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MAGISTRADO PONENTE: ARCADIO DELGADO ROSALES
El 10 de agosto de 2004, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el oficio N° 319-04 del 9 de agosto de 2004, por el cual se remitió el expediente N° 01-8716 (nomenclatura de dicho Juzgado), contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Lilian Judith Morales García, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 81.079, con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana NANCY BOSSA MORENO, titular de la cédula de identidad N° 3.881.582, contra el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.
Dicha remisión obedece a la consulta de ley a que está sometida la decisión dictada el 22 de enero de 2002 por el Juzgado Superior remitente, que homologó el desistimiento de la acción de amparo constitucional.
En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García.
Vista la jubilación acordada por la Sala Plena el 18 de mayo de 2005 al Magistrado Antonio J. García García, se asignó la ponencia al Magistrado Arcadio Delgado Rosales quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN
Señaló la apoderada judicial de la accionante que en el juicio por nulidad de contrato que interpuso contra Daewoo Motors de Venezuela, S.A. y Líder Auto, C.A., ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, solicitó, el 18 de mayo de 2001, la nulidad y reposición de algunos actos referidos a la evacuación de las pruebas promovidas y admitidas por el Tribunal. En efecto, a su decir, el referido tribunal negó la admisión de la mayoría de las pruebas promovidas; no oyó la apelación que interpuso contra esa negativa, lo que originó que recurriera de hecho; y tampoco expidió las copias certificadas para la tramitación de tal recurso, por lo que fue declarado sin lugar. Que aun cuando, posteriormente, el Juzgado accionado admitió las pruebas promovidas, lo hizo el último día del lapso de evacuación, impidiendo su debida tramitación.
Que al ser ello así el proceso entero estaba viciado, razón por la cual debían anularse las actuaciones aludidas y reponerse la causa al estado de que se realizaran los actos necesarios para la evacuación de las mencionadas pruebas.
Expresó que esa era la finalidad de la petición efectuada el 18 de mayo de 2001, ratificada el 16 de noviembre de ese año, solicitud que, conforme al artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, debía ser respondida dentro de los tres días siguientes; sin embargo, acotó que a la fecha de la interposición del amparo no se había producido respuesta alguna, lo que hacía que a partir del 23 de mayo de 2001 el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas haya incurrido en omisión de pronunciamiento, lo que lesionaba sus derechos constitucionales a la oportuna respuesta, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, por lo que solicitó que la acción de amparo se declarara con lugar y se ordenara a dicho Juzgado pronunciarse sobre la solicitud de nulidad y reposición efectuada.
II
DE LA SENTENCIA CONSULTADA
Mediante decisión del 22 de enero de 2002, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, visto el desistimiento efectuado, el 18 de enero de 2002, por la apoderada judicial de la parte accionante, le impartió su homologación, luego de considerar que la acción no contravenía el orden público ni las buenas costumbres, que se trataba de una figura de auto-composición procesal admisible dentro del proceso de amparo conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
III
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala pronunciarse aún sobre la presente consulta de amparo constitucional, en virtud de lo establecido en la sentencia N° 1307 del 22 de junio de 2005, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto se observa que, conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo, salvo en la materia contenciosa administrativa, ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones y las consultas obligatorias se rige tanto por las normativas especiales, como por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala (Vid. Caso: Emery Mata Millán del 20 de enero de 2000 y Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo del 8 de diciembre de 2000).
De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y visto que la sentencia ha sido dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como primera instancia constitucional, esta Sala resulta competente para conocer de la presente consulta; y así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Decidido lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de dicha consulta, a cuyo fin se observa que la decisión dictada el 22 de enero de 2002 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas homologó el desistimiento de la acción de amparo interpuesta, pues, mediante diligencia que cursa inserta al folio 197 del expediente, la apoderada judicial de la accionante desistió de la acción.
Ahora bien, el encabezamiento del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone:
“Artículo 25.- Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres”.
De la norma transcrita se evidencia la posibilidad para el presunto agraviado de desistir de la acción de amparo constitucional intentada, indistintamente del estado en que el juicio se encuentre, siempre que el derecho que se alegue como vulnerado por la actuación lesiva no implique una violación del orden público o afecte las buenas costumbres.
En tal sentido, consta al folio 13 del expediente el poder otorgado apud acta por la ciudadana Nancy Bossa Moreno a la abogada Lilian Yudith Morales García, según el cual, la mencionada profesional del derecho está habilitada para desistir. Al ser ello así, y visto que mediante diligencia del 18 de enero de 2002, la abogada apoderada judicial de la accionante de forma inequívoca desistió de la acción de amparo, y como quiera que en el caso de autos, tal y como están planteados los hechos, en los mismos no está involucrado el orden público o las buenas costumbres, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, encuentra ajustada a derecho la homologación impartida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 22 de enero de 2002, razón por la cual confirma tal decisión. Así se declara.
V
DECISIÓN
Por lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada el 22 de enero de 2002 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que homologó el desistimiento de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Lilian Judith Morales García, con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana NANCY BOSSA MORENO, contra el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 01 días del mes de agosto de dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación. La Presidenta, Luisa EstelLa Morales Lamuño El Vicepresidente, Jesús Eduardo Cabrera Romero Los Magistrados, Luis V. VeláZquez Alvaray Francisco A. Carrasquero López MarcoS Tulio Dugarte Padrón ARCADIO DELGADO Rosales Ponente El Secretario, José Leonardo Requena Cabello Exp.- 04-2197 ADR/cml
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ