Sentencia N.º 2403
- Sentencia
- N.º 2403
- Fecha
- 09/10/2002
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 01-2813
- Ponente
- José M. Delgado Ocando
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO
El 13 de diciembre de 2001, se recibió en esta Sala Constitucional el oficio nº 01-287, proveniente del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y adjuntas las copias certificadas del expediente nº 9388, de la nomenclatura de dicho Tribunal, contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Betty Pérez Aguirre, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 19.980, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ DIÓGENES ROMERO, venezolano, titular de la cédula de identidad n° 8.570.407, contra las decisiones dictadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 26 de abril de 2000 y el 24 de mayo de 2001.
Dicha remisión se hizo de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud de la apelación interpuesta por la parte accionante el 14 de noviembre de 2001, contra la decisión dictada el 12 de noviembre de 2001, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
El 13 de diciembre de 2001, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Efectuada la lectura individual del expediente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
El 1° de octubre de 2001, la apoderada judicial del ciudadano José Diógenes Romero interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 26 de abril de 2000, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con fundamento en los siguientes alegatos de hecho y de derecho:
Que ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas cursa demanda que por cobro de bolívares (vía ejecutiva) que interpuso Banco Latino C.A. S.A.C.A. (anteriormente denominado Banco Francés e Italiano para la América del Sur C.A. y luego Banco Latino Americano de Venezuela C.A. y SUDAMERIS), institución bancaria originalmente inscrita en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el 17 de febrero de 1950, bajo el n° 311, del Tomo 1-A, y cuya última modificación estatutaria consta en documento inscrito ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 7 de agosto de 1996, bajo el n° 68, Tomo 209-A, Protocolo Primero, contra los ciudadanos José Diógenes Romero y Oly Marlene Cabeza Pérez, cónyuges, en el expediente n° 22.183, de la nomenclatura de dicho despacho.
Que la demanda interpuesta tiene por fundamento el cobro de un crédito garantizado con hipoteca especial de primer grado, constituida sobre un lote de terreno de trescientas (300) hectáreas, ubicado en el sitio denominado Los Chigüires, Municipio Santa María de Ipire, Distrito Zaraza del Estado Guárico, y que en el libelo se solicitó que la misma fuera tramitada por el procedimiento de vía ejecutiva, establecido en los artículos 630 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa de la Ley de Emergencia Financiera (Ley Derogada).
Que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas admitió la demanda interpuesta por Banco Latino C.A. por auto del 26 de abril de 2000, y acordó su tramitación por la vía ejecutiva, aun cuando si se analiza el contenido del artículo 25 de la Ley de Emergencia Financiera -sustitutivo del artículo 31 de la Ley derogada- encontramos que dicha norma no contempla tal remisión, sino, por el contrario, establece la excepción expresa de no tramitar por la vía ejecutiva las acciones allí pautadas, cuando se trate de ejecución de hipoteca o prendas.
Que la acción intentada por Banco Latino C.A. está fundamentada en la existencia de un pretendido crédito con garantía hipotecaria, por lo que al no existir en la Ley vigente -ni en la derogada- la remisión alegada por la referida institución financiera en su libelo, el proceso debió sustanciarse con estricto apego a las reglas del procedimiento especial establecido en el artículo 25 de la Ley de Regulación Financiera, vigente para la fecha de presentación de la demanda.
Que la admisión acordada el 26 de abril de 2000, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas es contraria a las disposiciones contenidas en los artículos 26, 27, 49, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los cuales se consagran el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, el derecho de amparo constitucional, el derecho al debido proceso, la obligación de los jueces de tramitar las causas y asuntos sometidos a su competencia mediante los procedimientos establecidos en las leyes y el principio del proceso como instrumento para la realización de la justicia.
Que contra el auto de admisión de la demanda incoada por Banco Latino C.A., se presentó el 30 de abril de 2001 solicitud de revocatoria del mismo y recurso de apelación, siendo negados por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas tanto la solicitud de revocatoria, como el recurso de apelación, por auto del 24 de mayo de 2001.
Que las actuaciones jurisdiccionales antes descritas violan disposiciones de orden público, por cuanto no le está dado a las partes ni al juez subvertir las formas procesales preestablecidas para la sustanciación de los juicios, por cuanto su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público.
Que la sustanciación de los procesos debe tener en cuenta la noción del debido proceso, que comprende el principio de que los procedimientos deben estar previamente establecidos en la ley, y no pueden ser alterados o subvertidos por el juez o por las partes, y que al ser inobservado el mismo, se estaría subvirtiendo el orden lógico procesal.
Que el auto dictado el 24 de mayo de 2001, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas es violatorio del debido proceso y al derecho a la defensa, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al confundir el órgano jurisdiccional nociones básicas del derecho procesal.
Que el Juzgado de la causa confundió nuestro pedimento y mezcló las nociones de acción y procedimiento. Toda vía ejecutiva o Ejecución de Hipoteca es una acción de cobro de bolívares, como ella lo indica, sin embargo se trata de dos procedimientos especiales distintos contemplados en el Código de Procedimiento Civil. Resulta incongruente lo explanado por la Juez en dicho auto, pues alega que se está cobrando el crédito del título ejecutivo mas no se está ejecutando la hipoteca. Ese es precisamente la base de nuestra solicitud, pues la norma citada -artículo 25 (31) de la Ley de Regulación de Emergencia Financiera- obligaba, tanto al actor como al Tribunal, a tramitar dicha acción de cobro de bolívares por el procedimiento especial de ejecución de hipoteca, con exclusión de cualquier, en especial la vía ejecutiva.
Que el auto del 24 de mayo de 2001, inaplicó lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Emergencia Financiera, atentando contra el derecho a la defensa de las partes, de conformidad con lo establecido por esta Sala en decisión del 24 de enero de 2001, caso: Supermercado Fátima S.R.L.
Que al ser contrario al orden público el trámite por la vía ejecutiva, acordado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas mediante la admisión del 26 de abril de 2000, se produjo una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa del ciudadano José Diógenes Romero, los cuales son reconocidos como valores superiores del ordenamiento jurídico por el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, situación que hace anulables los autos del 26 de abril de 2000 y del 24 de mayo de 2001.
Que el ciudadano José Diógenes Romero formuló tempestivamente ante el Tribunal de la causa el reclamo relativo al vicio procesal en que éste había incurrido, por lo que no es posible que se pueda alegar que de alguna manera se convalidara el proceso viciado de nulidad y que por ello la nulidad que ahora pretendemos pueda ser de algún modo inútil.
Con fundamento en lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 2, 4 y 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la apoderada judicial del accionante solicitó que fuera declarada la nulidad de la decisión dictada el 24 de mayo de 2001 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y ordenada la revocatoria del auto de admisión dictado por el mismo Juzgado, el 26 de abril de 2000.
El 4 de octubre de 2001, el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se declaró competente para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta, admitió dicha acción y se ordenó la notificación del presunto agraviante, Juez Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que informe dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación sobre la pretendida violación que ha motivado la presente acción, ordenando igualmente la notificación del Fiscal 75° del Ministerio Público.
El 1° de noviembre de 2001, la abogada Ada Gisela Uriola González, en su condición de Juez Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas presentó escritos de informes ante el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, siendo fijada mediante auto del 2 de noviembre del mismo año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la decisión de esta Sala del 1° de febrero de 2000, la audiencia constitucional de la causa, para el 5 de noviembre de 2001, a las 11.30 a.m.
El 5 de noviembre de 2001 se realizó en la hora pautada la audiencia oral, en la cual concurrieron la abogada del accionante y el apoderado judicial del tercero adherente, Banco Latino C.A., quienes expusieron oralmente sus alegatos, y consignaron escritos en dicha oportunidad, siendo diferida la continuación del acto y el pronunciamiento de la decisión para el 7 de noviembre de 2001.
El 7 de noviembre de 2001, se anunció la continuación del acto y al no encontrarse presentes las partes o el tercero, se declaró desierto el acto, y el Juzgado se reservó el derecho a dictar sentencia dentro de los cinco (5) días siguientes.
El 12 de noviembre de 2001, el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó decisión por la cual declaró sin lugar la acción de amparo constitucional y condenó en costas a la parte actora.
II
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la apelación interpuesta, y a tal efecto observa:
Conforme a lo señalado en decisión n° 1/2000, del 20 de enero, caso: Emery Mata Millán, le corresponde a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia conocer de todas las apelaciones interpuestas contra las sentencias que decidan acciones de amparo constitucional, dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso-Administrativo), Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.
En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala la apelación interpuesta contra una sentencia dictada el 12 de noviembre de 2001 por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la que se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional ejercida contra las decisiones dictadas el 26 de abril de 2000 y 24 de mayo de 2001 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, motivo por el cual, esta Sala, congruente con el fallo antes mencionado, se declara competente para conocer y resolver la presente apelación. Así se decide.
III
DE LA SENTENCIA APELADA
El 12 de noviembre de 2001, el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar la acción de amparo ejercida y condenó en costas a la parte accionante, con base en los siguientes razonamientos:
Que en el caso bajo examen, no se configuran las lesiones alegadas pues el a quo se limitó a dictar un auto de admisión del escrito libelar que por cobro de bolívares (vía ejecutiva) propuso el Banco Latino C.A. contra José Diógenes Romero y Oly Marlene Cabeza Pérez. De esa actuación jurisdiccional no se desprende que la juez haya actuado fuera de su competencia, o con abuso de autoridad; no se evidencia que en el curso de la causa se acordó a una parte facultades o medios no establecidos por la ley, ni por el contrario se negó recurso alguno legalmente establecido. En términos generales, con la simple admisión de la demanda dados los requisitos de ley, el a quo no menoscaba ni excede sus poderes en perjuicio de uno de los litigantes.
Que de la intención del legislador plasmada en el artículo 25 de la Ley de Regulación Financiera debe interpretarse que existe la posibilidad de demandar por vía ejecutiva las acciones de cobro de bolívares que intenten las entidades en él mencionadas, con la excepción de los casos de ejecución de hipoteca y ejecución de prenda, y que en este caso concreto, ha pretendido el actor el cobro de bolívares derivado del préstamo constituido, aunado a que el monto demandado excede de la garantía hipotecaria.
Que en el presente caso, no se configuran los extremos exigidos en el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, en cuyos casos ha previsto el legislador en la disposición contenida en el artículo 665 eiusdem lo siguiente: La ejecución de las obligaciones garantizadas con hipoteca que no llene los extremos requeridos en el artículo 661 de este capítulo, se llevará a cabo mediante el procedimiento de la vía ejecutiva... Esta fue precisamente la vía utilizada por la parte actora para hacer valer sus pretensiones.
Que la intención del Banco Latino C.A. es el cobro de bolívares derivado de un préstamo y no la ejecución de la garantía hipotecaria constituida, lo cual hace nacer en la convicción de este Juzgador que las actuaciones del Juzgado a quo cuando admitió la demanda, negó su revocatoria y posterior apelación están ajustadas a derecho.
Con fundamento en las consideraciones previas, el a quo declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta y condenó en costas a la parte accionante.
IV
DE LA APELACIÓN INTERPUESTA
El 14 de noviembre de 2001, la abogada Betty Pérez Aguirre, en su carácter de apoderado judicial de José Diógenes Romero, apeló de la sentencia dictada el 12 de noviembre de 2001, mediante escrito en el cual esgrimió las consideraciones que se resumen a continuación:
Que si bien el a quo, acogiendo el criterio jurisprudencial, parte de una premisa correcta al afirmar que la violación del derecho al debido proceso debe ser imputable al juez de la causa, llega a una conclusión errada al sostener que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas se limitó a admitir la demanda interpuesta sin violentar derecho alguno, cuando precisamente lo denunciado fue que la admisión de la demanda por el procedimiento de la vía ejecutiva y no por el procedimiento de ejecución de hipoteca, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Regulación Financiera, era violatorio del derecho al debido proceso.
Que en su análisis, el a quo también concluyó erradamente que esa actitud de la juez de la agraviante no impedía a las partes utilizar los medios o recursos que la Ley ponía a su alcance, cuando, por el contrario, era obvio que el único medio disponible era el amparo, pues la apelación, contra el auto de admisión, había sido negada.
Que la sentencia apelada también llegó a la errónea conclusión de que la Juez de la causa no otorgó facultades o medios no establecidos en la ley, cuando el alegato central era precisamente que la ley prohibía utilizar ese procedimiento que acordó la Juez, por lo que era obvio que la Juez de la agraviante sí otorgó facultades o medios que le estaba prohibido otorgar según la ley especial.
Finalmente, indicó la apoderada del actor que el procedimiento de amparo seguido por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas no se adecuó al procedimiento establecido por esta Sala en sentencia n° 7/2000, del 1° de febrero, caso: José Amando Mejía, el cual es de obligatorio cumplimiento por todos los jueces de la República.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Observa la Sala que la apelación ejercida por la apoderada judicial del accionante se dirige a impugnar los argumentos esgrimidos por el Juez Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Lara para declarar improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta, referidos a la inexistencia de violaciones del derecho al debido proceso con la admisión por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de la demanda interpuesta por el Banco Latino C.A. contra el ciudadano José Diógenes Romero, por el procedimiento de la vía ejecutiva, previsto en los artículos 630 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y no por el procedimiento de ejecución de hipoteca, contemplado en los artículos 660 y siguientes eiusdem.
Así las cosas, a los fines de establecer de manera preliminar, si la admisión de una demanda por un procedimiento distinto al expresamente establecido en la ley puede constituir, en sí misma, una violación directa a alguna de las garantías que conforman el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala estima necesario formular las siguientes consideraciones:
Dentro del conjunto de garantías que conforman la compleja noción del debido proceso, entendido en su sentido formal, se encuentra el derecho de toda persona a ser juzgada de acuerdo con el procedimiento judicial establecido con anterioridad en la ley, ello en virtud del principio de legalidad de las formas procesales que rige en ordenamientos jurídicos como el venezolano, donde está excluido el principio de libertad de las formas procesales. Tal garantía, atiende al mismo tiempo al principio de seguridad jurídica que ha de regir las relaciones jurídicas existentes entre los particulares y entre éstos y el Estado, específicamente, en cuanto a la determinación previa de las vías judiciales que deberán seguirse en aquellos casos en los que surjan conflictos con motivo de dichas relaciones, que deban ser dirimidos en definitiva por los órganos jurisdiccionales competentes.
El reconocimiento de tal garantía como constitutiva del debido proceso formal, implica la imposibilidad de, por ejemplo, si se intenta una demanda de resolución por incumplimiento de un contrato de venta garantizado con reserva de dominio, seguir un procedimiento distinto al establecido en la Ley de Venta con Reserva de Dominio, o que si se demanda la reparación de daños ocurridos con motivo de un accidente de tránsito, se sustancie un procedimiento distinto al previsto en el Decreto Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, o si se demanda el cumplimiento de una obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada con hipoteca, cumplidos los requisitos exigidos para ello, no se siga el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título II, Libro Cuarto, del Código de Procedimiento Civil.
A juicio de esta Sala, existe tal imposibilidad no sólo porque las disposiciones legales que establecen el procedimiento a seguir para dirimir el conflicto suscitado son integrantes del orden público, de manera que no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser inobservadas o modificadas por los particulares ni por el juez de la causa, sino también porque tal proceder puede causar perjuicios o gravámenes a cualquiera de las partes, de difícil o imposible reparación por la definitiva, como puede ocurrir en aquellos procedimientos ejecutivos donde, admitida una demanda que no podía ser tramitada sino por el procedimiento ordinario, se decreta ope legis un medida ejecutiva sobre un bien del demandado. Igual infracción al orden público se comete si, solicitada de conformidad con la ley la aplicación de un determinado procedimiento para tramitar la demanda interpuesta, el juez niega la solicitud y aplica un procedimiento no contemplado legalmente para dirimir la controversia o asunto sometido a su consideración. Tal y como fuera indicado por el Tribunal Constitucional español en sentencia n° 20/1993:
Ciertamente, el artículo 24 de la Constitución Española no incluye un derecho fundamental a procesos determinados; son los órganos judiciales los que aplicando las normas competenciales o de otra índole han de encausar (sic) cada pretensión por el procedimiento adecuado, sea o no el elegido por la parte actora (STC 2/1986). Pero si el seleccionado por el demandante objetivamente cumple el presupuesto de la adecuación, no puede imponerse un cause (sic) procesal distinto.
Tomando en consideración todo lo antes indicado, advierte esta Sala que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el numeral 4 de su artículo 49 el derecho de toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Asimismo, el Texto Constitucional establece en el primer aparte de su artículo 253, que corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos sometidos a su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, previsión que resulta complementada por lo establecido en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual los actos procesales han de realizarse en la forma prevista en el referido texto legal, y en las demás leyes especiales, por lo que el Juez, sólo cuando la ley no señale la forma de realización de un acto, podrá admitir y aplicar aquella que considere idónea para lograr los fines del mismo.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la ley procesal común, los Jueces de la República, al momento de admitir, tramitar y decidir la controversia sometida a su consideración, deben, pues, actuar ajustados a lo dispuesto en las disposiciones adjetivas aplicables al caso, pues en caso contrario estarían vulnerando el principio de legalidad de las formas procesales, al subvertir el orden procesal establecido en la ley, y en consecuencia estarían actuando fuera de su competencia, con evidente abuso de poder. En consecuencia, es criterio de esta Sala que la admisión de una demanda por un procedimiento distinto al establecido de manera expresa en la ley para el trámite de la misma, resulta contraria al debido proceso, y que, de acuerdo con las infracciones a derechos constitucionales que se denuncien y ante la inexistencia de vías procesales idóneas para que el agraviado pueda impugnar oportunamente la actuación lesiva, puede el amparo constitucional ser una vía idónea y adecuada para restablecer la situación jurídica infringida. Así se declara.
Hechas las consideraciones precedentes, esta Sala observa que la legislación adjetiva ofrece, en la mayoría de los casos, la posibilidad de acudir a vías procesales ordinarias o especiales protectoras de aquellos derechos sobre los que proyectan su regulación. En tales supuestos, no es admisible, en principio, la acción de amparo constitucional, pues cuando se puede acudir a una vía procesal idónea, en el sentido establecido por esta Sala en su decisión n° 1496/2001, del 13 de agosto, caso: Gloria América Rangel Ramos, sin que la lesión a la situación jurídica se haga irreparable, es precisamente ese medio procesal ordinario la vía para reparar la lesión y no la acción de amparo.
En el caso de autos, estima esta Sala que de existir las presuntas violaciones al derecho constitucional al debido proceso a las que se ha hecho referencia en la narrativa del presente fallo, las mismas, si tienen su origen -como se indica en el escrito de amparo constitucional- en supuestos errores de juzgamiento por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, pueden ser denunciadas y debatidas durante el procedimiento ordinario al que tienen la carga de comparecer los ciudadanos José Diógenes Romero y Oly Marlene Cabeza Pérez, correspondiendo al propio Juzgado de la causa emitir pronunciamiento previo en su sentencia definitiva respecto de tales alegatos, y, de ser procedente, acordar lo necesario para el restablecimiento de la situación que pudiese haber sido vulnerada por la admisión por el procedimiento de vía ejecutiva de la demanda presentada por Banco Latino C.A., y que, para el supuesto de una declaratoria sin lugar de las mismas, aún correspondería su examen al respectivo Juzgado Superior, si es ejercido oportunamente recurso de apelación.
A los fines de precisar el criterio de la Sala en relación a la admisibilidad de acciones de amparo constitucional fundadas en denuncias de errores de juzgamiento, similares a los alegados en la presente causa, convienen atender a lo establecido por ella en sentencia n° 29/2000, del 15 de febrero, caso: Enrique Méndez Labrador, en donde señaló que:
Si bien es cierto que el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 26 de la Constitución, comprende también el derecho una tutela judicial efectiva y a un debido proceso, en que se obtenga una resolución de fondo debidamente razonada, este derecho no comprende una garantía de que las sentencias sean acertadas. Esto es, que no puedan ser jurídicamente erróneas por una infracción de la ley o por errores cometidos en la apreciación o establecimiento de los hechos o de las pruebas.
Precisamente, la Sala de Casación Civil en una sentencia dictada el 24 de abril de 1.998 (caso Urbanizadora Nueva Casarapa C.A.), explicó los alcances del amparo contra sentencias judiciales de la siguiente manera:
No puede ser motivo de un recurso de amparo el juzgamiento de un Juez que considera que unas pruebas fueron extemporáneamente promovidas y por ello no las aprecia, ya que ese es el resultado de la función decisoria.
De aceptarse que los errores (ciertos o no) de juzgamiento son objeto del recurso de amparo, todos los fallos del país, sin excepción, serán querellables, y este no pudo ser, ni fue, la intención del legislador.
Los vicios de juzgamiento mientras no contraigan una usurpación o extralimitación de las funciones del Juez en el sentido antes apuntado, no pueden considerarse constitutivos de un vicio de incompetencia, y así se declara.
Igualmente sobre los supuestos vicios provenientes de mala aplicación de las normas sobre carga de la prueba y de la cosa juzgada resultante del acuerdo entre Guardianes Vigiman S.R.L. y Tomás del Jesús Pico Narváez, homologado por una inspectoría del trabajo, lo que el juzgado interpretó sobre ese tópico forma parte de la función intelectual de juzgar que corresponde a todo Juez, quien en las interpretaciones de normas, en el caso que ella fuera errada, no estará ni usurpando ni extralimitándose en sus funciones, ya que está aplicando la Ley desde su punto de vista y no está aplicando o derogando arbitrariamente norma alguna.
Las razones para juzgar de los Jueces y sus posibles concepciones erróneas, se atacan mediante el recurso de apelación, o mediante el de casación cuando se trata de fallo de tribunales de última instancia, pero cuando la propia Ley niega el recurso de casación, el legislador consideró que el derecho de defensa que consigna el artículo 68 de la Constitución de la República, que se desarrolla conforme a la Ley, se ejercerá solo en las instancias.
Para esta Sala los posibles errores de juzgamiento que realicen los Jueces, sobre la apreciación de normas o sobre sus alcances, no constituyen per se extralimitación en sus funciones, que constituyen incompetencia a los efectos del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. (sic)
(...omissis...)
Como se expresó con anterioridad, la tutela del derecho del acceso a la justicia y al debido proceso no comprende la posibilidad de discutir los errores cometidos en los juzgamientos. La revisión de los errores cometidos por los jueces en su actividad decisoria, debe ser revisada, como se explicó precedentemente, con los medios o recursos dispuestos en el ordenamiento. No es la acción de amparo, en consecuencia, la vía idónea para proponer su examen (subrayado de este fallo).
Acogiendo el criterio antes citado, y al ser evidente que en el caso sub júdice el accionante en amparo tiene a su disposición vías procesales distintas al amparo constitucional, que resultan idóneas para denunciar las presuntas infracciones al ordenamiento procesal y constitucional que habría ocasionado la admisión decretada el 26 de abril de 2000, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, que prevé recurso de apelación para las decisiones interlocutorias que causen gravamen irreparable. Constatado como ha sido que el actor no alegó ni ofreció prueba que justificara el no ejercicio de las mismas, en vista de su inutilidad o inidoneidad, esta Sala declara sin lugar la apelación interpuesta el 14 de noviembre de 2001, por no ser revisables en sede de amparo constitucionales las denuncias presentadas por la apoderada de la parte accionante.
Asimismo, visto que, por las consideraciones precedentes, la acción de amparo constitucional interpuesta en la presente causa debió ser declarada inadmisible por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud de la existencia de vía procesales idóneas para lograr el restablecimiento de aquellas situaciones que pudieran haber sido lesionadas por la admisión de la demanda presentada por el Banco Latino contra el accionante y su cónyuge, y que en vez de ello, el Juzgado a quo la admitió y se pronunció sobre el fondo, esta Sala revoca la decisión dictada por el referido Juzgado el 12 de noviembre de 2001, y declara inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida. Así se declara.
Respecto de la condenatoria en costas a la parte actora, debe esta Sala insistir en que tal medida sólo es procedente si se trata de quejas contra particulares, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo que no ocurrió en el caso de autos dado que la acción de amparo constitucional fue ejercida contra decisiones judiciales y no contra la conducta de un particular.
Sobre la condenatoria en costas en casos de amparos constitucionales ejercidos contra órganos o entes del Poder Público, se ha pronunciado esta Sala en fallo del 320/2000, del 4 de mayo, caso: C.A. Seguros La Occidental, en donde indicó:
"El artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mantiene como principio que, cuando se trate de quejas entre particulares, se impondrán las costas al vencido. Esto ha impedido que se condene en costas al accionante cuando incoa un amparo contra el Estado, sus entes, o contra las sentencias, ya que se ha interpretado que ellos no son particulares.
A juicio de esta Sala, tal norma existe para permitir a los particulares accionar con libertad contra los poderes públicos, sin el riesgo de tener que pagar unas costas, si resultaren perdidosos."
Consecuente con el fallo transcrito parcialmente supra, esta Sala Constitucional libera del pago de costas procesales al accionante en amparo, ciudadano José Diógenes Romero, al estar dirigida su acción contra decisiones judiciales y no contra la conducta de un particular, y al no estar probado en autos temeridad manifiesta en el ejercicio de la misma, en los términos establecidos en la decisión n° 941/2002, del 16 de mayo, caso: Magaly Cannizaro (viuda) de Capriles. Así se decide.
Finalmente, no puede esta Sala dejar de emitir pronunciamiento respecto del procedimiento seguido por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al constar en autos actuaciones como el requerimiento de informes a la parte presuntamente agraviante- que demuestran que el mismo no fue sustanciado conforme a las reglas establecidas por esta Sala en su decisión n° 7/2000, del 1° de febrero, caso: José Amando Mejías, contrariando con tal actuación lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así las cosas, se exhorta al Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a que siga en sus actuaciones los criterios establecidos por esta Sala en su jurisprudencia vinculante, y que en lo sucesivo aplique a las acciones de amparo constitucional sometidas a su competencia el procedimiento establecido en la decisión antes mencionada. Así se establece.
VI
DECISIÓN
Por las razones de hecho y de derecho que anteceden este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Betty Pérez Aguirre, en su condición de apoderada judicial del ciudadano José Diógenes Romero. No obstante, por las motivaciones expuestas, REVOCA la decisión dictada el 12 de noviembre de 2001 por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta, la cual se declara INADMISIBLE. Asimismo, se levantan las costas impuestas a la parte actora en la presente causa.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del mes de octubre dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA JOSÉ M. DELGADO OCANDO
Ponente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
JMDO/ns.
Exp. n° 01-2813.
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