Sentencia N.º 2348
- Sentencia
- N.º 2348
- Fecha
- 14/12/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 06-1411
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 06-1411
El 28 de septiembre de 2006, el abogado Juan Rafael García Gago, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 27.398, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, interpuso ante esta Sala acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada contra la decisión del 5 de abril de 2006, dictada por
En virtud de su reconstitución, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y, los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.
El 29 de septiembre de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
DE
La parte accionante expuso como fundamento de su pretensión, lo siguiente:
Que mediante escrito presentado el 30 de abril de 2003, el abogado Rafael Ortíz Ortíz, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Juan Alberto Rodríguez Salmerón, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra los actos administrativos de remoción y retiro identificados con los Nros. 018-2003 y 102-2003 del 28 de enero y 5 de marzo de 2003, respectivamente, emanados del Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Chacao.
Que En fecha 15 de octubre de 2003, el Juzgado Superior (sic) dictó sentencia mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.
Que el querellante apeló de la anterior decisión, y la misma fue oída en ambos efectos y remitido el expediente a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.
Que el conocimiento de la causa correspondió a
Que El 16 de febrero de 2005, el apoderado judicial de la parte recurrente consignó escrito de formalización a la apelación, en el cual se limita a exponer una serie de consideraciones sobre la defensa ejercida por el Instituto de Policía (...) en primera instancia. De igual modo, la apelante vuelve a reiterar en forma poco clara las defensas establecidas en su libelo de demanda.
Que (
) la apelante no expresó los motivos fácticos y jurídicos en que fundamenta su acción, y mucho menos hizo denuncia alguna de vicios que a su juicio adoleciera la sentencia recurrida, que dieran motivo a ejercer el recurso de apelación, limitándose a reproducir los alegatos de primera instancia.
Que (
) con ese proceder la apelante incumplió el contenido del artículo 19 párrafo 19 de
Que el 5 de abril de 2006,
Que igualmente se negaron los demás derechos derivados de la relación de empleo público, por constituir peticiones genéricas e indeterminadas.
Que (
) es evidente que
Que sólo si
Que (
) la parte apelante (
) no expresó en su escrito (
) las razones fácticas y jurídicas en que fundamenta la apelación, por lo que (
.) debía
Que existe Violación por parte de
Que la referida Corte cuestiona la validez del informe técnico, y con tal señalamiento desvirtúa la verdadera naturaleza de los procesos de reducción de personal por reestructuración administrativa.
Que lo expresado por
Que existe violación de los derechos a la defensa y a la igualdad, del mencionado Instituto Autónomo al haber valorado la referida Corte únicamente los argumentos de la primera instancia y no revisar las defensas que realizó el instituto en esa misma instancia.
Que la citada Corte realizó aseveraciones falsas contra el mencionado Instituto Autónomo de Policía Municipal, al establecer que no acompañó los expedientes de los funcionarios removidos a los efectos de que el Concejo Municipal aprobara la medida de reducción de personal.
Que se violó el derecho a la defensa de su representado, al no notificársele de la reanudación del proceso una vez que se abocó el juez.
Que se violó el derecho de propiedad, al no quedar establecido en el fallo lo que debe computarse para el cálculo de los salarios caídos.
Solicita medida cautelar innominada de suspensión de los efectos de la decisión accionada.
Por último, requiere que el presente amparo sea admitido y declarado con lugar, revocando así la sentencia del 5 de abril de 2006, emanada de
II
DEL FALLO IMPUGNADO
El 5 de abril de 2006,
(
) En principio, debe este Órgano Jurisdiccional pronunciarse con respecto al escrito de fundamentación presentado en el presente caso y en tal sentido se observa que en el mismo no se ataca la sentencia recurrida pues se reproducen los argumentos debatidos en la primera instancia.
omissis
(
) resulta evidente para
omissis
En consecuencia, para que la reducción de personal por cambios en la organización administrativa resulte válida y, en consecuencia, los respectivos actos de remoción y retiro, éstos no pueden apoyarse en meras resoluciones y/o acuerdos, sino que en cada caso deben cumplirse con el ordenamiento jurídico dispuesto por la legislación venezolana al efecto (Ley del Estatuto de
En tales procesos entonces, contrario a lo argumentado por el ente querellado en su contestación a la apelación si existe la necesidad de individualizar el cargo o cargos a eliminar y a los funcionarios que los desempeñan, en el sentido de que el organismo está en la obligación de señalar el por qué ese cargo y no otro es el que se va a eliminar, precisamente para evitar que la estabilidad, como derecho fundamental de los funcionarios de carrera, se vea afectado por un listado que contenga simplemente la identificación de un grupo de personas y los cargos de los cuales se va a prescindir, sin ningún tipo de motivación; toda vez que los requisitos de un proceso tan delicado y de consecuencias tan dramáticas para los funcionarios como lo es la reducción de personal, no pueden convertirse en meras formalidades.
En este sentido, estima esta Corte, que la reducción de personal la cual afecta a un gran número de funcionarios, debe cumplir con el mínimo sentido de motivación y justificación probatoria, siendo ello un límite a la discrecionalidad del ente administrativo de que se trate; pues la distancia entre la discrecionalidad y la arbitrariedad viene dada por la motivación o justificación de cualquier conducta, sobre todo si dicha conducta afecta los intereses legítimos de los administrados.
Ahora bien, una vez examinadas las actas que conforman el presente expediente se observa que el a quo no ejerció el control de la legalidad del proceso de reducción de personal llevado a cabo en el ente municipal, no obstante ello como quedó establecido en líneas anteriores era válido y totalmente aislado a la revisión de la legalidad del Acuerdo declarado firme por el Juzgador, pero que significó el inicio del proceso de reducción de personal en el mencionado Instituto, y así fue alegado por la parte recurrente cuando señaló que la reestructuración administrativa no cumplió con los requisitos materiales de validez.
En vista de lo anterior, esta Corte estima que el a quo no sentenció de acuerdo a lo alegado y probado en autos por las partes, inobservando el principio de exhaustividad de la sentencia e incurriendo, por tanto en el vicio de incongruencia, por lo que, de conformidad con el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, debe esta Corte declarar con lugar la apelación ejercida por la abogada Martha Magín, en su carácter de apoderada judicial del Distrito Metropolitano de Caracas (sic) y, en consecuencia, revoca la sentencia impugnada (
).
Decidido lo anterior, corresponde a esta Corte entrar a conocer el fondo del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, y al respecto observa:
Retomando las ideas explanadas en líneas anteriores sobre las condiciones que debe cumplir una reducción de personal como la llevada al efecto en el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Chacao, se advierte que no consta en autos que se haya enviado el resumen del expediente de los funcionarios a ser afectados por la medida, en los términos que se expresan en el transcrito artículo 119 del Reglamento General de
Ello así observa esta Corte que aun cuando consta en el informe técnico presentado a
En razón de lo anterior, visto que en el caso de autos, la aludida relación está constituida por un listado de nombres y ciertos datos de los funcionarios, ésta se encuentra inmotivada y no puede ser considerada como el resumen de los expedientes de los funcionarios que afectó el proceso de reorganización administrativa llevada a cabo en el Instituto Autónomo querellado, pues en esa relación no se detalló por ejemplo los méritos obtenidos en el transcurso de la carrera por el personal que se iba a afectar con la medida de reducción de personal, si los mismos habían sido sometidos a una evaluación previa así como los respectivos resultados, por lo que resulta forzoso para este Órgano Jurisdiccional declarar que el acto administrativo de remoción impugnado no se encuentra ajustado a derecho (
).
En atención a los argumentos expuestos, y vista la nulidad del acto de remoción, resulta válido resaltar que la nulidad de dicho acto conlleva inexorablemente a la declaratoria de nulidad del acto administrativo de retiro, por cuanto, si bien constituyen actos de naturaleza distinta, resultaría totalmente contradictorio declarar la ilegalidad del primero y luego una supuesta validez del retiro.
Ello así, esta Corte concluye que el acto administrativo de remoción del ciudadano Juan Alberto Rodríguez Salmerón se encuentra viciado de nulidad en virtud de que el ente municipal debió cumplir con la normativa aplicable para llevar a cabo el procedimiento de reducción de personal, todo ello de conformidad con
Con respecto a la solicitud del querellante a que le sean pagados los (
) demás derechos derivados de la relación de empleo público que le correspondan, esta Corte estima que para las pretensiones pecuniarias reclamadas en sede judicial, es necesario que el actor las precise y detalle con la finalidad de evitar un pronunciamiento indeterminado sobre las cantidades que, en caso de una sentencia favorable, son adeudadas al funcionario público.
Partiendo de la anterior premisa, para que el Juez en su sentencia definitiva pueda fijar cuáles son los montos adeudados y su fuente -legal o contractual- el reclamante deberá, por imperativo legal, describir en el escrito recursivo todos aquellos derechos materiales derivados de su relación de empleo público, así como el monto percibido por cada uno de ellos para brindar al Juez elementos que permitan restituir con la mayor certeza posible la situación que se denuncia como lesionada.
En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional desestima el pedimento efectuado puesto que no hay un señalamiento expreso que permita al Juez fijar con certeza en su fallo cuáles son cada uno de los conceptos reclamados, siendo tal petición genérica e indeterminada (
).
III
DE
En primer lugar debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa:
En virtud de lo dispuesto en la sentencia de esta Sala del 20 de enero de 2000, (caso: Emery Mata Millán), la cual resulta aplicable conforme a lo dispuesto en
En el presente caso, se somete al conocimiento de
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia, pasa
De los alegatos expuestos en el escrito libelar, se desprende que la presente acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada fue ejercida contra la decisión del 5 de abril de 2006, dictada por
Precisado lo anterior, evidencia esta Sala que el presente amparo contiene todos los requisitos del artículo 18 de
No obstante lo anterior, en atención a los principios de celeridad y economía procesal y en beneficio de los justiciables, esta Sala procede a realizar un estudio previo de los méritos de la acción y al efecto, observa:
En el caso de autos, la acción de amparo tiene como objeto la presunta violación de los derechos a la igualdad, a la defensa y al debido proceso, por parte de la sentencia dictada el 5 de abril de 2006, por
Al respecto, adujo el quejoso entre otros aspectos que existe (
) Violación por parte de
Asimismo, arguyó que
Ello así, observa esta Sala que los alegatos expuestos por el accionante, en su solicitud de amparo constitucional, en relación a los hechos de los que pretende deducir la violación de
Ahora bien, esta Sala en reiterados fallos ha señalado que la acción de amparo no debe emplearse como un medio que pretenda la reapertura de la controversia conocida por los tribunales de instancia, y que en dicha acción no se pueden plantear los mismos hechos ya debatidos en esa sede, pues la misma no constituye una tercera instancia que puede ser utilizada bajo el pretexto del menoscabo de derechos fundamentales, alegando la urgencia y brevedad propia de este medio.
Así pues, se evidencia de las actas que conforman el presente expediente así como de los alegatos del quejoso, que lo que motivó realmente la presente acción de amparo, es su disconformidad con la decisión dictada por la referida Corte, la cual le fue adversa, siendo que dicho órgano jurisdiccional decidió conforme a lo alegado y probado en autos, siguiendo un orden lógico y razonado sobre los asuntos sometidos a su consideración; es decir, la decisión accionada es producto de la valoración de los Jueces respecto al asunto sometido a su conocimiento, y de ella no se desprende ningún error grotesco de juzgamiento, que pueda ser objeto de la tutela constitucional invocada por la parte.
En este sentido, considera oportuno esta Sala reiterar que la acción de amparo constitucional contra actos jurisdiccionales ha sido concebida en nuestra legislación, como un mecanismo procesal de impugnación de decisiones judiciales con particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar dichos actos jurisdiccionales. Así para dicha acción se han establecido especiales presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, pues resulta inoficioso, y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, la sustanciación de un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar.
Así, constata esta Sala, que los Jueces que integran
Ello así debe indicarse, que la valoración que haga el juzgador, se encuentra dentro de los límites de su arbitrio, por lo cual es necesario advertir, que en sentencia emitida el 20 de febrero de 2001 (caso: Alimentos Delta, C.A.), la cual ratificó el criterio expuesto en sentencia del 27 de julio de 2000 (caso: Seguros Corporativos, C.A. y Agropecuaria Alfin, C.A.), se estableció:
(...) en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de
En este orden de ideas, se insiste que la acción de amparo constitucional está concebida para la protección de derechos y garantías constitucionales, de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad.
En síntesis, del examen de las actas del expediente se observa que, el accionante, al hacer uso de la acción de amparo constitucional, sólo pretendió impugnar el fondo de la decisión accionada que le fue adversa, atacando de esta manera la valoración que el juez de alzada realizó sobre los alegatos y pruebas aportados al proceso, específicamente lo relativo a la valoración del informe técnico en la reducción de personal llevada a cabo en el Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda.
Por ello, debe indicarse que la actividad que realiza el juzgador al decidir, si bien debe ajustarse a
Del caso de autos, no se evidencia violación a derecho constitucional alguno, pues el juez de alzada consideró, que (
) el acto administrativo de remoción del ciudadano Juan Alberto Rodríguez Salmerón se encuentra viciado de nulidad en virtud de que el ente municipal debió cumplir con la normativa aplicable para llevar a cabo el procedimiento de reducción de personal, todo ello de conformidad con
Así, fue a través de un proceso de valoración, que
Ello así, la parte quejosa lo que pretende es acceder a una nueva instancia judicial, y no procurar la reafirmación de los valores constitucionales, que es lo que persigue la pretensión de amparo.
En refuerzo de lo anterior debe enfatizarse con respecto al alegato del actor de que ( ) el apoderado judicial de la parte recurrente consignó escrito de formalización a la apelación, en el cual se limita a exponer una serie de consideraciones sobre la defensa ejercida por el Instituto de Policía (...) en primera instancia. De igual modo, la apelante vuelve a reiterar en forma poco clara las defensas establecidas en su libelo de demanda, que la apelación constituye el recurso mediante el cual la parte o los terceros que han sufrido un agravio por la sentencia del juez de primer grado de jurisdicción, provoca un nuevo examen de la relación controvertida por el juez superior o de segundo grado, que debe dictar la sentencia definitiva, ya sea manteniéndola firme, reformándola o anulándola.
El objeto de la apelación, es solicitar una nueva decisión, provocándose que la autoridad jurisdiccional superior examine el mismo debate, delimitada por la pretensión deducida en el libelo de la demanda, en la fundamentación a la apelación y por lo expuesto en la respectiva contestación (de haber existido).
En materia contencioso administrativa, la correcta fundamentación de la apelación exige, en primer lugar, la oportuna presentación del escrito correspondiente y, en segundo lugar, la exposición de las razones de hecho y de derecho en que funde el apelante su recurso, independientemente de que tales motivos se refieran a la impugnación del fallo por vicios específicos o la disconformidad con la decisión recaída en el juicio. Ello deriva de la naturaleza propia del recurso de apelación, el cual puede servir como medio de impugnación o como medio de atacar un gravamen.
Así, basta que el apelante señale las razones de discrepancia con la sentencia de instancia o los vicios que ésta contiene, ya que en sede contenciosa administrativa no se requiere el cumplimiento de las formalidades técnico-procesales propias del recurso de casación. Con lo cual, naturalmente existe una carga en cabeza del apelante de no limitarse a consignar el escrito en el lapso establecido para ello, sino también de expresar, por lo menos, su disconformidad con el fallo de la primera instancia.
Tales aseveraciones se hacen aún más patentes, dado que
Así, la revisión que conlleva el recurso de apelación en esta materia, no se limita al fallo apelado en cuanto a sus eventuales errores de fondo o de forma (vicios de la sentencia), sino que también se extiende al mérito de la causa, ello así porque tanto el juez de la primera instancia o el de alzada, poseen un amplio margen de valoración, y ambos son jueces de mérito; de manera que el juez del segundo grado de jurisdicción posee una jurisdicción plena para analizar, valorar y decir todas aquellas cuestiones comprendidas en el efecto devolutivo del recurso.
Por ello, aun y cuando el apelante no hubiere denunciado vicios de la sentencia apelada como tal en el escrito de fundamentación presentado, no obstante, siendo que se ha manifestado la disconformidad contra el fallo del a quo y en aras de la tutela judicial efectiva, debe conocérsele el recurso de apelación interpuesto, como acertadamente lo realizó
Por otro lado, con respecto a que se violó el derecho a la defensa de su representado, al no notificársele de la reanudación del proceso una vez que se abocó el juez, debe indicarse que la notificación del abocamiento de un nuevo juez al conocimiento de la causa, tiene por finalidad que las partes, en caso de considerarlo procedente, interpongan la respectiva recusación, por lo cual es éste, aunque la parte expresamente no lo señale, el derecho a tutelar, dado que de la naturaleza jurídica del acto que se señala como lesivo a su derecho constitucional no se desprende otra cosa.
Ahora bien, en el presente caso, se observa que si bien el accionante alegó como hecho lesivo de sus derechos constitucionales la falta de notificación del abocamiento al conocimiento de la causa de los nuevos Jueces que integran
En este sentido, se constata del escrito de amparo presentado, que no fue denunciada causal de recusación alguna, en la que presuntamente podían estar incursos los integrantes del órgano jurisdiccional accionado, que hubiere afectado su competencia subjetiva para conocer y decidir la apelación en cuestión, por el contrario, en forma genérica señaló que la falta de notificación del juez del abocamiento a la causa era violatorio de los derechos a la defensa y al debido proceso.
Siendo así, esta Sala considera que, aun cuando se omitiera la notificación de la parte actora del abocamiento al conocimiento de la causa por parte del Juez accionado como lo aduce la accionante-, lo cual no se evidencia del expediente-, sin embargo, sería inútil la reposición del juicio al estado de que se notifique a la misma de dicho abocamiento, pues, de nada valdría dejar transcurrir íntegramente el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para que ésta no haga uso de ese derecho, dado que no demostró que alguno de los jueces estuviese incurso en alguna causal de recusación, aunado a que el quejoso ejerció su defensa en la segunda instancia del proceso, y así se decide.
Por último, con respecto a la presunta violación del derecho de propiedad, al no quedar establecido en el fallo lo que debe computarse para el cálculo de los salarios caídos, debe indicarse, que dicha Corte procedió a ordenar tanto en la motiva de su fallo como en el dispositivo que el pago de los sueldos dejados de percibir debía calcularse desde la fecha de la ilegal remoción del querellante hasta la fecha de su efectiva reincorporación, y que dichos montos serían acordados a través de una experticia complementaria del fallo ordenada por ella misma, el cual constituye el medio regular e idóneo para establecer los montos adeudados en casos de pagos dinerarios en materia contencioso funcionarial, por lo cual, se desestima lo argüido por el quejoso al respecto, y así se decide.
Atendiendo a lo antes expuesto, esta Sala observa que con la decisión de
Finalmente, respecto a la medida cautelar innominada solicitada, considera esta Sala que habiéndose declarado improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional de marras, resulta inoficioso pronunciarse sobre este aspecto, en razón de ser accesorio, por lo que corre la misma suerte de la acción principal. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMÉN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N° 06-1411
LEML/f
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