Venley

Sentencia N.º 2319

Sentencia
N.º 2319
Fecha
18/12/2007
Sala
Constitucional
Expediente
07-1519
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

            El 24 de octubre de 2007 el abogado Leonel Alfonso Ferrer Urdaneta, titular de la cédula de identidad N° 9.955.916, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 65.719, actuando en su propio nombre, asistido por la abogada Cecilia Esté Bolívar, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 56.467, ejerció “acción popular de amparo constitucional” contra el Contralor General de la República, a causa de la Resolución N° 01-00-000082 del 18 de abril de 2007, por el cual se le inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez años.

El 26 de octubre de 2007 se dio cuenta del escrito en Sala y se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.

Revisado el expediente por los Magistrados que conforman la Sala, se pasa a admitir la acción, previas las consideraciones siguientes

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

 

Por Resolución N° 01-00-000082 del 18 de abril de 2007 el Contralor General de la República sancionó al demandante con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez años, medida contra la cual ejerció recurso de reconsideración, el cual fue negado por Resolución N° 01-00-000183 del 8 de agosto de 2007, confirmándose el acto.

Contra dicha Resolución N° 01-00-000082 el ciudadano Leonel Alfonso Ferrer Urdaneta ejerció acción de amparo ante esta Sala, a fin de solicitar su “revocatoria o en su defecto la declaratoria de nulidad”. A tal fin, expuso lo siguiente:

-                     Que la sanción se produjo en razón de un auto de declaratoria de responsabilidad administrativa dictado por la Dirección de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Municipio Baruta del Estado Miranda, el 7 de agosto de 2006.

-                     Que se le vulneró el derecho al debido proceso, así como el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, por cuanto nunca había tenido conocimiento, por notificación personal o por carteles, de la existencia de ese auto de responsabilidad.

-                     Que ese vicio lo denunció en la oportunidad de ejercer recurso de reconsideración contra la inhabilitación, pero fue confirmada a través de un acto que se dictó fuera del plazo legal para ello.

-                     Que si bien todos los órganos del Estado deben apegarse a la Ley, la Contraloría General de la República está especialmente obligada a hacerlo, por la misión que cumple y por ser “parte integrante del Consejo Moral Republicano”.

-                     Que intentó defenderse ante la Contraloría General de la República, en el curso del procedimiento, y fue en esa ocasión cuando supo de la existencia del expediente relacionado con la declaratoria de su responsabilidad administrativa en el Municipio Baruta, el cual estaba en copia simple y no en copia certificada.

-                     Que la lectura de ese expediente llevado en el Municipio Baruta demuestra que no hubo notificación alguna, salvo una supuesta publicación en la Gaceta Municipal, que es de muy restringida circulación.

-                     Que existe un binomio entre invalidez e ineficacia, por lo que la decisión de declararle responsable administrativamente es inválida al no habérsele notificado conforme a la Ley.

-                     Que además la funcionaria que declaró su responsabilidad era incompetente. Destacó al efecto que existe otro caso en el que se determinó tal incompetencia, por lo que reclama para él un trato igual, a fin de salvaguardar su derecho a la igualdad y  a la no discriminación.

-                     Que en realidad él debe ser considerado aún como el Contralor del Municipio Baruta y que cualquier otra persona lo ocupó o lo estaría ocupando ilícitamente.

-                     Que la declaratoria de responsabilidad de que fue objeto “responde a una retaliación de naturaleza política”, en virtud “de las diversas denuncias realizadas” como Contralor del Municipio Baruta, tanto ante la Contraloría General de la República como ante el Ministerio Público.

-                     Que, por tanto, el acto que sirve de base a la decisión del Contralor General de la República es inválido.

-                     Que, al ser inválido ese acto, la decisión del Contralor General de la República está viciada por incurrirse en falso supuesto.

-                     Que en la actualidad no ejerce funciones públicas, por lo que la Resolución por la cual se le inhabilita no le “afecta objetivamente”, pero sí afecta su “patrimonio moral”.

Como medida cautelar, el solicitante de amparo pidió a la Sala la suspensión de los efectos de la referida Providencia Nº 01-00-000082, a fin de evitar perjuicios irreparables.

El petitorio de su acción de amparo es el siguiente:

-                     La “revocatoria o en su defecto la declaratoria de nulidad” de la Providencia Nº 01-00-000082.

-                     La suspensión cautelar de los efectos de tal Providencia, mientras dure el proceso judicial.

-                      La orden a la Contraloría General de la República para que establezca la “responsabilidad disciplinaria de los funcionarios actuantes de la Contraloría Municipal de Baruta, que con absoluto irrespeto al estado de derecho violentaron disposiciones garantistas de derechos ciudadanos de rango constitucional”.

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

 

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 5.18 estableció la competencia de esta Sala Constitucional para conocer en primera y última instancia, de las acciones de amparo constitucional interpuestas contra los altos funcionarios públicos nacionales.

            Por su parte, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 8 establece lo siguiente:

Artículo 8. “La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la Sala de competencia afín con el derecho constitucionales violados o amenazados de violación, de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República (…)”.

Respecto de la enumeración contenida en el artículo trascrito, esta Sala ha considerado que la misma es enunciativa y no taxativa, en tanto que existen similares órganos de rango constitucional y competencia nacional a los cuales deben extenderse necesariamente -dada su naturaleza y atribuciones-, la aplicación del fuero especial consagrado en el mismo.

            Así, en el presente caso, el accionante menciona al Contralor General de la República como presunto agraviante, el cual se encuentra bajo los supuestos de hecho de la norma atributiva de competencia contenida en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la sentencia Nº 1 dictada por esta Sala el 20 de enero de 2000 (caso: “Emery Mata Millán”), por lo que esta Sala congruente con su propia doctrina se declara competente para conocer de la acción propuesta en única instancia, y así se decide.

III

ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN

 

En el presente caso se ejerció acción de amparo contra el Contralor General de la República, por la emisión de la Resolución N° 01-00-000082 del 18 de abril de 2007, por la cual sancionó al ciudadano Leonel Alfonso Ferrer Urdaneta con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez años.

Luego del examen de los términos de la pretensión de amparo que fue interpuesta, la Sala encuentra que la presente demanda resulta inadmisible, a tenor de lo previsto en su cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que dispone:

“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

 

(omissis)

 

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.

 

Respecto de esa causal, la Sala ha reiterado de manera constante que la acción de amparo, debido a su carácter extraordinario, no sólo es inadmisible si el supuesto agraviado ha optado por las vías judiciales preexistentes, sino también cuando dispone de un medio idóneo para el logro de los fines que, a través del amparo, pretende alcanzar.

Por ello, la demanda de amparo constitucional presupone la inexistencia de un medio procesal idóneo contra la providencia que fue dictada o, caso de la existencia de éste, la imposibilidad de su ejercicio útil o su agotamiento inútil.

En el presente caso, la Sala constata que la Resolución que se identificó como lesiva de derechos constitucionales constituye un acto administrativo que fue dictado por el Contralor General de la República, contra el cual incluso se ejerció recurso de reconsideración, declarado sin lugar. En tal virtud, el demandante cuenta con una vía judicial idónea para contener la pretensión del presente amparo constitucional, cual es el recurso contencioso administrativo de nulidad, acompañado, si lo desea, de  solicitud de medida cautelar.

El demandante no justificó de ninguna manera por qué razón ejerció acción de amparo constitucional frente a la posibilidad de acudir a la vía ordinaria del recurso contencioso administrativo, lo que obliga a la Sala a declararlo inadmisible.

Debe recordarse al efecto (ver sentencia nº 82/2001), que “la eficacia del recurso contencioso administrativo de anulación como medio judicial a los fines del cabal restablecimiento de la situación jurídica infringida, se evidencia de las amplias potestades que por disposición del texto constitucional le han sido otorgadas al juez contencioso, dado que no solo puede anular el acto administrativo impugnado, sino también ‘…disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa’, lo cual demuestra su absoluta idoneidad, con relación a lo que ocurre con el juez constitucional de amparo, para alcanzar así la efectiva protección de los derechos y garantías constitucionales que han sido conculcados por el acto administrativo impugnado”.

No puede dejar la Sala de observar, asimismo, que el demandante -en el petitorio de su libelo- pretende la “revocatoria” o la “declaratoria de nulidad” de la Resolución N° 01-00-000082, cuando es ésta última, precisamente, la pretensión típica que se ventila ante el juez contencioso administrativo (ver, en tal sentido, fallo N° 1476/2003, que declaró la inadmisibilidad de una acción de amparo en un caso similar al presente).

En razón de lo anterior, la Sala declara inadmisible el amparo de autos, con fundamento en el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

IV

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, INADMISIBLE la demanda de amparo que incoó el ciudadano Leonel Alfonso Ferrer Urdaneta contra el Contralor General de la República, a causa de la Resolución N° 01-00-000082 del 18 de abril de 2007, por el cual se le inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez años.

Regístrese, publíquese y notifíquese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 18  días del mes de diciembre  de dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                       Ponente

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.- 07-1519

CZdM/asa

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