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Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.
Consta en autos que, el 12 de junio de 2003, el ciudadano WILSON PASTOR MARTÍNEZ MENDOZA, cuya cédula de identidad no consta en autos, mediante la representación de la abogada Maryselle Gutiérrez F., Defensora Pública Cuarta adscrita al Sistema Autónomo de Defensa Pública del Estado Yaracuy, intentó, ante
El 2 de julio de 2003,
I
DE
Por decisión del 13 de junio de 2003,
El 16 de junio de 2003, la abogada Maryselle Gutiérrez Fernández consignó escrito de ampliación de la demanda. En esa misma oportunidad, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy remitió a
El 2 de julio de 2003,
II
DE
1. Alegó:
1.1 Que (e)n fecha 23 de mayo de 2003, se realizó por ante el Tribunal de Control Nro. 5 de [ese] Circuito Judicial Penal a cargo del Juez Rubén Darío Suárez, Audiencia Privada en la cual el tribunal, vistos los elementos de convicción presentados por el Fiscal Cuarto del Ministerio Público en contra de [su] defendido para estimar que tenía responsabilidad en el Delito de Homicidio, acordó decretar Privación Preventiva de Libertad y Procedimiento Ordinario. Tales elementos de convicción radicaban fundamentalmente en Actas de entrevistas a dos supuestos testigos presénciales (sic) que habían observado a [su] defendido en compañía de dos sujetos más arremeter en contra del occiso.
1.2 Que, el 11 de junio de 2003, el Fiscal del Ministerio Público ofició al Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, para solicitarle el cambio de la medida de coerción personal que se le había impuesto por una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad.
1.3 Que (s)i bien es cierto, en tal solicitud no se especifica las razones por las cuales el Fiscal requiere de tal cambio, [se] permite comunicar que tal decisión es el resultado de las entrevistas que el ciudadano Fiscal sostuviera con los dos testigos presénciales (sic) del caso en presencia de la suscrita y en la cual tales supuestos testigos manifestaron al Fiscal Cuarto Ab. Omar González las condiciones y circunstancias de presión a las que fueron sometidos por los cuerpos de investigaciones y por lo que en definitiva firmaron tales actas de entrevistas.
2. Denunció:
La violación a su derecho a la libertad personal que acogió el artículo 44 de
En ese sentido, señaló, ...que el proceso penal venezolano, se divide en fases, y que la fase de investigación o preparatoria pertenece al Ministerio Público, quién (sic) luego de adelantar las investigaciones respectivas tiene la opción de acudir al tribunal de control y solictar (sic) medidas que aseguren los fines del proceso, como ene l (sic) presente caso,
3. Pidió:
...sea DECRETADO A FAVOR DE [SU] DEFENDIDO EL CAMBIO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD SOLICITADO POR EL FISCAL....
III
DE
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266 cardinal 1, 335 de
IV
DE
Los jueces de la sentencia que se consultó decidieron sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:
IMPROCEDENTE el Amparo a
A juicio de los jueces de la sentencia que se consultó:
...de las investigaciones practicadas por [esa] Corte de Apelaciones, actuando como Tribunal Constitucional, se constata, mediante la comunicación librada en fecha 16-06-03 por el Juzgado de Control N° 5, que dicho Tribunal, en fecha 12-06-03, es decir, en la misma fecha de la interposición del presente Amparo, emitió pronunciamiento acerca de la solicitud de cambio de medida privativa de libertad a medida cautelar sustitutiva, formulada por el Ministerio Público en fecha 11-06-03, y NEGÓ lo solicitado. En el texto de los fundamentos escritos en la decisión, acompañada a la mencionada comunicación, se lee lo siguiente:
b) El Fiscal en su solicitud no indica que (sic) circunstancias han variado en el presente asunto, que puedan hacer considerar que los supuestos que hicieron posible el decreto de
De todo lo anterior, [esa] Corte de Apelaciones observ[ó] que la situación planteada por la accionante no vulnera en modo alguno el derecho a la libertad consagrado en el artículo 44 de
Quiere decir, entonces, que la situación descrita por la accionante no constituye una privación ilegitima de libertad, pues el Tribunal de Control N°5 decretó una medida privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público; posteriormente, dio oportuna respuesta a la solicitud de revisión de dicha medida formulada también por el Ministerio Público, y la desestimó por no estar debidamente fundamentada, pronunciamiento que emitió actuando dentro de su competencia y sin excederse en sus funciones, pues está dentro de la discrecionalidad del Juez de Control acordar o negar las solicitudes que presentan las partes, según sea el caso.
V
De autos se desprende que el ciudadano Wilson Pastor Martínez Mendoza, mediante la representación de la abogada Maryselle Gutiérrez F., Defensora Pública Cuarta adscrita al Sistema Autónomo de Defensa Pública del Estado Yaracuy, intentó demanda de amparo constitucional ante
Por su parte,
Para la decisión esta Sala observa que:
1. El 23 de mayo de 2003, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control decretó en contra del ciudadano Wilson Pastor Martínez Mendoza medida judicial preventiva privativa de libertad por la supuesta comisión del delito de homicidio calificado que prevé y sanciona el artículo 408 del Código Penal, en concordancia con lo que establece el artículo 83 eiusdem.
2. El 11 de junio de 2003, el Fiscal Cuarto del Ministerio Público solicitó por ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy la sustitución de la medida judicial preventiva privativa de libertad que había sido impuesta al ciudadano Wilson Pastor Martínez Mendoza.
3. El 12 de junio de 2003, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy negó la solicitud que realizó el Fiscal Cuarto del Ministerio Público.
De lo anterior, se evidencia claramente que, por auto del 12 de junio de 2003, el tribunal en referencia negó la solicitud que presentó el Fiscal Cuarto del Ministerio Público.
Ahora bien, el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal establece:
El juez dictará las decisiones de mero trámite en el acto. Los autos y las sentencias definitivas que sucedan a una audiencia oral serán pronunciados inmediatamente después de concluida la audiencia. En las actuaciones escritas las decisiones se dictarán dentro de los tres días siguientes.
De lo anterior se colige que el Tribunal tiene la obligación de decidir en un lapso de tres días siguientes las peticiones que formulen las partes por escrito, por lo que se observa que no se violentó de modo alguno el derecho constitucional del imputado, toda vez que el tribunal proveyó, al día siguiente, una oportuna y adecuada respuesta a la solicitud que se le presentó.
Asimismo, debe recordar esta Sala al demandante de autos que, de conformidad con lo que dispone el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, los jueces en el ejercicio de sus funciones son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley y al derecho, por lo que, de ningún modo el juez penal está atado al cumplimiento de las solicitudes que realicen las partes, en este caso, la representación del Ministerio Público, toda vez que el juez puede, bajo su discrecionalidad, propia de su autonomía, acordar o rechazar las solicitudes que le sean presentadas, por auto debidamente motivado de conformidad con lo que establece el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal.
Conforme con los argumentos precedentes, esta Sala confirma la sentencia objeto de consulta y declara improcedente in limine litis la demanda de amparo constitucional. Así se declara.
VI
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
Francisco Antonio Carrasquero López
MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH/sn.cr.