Venley

Sentencia N.º 2314

Sentencia
N.º 2314
Fecha
18/12/2007
Sala
Constitucional
Expediente
07-1270
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

MagistradA Ponente: Carmen Zuleta de Merchán

El 19 de septiembre de 2007, el abogado Roberto Hung Cavalieri, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 62.741, con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana VIRGINIA MARGARITA MENDOZA DE BREWER, titular de la cédula de identidad número 3.174.449, heredera del causante CRISTÓBAL MENDOZA PÉREZ, solicitó la revisión constitucional de la sentencia Nº 0879 dictada por la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal el 8 de mayo de 2007.

El 24 de septiembre de 2007 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter la suscribe.

Realizado el estudio del expediente, esta Sala decide, previas las siguientes consideraciones:

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

Los hechos alegados por la actora, que presuntamente dieron lugar a la presente solicitud de revisión constitucional, se circunscriben a los siguientes:

Que el 28 de julio de 2006, la Sala Constitucional mediante sentencia núm. 1475, declaró ha lugar la solicitud de revisión interpuesta por la representación judicial de la ciudadana Virginia Margarita Mendoza de Brewer contra el fallo dictado el 17 de noviembre de 2005, por la Sala de Casación Social, que declaró sin lugar el recurso de hecho interpuesto. En consecuencia, anuló dicho fallo y ordenó a la Sala de Casación Social pronunciarse nuevamente sobre el recurso.

            Que, con ocasión del fallo de la Sala Constitucional, el 29 de noviembre de 2006, la Sala de Casación Social solicitó, al Coordinador de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que se le remitiera el expediente continente del juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros beneficios sigue Virginia Margarita Mendoza de Brewer y Julieta Elena Mendoza de Cosson, contra la sociedad mercantil Compañía Anónima DIANAMEN.

Que el 19 de diciembre de 2006, la Sala de Casación Social recibió el expediente remitido por el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Que el 21 de marzo de 2007, “(…) -transcurridos más de tres meses de la recepción del expediente- la Sala de Casación Social Declaró Con Lugar el Recurso de Hecho (…)”  y admitió el recurso de casación anunciado.

Que el 13 de abril de 2007, “(…) toda vez, que la Sentencia Nº 0554 de la Sala de Casación Social fue dictada fuera del lapso previsto para ello conforme el artículo 170 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esto es: ‘dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de las actuaciones’ (que ocurrió el día 19 de diciembre de 2006), mediante Diligencia, [esa] representación judicial se dio por notificada de la misma y solicitó la notificación de la contraparte a los fines de que inicie el transcurso del lapso procesal correspondiente para la formalización del recurso de casación”.

Que mediante sentencia Nº 0879 del 8 de mayo de 2007, la Sala de Casación Social declaró perecido el Recurso de Casación anunciado contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Superior del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 25 de abril de 2005, en virtud de que había vencido el lapso para la formalización sin que hubiese constado en autos la consignación del escrito correspondiente, a pesar de que consideró que había anunciado el recurso de casación oportunamente.

Que “(…) al haber declarado perecido el Recurso de Casación anunciado por la parte actora, sin que hubiese iniciado a transcurrir el lapso para formalizar el correspondiente recurso de casación, ello toda vez que la decisión que declarase Con Lugar el Recuso de Hecho y Admitido el Recurso de Casación fue dictada pasada con creces la oportunidad para ello, es decir de cinco (5) días hábiles desde el día 19 de diciembre de 2006, fecha en que se recibieran las actuaciones, debe entonces notificarse a las partes dicha sentencia, mal pudiendo entonces la Sala mediante el fallo recurrido en Revisión declarar tal perecimiento (…)”.

Que “(…) al haber recibido la Sala de Casación Social las actuaciones (19 de diciembre de 2006), constituidas éstas por las piezas del expediente que requiriera para dictar su decisión sobre la admisión del Recurso de Hecho y consecuente admisión del Recurso de Casación, la decisión debió ser dictada dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, lo cual no ocurrió, sino que fue en efecto dictada la decisión transcurrida dicha oportunidad siendo entonces necesaria la notificación de las partes para que iniciase a transcurrir el lapso de formalización”.

Que “(…) [esa] representación judicial mediante Diligencia de fecha 13 de abril de 2007, toda vez que la sentencia (…) fue dictada fuera del lapso previsto para ello se dio por notificada de la misma, solicitando de igual modo la notificación de la contra parte, procediendo posteriormente la Sala a practicar un cómputo de días transcurridos desde que fuese (sic) dictada la decisión que admite el recurso de casación como si la misma hubiese sido dictada dentro de la oportunidad legal para ello, procediendo a dictar entonces el fallo ahora recurrido sin hacer el mínimo examen o pronunciamiento sobre la notificación mediante diligencia de [esa] representación judicial y solicitud de notificación a la contraparte, que era a todas luces la actuación judicial procedente”.

Que “[s]ilencia completamente la sentencia recurrida en revisión que las actuaciones fueron recibidas como en efecto ocurrió el día 19 de diciembre de 2006 y desde dicha oportunidad trascurrieron los 5 días hábiles para dictar sentencia, lo que ocurrió pasados en demasía, es decir fuera de la oportunidad legal y (sic) necesaria la notificación de las partes para las ulteriores actuaciones”.

Que “silencia igualmente la decisión recurrida, la diligencia de fecha 13 de abril de 2007 donde de manera expresa [esa] representación judicial se da por notificada, con lo que aún más se vulnera el derecho al debido proceso”.

Que “(…) el fallo al declarar perecido un Recurso de Casación, al haberse dictado la decisión que lo admite fuera del lapso procesal para ello y sin que se proceda a la notificación de las partes para los actos procesales consiguientes, constituye una flagrante violación al artículo 49 de la Carta Magna que consagra el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, este último además viéndose subvertido plenamente ya que se le cercena a las partes la posibilidad de hacer valer las defensas y argumentos que a bien tengan”.

            Finalmente, solicitó se declare ha lugar la revisión constitucional ejercida, se anule la sentencia nº 0879 dictada por la Sala de Casación Social el 8 de mayo de 2007, y se reponga la causa al estado de notificar a las partes de la decisión núm. 0554, que declaró con lugar el recurso de hecho propuesto por la parte actora. 

II

DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN

 

       El 8 de mayo de 2007, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia declaró perecido el recurso de casación anunciado por la representación judicial de las ciudadanas Virginia Margarita Mendoza de Brewer y Julieta Elena Mendoza de Cosson, en su condición de herederas del causante Cristóbal Mendoza Pérez, con fundamento en los siguientes términos:

“Dispone el artículo 171 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que será declarado perecido el recurso cuando la formalización no se presente en el lapso a que se contrae ese mismo artículo o cuando el escrito no cumpla con los requisitos allí establecidos.

 

En este sentido, la citada disposición prevé un lapso de veinte (20) días consecutivos, más el término de la distancia que se haya fijado entre la sede del tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la República, para formalizar el recurso de casación, lapso este que se computa a partir del día siguiente al vencimiento de los cinco (5) días que se conceden para el anuncio del recurso o desde el día hábil siguiente al de la declaratoria con lugar del recurso de hecho, según sea el caso.

 

Determinado lo anterior, del cómputo realizado por la Secretaría de esta Sala se constata que el lapso para consignar la formalización del recurso de casación ejercido por la parte demandante, comenzó a transcurrir el 22 de marzo de 2007, día siguiente al auto de esta Sala que declaró con lugar el recurso de hecho, y venció el 10 de abril del mismo año.

 

Conforme con lo anterior, se observa que la parte actora anunció el recurso de casación oportunamente; no obstante, visto que venció el lapso para su formalización sin que conste en autos la consignación del escrito correspondiente, esta Sala tendrá como perecido el recurso interpuesto. Así se decide.

(…)

 

En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación anunciado por la parte actora, contra la sentencia publicada el 25 de abril de 2005 por el Juzgado Cuarto Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Se condena en costas a la parte recurrente en casación, de conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo”.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Esta Sala se ha pronunciado acerca de la facultad que detenta para revisar las decisiones de las demás Salas de este Supremo Tribunal que contraríen las normas y principios contenidos en la Constitución, así como aquellas que se opongan a las interpretaciones que sobre tales normas y principios haya realizado esta, de conformidad con el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 334 y 335 eiusdem y con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no obstante la ausencia de desarrollo legislativo al respecto (vid. sentencias números 1312/2000, 33/2001 y 192/2001). La Sala ha señalado que tal facultad de revisión persigue garantizar el cumplimiento, vigencia y respeto de los postulados constitucionales, así como la integridad de la interpretación, en tanto se trata de una Sala con facultades expresas para tal función, concebida como un órgano especializado para ello. Sin embargo, aun cuando la Sala posee los más amplios poderes de revisión sobre aquellas decisiones en las que el ordenamiento constitucional permite su intervención, no se trata de una potestad genérica e irrestricta, en el sentido que pueda revisar cualquier decisión; antes bien, debe tratarse de específicas sentencias que, en todo caso, serán precisadas en la legislación que se dicte.

Igualmente, estima la Sala oportuno señalar el criterio sostenido en sentencia nº 93/2001, caso: Corpoturismo, cuando, en atención a lo dispuesto en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispuso:

 

“Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

 

1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

 

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

 

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

 

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”

 

 

Siendo esto así, esta Sala observa que la solicitud de revisión que nos ocupa, fue interpuesta contra la sentencia nº 0879 dictada el 8 de mayo de 2007, por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, por lo tanto, considera pertinente asumir su competencia para conocer y decidir la revisión solicitada, en atención al literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En primer término, debe esta Sala destacar que la vía extraordinaria de revisión ha sido concebida como un medio para preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, o para corregir graves infracciones a sus principios o reglas (vid. sents. 1760/2001 y 1862/2001), lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia. Su extraordinariedad justifica la manera selectiva con que se juzga la procedencia de las solicitudes interpuestas, pues la Sala no está vinculada a las peticiones que se hagan en este sentido (vid. sent. 44/2000, caso: Francia Josefina Rondón Astor).

Ahora bien, en el presente caso se le solicitó a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión, visto el perecimiento declarado por parte de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, del recurso de casación anunciado contra la decisión dictada el 25 de abril de 2005, por el Juzgado Cuarto Superior del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por no haber formalizado el recurso dentro lapso previsto para ello.

Al respecto, se evidencia de actas que la Sala de Casación Social declaró perecido el recurso por cuanto transcurridos los veinte días a que alude el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para la formalización ésta no se produjo.  En tal sentido, el cómputo de la Secretaría de Sala de Casación Social determinó que dicho lapso inició el 22 de marzo de 2007 (día siguiente al auto de esa Sala que declaró con lugar el recurso de hecho) y venció el 10 de abril del  mismo año.

Para decidir, la Sala observa:  

El artículo 170 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que “dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de las actuaciones” la Sala de Casación Social decidirá el recurso de hecho intentado en caso de negativa de admisión del recurso de casación.

Del expediente se constata que la Sala de Casación Social recibió las actuaciones necesarias para emitir su decisión en relación con el recurso de hecho intentado el 19 de diciembre de 2006; no obstante, la decisión no fue dictada dentro del plazo exigido por el artículo 170 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sino transcurridos más de tres meses después de la recepción del expediente, esto es, el 21 de marzo de 2007, oportunidad en la cual fue declarado con lugar el recurso de hecho intentado y se admitió el recurso de casación anunciado.

Ahora bien, del cómputo realizado por esta Sala a los fines de determinar con exactitud cuándo fenecieron los cinco días hábiles dentro de los cuales debió decidir la Sala de Casación Social el recurso de hecho ejercido por la parte actora, se advierte que, excluyendo los días en los cuales no se dio despacho (entre el 20 de diciembre de 2006 hasta el 23 diciembre del mismo año) y los días correspondientes a las vacaciones judiciales (entre el 24 de diciembre de 2006 hasta el 7 de enero de 2007), dicho lapso venció el 15 de enero de 2007. Por tanto, a partir del 16 de enero de 2007 cesó la estadía a derecho de las partes, razón por la cual la sentencia dictada el 21 de marzo de 2007 por la Sala de Casación Social debió notificarse a las partes, a tenor de lo estipulado en los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil, aplicables analógicamente en atención a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 

Cónsona con las ideas esbozadas, esta Sala Constitucional se pronunció en sentencia Nº 431 del 19 de mayo 2000 (caso: “Proyectos Inverdoco, C.A.”), donde expresamente señaló:   

“(…) Entre las excepciones al principio, en materia de notificaciones, se encuentran al menos dos: una es de creación jurisprudencial y es producto del respeto al derecho de defensa de las partes; y la otra, responde a la ruptura a la estadía a derecho, y consiste en hacer saber a las partes la reanudación del juicio.

La primera tiene lugar cuando un nuevo juez se aboca al conocimiento de la causa. La jurisprudencia emanada de la Casación Civil, consideró que para evitar sorpresas a las partes, el nuevo juez debía notificarlos que iba a conocer, independientemente que el proceso se encontrara o no paralizado. Esta notificación garantizaba a las partes, el poder recusar al juez, o el solicitar que se constituyera el tribunal con asociados, preservándosele así ambos derechos a los litigantes.

La falta de tal notificación, ha sido considerada como una transgresión al debido proceso, y por lo tanto ha originado acciones de amparo; y la jurisprudencia, incluyendo la de esta Sala (en el caso: Petra Lorenzo), ha sido, que el que incoa el amparo por esta causa, debe fundarlo en que efectivamente iba a recusar al juez (señalando la causal), o que iba a pedir la constitución de asociados, evitándose así reposiciones inútiles como efecto del amparo declarado con lugar.

En el escrito de amparo presentado por Proyectos Inverdoco, C.A., no existe declaración alguna que guarde relación con la existencia de una causal de recusación, que la omisión del trámite procesal del abocamiento haya impedido plantear, afectando la garantía de ser juzgado por un juez imparcial, que es, por cierto, a donde va dirigida la protección de los valores constitucionales en esta hipótesis. Por tanto, no es admisible el argumento invocado por la empresa accionante del amparo como fundamento de las violaciones constitucionales por ese motivo, y así se declara.

La segunda notificación obligatoria, tiene lugar cuando la causa se encuentra paralizada, y por lo tanto la estadía a derecho de las partes quedó rota por la inactividad de todos los sujetos procesales. La paralización ocurre cuando el ritmo automático del proceso se detiene al no cumplirse en las oportunidades procesales las actividades que debían realizarse bien por las partes o por el tribunal, quedando la causa en un marasmo, ya que la siguiente actuación se hace indefinida en el tiempo. Entonces, hay que reconstituir a derecho a las partes, para que el proceso continúe a partir de lo que fue la última actuación cumplida por las partes o por el tribunal, y tal reconstitución a derecho se logra mediante la notificación prevenida en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil si la causa aun no ha sido sentenciada en la instancia, o por el artículo 251 eiusdem, si es que se sentenció fuera del lapso. Tal notificación se hará siguiendo lo pautado en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil (...)” (Subrayado añadido).

 

Así las cosas, esta Sala considera oportuna la trascripción de lo que establece el artículo 251 de Código de Procedimiento Civil, que la sala considera aplicable al proceso laboral:

"Artículo 251.-El pronunciamiento de la sentencia no podrá diferirse sino por una sola vez, por causa grave sobre la cual el Juez hará declaración expresa en el auto de diferimiento, y por un plazo que no excederá de treinta días. La sentencia dictada fuera del lapso de diferimiento deberá ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos" (Subrayado añadido).

 

De allí que, a juicio de esta Sala, la falta de notificación de las partes de la sentencia dictada fuera de lapso; y adicional a ello, el hecho de dejar transcurrir el lapso para presentar el escrito de formalización del recurso de casación anunciado, resultó en el caso concreto violatorio del derecho a la defensa y al debido proceso de la parte actora establecido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna. Así se decide.

En atención a lo expuesto, estima la Sala que la sentencia cuya revisión se solicita desacató doctrina vinculante de esta Sala, contrariando principios y disposiciones constitucionales que la subsumen en los supuestos que la Sala ha considerado que determinan el ejercicio de su potestad revisora. Por tanto, a los fines de garantizar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, la Sala Constitucional, en ejercicio de dicha potestad, anula la sentencia dictada por la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal el 8 de mayo de 2007, y para restablecer la situación jurídica infringida por la incertidumbre acerca de la oportunidad legal para la formalización del recurso de casación ejercido repone la causa al estado de que dicha Sala notifique a la parte recurrente la decisión Nº 0554, dictada el 21 de marzo de 2007, para que una vez que conste en autos la referida notificación comience el cómputo del lapso para la formalización del recurso anunciado. Así se decide.

V

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara: 

PRIMERO: HA LUGAR en derecho la solicitud de revisión formulada por el abogado Roberto Hung  Cavalieri, con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana VIRGINIA MARGARITA MENDOZA DE BREWER, en su condición de heredera del causante Cristóbal Mendoza Pérez, contra la sentencia dictada el 8 de mayo de 2007, por la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, que declaró perecido el recurso de casación anunciado contra el fallo emanado del Juzgado Cuarto Superior del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 25 de abril de 2006.

SEGUNDO: ANULA la sentencia dictada el 8 de mayo de 2007, por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia.

TERCERO: REPONE la causa al estado de que la Sala de Casación Social notifique a la parte recurrente la decisión Nº 0554, dictada el 21 de marzo de 2007, para que una vez que conste en autos la referida notificación, comience el cómputo del lapso para la formalización del recurso anunciado.

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente  decisión a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  18 días del mes de diciembre  dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                       Ponente

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.- 07-1270

CZdeM/

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