Venley

Sentencia N.º 2320

Sentencia
N.º 2320
Fecha
14/12/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-1440
Ponente
Luisa Estella Morales Lamuño
Procedimiento
Acción de Amparo

 

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente Nº 06-1440

 

            Mediante escrito presentado el 4 de octubre de 2006, el abogado Hugolino Rivas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 8.954, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JESÚS ELECIO RIVERO RIVERA, titular de la cédula de identidad N° 9.067.888, solicitó a esta Sala Constitucional la revisión de la sentencia N° 67 dictada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida el 3 de mayo de 2005, que declaró: (i) sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del precitado ciudadano el 14 de mayo de 2002; (ii) modificada la decisión dictada por el Juzgado Subrogado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida del 30 de abril de 2002, en cuanto a la motivación del fallo; (iii) con lugar la defensa de fondo de prescripción de la acción; (iv) sin lugar la demanda por cobro de prestaciones sociales incoada contra la sociedad mercantil Alexis y la Venezuela de Antier, C.A., y (v) no ha lugar la condenatoria en costas, conforme al artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

En virtud de su reconstitución, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.

 

            El 9 de octubre de 2006, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

            Revisados los recaudos que acompañan a la presente solicitud, pasa esta Sala a decidir sobre la base de las siguientes consideraciones.

 

I

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

            El apoderado judicial del actor sustentó su solicitud de revisión en los siguientes argumentos:

 

            Que “[Su] representado alegó en el libelo de la demanda, que prestó sus servicios para la empresa demandada, en su carácter de ‘albañil’ o maestro de obra, desde el día 25 de mayo de 1.990, fecha en la que se inició la relación de trabajo, hasta el 2 de febrero de 2.001, en que fue despedido injustificadamente (…)”.

 

            Que “(…) En el lapso probatorio, la parte demandada produjo como prueba documental, un conjunto de recibos de pagos por los distintos trabajos, que en su criterio habrá (sic) realizado el trabajador demandante (…); estos instrumentos privados fueron oportunamente impugnados tal como se evidencia en diligencia que cursa al folio 88 del expediente y en escrito de informes (…), [adujo] que tales instrumentos fueron desconocidos, de conformidad con lo previsto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, debiendo la promovente probar su autenticidad, y al no hacerlo de acuerdo a la normativa del artículo 445 del referido Código, los referidos documentos quedaron desconocidos y sin ningún valor probatorio”.

 

            Alegó que en el fallo cuya revisión se solicita “La Juzgadora da valor probatorio a los aludidos recibos en cuanto a establecer el tiempo trabajado por el actor, no obstante reconocer que los mismos fueron impugnados oportunamente tal como consta al folio 88 del expediente, razón por la cual incurre en graves errores pues aplica indebida y erróneamente la norma del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil (…). Esta norma no es aplicable al caso de autos pues ciertamente tratándose de instrumentos privados, como fueron los producidos por el demandado, rige la norma del artículo 444 del Código de Procedimiento Civil (…). En tal virtud, la Juez Superior al apreciar tales documentos, carentes de valor probatorio alguno, para dar por demostrado el término de duración de una relación de trabajo, aplicó indebidamente la norma del artículo 429, e infringió los artículos 444 y siguientes del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación al caso concreto, y al proceder de esta manera lesionó flagrantemente el derecho a la defensa y al debido proceso del trabajador demandante”.

 

            También denunció que “(…) la sentencia impugnada incurrió en otras graves faltas que de seguidas se señalan: 1) En el numeral 3, indica que los recibos analizados se corresponden a un lapso de nueve meses, desde el 16 de septiembre de 1.994 por Bs. 15.000,00, luego especifica cada uno, hasta el correspondiente al 5 de abril de 1.995 por Bs. 8.000,00 y afirma que es el último pago de la construcción del ‘Monumento de Yare’ (…). Esta afirmación no es cierta por cuanto de una simple operación matemática concluimos que en ese período existen 6 meses y 20 días y no un lapso de nueve meses”.

 

            Que “En el numeral 4 analiza los recibos marcados B1 al B12 y (…) sin embargo del análisis de tales instrumentos se constata que en el mes de diciembre de 1.995 solamente aparece un recibo y respecto a los meses de enero, febrero y marzo de 1.996 no existe ningún recibo, es decir hay una interrupción en los pagos de más de tres meses, razón por la cual no pude (sic) ser cierta la conclusión del juzgador de que el trabajador haya laborado todo el lapso que va desde el 8 de septiembre de 1.995 hasta el 17 de mayo de 1.996. Estas observaciones las [formuló] en la oportunidad de los informes ante el a quo (…) y también ante la Alzada, sin embargo ninguno de los jueces que han conocido de este proceso las tomó en cuenta. De lo expuesto se comprueba que la Juez de la Instancia Superior, no sólo concede valor probatorio a los impugnados documentos privados, sino que admite o toma en cuenta hechos no ajustados a la realidad para establecer en forma falsa e inexacta la duración de la relación laboral, incurriendo así en infracción de los artículos 72, 73, 74 y 75 de la Ley Orgánica del Trabajo (…)”, así como también “(…) es violatoria de las normas que regulan los requisitos de la sentencia establecidas en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y menoscaban precisos derechos del trabajador garantizados en al (sic) Constitución Nacional”.

 

            Que “(…) surge una grave contradicción con lo afirmado al final del numeral 4 de la sentencia (…), donde dio por demostrado que el accionante trabajó en el período comprendido desde el 8 de septiembre de 1.995 hasta el 17 de mayo de 1.996; por consiguiente, si la prescripción había ocurrido en 1.995, al ser el trabajador nuevamente contratado, como dice la sentencia, es concluyente entonces, que la nueva contratación continuó vigente hasta que el trabajador fue despedido, hecho ocurrido el 2 de febrero de 2.001”.

 

            Que el Juez de la Alzada “(…) al dar por demostrado el tipo de contrato y su terminación, sin que en autos exista prueba alguna referida a la existencia de algunos de tales contratos, ni de sus elementos esenciales como la terminación específica de la obra que realizaba el trabajador, o a la expiración del término del contrato si se había realizado a tiempo determinado, la juzgadora infringe las normas sustantivas que rigen al respecto, establecidas en los artículos 72, 74, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo, al no estar claramente comprobado que patrono y trabajador quisieron vincularse en forma inequívoca, mediante un contrato para una obra determinada o por tiempo determinado, ha debido darse aplicación a la norma del artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo en armonía con lo señalado en el artículo 65 de dicha Ley que establece la presunción de laborabilidad, la cual no fue desvirtuada por el patrono, y así establecer que la relación laboral cuya prescripción se solicita, constituye un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Las normas señaladas, al no aplicarlas al caso, fueron vulneradas por la juzgadora de alzada, transgrediendo además las previsiones del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo cual vicia de nulidad la sentencia, de acuerdo al artículo 160 de la referida ley procesal”.

 

            Que “(…) al establecer la Juez la prescripción, como lo hizo, infringe las normas de los artículos 1.952 del Código Civil, 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil”.

 

            Concluyó que “(…) la sentencia impugnada ha vulnerado al trabajador las garantías, principios y derechos de índole laboral, establecidos en la Carta Magna, tales como la garantía del ejercicio de los derechos laborales y los principios de protección al trabajo referidos a la prevalencia de la realidad sobre las formas, el indubio pro operario, el que establece la nulidad de actos o medidas del patrono contrarios a la Constitución y el derecho a sus prestaciones sociales y a la estabilidad laboral, que consagran las normas de los artículos 87, 89, 92 y 93 del texto constitucional (sic)”.

 

 

II

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

 

            El acto jurisdiccional cuya revisión se pretende ante esta Sala, lo constituye la sentencia N° 67 dictada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida el 3 de mayo de 2005, que declaró: (i) sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano Jesús Elecio Rivero Rivera el 14 de mayo de 2002; (ii) modificada la decisión dictada por el Juzgado Subrogado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida del 30 de abril de 2002, en cuanto a la motivación del fallo; (iii) con lugar la defensa de fondo de prescripción de la acción; (iv) sin lugar la demanda intentada, y (v) no ha lugar la condenatoria en costas, conforme al artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La motivación adoptada por el Juez Laboral se funda en el siguiente análisis:

 

  “…omissis…

Ahora bien, siendo que la parte accionada a los fines de enervar la acción interpuesta en su contra, invocó la PRESCRIPCIÓN, circunstancia que hace necesario el pronunciamiento sobre la procedencia o no de la misma, razón por la cual pasa este Tribunal a decidir de manera perentoria la prescripción opuesta, en los siguientes términos:

-IV-

DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Adujo la representación judicial de la parte accionada, que la relación de trabajo terminó el 17 de mayo de 1996, fecha en que culminó el último contrato, para que la obra determinada  como lo fue la construcción del Estado Falcón, y que la demanda fue admitida el 18 de junio de 2.001, con lo cual han transcurrido cinco años, un mes y un día.

Así mismo, si se cuenta desde la fecha en que culminó el primer contrato realizado por el ciudadano Jesús Elecio Rivero Rivera, que fue desde mayo de 1990 hasta mayo 1991, y posteriormente fue contratado en el mes de septiembre de 1994 como albañil para dirigir y construir parte del Monumento de Yare, hasta el mes de abril de 1995, han transcurrido tres años y cuatro meses; es decir, que cuando finalizó el primer contrato, hasta la siguiente contratación, ya se había consumado la PRESCRIPCIÓN, dado que la interrupción supone la presentación de un libelo de demanda admitido y registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público o que se hubiere producido la citación antes del lapso establecido, ya que una vez consumada la prescripción no se puede interrumpir, lo cual -a su juicio- se encuentra dentro de los parámetros para que opere la prescripción de la acción, en los términos previstos en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo.

…omissis…

(…) a juicio de quien decide, la defensa de prescripción debe prosperar en derecho, por cuanto la acción que dio origen a la causa bajo análisis se encontraba evidentemente prescrita al momento de la interposición de la demanda, y en consecuencia, este tribunal declara sin lugar la demanda interpuesta y revoca en todas y cada una de sus partes el fallo recurrido (…)”.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

                   Como premisa procesal previa, esta Sala debe determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “(…) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (…)”.

 

                   En el fallo Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”), esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:

 

“(…) 1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional (…)”.

 

Además de las resoluciones judiciales mencionadas en el fallo citado, esta Sala ha extendido el objeto de control de su potestad de revisión a la violación de derechos constitucionales y no sólo a la vulneración de principios jurídicos fundamentales (Vid. Sentencia de la Sala N° 325 del 30 de marzo de 2005, caso: “Alcido Pedro Ferreira y otros”).

 

            En el presente caso, se somete a la revisión de esta Sala una sentencia dictada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, pronunciamiento éste que agota el doble grado de conocimiento jurisdiccional en la causa que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales sigue el actor contra la sociedad mercantil Alexis y la Venezuela de Antier, C.A., y que forma parte del elenco de resoluciones judiciales susceptibles de ser revisadas por esta Sala Constitucional, según las normas y los precedentes jurisprudenciales citados. En consecuencia, esta Sala afirma su competencia para conocer y decidir la solicitud de revisión planteada, y así se decide.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Como premisa inicial, esta Sala Constitucional debe reiterar que en su sentencia         Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”), señaló que la facultad de revisión es “(…) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional (…)”, por ello “(…) en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere”, así “(…) la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión  ‘(…) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’ (…)”.

 

En este sentido, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, el recurso en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.

 

            Expuesto lo anterior, se observa que el apoderado judicial del trabajador reclamante solicitó a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión con respecto a la sentencia N° 67 dictada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida del 3 de mayo de 2005, que declaró: (i) sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano Jesús Elecio Rivero Rivera el 14 de mayo de 2002; (ii) modificada la decisión dictada por el Juzgado Subrogado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida del 30 de abril de 2002, en cuanto a la motivación del fallo; (iii) con lugar la defensa de fondo de prescripción de la acción; (iv) sin lugar la demanda intentada, y (v) no ha lugar la condenatoria en costas, conforme al artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

            Contra dicho acto decisorio el solicitante anunció recurso de casación y subsidiariamente, ejerció recurso de control de legalidad, ambos declarados inadmisibles por la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal a través de la sentencia N° 1.281 del 11 de octubre de 2005. En virtud del carácter firme que adquirió dicho fallo, el actor solicitó su revisión constitucional centrando sus denuncias en la errónea valoración que efectuó el Juez Superior sobre los recibos de pago producidos por la demandada toda vez que, según indica su apoderado judicial “(…) estos instrumentos privados fueron oportunamente impugnados (…)” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, debiendo, en consecuencia, la parte promovente probar su autenticidad y “(…) al no hacerlo de acuerdo a la normativa del artículo 445 del referido Código, los referidos documentos quedaron desconocidos y sin ningún valor probatorio”.

 

            De una revisión adminiculada de los argumentos vertidos por el peticionante y de los recaudos que acompañan a la presente solicitud, esta Sala observa que se pretende la revisión de la actividad de juzgamiento realizada por las instancias laborales respecto de los instrumentos privados incorporados a la causa sub examine que, en el parecer de la Sala, no modificaría lo decidido en torno a la prescripción de la acción laboral en la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

            En este orden de ideas, debe esta Sala Constitucional recordar que, según pacífica y reiterada jurisprudencia al respecto, se estableció que la potestad de revisión es ejercida por esta Sala de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, si con ello se contribuye a la uniformidad en la interpretación de principios y normas constitucionales, puesto que tal solicitud no implica una instancia adicional de conocimiento de la causa (Vid. Sentencia de esta Sala N° 44 del 2 de marzo de 2000, caso: “Francia Josefina Rondón Astor”).

 

            Asimismo, debe destacarse que la solicitud de revisión no se configura como la posibilidad de una tercera instancia de la cual disponen los ciudadanos para fundamentar la misma en los posibles errores de juzgamiento en que incurran los jueces de instancia, sino que la misma se constituye como un medio extraordinario y excepcional de control de la Sala de la interpretación de principios y normas constitucionales, que atenten de tal modo contra los derechos de los justiciables que hagan factible la revisión de la sentencia impugnada y su posterior anulación, en ejercicio de esta facultad excepcional y discrecional atribuida constitucionalmente a esta Sala.

 

            En este sentido, de las actas del expediente se desprende que la situación planteada no se ajusta a los fines que persigue la potestad excepcional de revisión constitucional, dado que no es posible examinar en esta sede extraordinaria la suficiencia de la motivación desarrollada en el fallo sujeto a revisión, la valoración que efectuó el tribunal para dictar el dispositivo cuestionado, ni el alcance de las interpretaciones de normas legales que se hayan efectuado en la referida sentencia, salvo que se detecte que contraríen en forma manifiesta o grotesca el contenido de una norma constitucional o la doctrina de alguna decisión vinculante de esta Sala Constitucional, en cuanto al sentido y alcance que ha de atribuirse a alguna disposición fundamental al ser desarrollada por la ley, no existiendo ninguno de tales supuestos en el presente caso. Así se decide.

 

            En razón de ello, esta Sala juzga que la revisión planteada de la sentencia N° 67 dictada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida el 3 de mayo de 2005, debe ser declarada no ha lugar. Así se decide.

 

 

 

V

DECISIÓN

 

            Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional interpuesta por el abogado Hugolino Rivas, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JESÚS ELECIO RIVERO RIVERA, ya identificados, de la sentencia N° 67 dictada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida el 3 de mayo de 2005, que declaró: (i) sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del precitado ciudadano el 14 de mayo de 2002; (ii) modificada la decisión dictada por el Juzgado Subrogado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida del 30 de abril de 2002, en cuanto a la motivación del fallo; (iii) con lugar la defensa de fondo de prescripción de la acción; (iv) sin lugar la demanda por cobro de prestaciones sociales incoada contra la sociedad mercantil Alexis y la Venezuela de Antier, C.A., y (v) no ha lugar la condenatoria en costas, conforme al artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

            Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de Diciembre de dos mil seis (2006). Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

           

            La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                     Ponente

El Vicepresidente,         

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

Francisco ANTONIO Carrasquero López

 

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp. 06-1440

LEML/i.-

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias