Sentencia N.º 2378
- Sentencia
- N.º 2378
- Fecha
- 01/08/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 02-1365
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 16 de abril de 2002, el ciudadano NELSON RICARDO COURI CANO, titular de la cédula de identidad nº 3.540.347, con la asistencia de los abogados, Frederick René Couri Mendoza, Elio Amado Abreu Patiño y Joel Romero Rivas, inscritos en el Inpreabogado bajo los nos 2.541, 22.121 y 90.263, respectivamente, intentó, ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de
El 6 de mayo de 2002, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de
I
DE
El 22 de abril de 2002, el juzgado a quo admitió el amparo y ordenó las notificaciones de ley.
El 9 de mayo de 2002, se dejó constancia de las notificaciones a Freddy Couri Cano, al supuesto agraviante y al Ministerio Público. El 10 de mayo de 2002 se dejó constancia de las notificaciones a
El 22 de mayo de 2002, el a quo corrigió error material en la denominación del supuesto agraviante.
II
DE
1. Alegó:
1.1 Que, el 23 de febrero de 1999, interpuso demanda de nulidad del Acta de Protocolización de la venta que hizo Freddy Rubén Couri Cano a Urbanizadora Ataguana C.A., que se insertó en el tomo 5º, protocolo 1º, número 24 del cuarto trimestre de 1997, que lleva
1.2 Que, el 11 de marzo de 1999, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de
1.3 Que, el 13 de julio de 2000, el Juzgado de la causa desechó el escrito de pruebas que presentó Irma Oliveros, quien era Registradora encargada cuando se inscribió el documento de venta, por cuanto dicha ciudadana no ejercía el cargo de Registradora para ese momento.
1.4 Que, el 9 de enero de 2002, con la causa en estado de sentencia, Urbanizadora Ataguana C.A. mediante la representación del abogado Gilberto León Alvarez, solicitó su admisión en la causa como tercero adhesivo. Que se opuso a esa solicitud con fundamento en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil. Que el Juzgado de la causa ordenó al supuesto apoderado de Urbanizadora Ataguana C.A. la consignación del instrumento que acreditase su representación y aquél informó que el poder estaba agregado a los autos pues previamente había solicitado copia certificada del expediente.
1.5 Que, el 18 de febrero de 2002, el juzgado de la causa admitió a Urbanizadora Ataguana C.A. como tercero coadyuvante de la parte demandada. Que, el 20 de febrero de 2002 apeló de ese auto y, el 27 de febrero de 2002, el Juzgado de la causa oyó la apelación en un solo efecto.
1.6 Que, el 20 de marzo de 2002, el juzgado de la causa dictó sentencia definitiva en la que declaró que en la causa existía un litis consorcio necesario entre
1.7 Que esa decisión definitiva se dictó fuera de lapso y, por ello, se ordenó la notificación de las partes. Que, hasta el 15 de abril de 2002, el Juzgado de la causa no había elaborado las boletas correspondientes, razón por la que no había podido ejercer el recurso de apelación. Que, aunque se notificase a las partes el mismo día de la interposición del amparo, la tramitación y decisión de la apelación demoraría, en el mejor de los escenarios, cincuenta días de despacho. Que, temía que transcurriese un tiempo muy superior por cuanto sabía de otros juicios en los que, pese a haberse notificado a las partes y haberse admitido la apelación, hacía más de un año que estaba pendiente la remisión del expediente a la alzada.
2. Denunció:
2.1 La violación al derecho al debido proceso y a la tutela judicial eficaz, que establecen los artículos 26 y 49 de
2.2 La violación al derecho a una justicia equitativa, expedita, imparcial, responsable y sin reposiciones inútiles que establecen los artículos 26, 30, 49, y 257 de
3. Pidió que:
1.- Admita el presente Recurso de Amparo Constitucional.
2.- Que se convoque a una Audiencia Pública Constitucional.
3.- Que en
4.- Que se proceda en la tramitación del presente recurso de amparo de conformidad con la celeridad y procedimiento establecido en
III
DE
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de
IV
DE
El juez de la sentencia que se consultó decidió sobre la pretensión en los siguientes términos:
...declara INADMISIBLE EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el ciudadano NELSON RICARDO COURI CANO contra la sentencia del JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DEL ESTADO LARA, en fecha 20 de marzo del 2002 en el juicio de NULIDAD POR IMPUGNACIÓN DE
A juicio del juez de la sentencia objeto de consulta:
1. El demandante denunció la violación a normas de orden público y del debido proceso que contienen los artículos 26 y 49 de
2. La doctrina vinculante de
Es condición sine qua non para la interposición del amparo, que el juez haya actuado fuera de su competencia en sentido amplio. En ese orden de ideas, en el caso de autos no se planteó que el supuesto agraviante actuase fuera de su competencia y por eso no es posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida y la pretensión es inadmisible según el artículo 6, cardinal 3, de
3. El demandante denunció la violación a su derecho a la defensa en razón de la dilación del tribunal en la expedición de las boletas de notificación de la decisión objeto de amparo, y el consiguiente retraso en la apertura del lapso para la apelación. El amparo sólo puede admitirse cuando los medios judiciales no son eficaces o idóneos para el restablecimiento de la situación jurídica que se infringió. Para la sanción de las omisiones y dilaciones en que incurran los jueces, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos idóneos y eficaces para la exigencia de la responsabilidad civil por esas causas y la imposición de sanciones disciplinarias, como los recursos que prevén los artículos 11, 829 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y los artículos 38, ordinal 7º y 39 ordinales 7º y 9º de
V
De los alegatos de tercero interviniente
Urbanizadora Ataguana C.A., con inscripción en el Registro Mercantil de
Pidió también que la sentencia se pronunciase sobre la temeridad del amparo, por cuanto la petición del demandante, en el sentido de que se anule la sentencia y de que el juez constitucional se pronuncie sobre el conflicto originario, ofende la conciencia jurídica y constituye un ejemplo de lo que no debe ser una petición de Amparo Constitucional.
VI
MOTIVACIÓN PARA
Para la decisión
1. Durante la audiencia oral y pública la parte actora impugnó la actuación del abogado Gilberto León Alvarez como supuesto representante de Urbanizadora Ataguana C.A. por cuanto: i) ante el Juzgado Segundo de Control cursaba causa penal contra ese abogado por los delitos de fraude procesal, agavillamiento y estafa; ii) ante
El Juez a quo decidió durante la audiencia oral y pública que:
...el abogado GILBERTO LEÓN, ha venido actuando en las diferentes incidencias y juicios atinentes a esta controversia, y aunque en anteriores oportunidades ha sido impugnado el mismo, y aunque cursan expedientes en otros Tribunales donde cursan recursos de impugnación del poder, ello no implica ni influye en nada para que el mencionado abogado actúe como apoderado del tercerista, en esta acción de Amparo Constitucional. Por cuanto ya se mencionó que el mismo ha ejercido las defensas correspondientes a su poderdante, ello implica que sí tiene la representación legal para actuar en el presente juicio y así se decide.
2. En cuanto a la admisibilidad de la demanda
La parte actora fundamentó la admisibilidad de la demanda en que, a pesar de la existencia del recurso de apelación contra la decisión supuestamente lesiva, la tramitación de ésta es más lenta que el amparo pues la tramitación requeriría, en el mejor de los casos, cincuenta días de despacho, tiempo que considera excesivo y no idóneo para la defensa de sus intereses. Señala también que el supuesto agraviante se demoró excesivamente en la notificación de la sentencia lo que le impidió el ejercicio de la apelación.
En relación con estos argumentos
En razón de la anterior doctrina considera esta Sala que la demanda que fue interpuesta es inadmisible con fundamento en el artículo 6, cardinal 5 de
Esta Sala llama la atención del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de
Por los motivos que antes fueron expuestos, esta Sala ordena la remisión de copia certificada de este fallo a
VII
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente. Remítase copia certificada de esta sentencia a
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
/
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH/sn.cr.
Exp. 02-1365
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