-PA-2004-029 del 5 de noviembre de 2004, y en la Planilla de Liquidación N° H-01-0224724 del 9 de noviembre de 2004, emanadas de la Gerencia de la Aduana Principal de Ciudad Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en consecuencia, se confirmó la decisión apelada, antes identificada, se declaró improcedente la suspensión de efectos solicitada por la contribuyente y se condenó al pago de las costas procesales a Panalpina, C.A., y la N° 514 del 2 de marzo de 2006, dictada por la referida Sala, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de ampliación presentada por el apoderado judicial de la contribuyente Panalpina, C.A., respecto a la sentencia N° 95/2006.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de Diciembre de dos mil seis (2006). Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Francisco Antonio Carrasquero López
MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N° 06-1172
LEML/d
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