Venley

Sentencia N.º 2378

Sentencia
N.º 2378
Fecha
01/08/2005
Sala
Constitucional
Expediente
02-1365
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 16 de abril de 2002, el ciudadano NELSON RICARDO COURI CANO, titular de la cédula de identidad nº 3.540.347, con la asistencia de los abogados, Frederick René Couri Mendoza, Elio Amado Abreu Patiño y Joel Romero Rivas, inscritos en el Inpreabogado bajo los nos 2.541, 22.121 y 90.263, respectivamente, intentó, ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 20 de marzo de 2002, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial eficaz, a una justicia equitativa, expedita, imparcial, responsable y sin reposiciones inútiles que establecen los artículos 26, 30, 49, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 6 de mayo de 2002, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró inadmisible; el día 23 siguiente ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional para el conocimiento de la consulta de ley, luego de cuya recepción, se dio cuenta en Sala por auto del 5 de junio de 2002, y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

I

DE LA CAUSA

El 22 de abril de 2002, el juzgado a quo admitió el amparo y ordenó las notificaciones de ley.

El 9 de mayo de 2002, se dejó constancia de las notificaciones a Freddy Couri Cano, al supuesto agraviante y al Ministerio Público. El 10 de mayo de 2002 se dejó constancia de las notificaciones a la Registradora Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Iribarren y a Urbanizadora Ataguana C.A. En consecuencia, el 13 de mayo de 2002, el a quo fijó la audiencia pública para el 14 de mayo de 2002, cuando, en efecto, tuvo lugar la audiencia a la que asistieron el supuesto agraviado y los apoderados de Urbanizadora Ataguana C.A.

El 22 de mayo de 2002, el a quo corrigió error material en la denominación del supuesto agraviante.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.          Alegó:

1.1       Que, el 23 de febrero de 1999, interpuso demanda de nulidad del Acta de Protocolización de la venta que hizo Freddy Rubén Couri Cano a Urbanizadora Ataguana C.A., que se insertó en el tomo 5º, protocolo 1º, número 24 del cuarto trimestre de 1997, que lleva la Oficina Subalterna de Registro del Primer Circuito del Distrito Iribarren del Estado Lara.

1.2       Que, el 11 de marzo de 1999, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara admitió la demanda y ordenó la citación de la Registradora de la Oficina Subalterna de Registro del Primer Circuito del Distrito Iribarren del Estado Lara y al Procurador General de la República. Que, posteriormente, la causa pasó al conocimiento del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial.

1.3       Que, el 13 de julio de 2000, el Juzgado de la causa desechó el escrito de pruebas que presentó Irma Oliveros, quien era Registradora encargada cuando se inscribió el documento de venta, por cuanto dicha ciudadana no ejercía el cargo de Registradora para ese momento.

1.4       Que, el 9 de enero de 2002, con la causa en estado de sentencia, Urbanizadora Ataguana C.A. mediante la representación del abogado Gilberto León Alvarez, solicitó su admisión en la causa como tercero adhesivo. Que se opuso a esa solicitud con fundamento en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil. Que el Juzgado de la causa ordenó al supuesto apoderado de Urbanizadora Ataguana C.A. la consignación del instrumento que acreditase su representación y aquél informó que el poder estaba agregado a los autos pues previamente había solicitado copia certificada del expediente.

1.5       Que, el 18 de febrero de 2002, el juzgado de la causa admitió a Urbanizadora Ataguana C.A. como tercero coadyuvante de la parte demandada. Que, el 20 de febrero de 2002 apeló de ese auto y, el 27 de febrero de 2002, el Juzgado de la causa oyó la apelación en un solo efecto.

1.6       Que, el 20 de marzo de 2002, el juzgado de la causa dictó sentencia definitiva en la que declaró que en la causa existía un litis consorcio necesario entre la Oficina Subalterna de Registro y las partes del contrato de venta cuyo asiento registral se pretendía anular; la sentencia anuló todas las actuaciones procesales y repuso la causa al estado de nueva admisión.

1.7       Que esa decisión definitiva se dictó fuera de lapso y, por ello, se ordenó la notificación de las partes. Que, hasta el 15 de abril de 2002, el Juzgado de la causa no había elaborado las boletas correspondientes, razón por la que no había podido ejercer el recurso de apelación. Que, aunque se notificase a las partes el mismo día de la interposición del amparo, la tramitación y decisión de la apelación demoraría, en el mejor de los escenarios, cincuenta días de despacho. Que, temía que transcurriese un tiempo muy superior por cuanto sabía de otros juicios en los que, pese a haberse notificado a las partes y haberse admitido la apelación, hacía más de un año que estaba pendiente la remisión del expediente a la alzada.

 

2.          Denunció:

2.1       La violación al derecho al debido proceso y a la tutela judicial eficaz, que establecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto, en virtud de la decisión del 13 de julio de 2000, en el juicio operó la confesión ficta y la decisión del supuesto agraviante debió fundamentarse en ello.

2.2       La violación al derecho a una justicia equitativa, expedita, imparcial, responsable y sin reposiciones inútiles que establecen los artículos 26, 30, 49, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el supuesto agraviante repuso la causa al estado de nueva admisión con fundamento en un litis consorcio necesario.

 

3.          Pidió que:

“1.-      Admita el presente Recurso de Amparo Constitucional.

2.-       Que se convoque a una Audiencia Pública Constitucional.

3.-       Que en la Audiencia Constitucional, se establezca: Si ocurrió o no en la causa Nº 16.504, la confesión ficta . Una vez establecida por el Juez en sede Constitucional, la confesión ficta ocurrida en la causa señalada, para restituir la situación jurídica señalada por el agraviante, se declare con lugar la impugnación demandada contra la Protocolización asentada en el Tomo 5º, Protocolo Primero, número 24 del Cuarto Trimestre de 1997, registrada en la Oficina Pública Subalterna de Registro del Distrito Iribarren del Estado Lara (...).

4.-       Que se proceda en la tramitación del presente recurso de amparo de conformidad con la celeridad y procedimiento establecido en la Ley de Amparo.”

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Por cuanto, en el caso de autos la consulta fue elevada respecto del veredicto que expidió, el 16 de mayo de 2002, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, esta Sala se declara competente para la decisión de la consulta en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA OBJETO de CONSULTA

El juez de la sentencia que se consultó decidió sobre la pretensión en los siguientes términos:

“...declara INADMISIBLE EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el ciudadano NELSON RICARDO COURI CANO contra la sentencia del JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DEL ESTADO LARA, en fecha 20 de marzo del 2002 en el juicio de NULIDAD POR IMPUGNACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE PROTOCOLIZACIÓN DE VENTA. Todos identificados en autos. Consúltese la presente decisión al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. No hay condenatoria en costas por la naturaleza y modalidad del fallo.

 

A juicio del juez de la sentencia objeto de consulta:

1.          El demandante denunció la violación a normas de orden público y del debido proceso que contienen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, por ende, de los artículos 362 y 364 del Código de Procedimiento Civil pues el supuesto agraviante habría ignorado los efectos de la cosa juzgada.

2.          La doctrina vinculante de la Sala Constitucional (s. nº 29 del 15.02.00) establece que al Juez de amparo no le está permitido el juzgamiento de los errores que comentan los jueces en sus razonamientos, pues ello es materia de los recursos ordinarios.

Es condición sine qua non para la interposición del amparo, que el juez haya actuado fuera de su competencia en sentido amplio. En ese orden de ideas, en el caso de autos no se planteó que el supuesto agraviante actuase fuera de su competencia y por eso no es posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida y la pretensión es inadmisible según el artículo 6, cardinal 3, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

3.          El demandante denunció la violación a su derecho a la defensa en razón de la dilación del tribunal en la expedición de las boletas de notificación de la decisión objeto de amparo, y el consiguiente retraso en la apertura del lapso para la apelación. El amparo sólo puede admitirse cuando los medios judiciales no son eficaces o idóneos para el restablecimiento de la situación jurídica que se infringió. Para la sanción de las omisiones y dilaciones en que incurran los jueces, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos idóneos y eficaces para la exigencia de la responsabilidad civil por esas causas y la imposición de sanciones disciplinarias, como los recursos que prevén los artículos 11, 829 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y los artículos 38, ordinal 7º y 39 ordinales 7º y 9º de la Ley de Carrera Judicial. Que esos recursos no fueron agotados por el demandante y, en consecuencia, la pretensión también es inadmisible según el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

V

De los alegatos de tercero interviniente

Urbanizadora Ataguana C.A., con inscripción en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 14 de agosto de 1.992, bajo el nº 68, tomo 9-A, mediante la representación del abogado Gilberto León Álvarez, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 42.165, pidió que se declarase inadmisible la demanda por cuanto el actor solicitó que el juez de amparo determinase si ocurrió la confesión ficta y, en caso afirmativo, decidiese sobre la nulidad del asiento registral. Que el amparo no puede utilizarse en sustitución de los medios ordinarios de defensa ni puede el juez de amparo actuar como el juez de Alzada en su carácter de revisor de la legalidad, pues con ello violaría el principio de la doble instancia y del juez natural. La apelación, en consecuencia, es la vía idónea para el restablecimiento de la situación jurídica que, supuestamente, se infringió.

Pidió también que la sentencia se pronunciase sobre la temeridad del amparo, por cuanto la petición del demandante, en el sentido de que se anule la sentencia y de que el juez constitucional se pronuncie sobre el conflicto originario, “ofende la conciencia jurídica y constituye un ejemplo de lo que no debe ser una petición de Amparo Constitucional.”

 

VI

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

Para la decisión la Sala observa:

1.         Durante la audiencia oral y pública la parte actora impugnó la actuación del abogado Gilberto León Alvarez como supuesto representante de Urbanizadora Ataguana C.A. por cuanto: i) ante el Juzgado Segundo de Control cursaba causa penal contra ese abogado por los delitos de fraude procesal, agavillamiento y estafa; ii) ante la Sala Constitucional cursaba amparo contra el abogado en cuya causa se alegó el fraude en el otorgamiento del instrumento que pretendió hacer valer en este juicio; iii) en el expediente de Urbanizadora Ataguana C.A. ante el Registro Mercantil no esta inserta la copia del acta que se menciona en el instrumento y que supuestamente permitió el otorgamiento del poder.

El Juez a quo decidió durante la audiencia oral y pública que:

“...el abogado GILBERTO LEÓN, ha venido actuando en las diferentes incidencias y juicios atinentes a esta controversia, y aunque en anteriores oportunidades ha sido impugnado el mismo, y aunque cursan expedientes en otros Tribunales donde cursan recursos de impugnación del poder, ello no implica ni influye en nada para que el mencionado abogado actúe como apoderado del tercerista, en esta acción de Amparo Constitucional. Por cuanto ya se mencionó que el mismo ha ejercido las defensas correspondientes a su poderdante, ello implica que sí tiene la representación legal para actuar en el presente juicio y así se decide.”

 

La Sala observa que, por cuanto no existe sentencia definitivamente firme que convalide las afirmaciones de la parte actora de que el instrumento-poder fue otorgado fraudulentamente y, por cuanto el poder que cursa en autos y que acredita la representación que ejerce el abogado Gilberto León cumple con los extremos del artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala confirma la decisión del a quo en relación con la validez del poder.

2.         En cuanto a la admisibilidad de la demanda la Sala observa:

La parte actora fundamentó la admisibilidad de la demanda en que, a pesar de la existencia del recurso de apelación contra la decisión supuestamente lesiva, la tramitación de ésta es más lenta que el amparo pues la tramitación requeriría, en el mejor de los casos, cincuenta días de despacho, tiempo que considera excesivo y no idóneo para la defensa de sus intereses. Señala también que el supuesto agraviante se demoró excesivamente en la notificación de la sentencia lo que le impidió el ejercicio de la apelación.

En relación con estos argumentos la Sala observa que el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales “...no sólo autoriza la admisibilidad del llamado ‘amparo sobrevenido’, sino que es el fundamento de su inadmisibilidad, cuando se dispone de un medio idóneo para el logro de los fines que, a través del amparo, se pretende alcanzar”(s. S.C. nº 2369 del 26.11.01). Pero la falta de idoneidad del medio del que se dispone para contrarrestar la infracción constitucional no puede fundamentarse en “que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo” (s. S.C. n° 1496 del 13.08.01).

En razón de la anterior doctrina considera esta Sala que la demanda que fue interpuesta es inadmisible con fundamento en el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto contra el hecho supuestamente lesivo era admisible el recurso ordinario de apelación. Así se decide.

Esta Sala llama la atención del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por cuanto en la sentencia objeto de recurso incurrió en gravísimos errores en el juzgamiento de la pretensión de amparo pues, en primer término, con un argumento que se refería a la improcedencia, como lo es la actuación del agraviante fuera de su competencia, declaró la inadmisibilidad de la pretensión de conformidad con el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por otro lado, el a quo declaró que los procedimientos disciplinarios a que se refieren el Código de Procedimiento Civil y la Ley de Carrera Judicial son idóneos para el restablecimiento de la situación jurídica supuestamente infringida en casos como el de autos, apreciación con la que esta Sala está en total desacuerdo por cuanto dichos procedimientos tienen por objeto el resarcimiento de los daños que hubieren producido las erradas o dolosas actuaciones u omisiones judiciales y no el restablecimiento de la situación; a este respecto se observa que el a quo no aplicó el criterio que esta Sala expresó, entre otras, en sentencia n° 1378 del 03-08-01 (Caso: Ricardo Antonio Villegas) .

Por los motivos que antes fueron expuestos, esta Sala ordena la remisión de copia certificada de este fallo a la Inspectoría de Tribunales para la determinación de las responsabilidades a que haya lugar. Así se decide.

 

VII

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA, en los términos que fueron expuestos, la sentencia que fue objeto de consulta del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara de 16 de mayo de 2002, que declaró INADMISIBLE la demanda de amparo que interpuso NELSON RICARDO COURI CANO contra la decisión que dictó, el 20 de marzo de 2002, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente. Remítase copia certificada de esta sentencia a la Inspectoría General de Tribunales.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 01 días del mes de agosto  de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente

…/

…

 

 

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH/sn.cr.

Exp. 02-1365

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