Venley

Sentencia N.º 2339

Sentencia
N.º 2339
Fecha
01/08/2005
Sala
Constitucional
Expediente
03-1837
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

 

Consta en autos que, el 12 de junio de 2003, el ciudadano WILSON PASTOR MARTÍNEZ MENDOZA, cuya cédula de identidad no consta en autos, mediante la representación de la abogada Maryselle Gutiérrez F., Defensora Pública Cuarta adscrita al Sistema Autónomo de Defensa Pública del Estado Yaracuy, intentó, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, amparo constitucional contra el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, para cuya fundamentación denunció la violación a su derecho a la libertad personal que acogió el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 2 de julio de 2003, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró improcedente; el día 14 siguiente, remitió el expediente, en consulta, a esta Sala, luego de cuya recepción, se dio cuenta en Sala por auto del 18 de julio de 2003 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

 

 

I

DE LA CAUSA

Por decisión del 13 de junio de 2003, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy ofició al Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, para solicitarle información respecto a la solicitud de revisión de la medida judicial preventiva privativa de libertad que había sido impuesta al demandante de autos a solicitud de la representación del Ministerio Público.

El 16 de junio de 2003, la abogada Maryselle Gutiérrez Fernández consignó escrito de ampliación de la demanda. En esa misma oportunidad, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy remitió a la Corte de Apelaciones la información que se le había requerido, con las respectivas copias.

El 2 de julio de 2003, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró improcedente.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.                  Alegó:

1.1       Que “(e)n fecha 23 de mayo de 2003, se realizó por ante el Tribunal de Control Nro. 5 de [ese] Circuito Judicial Penal a cargo del Juez Rubén Darío Suárez, Audiencia Privada en la cual el tribunal, vistos los elementos de convicción presentados por el Fiscal Cuarto del Ministerio Público en contra de [su] defendido para estimar que tenía responsabilidad en el Delito de Homicidio, acordó decretar Privación Preventiva de Libertad y Procedimiento Ordinario. Tales elementos de convicción radicaban fundamentalmente en Actas de entrevistas a dos supuestos testigos presénciales (sic) que habían observado a [su] defendido en compañía de dos sujetos más arremeter en contra del occiso.”

1.2       Que, el 11 de junio de 2003, el Fiscal del Ministerio Público ofició al Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, para solicitarle el cambio de la medida de coerción personal que se le había impuesto por una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad.

1.3       Que “(s)i bien es cierto, en tal solicitud no se especifica las razones por las cuales el Fiscal requiere de tal cambio, [se] permite comunicar que tal decisión es el resultado de las entrevistas que el ciudadano Fiscal sostuviera con los dos testigos presénciales (sic) del caso en presencia de la suscrita y en la cual tales supuestos testigos manifestaron al Fiscal Cuarto Ab. Omar González las condiciones y circunstancias de presión a las que fueron sometidos por los cuerpos de investigaciones y por lo que en definitiva firmaron tales actas de entrevistas.”

 

2.         Denunció:

La violación a su derecho a la libertad personal que acogió el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto “...hasta la presente fecha, no se ha decretado a favor de [su] defendido el cambio de Privación Preventiva de la Libertad, y ya han transcurrido desde el momento en que el fiscal solicitó la misma más de 24 horas.”

En ese sentido, señaló, “...que el proceso penal venezolano, se divide en fases, y que la fase de investigación o preparatoria pertenece al Ministerio Público, quién (sic) luego de adelantar las investigaciones respectivas tiene la opción de acudir al tribunal de control y solictar (sic) medidas que aseguren los fines del proceso, como ene l (sic) presente caso, la Privación Preventiva de la Libertad, en consecuencia y utilizando el derecho que tiene el Ministerio Público concedido por Ley y en apego al deber de actuar de Buena Fe, el Fiscal Cuarto optó, luego de verificar personalmente los testimonios de los testigos presénciales (sic) por solicitar el cambio de Privación y es que mal puede convalidar un Fiscal, actuaciones que constató son falsas, quiere decir que la decisión del Tribunal de Control se fundament[ó] en falsas afirmaciones. Como dueño de la acción penal el Fiscal actuando de buena fe, pide el cambio de la medida.”

 

3.                  Pidió:

“...sea DECRETADO A FAVOR DE [SU] DEFENDIDO EL CAMBIO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD SOLICITADO POR EL FISCAL...”.

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266 cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el caso de autos, la decisión que es objeto de la presente consulta es un veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, esta Sala se declara competente para el conocimiento de la consulta en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA

Los jueces de la sentencia que se consultó decidieron sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“IMPROCEDENTE el Amparo a la Libertad intentado por la abogada MARISELLE GUTIÉRREZ F., Defensora Pública Cuarta (s) a favor de su defendido WILSON PASTOR MARTÍNEZ MENDOZA, contra el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 5, a cargo del Juez DARIO SEGUNDO SUÁREZ JIMÉNEZ.”

 

A juicio de los jueces de la sentencia que se consultó:

“...de las investigaciones practicadas por [esa] Corte de Apelaciones, actuando como Tribunal Constitucional, se constata, mediante la comunicación librada en fecha 16-06-03 por el Juzgado de Control N° 5, que dicho Tribunal, en fecha 12-06-03, es decir, en la misma fecha de la interposición del presente Amparo, emitió pronunciamiento acerca de la solicitud de cambio de medida privativa de libertad a medida cautelar sustitutiva, formulada por el Ministerio Público en fecha 11-06-03, y NEGÓ lo solicitado. En el texto de los fundamentos escritos en la decisión, acompañada a la mencionada comunicación, se lee lo siguiente:

‘b) El Fiscal en su solicitud no indica que (sic) circunstancias han variado en el presente asunto, que puedan hacer considerar que los supuestos que hicieron posible el decreto de la Privación Judicial Preventiva Privativa de Libertad, puedan ser satisfechos con la medida cautelar menos gravosa que pide se imponga. c) que (sic) la justificación que dá (sic) el Fiscal Ministerio Público, para solicitar el cambio de la medida, es: NO HABER CONCLUIDO CON LA INVESTIGACIÓN, razón ésta (sic) que no es suficiente sustento para acordar lo solicitado, ya que el motivo invocado por la fiscalía (sic) en su pedimento, no es ninguno de los supuestos que preve (sic) la normativa legal para acordar tal medida’.

De todo lo anterior, [esa] Corte de Apelaciones observ[ó] que la situación planteada por la accionante no vulnera en modo alguno el derecho a la libertad consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, el imputado (...), se encuentra privado de su libertad en virtud de una orden judicial, emitida en fecha 23-05-03, previa solicitud del Ministerio Público, en investigación seguida por el delito de HOMICIDIO. La solicitud de cambio de medida presentada por la Fiscalía, fue oportunamente resuelta, al día siguiente de su presentación, mediante auto fundado; y por ser negativo el pronunciamiento emitido, tanto el Ministerio Público como la Defensa, pueden solicitar una nueva revisión de la medida privativa de libertad, de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, el Ministerio Público, como titular de la acción penal puede, si estima que los elementos de convicción de que disponía para sustentar su imputación han quedado enervados, solicitar el sobreseimiento de la manera prevista en el artículo 320 del mismo Código.

Quiere decir, entonces, que la situación descrita por la accionante no constituye una privación ilegitima de libertad, pues el Tribunal de Control N°5 decretó una medida privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público; posteriormente, dio oportuna respuesta a la solicitud de revisión de dicha medida formulada también por el Ministerio Público, y la desestimó por no estar debidamente fundamentada, pronunciamiento que emitió actuando dentro de su competencia y sin excederse en sus funciones, pues está dentro de la discrecionalidad del Juez de Control acordar o negar las solicitudes que presentan las partes, según sea el caso.”

 

V

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

De autos se desprende que el ciudadano Wilson Pastor Martínez Mendoza, mediante la representación de la abogada Maryselle Gutiérrez F., Defensora Pública Cuarta adscrita al Sistema Autónomo de Defensa Pública del Estado Yaracuy, intentó demanda de amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, contra el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, por la supuesta violación a su derecho a la libertad personal, toda vez que el tribunal en referencia no decretó a su favor medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad, a pesar de que el cambio de medida fue solicitado por el Fiscal del Ministerio Público.

Por su parte, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, que conoció en primera instancia constitucional, declaró improcedente la demanda de amparo, por cuanto, apreció “...que la situación descrita por la accionante no constituye una privación ilegitima de libertad, pues el Tribunal de Control N° 5 decretó una medida privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público; posteriormente, dio oportuna respuesta a la solicitud de revisión de dicha medida formulada también por el Ministerio Público, y la desestimó por no estar debidamente fundamentada, pronunciamiento que emitió actuando dentro de su competencia y sin excederse en sus funciones, pues está dentro de la discrecionalidad del Juez de Control acordar o negar la solicitudes que presentan las partes, según sea el caso.”

Para la decisión esta Sala observa que:

1.         El 23 de mayo de 2003, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control decretó en contra del ciudadano Wilson Pastor Martínez Mendoza medida judicial preventiva privativa de libertad por la supuesta comisión del delito de homicidio calificado que prevé y sanciona el artículo 408 del Código Penal, en concordancia con lo que establece el artículo 83 eiusdem.

2.         El 11 de junio de 2003, el Fiscal Cuarto del Ministerio Público solicitó por ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy la sustitución de la medida judicial preventiva privativa de libertad que había sido impuesta al ciudadano Wilson Pastor Martínez Mendoza.

3.         El 12 de junio de 2003, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy negó la solicitud que realizó el Fiscal Cuarto del Ministerio Público.

De lo anterior, se evidencia claramente que, por auto del 12 de junio de 2003, el tribunal en referencia negó la solicitud que presentó el Fiscal Cuarto del Ministerio Público.

Ahora bien, el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

“El juez dictará las decisiones de mero trámite en el acto. Los autos y las sentencias definitivas que sucedan a una audiencia oral serán pronunciados inmediatamente después de concluida la audiencia. En las actuaciones escritas las decisiones se dictarán dentro de los tres días siguientes.”

 

De lo anterior se colige que el Tribunal tiene la obligación de decidir en un lapso de tres días siguientes las peticiones que formulen las partes por escrito, por lo que se observa que no se violentó de modo alguno el derecho constitucional del imputado, toda vez que el tribunal proveyó, al día siguiente, una oportuna y adecuada respuesta a la solicitud que se le presentó.

Asimismo, debe recordar esta Sala al demandante de autos que, de conformidad con lo que dispone el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, los jueces en el ejercicio de sus funciones son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley y al derecho, por lo que, de ningún modo el juez penal está atado al cumplimiento de las solicitudes que realicen las partes, en este caso, la representación del Ministerio Público, toda vez que el juez puede, bajo su discrecionalidad, propia de su autonomía, acordar o rechazar las solicitudes que le sean presentadas, por auto debidamente motivado de conformidad con lo que establece el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal.

Conforme con los argumentos precedentes, esta Sala confirma la sentencia objeto de consulta y declara improcedente in limine litis la demanda de amparo constitucional. Así se declara.

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión objeto de consulta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy de 2 de julio de 2003, que declaró IMPROCEDENTE in limine litis el amparo que incoó el ciudadano WILSON PASTOR MARTÍNEZ MENDOZA contra el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal.

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,   a los 01  días del mes de agosto de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vice presidente,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente      

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH/sn.cr.

Exp. 03-1837

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