Sentencia N.º 2386
- Sentencia
- N.º 2386
- Fecha
- 27/08/2003
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 02-2248
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 16 de septiembre de 2002, fue remitido por la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la apelación de la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2002 por dicha Corte, que declaró con lugar y de oficio la acción de amparo interpuesta el 26 de agosto de 2002, por la Fiscal de Ministerio Público CENAIDA ORTEGA de PEROZO, titular de la cédula de identidad Nº 4.938.113, e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 38.364, actuando en representación de los intereses de dos menores de edad, cuyos nombres se omiten de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, contra el auto dictado el 20 de agosto de 2002, por el Juez Unipersonal Noveno de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con el cual se declaró incompetente para seguir conociendo de la autorización para viajar formulada en nombre de los menores, por considerarlo violatorio de los derechos y garantías constitucionales relativos a la tutela efectiva y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, con una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, equitativa y expedita.
En la misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 17 de octubre de 2002, consignó escrito la supuesta Juez agraviante, el cual fue agregado a los autos en la misma oportunidad
DE LA ACCIÓN DE AMPARO
El 26 de agosto de 2002, la accionante Cenaida Ortega de Perozo, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público presentó acción de amparo constitucional contra el auto del 20 de agosto de 2002, dictado por el Juez Unipersonal Noveno de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y en el cual se había declarado incompetente para seguir conociendo de la solicitud de autorización para viajar requerida por los menores
La accionante considera que con tal decisión, se les ha lesionado a los menores, el derecho de la tutela judicial efectiva y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, generando dilaciones innecesarias al producir un conflicto negativo de competencia. Que también se ha lesionado el derecho que tienen los menores a que en toda medida o toma de decisiones concernientes a niños o adolescentes se atienda al interés superior del niño y también violó el articulo 257 de la Constitución, que se refiere al derecho a la justicia, el cual no debe sacrificarse por la omisión de formalidades no esenciales, el cual considera fue violado por la presunta juez agraviante al adoptar trámites procesales erróneos e ineficaces.
Informa que la Juez Unipersonal Novena admitió en fecha 12 de agosto de 2002, la solicitud de autorización para viajar al exterior de los menores, quienes ejercieron de manera personal y directa el derecho a expresar su opinión en el referido asunto. Que luego se solicitó la comparecencia del padre y como no se pudo lograr la citación personal, se libró cartel de notificación. El 20 de agosto de 2002, compareció el padre de los menores asistido por abogado y opuso, como punto previo, la incompetencia del Juez Noveno, por considerar que debía conocer el Juez Unipersonal Décimo Tercero de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, por cuanto ante él se tramitaba la solicitud de separación de cuerpos y de bienes interpuesta por él y su cónyuge.
Considera que el auto dictado por la Juez Unipersonal Novena declara de manera genérica y vaga su incompetencia para continuar conociendo de la solicitud de autorización para viajar... de los menores invocando el artículo 351 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con los artículos 51 y 52 del Código de Procedimiento Civil, aseveración que no expresa la juez de manera concreta, sin precisar en que consiste la conexión o continencia de la causa que alude para declararse incompetente.
Solicita se restablezca la situación jurídica infringida y que se deje sin efecto el auto emanado de la Juez Unipersonal Novena y declare su competencia para seguir conociendo la autorización judicial para viajar formulada a favor de los menores.
El 6 de septiembre de 2002, la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, decidió la acción de amparo declarándola con lugar, dejó sin efecto el auto impugnado y ordenó a la Juez Agraviante, que con los elementos contentivos en el expediente de autorización judicial para viajar se pronuncie con respecto a la misma, en el lapso perentorio de veinticuatro (24) horas.
DE LA SENTENCIA APELADA
La Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en su decisión del 6 de septiembre de 2002, declaró con lugar la acción incoada contra el auto del 20 de agosto de 2002 emanado del Juez Unipersonal Noveno de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas por considerar:
Que si bien era cierto que la Sala de Juicio XIII estaba conociendo de la separación de cuerpos y de bienes de los progenitores de los menores solicitantes de la autorización para viajar y siendo que en la cláusula octava de la misma, se infiere el convenimiento que hicieron dichas partes de concederse autorización suficiente para viajar con sus hijos dentro o fuera del país, ello no significa que para el momento en el cual se suscitó la solicitud de autorización ante la Sala de Juicio Novena, la Sala XIII estuviese tramitando efectivamente los términos del convenio a que se refiere dicha cláusula, por lo cual no había posibilidad de decisiones contradictorias.
Que era incierto que un Juez de la misma jerarquía (del Juez Noveno) para el 20 de agosto de 2002, estuviese conociendo del régimen de autorización para viajar, pues el hecho de que hubiera tramitado la solicitud de separación de cuerpos y de bienes de los padres de los menores, no significaba que hubiese aperturado efectivamente lo concerniente al régimen de viaje de los hijos. Que a pesar de que la solicitud hacia referencia a la separación de los padres, la Juez no requirió de tal escrito para admitir ad initio y luego declararse incompetente, y para ello no necesitaba del planteamiento que hiciera el padre de los solicitantes, por lo cual resultaba improcedente el argumento de la Juez Agraviante.
Que la solicitud del trámite planteado que asegura la juez pudo ser planteado con carácter urgente a los tribunales, lo desechaba puesto que la Corte Superior lo único que puede tramitar y conocer durante el período de las vacaciones judiciales son los amparos constitucionales, de allí que le está vedado tramitar y decidir lo relativo a regulaciones de competencia, apelaciones, entre otros asuntos.
Que, en cuanto al argumento sobre la legalidad que formula la Juez Agraviante, también lo desecha porque considera que el acatamiento a la legalidad estaba representado en ese caso, porque la juez de la Sala IX por los motivos ya expuestos en la parte motiva y el dispositivo de este fallo en la audiencia constitucional, era competente para conocer de la solicitud, sin que los supuestos normativos que indica para su declaratoria de incompetencia, consagren de manera alguna un supuesto de derecho que soporte tal declaración.
Que, también se desecha su alegato de infracción del artículo 251 de la Constitución, porque su declaratoria de incompetencia requería el cumplimiento de requisitos básicos los cuales se soslayaron, ya que se trataba del trámite de la autorización para viajar de los menores accionantes en amparo y no de la separación de cuerpos y de bienes que venía conociendo el otro tribunal.
Que tampoco procede declararlo sin lugar, porque pese a haber transcurrido parte del lapso de las vacaciones de los accionantes, la inutilidad vendría dada si la fecha en que fue dictado el dispositivo se hubiese correspondido con el día 16 de septiembre de 2002, lo cual no fue y por ello lo desecha.
Que en cuanto a la incompetencia de la Fiscal, alegado por la Juez agraviante en la audiencia constitucional, considera que ya había sido aclarado en el punto previo del fallo parcialmente publicado en esa oportunidad, por lo que la Corte había procedido a admitir la acción, una vez conocidas las circunstancias de hecho y de derecho que dieron origen a esa actuación.
De esa sentencia apeló la Juez Unipersonal Novena y en fecha 17 de octubre de 2002, consignó escrito exponiendo sus argumentos y entre ellos los siguientes:
Cita jurisprudencia de la Sala Constitucional (sentencia del 20 de junio de 2000), para concluir diciendo que el juez que conoce del divorcio o separación de bienes, es el competente para pronunciarse sobre todo lo atinente a los menores hijos, incluida la autorización para viajar y por ello fue que declinó la competencia en el juzgado que venía conociendo de la separación de cuerpos y de bienes de los padres de los solicitantes.
Igualmente se refiere a que, la Corte considera que sí existe violación de los derechos constitucionales de los menores relativos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, pues se les había negado oportuna respuesta por parte del juez competente. Al respecto señala que el artículo 14 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que, tanto en lo principal como en lo incidental y en todo lo que de ella derive, hasta la ejecución de la providencia respectiva es de eminente orden público y que el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, dispone que la incompetencia por la materia y por el territorio, en los casos previstos en la ultima parte del artículo 47, se declarará aun de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso.
Expone entre otros argumentos, que no se puede a través de una acción de amparo revisar la valoración que efectúa un juez y que con la acción intentada inicialmente por la Fiscal del Ministerio Público y luego de oficio por la Corte, se pretende revisar la valoración que hiciera al declinar la competencia, violando la independencia y autonomía de los jueces y para fundamentar su argumentación cita sentencias de la Sala Constitucional al respecto.
Manifiesta que, en la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente ella afirmó que, aun en el supuesto negado de haber incurrido en errores de juzgamiento al decidir la declinatoria de competencia en la aplicación o interpretación de normas de rango legal, ello no constituía violación de normas constitucionales, por lo cual el amparo no era procedente.
Que la sentencia de la Corte al decidir que se había violado el derecho al debido proceso, suple a la accionante fiscal, defensa por cuanto nunca se alegó violación del derecho al debido proceso.
Que, por último, la revisión de errores cometidos por los jueces en actividad decisoria no puede ser revisada mediante el amparo, pues los errores cometidos en esta actividad deben ser revisados por la vía idónea y con los medios y recursos establecidos para ello.
Leído el expediente, la Sala pasa a pronunciarse conforme a las siguientes consideraciones.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la apelación de la sentencia de amparo dictada por la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en tal sentido, reiterando los criterios sostenidos en las sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja); del 14 de marzo de 2000 (Caso: ELECENTRO); y, del 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), esta Sala se considera competente para conocer de la presente causa, y así se declara.
Pasa ahora la Sala a pronunciarse sobre la sentencia apelada y al respecto observa:
La interposición de una acción de amparo debe implicar, además de que existan violaciones constitucionales, que el medio establecido en la ley, sea insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.
En el presente caso, se trata de una solicitud de autorización para viajar que formulara un Fiscal del Ministerio Público en representación de dos menores de edad ante la Sala de Juicio Nº 9 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y en la cual dicho Juez a solicitud del padre de los mismos, declinó su competencia por estimar que, existía un procedimiento de separación de bienes y de cuerpos ante otro tribunal de la misma jurisdicción y competencia, separación en la cual se había acordado entre los padres una mutua autorización para viajar con los menores.
Es de hacer notar, que conforme a la copia consignada del escrito de separación de cuerpos y de bienes que había sido suscrito el 19 de marzo de 2002, y admitido por el Juez Unipersonal XIII, el 26 de marzo de 2002, efectivamente en la Cláusula Octava se había determinado el permiso de viaje para los menores en distintos supuestos, según viajaran solos o con algunos de los padres dentro o fuera del país.
Conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente esta solicitud de permiso no implica un procedimiento contencioso, y solo amérita la intervención judicial, si se presenta el supuesto contenido en el artículo 393 eiusdem, es decir en el caso de que la persona o personas llamadas a otorgar el permiso para viajar se negase a darlo o hubiere desacuerdo para su otorgamiento, en cuyo caso aquel de los padres que autorice el viaje, o el hijo, si es adolescente puede acudir ante el juez y exponerle la situación, a fin de que éste decida lo que convenga a su interés superior. Es evidente que la ley no lo considera como un procedimiento contencioso, pero aun en esos casos, la solicitud debe ser otorgada por el Juez que conforme a la Ley, sea el competente y si se considera incompetente debe desechar la solicitud.
De los recaudos remitidos, no se explica por qué la solicitud la hace la Fiscal representando a los menores, sin solicitud previa de uno de los representantes legales, cuando obviamente debía ser la madre, ya que aparentemente el padre no estaba de acuerdo. Tampoco se indica si era que iban a viajar solos o en otras condiciones.
Por otra parte, la Sala observa, que ante un argumento de la supuesta Juez agraviante, sobre la urgencia del caso, la Corte informa que ella no puede actuar en vacaciones sino sobre determinados asuntos, lo cual no está claramente determinado. En todo caso a la Sala, le parece que además de la urgencia, el interés del menor podía y debía prevalecer con mayor razón para la solución de esos casos, con lo cual está de acuerdo la misma Corte que lo señala cuando en su decisión al referirse a que: ...no deja de observar que los Jueces de Protección del Niño y del Adolescente, deben concientizar la misión que les ha sido encomendado por el legislador, en el sentido de atender diligentemente las peticiones en las cuales se encuentren involucrados niños y adolescentes, de manera que deben percatarse que aun en período de vacaciones judiciales, los derechos de niños y adolescentes pueden verse vulnerados en determinadas situaciones fácticas, de tal suerte que una espera hasta la finalización del período vacacional puede traducirse en una real lesión de sus derechos..., lo cual también es válido para dicha Corte, como órgano superior jurisdiccional de protección del niño y del adolescente.
Ahora bien, la Sala como ya lo ha expresado en otras ocasiones, encuentra que un auto en el cual un tribunal declina su competencia hacia otro, es un trámite procedimental que se plantea entre jueces, ya que la remisión que se hace del expediente al otro tribunal, sólo puede provocar dos situaciones: que el tribunal acepte la competencia y proceda a conocer, o si no está de acuerdo, plantear el conflicto procedente y actuar en consecuencia.
Pero lo que no puede permitirse, es que se intenten acciones de amparo contra este tipo de decisiones, alegando supuestas violaciones constitucionales, porque lo relativo a la competencia de los tribunales es de orden público y se regula por la vía ordinaria, conforme lo establece el Código de Procedimiento Civil. El artículo 69 eiusdem, se refiere a que la sentencia en la cual el Juez se declare incompetente aun en los casos de los artículos 51 y 61, quedará firme si no se solicita por las partes la regulación dentro del plazo de cinco días después de pronunciada, salvo en los casos de incompetencia por razón de la materia o del territorio, en los cuales si el juez que haya de suplirlo, se considera a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia. Lo que no permite que por alegarse la jurisdicción especial de los niños y adolescentes, se puedan pasar por alto las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a estos casos.
Por otra parte, considera la Sala, que la Fiscal del Ministerio Público con su actuación ha tratado de subvertir el debido proceso, asumiendo en primer lugar, una representación que no le corresponde y luego, incoando una acción de amparo, para un supuesto que además de tener una vía posible para su solución, no contiene ninguna violación constitucional.
Es oportuno señalar que con todo el procedimiento iniciado la situación se ha prolongado en el tiempo, hasta el punto, que dado la época de la solicitud, la decisión que se tome actualmente, sea negándola o concediéndola, no soluciona ninguna situación, por cuanto la oportunidad para la cual se iba a requerir el permiso, que era en las vacaciones escolares, ya finalizó. El hecho de que se utilizara la vía de la acción de amparo, señalando supuestas violaciones constitucionales, lo que ha ocasionado es una prolongación en el tiempo de una situación, cuya culpa no puede serle adjudicada al Juez que declino la competencia, como lo pretende la decisión apelada.
La Sala encuentra que, en su decisión el a quo dice: ...Considera esta Corte Superior que tales facultades reconocidas al Ministerio Público, en modo alguno pueden extenderse a considerarlo como representante de los niños y adolescentes en los procesos judiciales en los que es llamado a participar, pues como quedó establecido anteriormente, la representación emana de la ley o de la voluntad de las partes. Por tanto como quiera que la ley no reconoce la representación que se atribuyó la mencionada Fiscal del Ministerio Público, se niega la misma y se desecha tal carácter inovacado en la querella que encabeza las presentes actuaciones....
Para luego agregar, que como la propia Constitución, en su artículo 78 establece que debe velarse en todo momento por la protección de los intereses superiores de los niños y adolescentes, al tiempo que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales reconoce en el Ministerio Público la legitimación para actuar, ha admitido y tramitado la presente acción de amparo incoada por la Fiscal, en el entendido de que la razón contundente para ese conocimiento, es únicamente el interés superior de los niños y los adolescentes y añade además ...por cuanto tuvo conocimiento del problema de autos a través de la Fiscal del Ministerio Público actuante antes mencionada, el interés superior del niño y del adolescente prevalece sobre cualquier otro asunto y consecuentemente entró a conocer ....
Sobre este aspecto del interés superior del niño, la Sala ha dicho en otras decisiones que:
La Sala debe aclarar que la jurisdicción especial del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente tiene por objeto garantizar a todos los niños y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción, de conformidad con el artículo 1° de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; pero el carácter tuitivo de ésta no puede establecer, en forma absoluta, un fuero jurisdiccional atrayente que disloque el régimen competencial de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción constitucional, pues esto distorsionaría la salvaguarda que garantiza la mencionada Ley y falsearía, en forma contraria a la seguridad jurídica y a las normas mismas de la jurisdicción especial del menor, la potestad para conocer y decidir asuntos cuya competencia no corresponde, específicamente, a la tutela para la que se estableció dicha jurisdicción especial, conforme lo disponen los artículos 177 y 453 eiusdem ( Caso Belquis Beatriz Elorza. Sentencia Nº 162 del 1 de febrero de 2002.).
De tal manera que la Sala observa, que a pesar de que no considera la representación de la Fiscal como válida y la niega, la Corte admite el amparo alegando el interés superior del niño, con lo cual se presenta una situación extraña, ya que aparentemente si la persona que intenta el amparo no tiene la representación que se adjudica, el amparo no debía tramitarse. Y al asumir el conocimiento de la acción, es como si asumiera el amparo de oficio, lo que quizás no hace posible un análisis objetivo e imparcial de la situación que se va a examinar, por cuanto ya con la admisión hay un pronunciamiento favorable, pese a las condiciones en que se presenta el amparo y que la misma Corte reconoce.
La Sala sin embargo, considera que además de este elemento, la razón que se da para intentar la acción de amparo en lugar de otra actuación, es la inminencia de las vacaciones escolares, pero la solicitud fue presentada escasamente a tres días del inicio de las vacaciones judiciales y la decisión que se pretende impugnar, fue publicada, previa la declaración de urgencia, cuando ya se había dado inicio a las mismas, con lo cual aun si el Tribunal lo hubiera considerado, la decisión supuestamente no se iba a producir sino después de las vacaciones judiciales. Esto, sin tomar en cuenta, el acuerdo que habían suscrito los padres de los menores, en el Tribunal que conoció la separación de bienes y de cuerpos y dentro del cual, la autorización para viajar había sido acordado por los padres con unos requisitos aceptables.
No entiende la Sala, y además, tampoco se desprende de los escritos presentados, por qué en definitiva se tomó la vía de la autorización solicitada por un Fiscal del Ministerio Público ante los Tribunales para obtener un permiso de viaje, cuando es solo el padre el que no estaba de acuerdo, circunstancia que deduce la Sala por su actuación y por qué tampoco, en ningún momento se solicitó la comparecencia de la madre, o se presentó su aceptación del permiso y tampoco entiende por qué, los padres no acordaron el permiso, cumpliendo con las condiciones que ellos mismos habían establecido en su escrito de separación de bienes y de cuerpos que conocía el Juez Décimo Tercero, a quien declinó la competencia el Juez Noveno y ante quien seguramente, hubiera sido más expedita la solución del caso.
Sin tomar en cuenta otros aspectos de la decisión apelada, la Sala encuentra que es inadmisible la acción de amparo incoada por cuanto:
a.- La accionante en amparo, que es la Fiscal del Ministerio Público no está legitimada para actuar, puesto que no tiene la representación que ella misma se adjudica, situación que reconoce la Corte en su decisión y si ello es así todo lo actuado es nulo.
b) Además de la falta de legitimación para actuar, que ya sería suficientes para decidir, si efectivamente se trataba de una declinatoria de competencia conforme a las normas legales vigentes, existían otras vías para solventar la situación presentada con la declaratoria de incompetencia de la Juez Agraviante, ya que no existen motivos de índole constitucional que justifiquen una acción de amparo contra una decisión interlocutoria de un juez que declina su competencia, por las razones que ella consideró aplicables, según su juicio, y que como ya se dijo existe la vía ordinaria para solucionarlo mediante la regulación de competencia y solo se logró por ese errado procedimiento, alargar la incidencia, que a raíz de tal decisión se planteaba.
c) Además debe tenerse en cuenta que, cuando se intenta una acción de amparo contra sentencia, cuando tal actuación esté ajustada a derecho, el juez cuya decisión se impugna debe haber actuado fuera de los límites de su competencia o por haber dictado un acto que lesione un derecho constitucional, lo cual no aparece en ninguno de los dos extremos señalados, reflejados en la decisión que se impugna, lo que a juicio de la Sala, implica que no existe una violación o amenaza de violación de los derechos o garantías constitucionales de los interesados y así se declara.
Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala declara con lugar la apelación, revoca por los razonamientos indicados, la sentencia impugnado y anula todo el procedimiento incoado desde su inicio, por cuanto fue intentado por una persona que no tenía facultad para ello, quedando claro además, que la oportunidad para la cual se solicitó el permiso que dio inicio a toda esta secuela judicial, fueron la vacaciones escolares correspondientes al año 2002, con lo cual, para esta fecha, ya no hay objeto que examinar.
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación intentada por la ciudadana Juez GLORIA MARTÍNEZ DE BOLÍVAR, presunta agraviante, contra la decisión del 6 de septiembre de 2002, dictada por la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en la acción de amparo incoada contra el auto del 20 de agosto de 2002, emanado de la Sala de Juicio Novena del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y en consecuencia, REVOCA la decisión apelada y se declara NULO todo el procedimiento seguido para la obtención del permiso solicitado iniciado por la Fiscal del Ministerio Público.
Publíquese y regístrese. Remítase copia de la presente decisión a las Salas de Juicios Nos IX y XIII del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en Caracas, a los 27 días del mes de agosto de dos mil tres. Años 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente- Ponente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº. 02-2248 ap.
JECR/
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