Venley

Sentencia N.º 239

Sentencia
N.º 239
Fecha
04/07/2012
Sala
Casación Penal
Expediente
C11-10
Ponente
Héctor Manuel Coronado Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

 

 

MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

El 16 de noviembre de 2010, la abogada Belkis Xiomara Peña Duarte, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 48.091, en su condición de Defensora Pública Octava Penal del estado Táchira del ciudadano JOSÉ HILARIO AGELVIZ DÍAZ, de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha 14 de agosto de 1981, profesión u oficio obrero, titular de la cédula de identidad número 17.644.107, interpuso Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha 5 de octubre de 2010, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, constituida por los jueces Edgar Fuenmayor, Luis Alberto Hernández Contreras (ponente) y Ladysabel Pérez Ron, la cual DECLARÓ SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa del acusado contra el fallo de fecha 9 de junio de 2010, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial, por medio de la cual CONDENÓ al referido ciudadano a cumplir la pena de DOCE (12) AÑOS, SEIS (6) MESES, VEINTIDOS (22) DÍAS Y DOCE (12) HORAS  DE PRISIÓN, así como le impuso el pago de una multa por la cantidad de QUINCE (15) BOLÍVARES FUERTES, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y RESISTENCIA ARMADA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículos 460, 278 y 219 ordinal 1°, todos del Código Penal vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, en perjuicio de la ciudadana Gladys Beatriz Garzón Labrador.

 

El Recurso de Casación fue interpuesto en tiempo hábil y no contestado por la parte Fiscal.

 

Remitidos los autos a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, se dio cuenta del presente expediente, en fecha 10 de enero de 2011 y asignada la ponencia al Magistrada Doctora BLANCA ROSA MARMÓL DE LEÓN.

 

En fecha 26 de abril de 2011, la Sala declaró admisible el Recurso de Casación interpuesto por la Defensa de los acusados.

 

En fecha 24 de mayo de 2011, se realizó la audiencia pública en presencia de las partes, quienes expresaron sus alegatos.

 

            En fecha 5 de octubre de 2011, fue reasignada la ponencia al Magistrado Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe la presente decisión, todo de conformidad con el artículo 103 único aparte  de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

En fecha 26 de junio de 2012, se realizó nuevamente la audiencia oral y pública en presencia de todas las partes. En dicha oportunidad, las partes señalaron sus argumentos.

 

LOS HECHOS

 

De los hechos establecidos por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la sentencia dictada en fecha 9 de junio de 2010, se desprende:

 

“…observando este Tribunal que se ha impuesto el sistema de valoración aceptado por el Código Orgánico Procesal Penal, de sana crítica, máximas de experiencia, lógica y conocimientos científicos en las motivaciones de hecho y de derecho que lo llevó al convencimiento de la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO Y RESISTENCIA ARMADA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículos 460, 278, y 219 ordinal 1° del Código Penal, vigente para la fecha de comisión del hecho punible, por parte del acusado JOSÉ HILARIO AGELVIZ DÍAZ, identificado en autos, contra quien fueron aportados- repetimos- elementos de convicción, que determinan la responsabilidad penal del acusado. La misma quedó demostrada con las pruebas recepcionadas en el debate probatorio, siendo estas las declaraciones oídas en el Juicio Oral y Público de los ciudadanos, GARZÓN LABRADOR GLADYS BEATRIZ, AVENDAÑO PÉREZ JACKSON ENRIQUE y LARA FERNÁNDEZ JOSÉ RAFAEL, JOSÉ HILARIO AGELVIZ DÍAZ, RUIZ NIETO YOHÁN NICASIO y MEZA RODRÍGUEZ SAUL, quienes son contestes en sus declaraciones, manifiestan el robo por sujetos armados, aprehenden a dos ciudadanos dentro de un taxi que perseguían, dándose uno a la fuga, inician la persecución del mismo y lo avistan cruzando las aguas del río Tórbes por la Machirí, (sig) donde le dieron alcance y ordenan la voz de alto, hacen un disparo al aire, el sujeto portaba en su mano un arma de fuego y la lanzó al río y se detuvo, concuerdan todos los funcionarios en sus declaraciones, en relación con las prendas de vestir que portaba JOSÉ HILARIO AGELVIZ DÍAZ, y en que las victimas que se encontraban en la comisaría lo señalaban como uno de los sujetos que los había “atracado”. Las experticias e inspecciones realizadas por los funcionarios del CICPC, encadenadas con sus declaraciones, vinculan directamente al acusado con los hechos, los expertos HÉCTOR GÁMEZ CARRERO y RODRÍGUEZ ZAMBRANO CARLOS, realizan la inspección un vehículo taxi, para el momento de la inspección se colectó dentro del mismo, como elemento de interés criminalístico fragmentos de vidrios, producto de los impactos de los proyectiles disparados por las armas de fuego, inspeccionan un sitio de suceso cerrado el cual fungía como una bodega y un sitio de suceso abierto de la localidad de Patiecitos. Todo coincide y se concatena con lo manifestado por la víctima y los agentes policiales en relación con el vehículo Taxi, las rupturas por el paso de los proyectiles en el enfrentamiento del intercambio de disparos, el lugar de los hechos. Igualmente con la Prueba documental Informe Pericial N° 9700-134-1786, de fecha 06-05-03, el cual determina los fragmentos de vidrio dentro del vehículo, de aspecto traslucido, de forma irregular, producto del impacto de los disparos. MEDINA MEDINA ROSA LISBETH, realiza la experticia sobre las prendas estas recabadas al ciudadano: AGELVIZ DÍAZ JOSÉ HILARIO, las mismas se encontraban mojadas e impregnadas de arena, lo mismo demuestra el cruce del río por el acusado. Igualmente coincide en observar la presencia de iones de nitrato; por lo cual es lógico afirmar que Juan Hilario Díaz Agelvis, luego de darse a la fuga, es perseguido por los funcionarios, efectuó disparos contra los mismos con un arma de fuego y fue aprehendido cruzando el río Torbes, en La Machirí, por el Sector del Faro la Marina. Por todo lo cual, los hechos ocurrieron, tal y como los plantearon los agentes policiales en la elaboración del acta y los expresados por el Ministerio Público en la Acusación. En definitiva este Tribunal por cuanto estos son hechos probados, procede a CONDENAR al ciudadano JOSÉ HILARIO AGELVIZ DÍAZ, por la comisión de los delitos en los que estos hechos encuadran como son ROBO AGRAVADO, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO Y RESISTENCIA ARMADA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículos 460, 278, y 219 ordinal 1° del Código Penal, vigente para la fecha de comisión del hecho punible, ya que de esta manera se determinó la existencia de los hechos, su correspondiente marco jurídico y la responsabilidad penal del acusado. Lo cual quedó corroborado con todos y cada una de las pruebas recepcionadas en el discurrir del Juicio Oral Público, por lo que la presente Sentencia es Condenatoria, en relación con dicho delito. Y ASÍ SE DECIDE.”. (Sic).

 

RECURSO DE CASACIÓN

 

PRIMERA DENUNCIA:

 

Con base en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, la recurrente denunció violación de la ley, por indebida aplicación del artículo 278 del Código Penal vigente para el momento que ocurrieron los hechos, a saber, el 25 de abril de 2003.

 

Al respecto, la recurrente denunció:

“…la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en su decisión al CONFIRMAR la decisión emanada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio que condena al acusado de autos por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO Y RESISTENCIA ARMADA A LA AUTORIDAD, a cumplir la pena de 12 años, 6 meses, 22 días y 12 horas de prisión, así como al pago por vía de multa de la cantidad de Quince Bolívares Fuerte indebidamente aplicó el artículo 278 del Código Penal, que rezaba lo siguiente:

“El porte, la detención o el ocultamiento de las armas a que se refiere el artículo anterior, se castigará con multa de mil a dos mil bolívares o arresto proporcional…”.

 

Luego expresó:

 

“Tal aseveración se desprende del hecho de que la Corte de Apelaciones confirmó una sentencia, donde el Juez de Primera Instancia condena al acusado por la comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, sin tomar ciertos factores que fueron determinantes en el juicio oral y público, como lo fue que para el momento de la detención mi defendido no portaba ningún arma de fuego, y así quedó demostrado durante el juicio oral y público en primera instancia y además al hacer el cálculo de la pena del pago de la multa de Quince Bolívares Fuertes, no tomó en cuenta la conversión que sufrió nuestra moneda en nuestro país (sic), pues dicha cantidad equivaldría a la cantidad de Quince Mil Bolívares de la moneda venezolana anterior a la conversión en bolívares fuertes, no siendo proporcional a la pena establecida en la norma sustantiva penal.  Tanto la sentencia de Primera instancia como en la decisión de la Corte de Apelaciones se pretende dar por comprobado el hecho de que mi defendido portaba un arma de fuego, cuando por el contrario cuando (sic) lo detuvieron no tenía en su poder ningún tipo de arma.   

Al testimonio del ciudadano Jesús Montilva el cual dice que la persona que huye lanza el arma en el asiento del vehículo, por lo que mal pudo ser mi defendido al cual se le atribuyó el hecho de lanzar la supuesta arma al río, entonces se pregunta esta Defensa como pudo mi defendido lanzar el arma al asiento del taxi, luego huir y lanzar la misma arma al río? (sic), por lo que también es contradictorio este hecho y a este testimonio lo valora y le concede credibilidad.”  

 

SEGUNDA DENUNCIA:

 

Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, la recurrente denunció el vicio de indebida aplicación del artículo 460 del Código Penal, vigente para el momento de los hechos, a saber, el 25 de abril de 2003.

 

Seguidamente la formalizante expresó:

 

“…la Corte de Apelaciones confirmó una sentencia, donde el Juez de Primera Instancia condena al acusado por la comisión del delito de Robo Agravado, sin que haya sido probado en el desarrollo del juicio, sin pruebas (sic), ya que en el desarrollo del debate oral y público, se dejó establecida la inocencia de mi defendido, la falta de pruebas reales en su contra, y así el juez de juicio lo deja por sentado en la parte narrativa de la sentencia con las contradicciones de las deposiciones de de los funcionarios públicos, la inexistencia de reconocimiento por parte de la víctima, la duda surgida en la exposición de la experto, todo lo que conducía a una sentencia absolutoria, y culmina con una sentencia condenatoria, existe una evidente contradicción en la motivación de la sentencia, por cuanto en los argumentos esgrimidos por el juez de juicio, de manera clara y sin lugar a dudas, explanó que la víctima no reconoció al imputado como autor de los hechos por los cuales se le estaba enjuiciando; la ciudadana Gladys Labrador, la cual refiere que fue la víctima del robo, no identifica a mi defendido como autor o partícipe del robo.

Honorables Magistrados, a lo largo del desarrollo del juicio oral, la víctima señala que no pudo reconocer a los autores del hecho, no solo porque no les vieron la cara, sino porque huyeron en un taxi, y dos de ellos los detienen y al tercero no, luego lamentablemente incriminan erradamente a mi defendido, obviando que la duda favorece al reo, pero ésto no se aplicó desamparándose la presunción de inocencia de la cual goza todo imputado o acusado, violándose así el debido proceso”. (Subrayado de la Sala).

 

Luego indicó:

 

“Sin embargo, a pesar de no estar probado todas estas circunstancias, que contribuyeron al resultado antijurídico, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, CONFIRMÓ la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Primera Instancia sin tomar en cuenta la inocencia de mi representado y las contradicciones presentes en la sentencia:

1.- Se le condena por el delito de robo agravado, y no quedó probado en juicio que mi defendido cometiera tal robo, pues jamás fue identificado por la víctima como la persona que la robó, no lo capturan cerca de los hechos ni medianamente cerca del lugar de los hechos y tampoco se le incautan objetos robados, ni dinero ni prendas.

2.- Se le condena por la comisión del delito de porte ilícito de arma de fuego, y jamás se le incautó un arma de fuego, alegan los funcionarios policiales que mi defendido arroja el arma al río, la cual nunca fue encontrada por lo que mal pudo condenársele por el delito de “porte” de arma. Tampoco se le encontró objeto de interés criminalística (sic) en su persona, que probaran su relación en la comisión del hecho, aunado a ello siempre se declaró inocente.

Honorables Magistrados, la corte de apelaciones, a juicio de esta recurrente aplicó indebidamente una norma, que es injusta o no viene al caso. (Subrayado de la Sala).

 

Concluye sus alegatos expresando:

 

“Por los fundamentos y razonamientos antes expuestos, la Corte de Apelaciones del  Circuito Judicial Penal del estado Táchira al confirmar la sentencia condenatoria VIOLÓ LA LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 460 Y 278 DEL CÓDIGO PENAL VENEZOLANO, al RATIFICAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE MI REPRESENTADO, SIN QUE EFECTIVAMENTE SE DEMOSTRASE SU PARTICIPACIÓN CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PENAL. (Negrillas de la Recurrente)

(Omisis).”.

 

La Sala para decidir observa:

 

PRIMERA DENUNCIA:

 

En lo que respecta a esta primera denuncia, en la cual se alega la infracción, por indebida aplicación, del artículo 278 del Código Penal vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos, vale decir, el 25 de abril de 2003, la impugnante resalta como fundamento de la misma, el hecho de que la Corte de Apelaciones confirmó el fallo del Juzgado de Juicio, a pesar de que dicha instancia condenó a su defendido por el delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, sin tomar en consideración elementos determinantes entre los cuales figura la circunstancia de que el acusado JOSÉ HILARIO AGELVIS DÍAZ, para el momento de su detención, no portaba arma de fuego alguna.

 

Por otra parte, la impugnante refiere que el Tribunal de Juicio, al realizar el cálculo de la pena impuesta relativa al pago de la multa de quince bolívares fuertes, no tomó en cuenta la conversión de que fue objeto nuestra moneda, ya que entonces, esa cantidad equivaldría hoy día al monto de quince mil bolívares de la moneda venezolana anterior a la conversión en bolívares fuertes, lo que a su criterio no es proporcional a la pena establecida en la norma sustantiva penal.

 

Asimismo, puntualiza la recurrente, que el testimonio del ciudadano Jesús Montilla, quien asevera “…que la persona que huye lanza el arma en el asiento del vehículo…”, de lo cual se traduce que su defendido no pudo haber lanzado el arma al río, tal como señaló la primera instancia, lo que llevó a preguntarse a la defensa: ¿cómo pudo mi defendido lanzar el arma al asiento del taxi, luego de huir y lanzar la misma arma al río?...”, todo lo cual, en su opinión, resulta contradictorio, sin embargo, fue valorado por el sentenciador de juicio otorgándole credibilidad.

 

Ahora bien, de manera de verificar si son ciertos los planteamientos hechos por la defensa, la Sala pasa a revisar la fundamentación realizada por la Corte de Apelaciones. A tal efecto se lee lo siguiente:

 

“…Analizados como han sido tanto la sentencia recurrida, como el escrito de apelación, esta Corte de Apelaciones en su única Sala, para decidir, previamente hace las siguientes consideraciones:

Primero: En la sentencia recurrida el juez no sólo enumero cada una de las pruebas que se evacuaron en el juicio y señalo una, por una, cuales valoraba y cuáles no, expresando en las que no valoraba, que las mismas pruebas no habían sido admitidas en su debida oportunidad procesal, tales como: la declaración de la perito Blanca Zulay Niño Villamizar, la prueba documental de experticia de balística 9700-134-1755, mencionado en el particular 21 de las pruebas, que el tribunal expresamente determinó no valorarlas a pesar de que fueron evacuadas en juicio, por no estar admitidas. Igualmente no valoró las declaraciones de Garson Dilia, Labrador Nelson y Morante Celino, considerando sus declaraciones como vagas y contradictorias.

El sentenciador a quo, paso luego a examinar los hechos que daban por probados con dichos elementos de pruebas, y para hacerlo concatenó y adminículó los dichos de los testigos, de los funcionarios policiales, y de la víctima, con el contenido de las inspecciones realizadas en la etapa de investigación y de las experticias. Expreso el sentenciador, que sumó y concatenó los elementos probatorios, y determinó en forma clara que los hechos que el narra como demostrados se subsumen en los tipos penales de Robo Agravado, Porte Ilícito de Arma de Fuego y Resistencia Armada a la Autoridad, señalando que son los mismos tipos atribuidos por la fiscalía en su acusación, que están previstos y sancionados en los artículos 460, 278 y 219 ordinal 1 del Código Penal (vigente para la fecha de los hechos); igualmente, estableció el juzgador que con todas esas pruebas en el debate contradictorio quedó plenamente demostrado la comisión de los hechos punibles, estableciendo la certeza de la fecha, hora, modo y lugar, en que los hechos ocurrieron.

Asimismo, la participación en los hechos de varias personas, señalando al acusado de autos como “el tercer sujeto” que se dio a la fuga, y que fue aprehendido cerca del río Torbes, acorralado por los funcionarios, como uno de los partícipes que empuñaba en sus manos un arma de fuego. Por lo que en su soberanía para apreciar los hechos, con base a las testimoniales de las personas que vieron al acusado “amenazar a los funcionarios con un arma de fuego” y los testigos que lo vieron usando el arma, llegó a la conclusión que el acusado de autos, portaba el arma, participó en el robo y se resistió a la autoridad. Convencimiento éste, al que llegó el juzgador con base al Principio de Inmediación, mediante el cual percibió directamente del juicio, las deposiciones de los testigos y de los funcionarios actuantes las cuales según su sano criterio en conjunto le dieron la certeza para declarar la culpabilidad del acusado, al considerar “todo coincide y se concatena con lo manifestado por la víctima y los agentes policiales…”.

Así pues, respecto al criterio de valoración que tiene los jueces y su autonomía en decidir lo que está sometido a su conocimiento, la Sala Constitucional, asentó, en decisión N° 1786, del 2 de julio de 2003 (caso: Pedro Nápoles Centeno y otros), lo siguiente:
“Al respecto, resulta oportuno referir que en virtud de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, los mismos, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración sobre los medios probatorios y del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlos y ajustarlos a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que …sic… pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole, notoriamente, derechos o principios constitucionales”. (Subrayado de la Corte)

En este mismo sentido, es importante recordar por esta Corte la decisión de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 203, de fecha de 11 de junio de 2004 (www.tsj.gob.ve), con referencia a la motivación hecha por los jueces, siendo criterio sostenido, por dicha Sala, lo siguiente:

“La correcta motivación que debe contener toda sentencia, que si bien los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, esa soberanía es jurisdiccional y no discrecional, razón por la cual debe someterse a las disposiciones legales relativas al caso para asegurar el estudio del pro y del contra de los puntos debatidos en el proceso, y para ello es indispensable cumplir con una correcta motivación en la que debe señalarse: -La expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso y las normas legales pertinentes. -Que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal. -Que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos, razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y -Que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal. Cumplido así con lo anterior, entonces puede decirse, que se ha efectuado la motivación, correctamente conforme al artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal".

En consecuencia, considera esta Alzada que la sentencia apelada contiene la valoración de las pruebas, y los hechos que se dieron por probados, tanto para demostrar la comisión de los delitos por los cuales fue acusado el ciudadano José Hilario Agelvis Díaz, como también para determinar que el referido acusado fue el autor y el culpable de los hechos debatidos en juicio.

Segundo: De conformidad con lo analizado en el punto anterior, es forzoso concluir que la sentencia apelada no carece del vicio de inmotivación, púes el sentenciador expresó; con que elementos dio por demostrado los hechos y la culpabilidad; tampoco se observa contradicción o ilogicidad en la referida motivación, porque una vez que narra y analiza las pruebas, las valora dando por demostrada la comisión de los hechos punibles atribuidos, con indicación del lugar, tiempo y modo de comisión de los mismos; así como también los elementos que señalaron al acusado como el autor culpable de los referidos hechos. Para concluir que la sentencia debe ser condenatoria. De lo que se desprende que no existe ninguna contradicción, sino por el contrario la lógica consecuencia de la condena al haber establecido la existencia material del hecho, autoría y responsabilidad del acusado.

Así tenemos lo señalado por la Sala de Casación Penal, del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 148, Expediente Nº C08-325, de fecha 14 de abril de 2009, la cual expresó lo siguiente:

“... La sentencia no es más que la razón encaminada a la verdad procesal y a la recta aplicación del Derecho, el Juez está obligado a cumplir lo dispuesto como técnica procesal que le señala el texto adjetivo penal en la elaboración de sus decisiones. La correcta motivación de un fallo radica en manifestar de forma argumentativa, la razón, lógica jurídica y coherente en virtud de la cual el juzgador adopta una determinada resolución, su decisión es un acto que nace por el estudio y evaluación de todas las circunstancias particulares y específicas del caso controvertido, así como de los elementos probatorios que surjan durante el desarrollo del proceso. De manera tal, que la certeza procesal, es decir, la certeza subjetiva del juez fundada sobre su libre convencimiento, quede sostenida por una adecuada motivación que sea válida para excluir la eventualidad de que dicho convencimiento, se apoye sobre bases que jurídicamente o lógicamente puedan resultar falaces. Para poder establecer que un fallo se encuentra correctamente motivado, éste debe expresar los motivos de hecho y de derecho en que ha sido fundamentado y según lo que se desprendió durante el proceso. En tal sentido, las motivaciones de hecho deben dar exacto cumplimiento y estar subordinadas a lo dispuesto en nuestra Carta Fundamental así como en el texto adjetivo penal, para descartar cualquier posible apreciación arbitraria que pueda hacer el juzgador.”

En virtud del anterior análisis, considera esta Alzada que no le asiste razón al apelante, cuando señala que no está probado ni el hecho del robo ni el porte de arma de fuego, ya que el juez a quo, estableció un discurso lógico en su sentencia y con base a su autonomía para apreciar los hechos, y a la inmediación en la recepción de las pruebas, que efectivamente llego a la certeza de que está probado la existencia material de los hechos y la culpabilidad del acusado; y no como señala la recurrente que los hechos no están probados. Ya que a esta corte no le corresponde valorar los hechos, sino la motivación de la sentencia, o el modo en que el tribunal aprecia o deja de apreciar, para establecer si efectivamente falta motivación o hay contradicción de la misma.

Tercero: Con respecto al alegato de la recurrente, en referencia a que el juez, concluyó erróneamente en su valoración como plena prueba de la declaración del ciudadano Joan Ruiz, por que el sólo ratifica parte del acta, esta Corte observa que el juez a quo, es soberano en la apreciación de la prueba y que efectivamente este testigo declaro ampliamente en el juicio y solo expresó con respecto “al acta complementaria” que no aparece su firma. No es cierto el alegato del apelante sobre que el juez haya valorado esa acta, sino la declaración del testigo en su conjunto y con respecto a los hechos que él dice haber visto y oído, cuyo contenido corresponde a la soberanía y autonomía del Juez, en su ejercicio jurisdiccional al apreciarlos, y no a esta Corte de Apelaciones, y así se declara.

Cuarto: Igualmente considera esta Corte de Apelaciones, que los vicios alegados por parte del apelante no fueron determinados, ni observados en el contenido de la sentencia apelada, puesto que la sentencia si estableció que hay certeza y convicción en la existencia del hecho y culpabilidad, por lo que la sentencia no tiene vicio de contradicción. En consecuencia la apelación debe ser declarada sin lugar y la sentencia debe ser confirmada, ya que del discurso del apelante se desprende que su intención es que la Corte examine el contenido de los hechos, lo cual no le esta dado a esta Alzada, la cual sólo debe examinar si en el juicio ocurrieron violaciones al debido proceso, que conlleven la nulidad del mismo y la realización de juicio nuevo, o si en la sentencia no se aplicó debidamente el derecho, o si en el presente caso la sentencia no fue motivada, o si la motivación es contraria con la dispositiva.

En razón a ello, es necesario señalar la Sentencia Nº 421, de la Sala de Casación Penal, del Tribunal Supremo de Justicia, Expediente Nº C07-0089, de fecha 27 de julio de 2007, la cual indicó lo siguiente:

“...la labor de la Corte de Apelaciones, es verificar la existencia o inexistencia de vicios en el fallo apelado, examinando si fue dictado conforme a Derecho, garantizando que el proceso se haya llevado de manera debida, cumpliendo con todas las garantías que aseguran una recta administración de justicia”.

Examinada como fue la sentencia y la apelación esta Alzada llega a la conclusión, de que la sentencia contiene una motivación lógica en la cual se valoraron las pruebas y se estableció los hechos que se dieron por probados, los delitos en los que quedan subsumidos los hechos probados, así como los elementos que determinaron la culpabilidad del acusado. Por lo cual la sentencia no es inmotivada, ilógica, ni contradictoria. Y así decide.

DECISIÓN

Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:

Primero: Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Belkys Xiomara Peña Duarte, en su condición de Defensora Pública Octava Penal del ciudadano JOSE HILARIO AGELVIZ DIAZ, en contra de la decisión de fecha 09 de junio de 2010, proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.

Segunda: Se confirma en todas sus partes la decisión emanada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en fecha 09 de junio de 2010…”. (Sic).

 

Una vez revisada la motivación de la Corte de Apelaciones, esta Sala estima conveniente insistir, primeramente, en la función que le corresponde cumplir a dicha instancia, en el entendido de que a la misma no le es dable valorar los medios probatorios evacuados durante el juicio, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia pacífica emanada de esta Sala de Casación Penal, pues, la labor de la segunda instancia, consiste en constatar si el razonamiento utilizado por el juzgador de juicio, para emitir tanto un dictamen condenatorio como absolutorio, se corresponde a las reglas de valoración contempladas en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. De tal manera, que al no atribuírseles a las Corte de Apelaciones la inmediación respecto de la prueba debatida en juicio, mal puede valorar dichas pruebas con criterios que le sean propios, ni establecer o modificar los hechos probados por la primera instancia.

 

Puntualizado lo anterior, esta Sala observa, que en el presente caso, la Corte de Apelaciones revisó si en efecto la sentencia de juicio dio cumplimiento a esas reglas de valoración establecidas en el citado artículo 22. Expresando el producto de tal revisión, con una argumentación clara y motivada, la cual le permitió llegar a la conclusión, que en el pronunciamiento emitido por el Juez de Juicio, no existió error en el establecimiento de los hechos ocurridos, su adecuación en los tipos penales que le correspondían, así como tampoco existió error, en el establecimiento de la responsabilidad sobre los tales hechos.

 

Ahora bien, se observa de la denuncia presentada, que la impugnante alega la infracción del artículo 278 del Código Penal Vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos, por indebida aplicación, sosteniendo que su defendido no portaba arma alguna cuando fue detenido y, que siendo ello así, no podía el juzgador de juicio atribuirle el delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, como tampoco podía la Corte de Apelaciones confirmar ese fallo. Vista la situación denunciada, considera esta Sala, que la recurrente no puede pretender que la Corte de Apelaciones analice o valore los medios de prueba, con el fin de que dé por probadas otras circunstancias distintas a las establecidas previamente por el juzgador de juicio, ya que esa labor, tal como se refirió antes, no le corresponde a dicha instancia.

 

El juzgador de juicio, tal como se evidencia de los hechos que consideró probados, arribó a la conclusión de que el ciudadano JOSÉ HILARIO AGELVIZ DÍAZ portaba un arma de fuego en el momento en el cual ocurrieron los hechos. Evidenciando tal circunstancia, de los testimonios ofrecidos como medios de prueba, los cuales resultaron contestes en cuanto a la detención en situación de flagrancia del acusado, es decir, realizada ésta a pocos momentos de haber ejecutado el hecho. Es así como de los hechos expresados por el juzgador de juicio se lee lo siguiente:

 

“…elementos de convicción, que determinan la responsabilidad penal del acusado. La misma quedó demostrada con las pruebas recepcionadas en el debate probatorio, siendo estas las declaraciones oídas en el Juicio Oral y Público, de los ciudadanos, GARZÓN LABRADOR GLADYS BEATRIZ, AVENDAÑO PÉREZ JACKSON ENRIQUE y LARA FERNÁNDEZ JOSÉ RAFAEL, JOSÉ HILARIO AGELVIS DÍAZ, RUIZ NIETO YOHAN NICASIO y MEZA RODRÍGUEZ SAUL, quienes son contestes en sus declaraciones, manifiestan el robo por sujetos armados, aprehenden a dos ciudadanos dentro de un taxi que perseguían, dándose uno a la fuga, inician la persecución del mismo y lo avistan cruzando las aguas del Río Tórbes por la Machirí, (sic) donde le dieron alcance y ordenan la voz de alto, hacen un disparo al aire, el sujeto portaba en su mano un arma de fuego y la lanzó al río y se detuvo, concuerdan todos los funcionarios en sus declaraciones, en relación con las prendas de vestir que portaba JOSÉ AGELVIS DÍAZ, y en que las víctimas que se encontraban en la comisaría lo señalaban como uno de los sujetos que los había “atracado”. (Resaltado nuestro).

 

Igualmente, de los hechos que el Tribunal de la Primera Instancia estimó como probados, resalta otra circunstancia que evidencia que el acusado portaba un arma de fuego:

 

“…MEDINA MEDINA ROSA LIZBETH, realiza la experticia sobre las prendas estas recabadas al ciudadano: AGELVIS DÍAZ JOSÉ HILARIO, las mismas se encuentran mojadas e impregnadas de arena, lo mismo demuestra el cruce del río por el acusado. Igualmente coincide en observar la presencia de iones de nitrato; por lo cual es lógico afirmar que José Hilario Díaz Agelvis, luego de darse a la fuga, es perseguido por los funcionarios, efectuó disparos contra los mismos con un arma de fuego y fue aprendido cruzando el Río Torbes…”. (Resaltado nuestro).

 

La mencionada deposición de la experto Medina Medina Rosa Lizbeth, funcionaria adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, valorada por el Juzgador de Juicio, textualmente señala:

 

“…si las reconozco el primer informe se refiere a una solicitud respecto a un reconocimiento de varias prendas de vestir las cuales consiste en una gorra marca deportivo tipo GAP, la misma se deja constancia que presenta suciedad por el uso; en la segunda fue un pantalón de talla 34, se deja constancia que presenta humedad y suciedad por el uso la tercera fue una prenda de vestir específicamente un pantalón blue jeans, un suéter, de diferentes colores, y un pantalón de tipo jeans, con sus accesorios, cremalleras y botones, con una correa; una franela marca Pat-primo, un suéter talla grande con diferentes colores, con alto grado de humedad y con impregnaciones de arena (…) en la exposición se deja constancia que las muestras que se procedió a tomar las muestras de los ciudadanos Rivas Rojas Juan Carlos, Mantilla Luis Alberto y Agelvis Díaz José Hilario; se le hacen los análisis de orientación se dejó constancia de lo que se obtuvo en las manos se observó la presencia de iones de nitrato (…) cuando me refiero a restos de elementos como arena y grado de humedad; se deja constancia del reconocimiento legal de las características que presentan como son alto grado de humedad y arena; las franelas presentan manchas de color pardo rojizo, alto grado de humedad, solo a simple vistas en el laboratorio con las lupas todo lo que se utiliza para hacer el reconocimiento; con respecto a la segunda experticia si es una prueba de orientación; se deja conclusión de que se observó la presencia de iones de nitrato; la intensidad de coloración cuando se reporta una experticia que da positivo (…) si dio positivo para iones de nitrato (…) le hice la experticia a varias prendas (…) si cuando recibo las prendas van rotuladas por separado y embaladas, muchas veces si indican a quien pertenece cada prenda; no en este caso no se dejó constancia a quien pertenecía cada prenda (…) sólo se dejó constancia que el pantalón presentaba alto nivel de humedad y adherencias de suciedad…”. (Sic). (Resaltado nuestro).

 

Como se lee; el juez de juicio tomó en cuenta que de los análisis realizados a las manos del acusado se obtuvo como conclusión la presencia de iones de nitrato; surgiendo una prueba de orientación en cuanto a la posibilidad de haber disparado un arma de fuego, tal como se deduce de los hechos establecidos, circunstancias que no fueron desvirtuadas en el debate probatorio.

 

Tomando en cuenta pues, de la revisión tanto a la sentencia de la primera instancia como de la recurrida, que fueron comprobados los elementos configurativos de los tipos penales por los cuales fue condenado el ciudadano JOSÉ HILARIO AGELVIZ DÍAZ, y así lo constató la Corte de Apelaciones considerando que fue suficiente el acervo probatorio evacuado y analizado por el Juez de Juicio, y que no existió indebida aplicación del artículo 278 del Código Penal vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos. Vale decir, el cúmulo probatorio existente resultó definitivo para determinar, con suficiente claridad, que el mencionado ciudadano cometió los delitos de ROBO AGRAVADO, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y RESISTENCIA ARMADA A LA AUTORIDAD, los cuales no pudieron ser desvirtuados por el solo hecho de que el arma no fue localizada.

 

Para la comprobación del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, como ya se ha insistido, no es necesaria la detentación o el porte del arma de fuego para el momento de la detención del acusado, tal como lo sostiene la defensa, por cuanto la misma, en la presente causa, quedó probada con las declaraciones de funcionarios y testigos, todo lo cual fue corroborado por la Corte de Apelaciones.

 

En lo que respecta al punto planteado por la impugnante en su denuncia, al señalar que existe una contradicción en virtud de que, por un lado, se le atribuye al acusado haber lanzado el arma al río y, por otro, se establece que la persona que huyó, lanzó el arma sobre el asiento del vehículo involucrado. En este sentido, la Sala observa que de los hechos expuestos por el juzgador de juicio se señalan la existencia de más de un arma y, en este sentido, se lee:

 

“…Las experticias e inspecciones realizadas por los funcionarios del CICPC, encadenadas con sus declaraciones, vinculan directamente al acusado con los hechos, los expertos HÉCTOR GÁMEZ CARRERO y RODRÍGUEZ ZAMBRANO CARLOS, realizan la inspección un vehículo taxi, para el momento de la inspección se colectó dentro del mismo, como elemento de interés criminalístico fragmentos de vidrios, productos de los impactos de los proyectiles disparados por las armas de fuego…Todo coincide y se concatena con lo manifestado por la víctima y los agentes policiales en relación con el vehículo Taxi, las rupturas por el paso de los proyectiles en el enfrentamiento del intercambio de disparos…Igualmente con la Prueba documental Informe Pericial N° 9700-134-1786, de fecha 06-05-03, el cual determina los fragmentos de vidrio dentro del vehículo, de aspecto traslucido, de forma irregular, producto del impacto de los disparos…”. (Sic).

 

De la transcripción anterior se evidencia que no existe tal contradicción, pues de la misma se puede constatar la existencia de más de un arma de fuego; una, la localizada en el asiento trasero del vehículo y que portaba otra de las personas involucradas, la otra arma, la que portaba el acusado, la cual, como quedó expuesto por los funcionarios actuantes, fue arrojada al río, sin que pudiera luego ser encontrada. Esta es la conclusión a la cual llegó el Juez de Juicio en su análisis y ponderación de las pruebas. Situación que fue confirmada, motivadamente, por la Corte de Apelaciones.

 

Por todo lo antes expuesto, la Sala estima, que en el presente caso, existe una correcta subsunción de los hechos en el derecho por parte del Juez de Juicio, esto es, en los delitos de ROBO AGRAVADO, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y RESISTENCIA ARMADA A LA AUTORIDAD, y que la Corte de Apelaciones confirmó con una motivación lógica y suficiente, realizada con base en los hechos que quedaron establecidos y probados en el juicio. Razón por la cual, se afirma que la recurrida no incurrió en indebida aplicación de las normas denunciadas por la impugnante, resultando un fallo ajustado a derecho.

 

En la presente denuncia propuesta, existe otro aspecto que la defensa impugna, y es el relativo a la indebida aplicación del artículo 278 del Código Penal vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos, en el sentido de que la norma referida establecía como sanción para el delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, multa de mil a dos mil bolívares o arresto proporcional y, en el presente caso, el juzgador de juicio condenó al acusado al pago de una multa de quince bolívares fuertes, cuando lo correcto, en opinión de la impugnante, era que hiciera la equivalencia al valor de la moneda nacional vigente antes de la conversión monetaria.

 

Sin embargo, resulta acertado puntualizar lo siguiente: es cierto que el juzgador de la primera instancia incurrió en un error al hacer el cómputo de la penalidad, pero no en el sentido planteado por la recurrente, sino en razón de haber aplicado una norma derogada, tomando en cuenta que el Código Penal fue reformado parcialmente, y entró en vigencia el 20 de octubre de 2000, y los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2003, lo que significa que el sentenciador de juicio debió aplicar la norma que se encontraba en vigencia para el momento en el cual se suscitaron los hechos. Tal disposición señalaba textualmente:

 

“Artículo 278. El porte, la detentación o el ocultamiento de las armas a que se refiere el artículo anterior se castigará con pena de prisión de tres a cinco años”.

 

Por consiguiente, el cómputo correcto no era la sanción de mil a dos mil bolívares, sino la pena de tres (3) a cinco (5) años de prisión, todo lo cual conllevaría a la imposición de una pena superior a la que fue aplicada. No obstante, como la parte que hoy impugna es la defensa del acusado, entendiéndose con ello que la situación del ciudadano JOSÉ HILARIO AGELVIZ DÍAZ, no puede ser desmejorada, en virtud del principio de prohibición de reforma en perjuicio, contemplado en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala estima que no resultaría ajustado a derecho un eventual aumento de la pena.

 

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala de Casación Penal considera que lo procedente en la presente denuncia, es declararla sin lugar, como en efecto se declara. Así se decide.

SEGUNDA DENUNCIA:

 

La impugnante plantea la infracción del artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, por indebida aplicación. Para fundamentar su denuncia indica que la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de la primera instancia que condenó a su defendido por el delito de ROBO AGRAVADO sin pruebas definitivas en su contra, y que durante el debate oral y público, se dejó establecida la inocencia de su defendido y, para ello, señala: “…así el juez de juicio lo deja por sentado en la parte narrativa de la sentencia con las contradicciones de las deposiciones de los funcionarios públicos , la inexistencia de reconocimiento por parte de la víctima, la duda surgida en la exposición de la experto…”, señalando además, que todo ello conducía a una sentencia absolutoria, considerando que existe una contradicción en la motivación de la sentencia de juicio al señalar “…explanó que la víctima no reconoció al imputado como autor de los hechos por los cuales se le estaba enjuiciando; la ciudadana Gladys Labrador, la cual refiere que fue la víctima del robo, no identifica a mi defendido como autor o partícipe del robo…”.

 

Ahora bien, vista la argumentación dada por la impugnante en su denuncia, la Sala pasa a revisar extractos de la motivación expuesta por la Corte de Apelaciones, de manera de constatar si el vicio está presente en la recurrida. La Corte de Apelaciones señaló en su oportunidad lo siguiente:

 

“…El sentenciador a quo, pasó luego a examinar los hechos que se daban por probados con dichos elementos de pruebas, y para hacerlo concatenó y adminiculó los dichos de los testigos, de los funcionarios policiales, y de la víctima, con el contenido de las inspecciones realizadas en la etapa de investigación y de las experticias. Expresó el sentenciador, que sumó y concatenó los elementos probatorios, y determinó en forma clara que los hechos que el narra como demostrados se subsumen en los tipos penales de Robo Agravado, Porte Ilícito de Arma de Fuego y Resistencia Armada a la Autoridad, señalando que son los mismos tipos atribuidos por la fiscalía en su acusación, que están previstos y sancionados en los artículos 460, 278 y 219 ordinal 1 del Código Penal (vigente para la fecha de los hechos); igualmente, estableció el juzgador que con todas esas pruebas en el debate contradictorio quedó plenamente demostrado la comisión de los hechos punibles, estableciendo la certeza de la fecha, hora, modo y lugar, en que los hechos ocurrieron...

 

Asimismo, la participación en los hechos de varias personas, señalando al acusado de autos como “el tercer sujeto” que se dio a la fuga, y que fue aprehendido cerca del río Torbes, acorralado por los funcionarios, como uno de los participes que empuñaba en sus manos un arma de fuego. Por lo que en su soberanía para apreciar los hechos, con base a las testimoniales de las personas que vieron al acusado “amenazar a los funcionarios con un arma de fuego” y los testigos que lo vieron usando el arma, llegó a la conclusión que el acusado de autos, portaba el arma, participó en el robo y se resistió a la autoridad. Convencimiento éste, al que llegó el juzgador con base al Principio de Inmediación, mediante el cual percibió directamente del juicio, las deposiciones de los testigos y de los funcionarios actuantes las cuales según su sano criterio en conjunto le dieron la certeza para declarar la culpabilidad del acusado, al considerar “todo coincide y se concatena con lo manifestado por la victima y los agentes policiales…

De conformidad con lo analizado en el punto anterior, es forzoso concluir que la sentencia apelada no carece del vicio de inmotivación, púes el sentenciador expresó; con que elementos dio por demostrado los hechos y la culpabilidad; tampoco se observa contradicción o ilogicidad en la referida motivación, porque una vez que narra y analiza las pruebas, las valora dando por demostrada la comisión de los hechos punibles atribuidos, con indicación del lugar, tiempo y modo de comisión de los mismos; así como también los elementos que señalaron al acusado como el autor culpable de los referidos hechos. Para concluir que la sentencia debe ser condenatoria. De lo que se desprende que no existe ninguna contradicción, sino por el contrario la lógica consecuencia de la condena al haber establecido la existencia material del hecho, autoría y responsabilidad del acusado…

el juez a quo, estableció un discurso lógico en su sentencia y con base a su autonomía para apreciar los hechos, y a la inmediación en la recepción de las pruebas, que efectivamente llegó a la certeza de que está probado la existencia material de los hechos y la culpabilidad del acusado; y no como señala la recurrente que los hechos no están probados. Ya que a esta corte no le corresponde valorar los hechos, sino la motivación de la sentencia, o el modo en que el tribunal aprecia o deja de apreciar, para establecer si efectivamente falta motivación o hay contradicción de la misma...

Igualmente considera esta Corte de Apelaciones, que los vicios alegados por parte del apelante no fueron determinados, ni observados en el contenido de la sentencia apelada, puesto que la sentencia si estableció que hay certeza y convicción en la existencia del hecho y culpabilidad, por lo que la sentencia no tiene vicio de contradicción. En consecuencia la apelación debe ser declarada sin lugar y la sentencia debe ser confirmada, ya que del discurso del apelante se desprende que su intención es que la Corte examine el contenido de los hechos, lo cual no le está dado a esta Alzada, la cual sólo debe examinar si en el juicio ocurrieron violaciones al debido proceso, que conlleven la nulidad del mismo y la realización de juicio nuevo, o si en la sentencia no se aplicó debidamente el derecho, o si en el presente caso la sentencia no fue motivada, o si la motivación es contraria con la dispositiva…

Examinada como fue la sentencia y la apelación esta Alzada llega a la conclusión, de que la sentencia contiene una motivación lógica en la cual se valoraron las pruebas y se estableció los hechos que se dieron por probados, los delitos en los que quedan subsumidos los hechos probados, así como los elementos que determinaron la culpabilidad del acusado. Por lo cual la sentencia no es inmotivada, ilógica, ni contradictoria. Y así decide…”.  (Resaltado nuestro).

 

Visto lo anterior, la Sala estima que el juzgador de la segunda instancia llegó a la convicción de proferir un fallo confirmatorio del dictado por el Juzgado de Juicio, luego de un proceso mental razonado, entendida esa racionalidad como un proceso lógico y coherente, acorde con las reglas de valoración de pruebas existente en nuestro ordenamiento. Lo que hace arribar a la conclusión de que no son ciertas las imputaciones hechas por la recurrente, toda vez que la Corte de Apelaciones, dejó claramente expresado que el juzgador de juicio condenó al acusado por el delito de ROBO AGRAVADO, tomando en cuenta todo el acervo probatorio, ponderando cada prueba, sin incurrir en contradicción o ilogicidad en su razonamiento, no resultando ser cierto que su defendido fue condenado sin pruebas, o que la falta de reconocimiento por parte de la víctima, en el caso concreto, resultara determinante para el establecimiento de la autoría y responsabilidad del ciudadano JOSÉ HILARIO AGELVIZ DÍAZ en el delito de ROBO AGRAVADO, como tampoco es cierto que exista contradicción en los dichos de los funcionarios, pues todas las declaraciones, tanto de funcionarios como de la víctima, fueron absolutamente contestes, tal como lo reseñó insistentemente la Corte de Apelaciones. Todas estas situaciones fueron resultas motivadamente por el Juez de Juicio y así lo confirmó, de manera razonada, la recurrida.

 

Sentado entonces, que los puntos planteados en alzada a la Corte de Apelaciones fueron puntualizados de manera clara y precisa, descartando de esta manera toda duda e irracionalidad en la conclusión obtenida y, que en el presente caso, fue una conclusión condenatoria al verificarse la configuración de los elementos configurativos del ROBO AGRAVADO, frente a tal aseveración, la Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación propuesto por la Defensora Pública Octava Penal del Estado Táchira, abogada Belkis Xiomara Peña Duarte, defensora del ciudadano JOSÉ HILARIO AGELVIS DÍAZ.

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los cuatro (4) días                      días del mes de    julio    de dos mil doce. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

 

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

 

Ninoska Beatriz Queipo Briceño

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                                                                                                                                          La Magistrada,

 

 

 

Deyanira Nieves Bastidas                                                                                                                                                                                Blanca Rosa Mármol de León 

 

 

         El Magistrado Ponente,                                                                                                                                                                                          El Magistrado

 

 

Héctor Manuel Coronado Flores                                                                                                                                                                   Paúl José Aponte Rueda

 

 

La Secretaria,

 

 

 

Gladys Hernández González

 

 

 

HMCF/lh

Exp. Nº 2011-010

 

La Magistrada Doctora BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN no firmó por ausencia justificada

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