Venley

Sentencia N.º 2348

Sentencia
N.º 2348
Fecha
14/12/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-1411
Ponente
Luisa Estella Morales Lamuño
Procedimiento
Acción de Amparo

 

 

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                                                          

Expediente N° 06-1411

 

 

El 28 de septiembre de 2006, el abogado Juan Rafael García Gago, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 27.398, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, interpuso ante esta Sala acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada contra la decisión del 5 de abril de 2006, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta contra la decisión del 15 de octubre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial incoada por el ciudadano Juan Alberto Rodríguez contra el referido Instituto; y en consecuencia, se revocó la referida decisión y declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado, declarando la nulidad de los actos administrativos de remoción y retiro identificados con los Nros. 018-2003 y 102-2003 del 28 de enero y 5 de marzo de 2003, respectivamente, emanados del referido Instituto Autónomo; y por ende ordenó la reincorporación del querellante al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o similar jerarquía y remuneración, con el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de su ilegal remoción hasta la fecha de su efectiva reincorporación, lo cual aduce viola los derechos a la igualdad, a la defensa y al debido proceso, contenidos en los artículos 21 y 49 de la Carta Magna, respectivamente.

 

En virtud de su reconstitución, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y, los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.

 

El 29 de septiembre de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

            La parte accionante expuso como fundamento de su pretensión, lo siguiente:

 

Que mediante escrito presentado el 30 de abril de 2003, el abogado Rafael Ortíz Ortíz, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Juan Alberto Rodríguez Salmerón, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra los actos administrativos de remoción y retiro identificados con los Nros. 018-2003 y 102-2003 del 28 de enero y 5 de marzo de 2003, respectivamente, emanados del Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Chacao.

 

Que “En fecha 15 de octubre de 2003, el Juzgado Superior (sic) dictó sentencia mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto”.

 

Que el querellante apeló de la anterior decisión, y la misma fue oída en ambos efectos y remitido el expediente a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

 

Que el conocimiento de la causa correspondió a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la cual fijó el lapso para que la parte apelante consignara el escrito respectivo.

 

Que “El 16 de febrero de 2005, el apoderado judicial de la parte recurrente consignó escrito de formalización a la apelación, en el cual se limita a exponer una serie de consideraciones sobre la defensa ejercida por el Instituto de Policía (...) en primera instancia. De igual modo, la apelante vuelve a reiterar en forma poco clara las defensas establecidas en su libelo de demanda”.

 

Que “(…) la apelante no expresó los motivos fácticos y jurídicos en que fundamenta su acción, y mucho menos hizo denuncia alguna de vicios que a su juicio adoleciera la sentencia recurrida, que dieran motivo a ejercer el recurso de apelación, limitándose a reproducir los alegatos de primera instancia”.

 

Que “(…) con ese proceder la apelante incumplió el contenido del artículo 19 párrafo 19 de la Ley Orgánica de Tribunal Supremo de Justicia, (…) lo cual a pesar de ser observado por la propia Corte, ésta no aplicó la consecuencia jurídica en la señalada norma, lo cual se constituyó en una violación de los derechos a la defensa, al debido proceso y de igualdad ante la ley de [su] representado (...)”.

 

Que el 5 de abril de 2006, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declaró con lugar la apelación interpuesta y, en consecuencia, revocó la decisión del a quo, declarando parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado, y por ende la nulidad de los actos administrativos de remoción y retiro identificados con los Nros. 018-2003 y 102-2003 del 28 de enero y 5 de marzo de 2003, respectivamente, emanados del referido Instituto Autónomo; ordenando la reincorporación del querellante al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o similar jerarquía y remuneración, con el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de su ilegal remoción hasta la fecha de su efectiva reincorporación.

 

Que igualmente se negaron los demás derechos derivados de la relación de empleo público, por constituir peticiones genéricas e indeterminadas.

 

Que “(…) es evidente que la Corte Segunda (…), en primer lugar al haber entrado a conocer la apelación interpuesta por el apelante y dictar sentencia sin aplicar el precepto establecido en al párrafo 19 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y luego haber sentenciado con absoluta inequidad en perjuicio de nuestro representado, violó (….) los derechos a la defensa, al debido proceso y de igualdad (…)”.

 

Que sólo si la Corte “(…) detecta que la sentencia está viciada, puede decretar la nulidad de la misma, y es cuando procede a considerar el fondo del recurso (…), pudiendo decidir a favor o en contra del apelante, pero si no se alegan vicios de la sentencia apelada, no podría el coadyuvante de la sentencia ejercer una defensa adecuada en resguardo de sus intereses y tendría que la Corte sustituirse en el apelante en cuanto a la propia impugnación del fallo apelado (…)”.

 

Que “(…) la parte apelante (…) no expresó en su escrito (…) las razones fácticas y jurídicas en que fundamenta la apelación, por lo que (….) debía la Corte declarar desistido el recurso de apelación”.

 

Que existe “Violación por parte de la Corte Segunda (sic) de los derechos a la defensa y a la igualdad del Instituto Autónomo de Policía Municipal, al emitir (sic) al valorar el informe técnico de manera contraria a las normas aplicables a los procesos de reestructuración administrativa (…)”.

 

Que la referida Corte cuestiona la validez del informe técnico, y con tal señalamiento desvirtúa la verdadera naturaleza de los procesos de reducción de personal por reestructuración administrativa.

 

Que lo expresado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, no constituye parámetros o criterios objetivos de determinación que puedan utilizarse en casos como el analizado, donde se pretende reestructurar un ente público.

 

Que existe violación de los derechos a la defensa y a la igualdad, del mencionado Instituto Autónomo al haber valorado la referida Corte únicamente los argumentos de la primera instancia y no revisar las defensas que realizó el instituto en esa misma instancia.

Que la citada Corte realizó aseveraciones falsas contra el mencionado Instituto Autónomo de Policía Municipal, al establecer que no acompañó los expedientes de los funcionarios removidos a los efectos de que el Concejo Municipal aprobara la medida de reducción de personal.

 

Que se violó el derecho a la defensa de su representado, al no notificársele de la reanudación del proceso una vez que se abocó el juez.

 

Que se violó el derecho de propiedad, al no quedar establecido en el fallo lo que debe computarse para el cálculo de los salarios caídos.

 

Solicita medida cautelar innominada de suspensión de los efectos de la decisión accionada.

 

Por último, requiere que el presente amparo sea admitido y declarado con lugar, revocando así la sentencia del 5 de abril de 2006, emanada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

 

 

II

DEL FALLO IMPUGNADO

 

El 5 de abril de 2006, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo decidió lo siguiente:

 

“(…) En principio, debe este Órgano Jurisdiccional pronunciarse con respecto al escrito de fundamentación presentado en el presente caso y en tal sentido se observa que en el mismo no se ataca la sentencia recurrida pues se reproducen los argumentos debatidos en la primera instancia.

…omissis…

(…) resulta evidente para la Corte que la forma en que la representación del querellante formuló sus planteamientos en el escrito de formalización de la apelación no resultó ser la más adecuada, sin embargo, de acuerdo a los lineamientos dispuestos en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna, según los cuales la obtención de la justicia debe prevalecer sobre los formalismos no esenciales, dicha imperfección no debe constituirse en un impedimento para que se analice el sustrato de la controversia aquí tratada, más cuando, de los propios argumentos esgrimidos, surge la clara disconformidad con el fallo apelado, de tal modo que resulta dable entrar a conocer y decidir los argumentos expuestos en el escrito consignado.

…omissis…

En consecuencia, para que la reducción de personal por cambios en la organización administrativa resulte válida y, en consecuencia, los respectivos actos de remoción y retiro, éstos no pueden apoyarse en meras resoluciones y/o acuerdos, sino que en cada caso deben cumplirse con el ordenamiento jurídico dispuesto por la legislación venezolana al efecto (Ley del Estatuto de la Función Pública y Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa).

En tales procesos entonces, contrario a lo argumentado por el ente querellado en su contestación a la apelación si existe la necesidad de individualizar el cargo o cargos a eliminar y a los funcionarios que los desempeñan, en el sentido de que el organismo está en la obligación de señalar el por qué ese cargo y no otro es el que se va a eliminar, precisamente para evitar que la estabilidad, como derecho fundamental de los funcionarios de carrera, se vea afectado por un listado que contenga simplemente la identificación de un grupo de personas y los cargos de los cuales se va a prescindir, sin ningún tipo de motivación; toda vez que los requisitos de un proceso tan delicado y de consecuencias tan dramáticas para los funcionarios como lo es la reducción de personal, no pueden convertirse en meras formalidades.

En este sentido, estima esta Corte, que la reducción de personal la cual afecta a un gran número de funcionarios, debe cumplir con el mínimo sentido de motivación y justificación probatoria, siendo ello un límite a la discrecionalidad del ente administrativo de que se trate; pues la distancia entre la ‘discrecionalidad’ y la ‘arbitrariedad’ viene dada por la motivación o justificación de cualquier conducta, sobre todo si dicha conducta afecta los intereses legítimos de los administrados.

Ahora bien, una vez examinadas las actas que conforman el presente expediente se observa que el a quo no ejerció el control de la legalidad del proceso de reducción de personal llevado a cabo en el ente municipal, no obstante ello como quedó establecido en líneas anteriores era válido y totalmente aislado a la revisión de la legalidad del Acuerdo declarado firme por el Juzgador, pero que significó el inicio del proceso de reducción de personal en el mencionado Instituto, y así fue alegado por la parte recurrente cuando señaló que la reestructuración administrativa no cumplió con los ‘requisitos materiales de validez’.

En vista de lo anterior, esta Corte estima que el a quo no sentenció de acuerdo a lo alegado y probado en autos por las partes, inobservando el principio de exhaustividad de la sentencia e incurriendo, por tanto en el vicio de incongruencia, por lo que, de conformidad con el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, debe esta Corte declarar con lugar la apelación ejercida por la abogada Martha Magín, en su carácter de apoderada judicial del Distrito Metropolitano de Caracas (sic) y, en consecuencia, revoca la sentencia impugnada (…).

Decidido lo anterior, corresponde a esta Corte entrar a conocer el fondo del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, y al respecto observa:

Retomando las ideas explanadas en líneas anteriores sobre las condiciones que debe cumplir una reducción de personal como la llevada al efecto en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Chacao, se advierte que no consta en autos que se haya enviado el resumen del expediente de los funcionarios a ser afectados por la medida, en los términos que se expresan en el transcrito artículo 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, el cual si bien no se aplica en su totalidad a los casos de las entidades locales, si es aplicable concatenadamente con el numeral 5 del artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por lo que respecta al envío de un resumen del expediente del funcionario al Concejo Municipal, el cual resultaba indispensable para determinar la validez de la medida de reducción de personal.

Ello así observa esta Corte que aun cuando consta en el informe técnico presentado a la Junta Directiva del Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao, ‘La Relación del Personal Sujeto a Reducción de Personal debido a cambios en la Organización Administrativa’ el mismo no evidencia que se haya cumplido con la obligación de señalar el por qué son esos cargos los que se van a eliminar y no otros.

En razón de lo anterior, visto que en el caso de autos, la aludida relación está constituida por un listado de nombres y ciertos datos de los funcionarios, ésta se encuentra inmotivada y no puede ser considerada como el ‘resumen de los expedientes’ de los funcionarios que afectó el proceso de reorganización administrativa llevada a cabo en el Instituto Autónomo querellado, pues en esa relación no se detalló por ejemplo los méritos obtenidos en el transcurso de la carrera por el personal que se iba a afectar con la medida de reducción de personal, si los mismos habían sido sometidos a una evaluación previa así como los respectivos resultados, por lo que resulta forzoso para este Órgano Jurisdiccional declarar que el acto administrativo de remoción impugnado no se encuentra ajustado a derecho (…).

En atención a los argumentos expuestos, y vista la nulidad del acto de remoción, resulta válido resaltar que la nulidad de dicho acto conlleva inexorablemente a la declaratoria de nulidad del acto administrativo de retiro, por cuanto, si bien constituyen actos de naturaleza distinta, resultaría totalmente contradictorio declarar la ilegalidad del primero y luego una ‘supuesta validez’ del retiro.

Ello así, esta Corte concluye que el acto administrativo de remoción del ciudadano Juan Alberto Rodríguez Salmerón se encuentra viciado de nulidad en virtud de que el ente municipal debió cumplir con la normativa aplicable para llevar a cabo el procedimiento de reducción de personal, todo ello de conformidad con la Ley del Estatuto de la Función Publica y el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, en consecuencia, resulta igualmente nulo el acto administrativo mediante el cual se retiró al aludido ciudadano, por lo que se ordena su reincorporación al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o similar jerarquía y remuneración, con el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de su ilegal remoción hasta la fecha de su efectiva reincorporación, para lo cual se ordena realizar una experticia complementaria del fallo (…).

Con respecto a la solicitud del querellante a que le sean pagados los ‘(…) demás derechos derivados de la relación de empleo público que le correspondan’, esta Corte estima que para las pretensiones pecuniarias reclamadas en sede judicial, es necesario que el actor las precise y detalle con la finalidad de evitar un pronunciamiento indeterminado sobre las cantidades que, en caso de una sentencia favorable, son adeudadas al funcionario público.

Partiendo de la anterior premisa, para que el Juez en su sentencia definitiva pueda fijar cuáles son los montos adeudados y su fuente -legal o contractual- el reclamante deberá, por imperativo legal, describir en el escrito recursivo todos aquellos derechos materiales derivados de su relación de empleo público, así como el monto percibido por cada uno de ellos para brindar al Juez elementos que permitan restituir con la mayor certeza posible la situación que se denuncia como lesionada.

En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional desestima el pedimento efectuado puesto que no hay un señalamiento expreso que permita al Juez fijar con certeza en su fallo cuáles son cada uno de los conceptos reclamados, siendo tal petición genérica e indeterminada (…)”.

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

En primer lugar debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa:

 

En virtud de lo dispuesto en la sentencia de esta Sala del 20 de enero de 2000, (caso: “Emery Mata Millán”), la cual resulta aplicable conforme a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y, a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que establece un régimen de competencia especial para este tipo de amparo, resulta necesario reiterar que le corresponde a esta Sala Constitucional conocer de las acciones de amparo en primera instancia contra decisiones u omisiones de los Juzgados o Tribunales Superiores -salvo los Contencioso Administrativos-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y las Cortes de Apelaciones en lo Penal.

 

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, una acción de amparo constitucional interpuesta contra la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual esta Sala se declara competente para resolver la presente acción en única instancia, y así se declara.  

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del asunto sometido a su conocimiento, para lo cual observa:

 

De los alegatos expuestos en el escrito libelar, se desprende que la presente acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada fue ejercida contra la decisión del 5 de abril de 2006, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta contra la decisión del 15 de octubre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial incoada por el ciudadano Juan Alberto Rodríguez contra el referido Instituto; y en consecuencia, se revocó la referida decisión y declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado, declarando la nulidad de los actos administrativos de remoción y retiro identificados con los Nros. 018-2003 y 102-2003 del 28 de enero y 5 de marzo de 2003, respectivamente, emanados del referido Instituto Autónomo; y por ende ordenando la reincorporación del querellante al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o similar jerarquía y remuneración, con el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de su ilegal remoción hasta la fecha de su efectiva reincorporación, lo cual aduce viola los derechos a la igualdad, a la defensa y al debido proceso, contenidos en los artículos 21 y 49 de la Carta Magna, respectivamente.

 

Precisado lo anterior, evidencia esta Sala que el presente amparo contiene todos los requisitos del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como advierte que no adolece de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 ejusdem.

 

No obstante lo anterior, en atención a los principios de celeridad y economía procesal y en beneficio de los justiciables, esta Sala procede a realizar un estudio previo de los méritos de la acción y al efecto, observa:

 

En el caso de autos, la acción de amparo tiene como objeto la presunta violación de los derechos a la igualdad, a la defensa y al debido proceso, por parte de la sentencia dictada el 5 de abril de 2006, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta contra la decisión del 15 de octubre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial incoada por el ciudadano Juan Alberto Rodríguez contra el referido Instituto; y en consecuencia, se revocó la referida decisión y se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado, declarando la nulidad de los actos administrativos de remoción y retiro identificados con los Nros. 018-2003 y 102-2003 del 28 de enero y 5 de marzo de 2003, respectivamente, emanados del referido Instituto Autónomo; y por ende ordenó la reincorporación del querellante al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o similar jerarquía y remuneración, con el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de su ilegal remoción hasta la fecha de su efectiva reincorporación.

 

Al respecto, adujo el quejoso entre otros aspectos que existe “(…) Violación por parte de la Corte Segunda (sic) de los derechos a la defensa y a la igualdad del Instituto Autónomo de Policía Municipal, al emitir (sic) al valorar el informe técnico de manera contraria a las normas aplicables a los procesos de reestructuración administrativa (…)”.

 

Asimismo, arguyó que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, cuestiona la validez del informe técnico, y con tal señalamiento desvirtúa la verdadera naturaleza de los procesos de reducción de personal por reestructuración administrativa. Aunado a que –a su criterio-, lo expresado por la citada Corte, no constituyen parámetros o criterios objetivos de determinación que puedan utilizarse en casos como el analizado, donde se pretende reestructurar un ente público.

 

Ello así, observa esta Sala que los alegatos expuestos por el accionante, en su solicitud de amparo constitucional, en relación a los hechos de los que pretende deducir la violación de la Constitución, van dirigidos a evidenciar los posibles errores de juzgamiento en los que supuestamente incurrió la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que dictó la sentencia accionada, al declarar parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta. Por lo cual, denuncia el quebrantamiento por parte de los jueces que integran dicho órgano colegiado de los derechos constitucionales a la igualdad, a la defensa y al debido proceso, por haber incurrido la decisión recurrida en interpretaciones erradas.

 

Ahora bien, esta Sala en reiterados fallos ha señalado que la acción de amparo no debe emplearse como un medio que pretenda la reapertura de la controversia conocida por los tribunales de instancia, y que en dicha acción no se pueden plantear los mismos hechos ya debatidos en esa sede, pues la misma no constituye una tercera instancia que puede ser utilizada bajo el pretexto del menoscabo de derechos fundamentales, alegando la urgencia y brevedad propia de este medio.

 

Así pues, se evidencia de las actas que conforman el presente expediente así como de los alegatos del quejoso, que lo que motivó realmente la presente acción de amparo, es su disconformidad con la decisión dictada por la referida Corte, la cual le fue adversa, siendo que dicho órgano jurisdiccional decidió conforme a lo alegado y probado en autos, siguiendo un orden lógico y razonado sobre los asuntos sometidos a su consideración; es decir, la decisión accionada es producto de la valoración de los Jueces respecto al asunto sometido a su conocimiento, y de ella no se desprende ningún error grotesco de juzgamiento, que pueda ser objeto de la tutela constitucional invocada por la parte.

 

En este sentido, considera oportuno esta Sala reiterar que la acción de amparo constitucional contra actos jurisdiccionales ha sido concebida en nuestra legislación, como un mecanismo procesal de impugnación de decisiones judiciales con particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar dichos actos jurisdiccionales. Así para dicha acción se han establecido especiales presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, pues resulta inoficioso, y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, la sustanciación de un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar.

 

Así, constata esta Sala, que los Jueces que integran la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, al momento de conocer de la referida querella en apelación, realizaron la valoración de los hechos alegados por las partes a la luz de las pruebas producidas en autos, revocando la sentencia del a quo, y declarando la demanda parcialmente con lugar. 

 

Ello así debe indicarse, que la valoración que haga el juzgador, se encuentra dentro de los límites de su arbitrio, por lo cual es necesario advertir, que en sentencia emitida el 20 de febrero de 2001 (caso: “Alimentos Delta, C.A.”), la cual ratificó el criterio expuesto en sentencia del 27 de julio de 2000 (caso: “Seguros Corporativos, C.A. y Agropecuaria Alfin, C.A.”), se estableció:

 

“(...) en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales.  Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales, en la cual el juez que conoce del amparo puede pronunciarse acerca del contenido o aplicación de las normas constitucionales que desarrollan los derechos fundamentales, revisar la interpretación que de éstas ha realizado la administración pública o los órganos de la administración de justicia, o establecer si los hechos de los que se deducen las violaciones constitucionales, constituyen una violación directa de la Constitución (...)” (Resaltado de este fallo).

 

 

En este orden de ideas, se insiste que la acción de amparo constitucional está concebida para la protección de derechos y garantías constitucionales, de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad.

 

En síntesis, del examen de las actas del expediente se observa que, el accionante, al hacer uso de la acción de amparo constitucional, sólo pretendió impugnar el fondo de la decisión accionada que le fue adversa, atacando de esta manera la valoración que el juez de alzada realizó sobre los alegatos y pruebas aportados al proceso, específicamente lo relativo a la valoración del informe técnico en la reducción de personal llevada a cabo en el Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda.

 

Por ello, debe indicarse que la actividad que realiza el juzgador al decidir, si bien debe ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, le confiere un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual puede interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales.

 

Del caso de autos, no se evidencia violación a derecho constitucional alguno, pues el juez de alzada consideró, que “(…) el acto administrativo de remoción del ciudadano Juan Alberto Rodríguez Salmerón se encuentra viciado de nulidad en virtud de que el ente municipal debió cumplir con la normativa aplicable para llevar a cabo el procedimiento de reducción de personal, todo ello de conformidad con la Ley del Estatuto de la Función Publica y el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, en consecuencia, resulta igualmente nulo el acto administrativo mediante el cual se retiró al aludido ciudadano, por lo que se ordena su reincorporación al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o similar jerarquía y remuneración, con el pago de los sueldos dejados de percibir desde las fecha de su ilegal remoción hasta la fecha de su efectiva reincorporación, para lo cual se ordena realizar una experticia complementaria del fallo (…)”.

 

Así, fue a través de un proceso de valoración, que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dentro del ámbito de sus competencias extrajo sus conclusiones, y revocó el fallo dictado por Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que conoció en primera instancia, declarando en consecuencia parcialmente con lugar la querella interpuesta. 

 

Ello así, la parte quejosa lo que pretende es acceder a una nueva instancia judicial, y no procurar la reafirmación de los valores constitucionales, que es lo que persigue la pretensión de amparo.

 

En refuerzo de lo anterior debe enfatizarse con respecto al alegato del actor de que “(…) el apoderado judicial de la parte recurrente consignó escrito de formalización a la apelación, en el cual se limita a exponer una serie de consideraciones sobre la defensa ejercida por el Instituto de Policía (...) en primera instancia. De igual modo, la apelante vuelve a reiterar en forma poco clara las defensas establecidas en su libelo de demanda”, que la apelación constituye el recurso mediante el cual la parte o los terceros que han sufrido un agravio por la sentencia del juez de primer grado de jurisdicción, provoca un nuevo examen de la relación controvertida por el juez superior o de segundo grado, que debe dictar la sentencia definitiva, ya sea manteniéndola firme, reformándola o anulándola.

 

El objeto de la apelación, es solicitar una nueva decisión, provocándose que la autoridad jurisdiccional superior examine el mismo debate, delimitada por la pretensión deducida en el libelo de la demanda, en la fundamentación a la apelación y por lo expuesto en la respectiva contestación (de haber existido).

 

En materia contencioso administrativa, la correcta fundamentación de la apelación exige, en primer lugar, la oportuna presentación del escrito correspondiente y, en segundo lugar, la exposición de las razones de hecho y de derecho en que funde el apelante su recurso, independientemente de que tales motivos se refieran a la impugnación del fallo por vicios específicos o la disconformidad con la decisión recaída en el juicio. Ello deriva de la naturaleza propia del recurso de apelación, el cual puede servir como medio de impugnación o como medio de atacar un gravamen.

 

Así, basta que el apelante señale las razones de discrepancia con la sentencia de instancia o los vicios que ésta contiene, ya que en sede contenciosa administrativa no se requiere el cumplimiento de las formalidades técnico-procesales propias del recurso de casación. Con lo cual, naturalmente existe una carga en cabeza del apelante de no limitarse a consignar el escrito en el lapso establecido para ello, sino también de expresar, por lo menos, su disconformidad con el fallo de la primera instancia.

 

Tales aseveraciones se hacen aún más patentes, dado que la Carta Magna (artículo 257) consagra el proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia y así el juez de alzada debe garantizar la realización de la justicia para la parte apelante, quien desfavorecido por el fallo de la primera instancia ejerce el recurso de apelación y debe fundamentarla, sin que sea imperativo expresar con certeza los vicios en los que puede haber incurrido el fallo, sino que se limita a sostener que tenía la razón en la primera instancia, con lo cual obviamente manifiesta su disconformidad con lo decidido.

 

Así, la revisión que conlleva el recurso de apelación en esta materia, no se limita al fallo apelado en cuanto a sus eventuales errores de fondo o de forma (vicios de la sentencia), sino que también se extiende al mérito de la causa, ello así porque tanto el juez de la primera instancia o el de alzada, poseen un amplio margen de valoración, y ambos son jueces de mérito; de manera que el juez del segundo grado de jurisdicción posee una jurisdicción plena para analizar, valorar y decir todas aquellas cuestiones comprendidas en el efecto devolutivo del recurso.

 

Por ello, aun y cuando el apelante no hubiere denunciado vicios de la sentencia apelada como tal en el escrito de fundamentación presentado, no obstante, siendo que se ha manifestado la disconformidad contra el fallo del a quo y en aras de la tutela judicial efectiva, debe conocérsele el recurso de apelación interpuesto, como acertadamente lo realizó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, pues caso contrario sí se violentaría el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la parte apelante, y así se decide.

 

Por otro lado, con respecto a que se violó el derecho a la defensa de su representado, al no notificársele de la reanudación del proceso una vez que se abocó el juez, debe indicarse que la notificación del abocamiento de un nuevo juez al conocimiento de la causa, tiene por finalidad que las partes, en caso de considerarlo procedente, interpongan la respectiva recusación, por lo cual es éste, aunque la parte expresamente no lo señale, el derecho a tutelar, dado que de la naturaleza jurídica del acto que se señala como lesivo a su derecho constitucional no se desprende otra cosa.

 

Ahora bien, en el presente caso, se observa que si bien el accionante alegó como hecho lesivo de sus derechos constitucionales la falta de notificación del abocamiento al conocimiento de la causa de los nuevos Jueces que integran la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, no obstante, se advierte que en su solicitud de amparo, no consta ni alega que efectivamente alguno de los referidos Jueces se encontraren incurso en alguna de las causales de procedencia de la recusación, y que, por lo tanto, tenía la intención de proceder a formular la misma (Vid. Sentencia de la Sala del 15 de marzo de 2000, caso: “Petra Laura Lorenzo”).

           

En este sentido, se constata del escrito de amparo presentado, que no fue denunciada causal de recusación alguna, en la que presuntamente podían estar incursos los integrantes del órgano jurisdiccional accionado, que hubiere afectado su competencia subjetiva para conocer y decidir la apelación en cuestión, por el contrario, en forma genérica señaló que la falta de notificación del juez del abocamiento a la causa era violatorio de los derechos a la defensa y al debido proceso.

 

Siendo así, esta Sala considera que, aun cuando se omitiera la notificación de la parte actora del abocamiento al conocimiento de la causa por parte del Juez accionado        –como lo aduce la accionante-, lo cual no se evidencia del expediente-, sin embargo, sería inútil la reposición del juicio al estado de que se notifique a la misma de dicho abocamiento, pues, de nada valdría dejar transcurrir íntegramente el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para que ésta no haga uso de ese derecho, dado que no demostró que alguno de los jueces estuviese incurso en alguna causal de recusación, aunado a que el quejoso ejerció su defensa en la segunda instancia del proceso, y así se decide. 

 

Por último, con respecto a la presunta violación del derecho de propiedad, al no quedar establecido en el fallo lo que debe computarse para el cálculo de los salarios caídos, debe indicarse, que dicha Corte procedió a ordenar tanto en la motiva de su fallo como en el dispositivo que el pago de los sueldos dejados de percibir debía calcularse desde la fecha de la ilegal remoción del querellante hasta la fecha de su efectiva reincorporación, y que dichos montos serían acordados a través de una experticia complementaria del fallo ordenada por ella misma, el cual constituye el medio regular e idóneo para establecer los montos adeudados en casos de pagos dinerarios en materia contencioso funcionarial, por lo cual, se desestima lo argüido por el quejoso al respecto, y así se decide.

 

Atendiendo a lo antes expuesto, esta Sala observa que con la decisión de la Corte presunta agraviante en la que se declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial incoada, no se violó ninguno de los derechos denunciados por la parte accionante, sino que lo que se aprecia es la disconformidad de la quejosa con la sentencia impugnada, que le fuera desfavorable, lo cual no es suficiente para que la acción de amparo contra decisiones judiciales proceda, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual la presente acción de amparo constitucional resulta improcedente in limine litis. Así se declara.

 

Finalmente, respecto a la medida cautelar innominada solicitada, considera esta Sala que habiéndose declarado improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional de marras, resulta inoficioso pronunciarse sobre este aspecto, en razón de ser accesorio, por lo que corre la misma suerte de la acción principal. Así se decide.

 

                                                                 

 

      

 

       V

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada por el abogado Juan Rafael García Gago, antes identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, contra la decisión del 5 de abril de 2006, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta contra la decisión del 15 de octubre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial incoada por el ciudadano Juan Alberto Rodríguez contra el referido Instituto; y en consecuencia, se revocó la referida decisión y declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado, declarando la nulidad de los actos administrativos de remoción y retiro identificados con los Nros. 018-2003 y 102-2003 del 28 de enero y 5 de marzo de 2003, respectivamente, emanados del referido Instituto Autónomo; y por ende ordenó la reincorporación del querellante al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o similar jerarquía y remuneración, con el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de su ilegal remoción hasta la fecha de su efectiva reincorporación.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de diciembre de dos mil seis (2006). Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

            

La Presidenta de la Sala,

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Ponente

El Vicepresidente,

                                  

 

                                                                         JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

                                                          

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMÉN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. N° 06-1411

LEML/f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias