Sentencia N.º 239
- Sentencia
- N.º 239
- Fecha
- 04/03/2011
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 10-0455
- Ponente
- Arcadio Delgado Rosales
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
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SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales
Expediente No. 10-0455
El 5 de mayo de 2010, los ciudadanos HÉCTOR GONZALO ROA GUERRERO, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 4.112.489 y JORGE NELSON GUERRERO, colombiano, titular de la cédula de identidad N° E-13.852.846, actualmente recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente, Santa Ana, del Estado Táchira, a través de la ciudadana Cleopatra Moreno de Roa, quien fungió de correo especial ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, ejercieron en nombre propio, acción de amparo contra la decisión dictada el 24 de noviembre de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por los accionantes contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del mismo Circuito Judicial, del 15 de julio de 2009, que negó la aplicación de Fórmulas Alternativas de Cumplimiento de Pena de Régimen Abierto, a favor de los acusados (penados) antes mencionados, por la comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, denunciando la violación de sus derechos a la igualdad y al debido proceso, previstos en los artículos 21 y 49, cardinales 4 y 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Garantía a y (sic) de la rehabilitación y la preferencia al régimen abierto, ofrecido por el artículo 272 (eiusdem) .
El 10 de mayo de 2010, la abogada Mónica Andrea Rodríguez Flores, actuando como Defensora Pública con Competencia para actuar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio N° 0020/2010 de esa misma fecha, señaló que el ciudadano Jorge Nelson Guerrero se comunicó telefónicamente señalándole que no poseía recursos para sufragar gastos de abogado privado y, por ende, requiere asistencia de la Defensa Pública. En razón de ello, la referida abogada pidió a la Sala, con fundamento en el criterio vinculante sostenido en el fallo N° 993 del 28-05-2007 (y) a los fines de salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva ( ) la aplicación de los lapsos previstos en dicha sentencia, con el objeto de formalizar (sic) y proceder a ratificar la tutela constitucional requerida.
El 18 de mayo de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 26 de julio de 2010, la abogada Mónica Andrea Rodríguez Flores, actuando como Defensora Pública con Competencia para actuar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio N° 0024/2010 del 23 de julio de 2010, ratificó su solicitud relacionada con la aplicación de los lapsos previstos en dicha sentencia, con el objeto de formalizar (sic) y proceder a ratificar la tutela constitucional requerida.
Por decisión Nº 865 del 11 de agosto de 2010, la Sala admitió la acción de amparo constitucional interpuesta y, en consecuencia, ordenó la notificación de los Jueces integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre y del Fiscal General de la República.
El 8 de diciembre de 2010, el abogado Eduar Enrique Moreno Blanco, Defensor Público Segundo con Competencia para actuar ante la Sala Constitucional, ratificó interés en la presente causa. En esa misma oportunidad se dio cuenta del referido escrito.
El 9 de diciembre de 2010 se constituyó esta Sala Constitucional, en virtud de la incorporación de los magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión especial celebrada el 7 del mismo mes y año, y quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López; Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.
El 4 de febrero de 2011, la Secretaría de esta Sala Constitucional fijó para el martes 8 de febrero de 2011, a las 10:30 a.m., la oportunidad para la celebración de la audiencia pública de acuerdo con lo ordenado en la sentencia dictada el 19 de octubre de 2009 y con lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 8 de febrero de 2011, tuvo lugar la audiencia constitucional y se dejó constancia de la comparecencia de la abogada Teresa Elizabeth López Cruz, en su carácter de Defensora Pública Primera (1°) con Competencia para actuar ante la Sala Constitucional, Plena, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil y Casación Social en representación de los accionantes y de la representación del Ministerio Público. Asimismo, se dejó constancia de la no comparecencia de los miembros de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre. Se le concedió el derecho de palabra tanto a la defensora pública como a la representación Fiscal, quienes expusieron sus alegatos. En ese estado, la Sala declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida.
Corresponde a la Sala emitir íntegramente y por escrito su fallo sobre la presente acción de amparo, para lo cual realiza las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Los accionantes señalaron como fundamento de la presente acción de amparo constitucional, las siguientes razones de hecho y de derecho:
Que, el 15 de julio de 2009, el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal de Cumaná, Estado Sucre, visto el informe técnico N° 273, de fecha 06 de marzo del 2009, elaborado por la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario N° 3 de San Cristóbal, Estado Táchira, a favor nuestro (accionantes); y considerando que el artículo 29 del texto constitucional establece en forma taxativa en la parte in fine del primer aparte que los delitos de Lesa Humanidad quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar a su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía; enunciando enseguida sentencias de ese Tribunal Supremo de Justicia, en que se califica al narcotráfico como delito de Lesa Humanidad, ( ) donde esa Sala Constitucional establece que se prohíbe la aplicación de beneficios a ese tipo de delitos; enfatizando en la obligación constitucional de acatar la interpretación constitucional sobre el contenido y el alcance de las normas constitucionales, que son de carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, motivo por el cual declara sin lugar la solicitud presentada por la defensa y en consecuencia NIEGA la Fórmula Alternativa de Cumplimiento de Pena de régimen abierto a nuestra personas (subrayado y negrilla del escrito).
Que, el 21 de septiembre de 2009, el Abg. HERNÁN ORTÍZ (sic) ROMERO, actuando como nuestro Defensor Técnico, interpone recurso de apelación, alegando que las medidas alternativas de cumplimiento de la pena no se pueden clasificar como beneficios procesales, aclarando los conceptos jurídicos, apoyándose en sentencias: N° 1472 de fecha 27 de junio de 2002, N° 3421 de fecha 09 de noviembre de 2005 y N° 0287 -expediente- de fecha 21 de abril de 2008.
Que, el 26 de noviembre de 2009, la Corte de Apelaciones de Cumaná, Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, declaró sin lugar el recurso intentado, violentando los derechos y garantías constitucionales enunciados en el numeral 2.- de este libelo (derechos a la igualdad, al debido proceso, previstos en los artículos 21 y 49, cardinales 4 y 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la Garantía a y (sic) de la rehabilitación y la preferencia al régimen abierto, ofrecido por el artículo 272 eiusdem).
Que la Corte de Apelaciones de Cumaná, Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, con su decisión, viola la garantía constitucional que en materia de condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la Ley sea real y efectiva, brinda nuestra Constitución en su artículo 21 y más concretamente en su ordinal (sic) 2, pues a nuestro (su) entender, como trataremos de demostrar en adelante, su argumento no aplica a nuestra (su) solicitud. Estamos (están) solicitando que se nos (les) permita la fórmula alternativa de cumplimiento de la pena con el beneficio de RÉGIMEN ABIERTO, por haber suplido (sic) las formalidades que establece el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente) que en su segundo aparte reza: El destino al establecimiento abierto podrá ser acordado por el tribunal de ejecución, cuando el penado hubiere cumplido, por lo menos, un tercio de la pena impuesta además de cumplir a cabalidad las exigencias de los cinco ordinales de su último aparte.
Que se les vulneró el derecho a la igualdad porque, en auto de fecha 01 de diciembre de 2008, el Tribunal Primero de Ejecución de Cumaná, Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, ACUERDA FÓRMULA ALTERNATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE PENA, al ciudadano SANTIAGO GARCÍA CLEMENTE, titular de la cédula de identidad N° V- 3.612.387, ASUNTO PRINCIPAL: RP01-R-2007-000010, ASUNTO: RG01-P-2008-000001, y en audiencia de fecha 02 de diciembre se notifica de la decisión a las partes, incluido el Ministerio Público; y que como podrán notar, Honorables Magistrados, es nuestra (su) misma causa, lo podrán verificar en nuestro (su) expediente, por ser la misma nomenclatura enunciada en el encabezado de la presente Acción de Amparo Constitucional, lo que marca y demuestra indefectiblemente la violación demandada, permitiéndonos reiterar la solicitud de tutela de nuestro (su) derecho constitucional de igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 21 de la Constitución, para todos y cada uno de los condenados en la causa: RP01-R-2007-000010 (subrayado y negrilla del escrito).
Que la Sala Constitucional, en su sentencia N° 1193 del 22 de junio de 2007, sostuvo que: respecto del delito por el cual resultó definitivamente condenado el antes mencionado ciudadano Jesús Miguel Pérez García (transporte de sustancias psicotrópicas o estupefacientes), la ley proscribe el otorgamiento de beneficios procesales, mas no de aquéllos que, como los de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, de acuerdo con el principio de progresividad que proclaman los artículos 272 de la Constitución, 493 (actual) y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal, 7 y 61 de la Ley de Régimen Penitenciario, son otorgables luego de la conclusión del proceso propiamente dicho, esto es, durante la ejecución de la pena, los cuales, en la medida que supongan un cambio en la modalidad de cumplimiento con la misma o, incluso, una mitigación o reducción de la sanción, no la sustracción al cumplimiento de la misma, son ajenos al riesgo de impunidad que previene el artículo 29 de la Constitución. Por consiguiente, nada obsta para que, previa la satisfacción de los requisitos de procedencia que preceptúa la Ley, pueda el Tribunal de Ejecución decretar, según el artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal, el cumplimiento de la pena en cuestión mediante alguna de las formas alternativas que dispone dicho texto legal (subrayado y negrilla del escrito).
Que el último aparte del artículo 31 de la Ley especial que rige la materia de drogas, y especifica: Estos delitos no gozarán de beneficios procesales, se encuentra actualmente suspendido según sentencia de fecha 21 de abril de 2008, Expediente N° 0287 (rectius: 08-087), con ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, cuya decisión en su numeral 3- lo SUSPENDE y en el 4- ORDENA la aplicación en forma estricta de la disposición contenida en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que hace muy notoria la violación, que solicitamos a esa Sala, como máximo intérprete de las normas y principios constitucionales, tutele nuestro derecho a la igualdad y ordene se aplique a nuestra causa lo acabado de exponer, es decir, que se aplique estrictamente el artículo 500 de la norma adjetiva penal y se nos conceda el beneficio solicitado por cumplir a cabalidad las exigencias del mismo, según el criterio de la misma Corte de Apelaciones de Cumaná, supra transcrito.
Que se le viola además, el derecho a y (sic) de la rehabilitación, y el respeto a los derechos humanos de los internos del sistema carcelario estatal garantizado por el artículo 272 que estipula: En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria, porque el informe técnico N° 273, de fecha 06 de marzo del año 2009, elaborado por la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario N° 3 de San Cristóbal, Estado Táchira, por nuestro (su) comportamiento y evaluación, nos (los) califica FAVORABLE para optar por el beneficio de pre-libertad de RÉGIMEN ABIERTO, permitido por el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal y que la doctrina vinculante de esa Sala ordena aplicar en forma estricta, violando también el precepto del artículo 335 de nuestra Constitución que en su último aparte establece: las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República.
En atención a las anteriores consideraciones, solicitaron con la presente acción de amparo la tutela de nuestros (sus) derechos constitucionales denunciados de violación y se restablezca la situación jurídica infringida. Asimismo, solicitaron a la Sala ordene al Tribunal accionado aplique a nuestra causa ( ) el artículo 500 de la norma adjetiva penal y se nos (les) conceda el beneficio solicitado por cumplir a cabalidad las exigencias del mismo.
II
DECISIÓN ACCIONADA
La decisión accionada dictada el 24 de noviembre de 2009, publicada el 26 de ese mismo mes y año, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por los accionantes en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del mismo Circuito Judicial, el 15 de julio de 2009. La referida decisión tuvo como fundamento lo que a continuación se transcribe:
Es menester señalar que los delitos previstos en la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, atentan gravemente contra la integridad física de las personas, cuyos efectos se extienden a la familia, quienes padecen trastornos psicológicos, emocionales y económicos de sus víctimas.
Quienes suscribimos la presente decisión, consideramos que conforme a lo previsto en el artículo 29 constitucional en concordancia con el artículo 271 ejusdem, donde el primero refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma mencionada, reconoce como imprescriptible a los delitos contra los derechos humanos, realizando la acotación [de] que dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad incluidos el indulto y la amnistía; es pertinente realizar una interpretación en cuanto a la naturaleza de los delitos sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, los cuales son considerados delitos de lesa humanidad por nuestra jurisprudencia patria.
( )
la Sala Constitucional, en sentencia de fecha 23/10/2001, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, estableció entre otras cosas:
1. En la disposición contenida en el artículo 29 de la Constitución, la cual prohíbe, en los casos de violaciones de los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, acordar cualquier beneficio que conlleve impunidad. Respecto de la precitada disposición constitucional, la Sala advierte que la misma resulta inaplicable al caso bajo análisis.... (Caso de conversión de la pena en confinamiento).
Así pues, una vez establecido por nuestra Sala Constitucional que los delitos relacionados al tráfico de drogas son delitos de lesa humanidad, resulta entonces pertinente adecuarlo al artículo 29 de nuestra Carta Magna que especifica que dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que pudieran conllevar a su impunidad, expresando textualmente que:
Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. (Resaltado nuestro).
De manera que, la conmutación o conversión del resto de la pena para el penado de autos, en virtud de la naturaleza del delito, es distinto para los delitos tipificados en la ley que rige esta materia, en atención a la relevancia del bien jurídico tutelado, así como el impacto social que la comisión de esos conlleva, por lo que ameritan previsiones diferentes y más rígidas en relación con otros delitos. De lo antes indicado, se observa que la norma constitucional, prohíbe táxitamente (sic) otorgar cualquier beneficio por este tipo penal.
Dicho criterio, es ratificado en decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 22 de Junio de 2007, con ponencia del Magistrado PEDRO RAFAEL RONDON HAAZ, mediante la cual estableció que:
OMISSIS
En todo caso, la referida Corte de Apelaciones decretó la procedencia del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, en favor de una persona que fue condenada por la comisión del delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, como conducta que, en los términos de la ley (artículo 46), constituye una derivación de la de tráfico, a la cual esta Sala ha identificado como de lesa humanidad y, por consiguiente, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, ha negado a quienes resulten declarados responsables penalmente por la comisión de dichos delitos, los beneficios que conlleven o puedan conllevar impunidad.
Aunado a lo establecido en el artículo 29 Constitucional, no debe olvidarse el contenido del artículo 335 ejusdem, referido al carácter vinculante para los juzgadores de las sentencias que contengan interpretaciones de normas realizadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Por todo lo antes expuesto, se observa que en el presente caso, lo decidido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución, del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, sede Cumaná, en cuanto a los penados JORGE NELSON GUERRERO y HECTOR (sic) GONZALO ROA, es concurrente con los criterios que han sido expuestos, por lo que ciertamente procede la negativa de Fórmula alternativa de Cumplimiento de Pena de Régimen Abierto, ya que se le niega el derecho de optar a una de las fórmulas alternativas al cumplimiento de penas, a los penados antes mencionados, basado ello en que los delitos referidos a Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas están exentos de beneficios procesales, por ser considerados como delitos de lesa humanidad, y se considera como delito grave que causa gran daño social.
Así pues, la norma señalada en el artículo 29 Constitucional prohíbe tácitamente otorgar cualquier beneficio por este tipo penal, también se evidencia que el delito que se trata, fue cometido bajo vigencia de dicha norma, razón por la cual queda el Órgano Judicial atado a la norma constitucional y a los criterios reiterados del Tribunal Supremo de Justicia, para impedir que tales beneficios conlleve (sic) a la impunidad.
Esta Corte de Apelaciones considera, que el Tribunal A quo, actuó acorde a derecho respetando los principios y garantías constitucionales, y las garantías procesales; en consecuencia no le acompaña la razón al recurrente, por lo que se CONFIRMA, la decisión dictada por el Tribunal A quo, en todas y cada una de sus partes. Y ASÍ SE DECIDE.
III
OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El 8 de febrero de 2011, mediante escrito, la abogada Teolinda Ramos, actuando en su carácter de Fiscal Tercera del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la Sala fuese declarado con lugar la acción de amparo de autos, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Que en el presente caso, revisados detenidamente ambos fallos, especialmente el de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, no puede observarse en ninguno de ellos, que se hayan verificado o no el cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia de la fórmula alternativa de cumplimiento de pena de destino a establecimiento abierto, solicitada por los hoy accionantes en amparo.
Que lo que sí se observa, casi en forma automática, en el fallo delatado en amparo, es que precisado que la condena de los acusados, hoy quejosos, es por uno de los delitos previstos y penados en la para entonces vigente Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, fundamenta su decisión, al igual que el Tribunal de Ejecución, en la premisa que esta Sala Constitucional estableció, por vía jurisprudencial, que los delitos vinculados al tráfico de drogas son delitos de lesa humanidad, a los cuales no se les reconoce la concesión de beneficio alguno, para lo cual transcribe múltiples decisiones de esta Sala donde se estableció dicha consideración.
Que la alzada recurrida no distinguió entre los beneficios procesales que se pueden otorgar a una persona sometida a un proceso penal y las medidas alternativas de cumplimiento de pena que se conceden a los condenados por sentencia definitivamente firme, y que, sin duda, se encuentran efectivamente en detención, sino que cataloga a ambas circunstancias como beneficios que no son procedentes conceder por la comisión de delitos considerados de lesa humanidad, con lo cual vulneró el derecho constitucional de los accionantes al debido proceso.
Que en esa misma causa, el 1° de diciembre de 2008, el Tribunal de Ejecución Penal de Cumaná, acordó conceder al penado SANTIAGO GARCÍA CLEMENTE, también condenado a 11 años y 6 meses de prisión, por el delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la fórmula alternativa de cumplimiento de pena de régimen abierto, previa la verificación que a su favor concurrían los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para la procedencia de la misma, quien obtuvo su pre-libertad desde la misma sala de audiencias del referido Tribunal, que luego negó la medida a los actuales quejosos ( ) con lo cual también se vieron vulnerados en su derecho a la igualdad, establecido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto que ante igualdad de circunstancias, no fue suministrado el mismo trato a los que solicitaron la aplicación de la misma medida de pre-libertad.
En razón de las anteriores consideraciones, la representación del Ministerio Público solicitó la declaratoria CON LUGAR de la presente acción de amparo constitucional, intentada contra la decisión dictada el 26 (rectius: 24) de noviembre de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos HÉCTOR GONZALO ROA GUERRERO y JORGE NELSON GUERRERO contra el auto dictado por el 15 de julio de 2009 por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Ejecución del referido Circuito Judicial Penal, que les negó la fórmula alternativa de cumplimiento de pena de régimen abierto.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
La presente acción de amparo fue ejercida contra la decisión dictada el 24 de noviembre de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por los accionantes en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del mismo Circuito Judicial, del 15 de julio de 2009, que negó la aplicación de Fórmulas Alternativas de Cumplimiento de Pena de Régimen Abierto, a favor de los acusados (penados) antes mencionados, por la comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, denunciando la violación de sus derechos a la igualdad y al debido proceso, previstos en los artículos 21 y 49, cardinales 4 y 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Garantía a y (sic) de la rehabilitación y la preferencia al régimen abierto, ofrecido por el artículo 272 (eiusdem) .
En este sentido, se observa que básicamente se denunció con la presente acción de amparo que la decisión accionada vulneró los referidos derechos cuando negó a los accionantes la aplicación de la fórmula alternativa de cumplimiento de la pena con el beneficio de régimen abierto, bajo la motivación de que, al ser el narcotráfico un delito de lesa humanidad, no le era aplicable el referido beneficio.
Así pues, sostuvieron que tal fundamento fue errado por cuando ya esta Sala Constitucional en decisiones reiteradas ha señalado que si bien la ley proscribe el otorgamiento de beneficios procesales en delitos relacionados con narcotráfico, ello no ocurría en los casos de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena,(que) de acuerdo con el principio de progresividad que proclaman los artículos 272 de la Constitución, 493 (actual) y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal, 7 y 61 de la Ley de Régimen Penitenciario, ( ) otorgables luego de la conclusión del proceso propiamente dicho, esto es, durante la ejecución de la pena, los cuales, en la medida que supongan un cambio en la modalidad de cumplimiento con la misma o, incluso, una mitigación o reducción de la sanción, no la sustracción al cumplimiento de la misma, son ajenos al riesgo de impunidad que previene el artículo 29 de la Constitución.
Ahora bien, una vez analizadas las actas del expediente esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
La judicialización de la fase de ejecución penal en Venezuela a raíz de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, trajo consigo la obtención de mayores garantías para los penados, así como la unificación del régimen aplicable en la fase de ejecución material de la condena. Así pues, el referido Código creó un órgano judicial -Juzgado de Ejecución- el cual sería el encargado de controlar la legalidad de la ejecución de las penas y el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas mediante sentencias condenatorias firmes.
En este sentido, el referido cuerpo normativo concretó una serie de mecanismos tendentes a darles discrecionalidad a los Jueces de Ejecución respecto del cómo y cuándo ejercerían su función en el control del cumplimiento del régimen penitenciario. Uno de estos mecanismos lo ejecuta en la concesión de alguna de las medidas político-criminales establecidas en el referido código para el cumplimiento de la pena y la posibilidad de su revocatoria, para el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en su aprobación.
Se trata pues de una política criminal que coadyuva al cumplimiento de la norma que contiene el artículo 272 constitucional, relativo a que El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos, lo que, en definitiva, se traduce en la búsqueda de la reinserción social del penado a través de un régimen de libertad anticipada.
Así, dentro de las potestades de los Juzgados de Ejecución, encontramos en el artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal (509 vigente) la posibilidad de que, ante la solicitud de algunas de las referidas medidas (suspensión condicional de la ejecución de la pena, fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena y de redención judicial de la pena por el trabajo y el estudio), puedan dichos juzgados, sin mayor trámite, rechazarlas cuando consideren que las mismas resultan manifiestamente improcedentes. Señala el referido artículo lo siguiente:
Artículo 510. Rechazo. El tribunal podrá rechazar sin trámite alguno la solicitud cuando sea manifiestamente improcedente, o cuando estime que no ha transcurrido el tiempo suficiente para que varíen las condiciones que hubieren motivado un rechazo anterior.
De la anterior disposición resulta menester extraer dos consideraciones importantes: por un lado, la facultad que se concede al Juez de Ejecución de rechazar la solicitud; pero, por otro lado, la norma in commento le da la posibilidad al penado de solicitar la aplicación de las referidas medidas cuando considere que las condiciones respecto de una anterior solicitud han variado.
Asimismo, el artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal (506 vigente), contempla la faculta del penado de solicitar las referidas medidas al señalar:
Artículo 507. Solicitud. La suspensión condicional de la ejecución de la pena, la autorización para trabajar fuera del establecimiento, el destino a establecimientos abierto y la libertad condicional, podrán ser solicitados al tribunal de ejecución, por el penado, por su defensor, o acordados de oficio por el tribunal. De ser el caso, el juez solicitará a la dirección del establecimiento los informes que prevé la ley. Cuando la solicitud la formule el penado ante la dirección del establecimiento, ésta la remitirá inmediatamente al tribunal ( ).
En efecto, como parte de los principios que rigen la ejecución penal, consagrados en el Código Orgánico Procesal Penal, los penados tienen el derecho de ejercer todos los mecanismos de defensa y de solicitar que la pena se cumpla en cualquier modalidad alternativa prevista por la Ley (artículo 478 del Código Orgánico Procesal Penal). Ello así, se estima que la referida norma lleva implícita la posibilidad del penado del ejercicio de un medio idóneo para la concesión de una de las mencionadas medidas, lo que se traduce en una vía ordinaria para lograr tal propósito.
Siendo así, esta Sala estima necesario reiterar que la acción de amparo no constituye el único medio capaz de dar al justiciable la garantía de un proceso restablecedor de su esfera jurídica cuando hubiese sido infringida, o sobre la cual haya incidido alguna conducta antijurídica. En ciertas circunstancias los mecanismos que conforman el ordenamiento jurídico pueden resultar idóneos para la protección de algún derecho fundamental que se estime lesionado, en cuyo caso el amparo debe ceder ante la referida vía; y si el juez que examina la acción constata que el referido medio resulta capaz de garantizar la protección de los derechos fundamentales vulnerados, es claro que la inadmisibilidad debe prosperar como circunstancia que puede ser subsumida en la causal contenida en el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Así pues, en el caso de autos se verifica la referida causal de inadmisibilidad establecida en la disposición mencionada, la cual señala lo siguiente: Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de medios judiciales preexistentes, vale decir, que será inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, cuando el accionante haya elegido las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de medios judiciales ya existentes.
Asimismo, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala la referida inadmisibilidad se verifica de igual forma cuando teniendo a disposición tales medios ordinarios, no son ejercidos por el quejoso. En este sentido la Sala ha señalado que: para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente (Sentencia Nº 2.094 de esta Sala del 10 de septiembre de 2004, caso: José Vicente Chacón Gozaine).
El anterior criterio fue ratificado en sentencia Nº 3.375/2005, cuando estableció que de considerar las accionantes que persiste el perjuicio alegado, pueden lograr el restablecimiento de la situación jurídica denunciada como infringida, por medio de las vías ordinarias y obtener la satisfacción de sus pretensiones, razón por la cual, existiendo entonces vías idóneas que ofrece el ordenamiento jurídico para la resolución de la controversia planteada por la parte actora, resulta forzoso para esta Sala declarar la inadmisibilidad de la presente acción, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Y es que el referido medio ordinario ha sido utilizado por los penados de la presente causa -ciudadanos Héctor Gonzalo Roa Guerrero y Jorge Nelson Guerrero- ya que esta Sala tiene conocimiento por notoriedad judicial que, previo a las solicitudes que les fueron negadas y que son objeto de análisis del presente amparo, los referidos ciudadanos ya habían solicitado al Juzgado de Ejecución-Cumaná, la concesión de la Fórmula Alternativa de Cumplimiento de Pena de destino a establecimiento abierto, el cual les fue negado por el referido Juzgado el 24 de septiembre de 2008, entre otras consideraciones, por el hecho de que los penados aún no estaban aptos o en condiciones para hacerse beneficiarios de la medida alternativa de cumplimiento de pena de Destino a Establecimiento Abierto prevista en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, pues no se satisfacen concurrentemente las exigencias allí dispuestas, lo que conlleva a este Tribunal a rechazar la solicitud formulada.
Esta vía ordinaria se encuentra a disposición de los accionantes, quienes la podrán ejercer en una nueva oportunidad, cuando las circunstancias por las cuales fueron negadas sus respectivas solicitudes varíen, por lo que resulta forzoso para esta Sala declarar inadmisible la presente acción de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y así se declara.
Finalmente, esta Sala estima necesario señalarle tanto a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre como al Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del mismo Circuito Judicial el deber de dar cumplimiento a la sentencia de esta máxima instancia constitucional N° 635 del 21 de abril de 2008, dictada con ocasión del recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercido conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos en contra de los parágrafos únicos de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo 460, 470 parte in fine, todos del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.768 Extraordinario, de fecha 13 de abril de 2005, así como el último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en el cual esta Sala decidió mientras procede al examen de los dispositivos cuestionados a la luz del texto constitucional, el bien común y la paz social, suspender la aplicación de los parágrafos únicos de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo 460, 470 in fine, todos del Código Penal, así como el último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en el referido caso; y como consecuencia de ello, ordenó la aplicación de forma estricta de la disposición contenida en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal.
En efecto, se observa que ni la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, ni el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del mismo Circuito Judicial dieron cumplimiento a la referida decisión supra indicada, dictada por esta Sala Constitucional ya que, en sus respectivas decisiones, no analizaron la solicitud de la concesión de la fórmula alternativa de cumplimiento de la pena a la luz de lo dispuesto en el referido artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal; por tanto, esta Sala le reitera a los mencionados Tribunales, en aras de una correcta motivación de sus decisiones, la obligación que tienen de examinar el cumplimiento de los requisitos concurrentes exigidos en la norma señalada, ante la solicitud de los penados de cualquiera de las medidas político-criminales establecidas en el código penal adjetivo. Así finalmente se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos HÉCTOR GONZALO ROA GUERRERO y JORGE NELSON GUERRERO, ya identificados, contra la decisión dictada el 24 de noviembre de 2009 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por los accionantes en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del mismo Circuito Judicial, del 15 de julio de 2009, que negó la aplicación de Fórmulas Alternativas de Cumplimiento de Pena de Régimen Abierto, a favor de los acusados antes mencionados, por la comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 04 días del mes de marzo de dos mil once. Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Presidenta,
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Magistrado
Carmen Zuleta de Merchán
Magistrada
Arcadio Delgado Rosales
Magistrado-Ponente
Juan José Mendoza Jover
Magistrado
Gladys María Gutiérrez Alvarado
Magistrada
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 10-0455
ADR.
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