Sentencia N.º 233
- Sentencia
- N.º 233
- Fecha
- 18/02/2003
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 02-2709
- Ponente
- Iván Rincón Urdaneta
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta
Mediante escrito del 1 de noviembre de 2002, el abogado Jesús Ramón Villafañe Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 27.288, apoderado judicial de la ciudadana LISBETH COROMOTO GUEVARA CASTRO, interpuso ante esta Sala acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, el 14 de agosto de 2002, la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la referida ciudadana contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de la misma Circunscripción Judicial Penal, el 20 de junio de 2002, que declaró inadmisible el recurso de revocación ejercido por la mencionada ciudadana contra el fallo dictado por el mencionado Tribunal de Juicio el 12 de junio de 2002, que había acordado la petición formulada por los acusados en el juicio principal, relativa a oficiar al Ministerio Público a los fines de investigar en el Diario Provincia la autoría de la noticia que dio lugar a la acusación formulada por la ciudadana Lisbeth Coromoto Guevara Castro contra los ciudadanos Ramón Yánez, Marina Marro de Yánez y Aquiles Yánez Marro, por los delitos de difamación e injuria grave, previstos y sancionados en los artículos 444 y 446 del Código Penal.
El 1° de noviembre de 2002 se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
El 30 de abril de 2001, el apoderado judicial de la ciudadana Lisbeth Coromoto Guevara Castro presentó ante el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre acusación contra los ciudadanos Ramón Yánez, Marina Marro de Yánez y Aquiles Yánez Marro por la comisión de los delitos de difamación e injuria perpetrados contra su representada.
Luego de múltiples incidencias procesales (recusaciones y diferimiento de la audiencia de conciliación), el 27 de febrero de 2002, el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, por solicitud de uno de los imputados -ciudadano Aquiles Rodríguez Yánez Marro- acordó el diferimiento del acto de conciliación.
El 1 de marzo de 2002, el apoderado judicial de la ciudadana Lisbeth Coromoto Guevara Castro ejerció ante el Juzgado Segundo de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Sucre, recurso de revocación contra el auto dictado por dicho Tribunal el 27 de febrero de 2002 -que acordó el diferimiento del acto de conciliación- de conformidad con los artículos 444 y 446 del Código Orgánico Procesal Penal.
El 5 de marzo de 2002, el Juzgado Segundo de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Sucre declaró inadmisible el recurso de revocación interpuesto por el apoderado judicial de la parte acusadora, por cuanto el mismo no fue ejercido en tiempo hábil, de conformidad con el artículo 446 del Código Orgánico Procesal Penal.
El 12 de marzo de 2002, el defensor del ciudadano Aquiles Yánez Marro -imputado- solicitó ante el Tribunal de la causa que se sirva oficial (sic) a la Dirección de Custodia del Ministerio del Interior y de Justicia... a los fines de que ese Despacho se sirva remitir a este Tribunal -Segundo de Juicio- el expediente administrativo de la ciudadana LISBETH GUEVARA CASTRO, parte querellante en la presente causa.
El 19 de marzo de 2002, el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre declaró inadmisible la solicitud formulada por el defensor del ciudadano Aquiles Yánez Marro, por cuanto no indicó en su escrito la necesidad y pertinencia de su pretensión.
El 20 de marzo de 2002, el defensor del ciudadano Aquiles Yánez Marro -imputado- ratificó su solicitud de oficiar al Ministerio del Interior y Justicia a los fines de que se sirva remitir... el expediente administrativo de la querellante. Dicha solicitud fue declarada inadmisible por no haber sido promovida dentro del lapso legal establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal.
El 11 de abril de 2002, el defensor del ciudadano Aquiles Yánez Marro ratificó su solicitud de que se oficie al Ministerio del Interior y Justicia... a los fines de que ese Despacho se sirva remitir el expediente administrativo de la ciudadana Lisbeth Coromoto Guevara Castro.
El 11 de junio de 2002, el defensor del ciudadano Aquiles Yánez Marro ratificó la solicitud presentada el 11 de abril de 2002, y por lo tanto, solicitó que se oficiara a la Fiscalía del Ministerio Público a los fines que se constate en el DIARIO PROVINCIA tanto la autoría de la noticia -que originó la demanda interpuesta- como la fuente documental en la cual se fundamentó la misma.
El 12 de junio de 2002, el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre acordó oficiar al Ministerio Público a los fines de investigar en el Diario Provincia la autoría de la noticia publicada en dicho Diario que originó la acusación por difamación e injuria interpuesta por la ciudadana Lisbeth Coromoto Guevara Castro.
El 17 de junio de 2002, el defensor de la parte acusadora -ciudadana Lisbeth Coromoto Guevara Castro- interpuso ante el Juzgado Segundo de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Sucre recurso de revocación contra el auto dictado por el referido Tribunal el 12 de junio de 2002. Dicha solicitud fue declarada improcedente mediante decisión del 20 de junio de 2002.
El 21 de junio de 2002, el apoderado judicial de la parte acusadora solicitó aclaratoria de la decisión dictada el 20 de junio de 2002 (que declaró improcedente el recurso de revocación).
El 27 de junio de 2002, el Tribunal de la causa declaró improcedente la aclaratoria solicitada por la parte acusadora, por cuanto si ésta consideró que el auto impugnado a través del recurso de revocación ejercido le resultó desfavorable, ha debido interponer su recurso en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en el Código Orgánico Procesal Penal.
El 1 de julio de 2002, el apoderado judicial de la ciudadana Lisbeth Coromoto Guevara Castro interpuso ante el Tribunal de la causa recurso de apelación contra la decisión dictada por dicho Juzgado el 20 de junio de 2002 (que declaró improcedente el recurso de revocación).
El 14 de agosto de 2002, la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Sucre declaró sin lugar la apelación interpuesta. Asimismo, declaró que es a partir de la fijación de la última Audiencia de Conciliación siguiente a la designación de Defensor que hiciere el ciudadano AQUILES RODRIGO YÁNEZ MARRO, cuando se inició el lapso para que las partes lleven a cabo la carga procesal establecida en el Artículo 411 del Código Orgánico Procesal Penal.
El 26 de septiembre de 2002, la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Sucre, con ocasión a la aclaratoria solicitada por el apoderado judicial de la parte acusadora -no consta en autos la diligencia contentiva de la aclaratoria- se pronunció respecto a la aclaratoria pedida sobre la decisión dictada por dicha Corte de Apelaciones el 14 de agosto de 2002.
El 1 de noviembre de 2002, el apoderado judicial de la ciudadana Lisbeth Coromoto Guevara Castro interpuso ante esta Sala, acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Sucre el 14 de agosto de 2002 (que declaró sin lugar la apelación ejercida contra la decisión que declaró improcedente el recurso de revocación).
II
DE LA SENTENCIA CUESTIONADA
La decisión cuestionada en amparo fue dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre el 14 de agosto de 2002, la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana Lisbeth Coromoto Guevara Castro contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal el 20 de junio de 2002.
Al respecto, estableció el fallo cuestionado, que la apelación ejercida tiene como objetivo impugnar la resolución judicial que declaró inadmisible el recurso de Revocación y, que de conformidad con el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.
Que por lo anterior, el Recurso interpuesto -apelación- debe ser declarado inadmisible, dado que no es susceptible de impugnación el auto de fecha 20 de junio de 2002... que declaró inadmisible el Recurso de Revocación, ya que el mismo es de aquellos cuya resolución es de ejecución inmediata y, por ende, no susceptible de apelación, por cuanto ésta -la apelación- tiene como efecto inmediato la suspensión de ejecutar lo decidido.
Que el apoderado del Acusador Privado, en forma procesalmente errónea, requiere de la A Quo, revise su propia decisión que declaró inadmisible el recurso de Revocación; pero, cuando la decisión implica negativas o concesiones a las peticiones de las partes, deja de ser un auto de mero trámite susceptible de Revocación, toda vez que de una u otra forma se le está causando agravio, por lo cual lo procedente era la apelación y no la revocatoria solicitada ante el Tribunal de la causa.
Que de haber procedido conforme a la petición de la recurrente, la A Quo habría incurrido en violación al artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que éste contempla el principio de Prohibición de Reforma de su Propia Decisión (Reformatio Contra Imperium)... a excepción... de los autos de mero trámite.
Que el auto dictado por la Juez Segunda de Juicio de fecha doce (12) de Junio de 2002 -que acordó oficiar al Ministerio Público para investigar la autoría de la noticia publicada- es un acto motivado del cual el Acusador Privado debió recurrir por vía de apelación y no plantear su Revocación, por lo cual para él caducó por extemporáneo la oportunidad para recurrir de dicha decisión.
Asimismo, estableció la decisión in commento que conforme a los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Corte de Apelaciones -del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre- ha procedido ha revisar de Oficio la decisión impugnada y las actas contentivas de las actuaciones jurisdiccionales, observando que en relación al pronunciamiento jurisdiccional impugnado éste no afecta derechos fundamentales de las Partes que conlleven la declaratoria de NULIDAD ABSOLUTA.
Que en relación a los actos procesales, se observa que los acusados han incurrido en tácticas dilatorias que han hecho transcurrir más de un año sin que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, causándole un gran perjuicio a la Administración de Justicia.
Que tanto el apoderado judicial de la parte acusadora como la Juez de la causa no se percataron de que uno de los acusados no había sido citado (Aquiles Rodrigo Yánez Marro), hecho éste que afectaba la celebración de las audiencias de conciliación; y, es a partir de esta última citación cuando deben comenzar a contarse los lapsos para la Audiencia de Conciliación, ya que todas las anteriores son ineficaces al no estar citadas todas las personas acusadas.
Respecto a la impugnación realizada por la parte apelante, relativa a la petición de la defensa de los acusados de oficiar al Ministerio Público para que se determine la autoría y la fuente de origen de la información objeto del proceso, estableció el fallo cuestionado que si la Parte Acusadora Privada tiene el derecho de requerir auxilio judicial para recabar elementos de convicción que luego llevará al juicio oral y público como pruebas, también pueden los acusados valerse de tal mecanismo procesal, ya que de lo contrario se estaría incurriendo en violación de derecho a la defensa.
Por lo anterior, la decisión objeto del presente amparo, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la ciudadana Lisbeth Coromoto Guevara Castro y, que es a partir de la fijación de la última Audiencia de Conciliación siguiente a la designación de Defensor que hiciere el ciudadano AQUILES RODRIGO YÁNEZ MARRO, cuando se inició el lapso para que las Partes lleven a cabo la carga procesal establecida en el Artículo 411 del Código Orgánico Procesal Penal.
III
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Alegó el apoderado judicial de la accionante, lo siguiente:
Que la decisión dictada por la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Sucre el 14 de agosto de 2002 -que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la decisión que declaró improcedente la revocatoria solicitada- no la comparte, por cuanto -alegó- el recurso de revocación sí se podía ejercer contra la decisión que impugnó.
Que la acción de amparo interpuesta no es contra el fallo que declaró inadmisible el Recurso de Apelación, sino contra el dictamen oficioso, que plasmaron los juzgadores en la sentencia interlocutoria.
Que los jueces de Alzada -Corte de Apelaciones- después de pronunciarse en relación a la admisibilidad o no del Recurso de Apelación; el cual lo declararon inadmisible; deciden revisar de oficio toda la actividad procesal realizada durante la secuela del proceso; pronunciándose sobre el fondo de la controversia judicial.
Que con anterioridad al pedimento realizado por el defensor de los acusados, relativo a la evacuación de la prueba solicitada de oficiar al Ministerio Público para investigar la autoría de los escritos difamatorios e injuriosos publicado por el Diario La Provincia, dicha pedimento había sido desechado por el Tribunal de la causa.
Que la decisión cuestionada en amparo es aberrante... ya que los Jueces de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Sucre... se extralimitaron con abuso de poder al entrar a conocer oficiosamente fuera de su competencia una serie de puntos que no había alegado como recurrente, lo cual -señaló- vulneró el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, y que lo más grave, es que los Jueces de la Alzada, habían declarado inadmisible el Recurso de Apelación interpuesto.
Que no hay dudas, que los Juzgadores de Alzada al tocar el fondo del asunto y entrar a litigar por la parte acusada, indicando que no se produjo la citación de uno de los Acusados, anulando todos los actos anteriores al nombramiento del defensor del ciudadano Aquiles Rodrigo Yánez Marro... se violó flagrantemente el debido proceso, y el artículo 411 del Código Orgánico Procesal Penal.
Que la infracción Constitucional que lesiona el derecho de la víctima, consiste: En el abuso de autoridad: ejercida arbitrariamente, cuando se fija un nuevo lapso de prueba, sin observarse, que estamos en presencia de un Proceso de Instancia de Parte, que se inicia con la Acusación Privada por la característica de los delitos Acusados, como son la Difamación e Injuria Grave, y que si se permite la violación del debido proceso; se deja en un estado de indefensión a la víctima que presentó sus pruebas en su debida oportunidad.
Que es falso, tendencioso y de mala fe, lo dicho por los juzgadores, que durante la secuela del proceso, el Acusado Aquiles Rodrigo Yánez Marro no haya sido citado, cuando se desprende del auto de admisión de la segunda acusación... que si se notificó a todas las partes referente a la celebración del juicio oral y público.
Que es notorio que el ciudadano Aquiles Rodrigo Yánez Marro conocía de la acción incoada en su contra, ya que aparte del nombramiento que realizó -defensor- compareció en varias oportunidades al acto de Audiencia de Conciliación el cual fue diferido por diferentes alegatos de los defensores, y que el referido ciudadano suscribió una diligencia destinada a nombrar su defensor, automáticamente se produjo su citación y quedó notificado de las otras actuaciones... por lo tanto la argumentación esgrimida por los sentenciadores en función de reponer la causa para que se realice el acto... de las pruebas, es contrario a derecho y le causa un gravamen irreparable a la víctima.
Que la denuncia -amparo- consiste en que se les está permitiendo a los acusados presentar pruebas cuando procesalmente el lapso previsto en el artículo 411 del Código Orgánico Procesal Penal le precluyó a la defensa, bien por negligencia o desconocimiento jurídico, al permitírsele semejante situación resalta una presunta parcialización por parte de los Juzgadores de Alzada... dejando de cumplir sus funciones de Jueces que es la de decidir con igualdad y justicia.
Que por lo tanto, se violaron los derechos constitucionales de su representada relativos a la igualdad y al debido proceso, consagrados en los artículos 21 y 49, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al ordenar a estas alturas del proceso arbitrariamente, con abuso de poder, una presentación o solicitud de evacuación de prueba, y que también, al existir la presunción de parcialidad de los Jueces se vulnera la Tutela Judicial Efectiva.
Que no podían los sentenciadores conocer oficiosamente ni sumergirse en el fondo del asunto, como son las pruebas, cuando ya habían declarado inadmisible el Recurso de Apelación interpuesto, por lo que -adujo- se le está cercenando el derecho a la víctima de que sancionen penalmente a los Acusados que lesionaron su honor, vida privada, intimidad propia, imagen, confidencialidad, reputación, y que la sentencia interlocutoria está preñada de abuso de poder.
Por lo anteriormente expuesto, solicitó la nulidad absoluta de la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Sucre el 14 de agosto de 2002.
IV
DE LA COMPETENCIA
Esta Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través de su sentencia del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán), se declaró competente para conocer de las acciones de amparo constitucional interpuestas contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, (excepto los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos, cuando los mismos actúen como tribunales de esta jurisdicción), la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan, directa e inmediatamente, normas constitucionales(subrayado propio).
En el presente caso la acción de amparo constitucional sometida al conocimiento de la Sala, fue interpuesta contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre el 14 de agosto de 2002, motivo por el cual esta Sala resulta competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional, y así se declara.
V
DE LA ADMISIBILIDAD
Establecida como ha sido la competencia de esta Sala para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta, la misma pasa a pronunciarse sobre su admisibilidad, y a tal efecto observa:
De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Sala observa, que en el presente caso no se configura ninguna de las causales de inadmisibilidad de la acción ejercida, previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que: 1) no existe recaudo alguno que lleve a la Sala a concluir que haya cesado la violación de los derechos constitucionales denunciados como infringidos; 2) no se desprende de los autos que la accionante haya consentido expresa o tácitamente la presunta violación constitucional; 3) no dispone el presunto agraviado de otras vías judiciales ordinarias para el restablecimiento de la situación que alegó infringida, 4) no versa el presente caso sobre alguna decisión dictada por este Tribunal Supremo de Justicia y 5) no se está en presencia de ninguna suspensión o restricción de derechos y garantías constitucionales, motivo por el cual, la Sala estima, que la acción interpuesta debe ser admitida, y así se declara.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
1º ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana LISBETH COROMOTO GUEVARA CASTRO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, el 14 de agosto de 2002.
2.- Se ORDENA la notificación de los imputados en la causa principal, ciudadanos Ramón Yánez, Marina Marro de Yánez y Aquiles Yánez Marro, del ciudadano Luis José López Jiménez, Juez de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Sucre, o a quien haga sus veces, para que comparezcan a esta Sala a conocer el día y hora en que será fijada la audiencia constitucional oral y pública, la cual se realizará dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la oportunidad en que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas. Igualmente, se ordena remitir copias certificadas de la presente decisión y del escrito contentivo de la presente acción de amparo constitucional, adjunto a las notificaciones ordenadas. La ausencia del titular del referido Juzgado, no se presumirá como aceptación de las presuntas lesiones denunciadas.
3.- NOTIFÍQUESE de la presente decisión al Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 18 días del mes de febrero del año dos mil tres. Años 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente - Ponente
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Antonio José García García
Magistrado
José Manuel Delgado Ocando
Magistrado
Pedro Rafael Rondón Haaz
Magistrado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 02-2709
IRU.
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias