Venley

Sentencia N.º 2417

Sentencia
N.º 2417
Fecha
01/08/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-2671
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 29 de septiembre de 2004, el abogado Joao Henriques Da Fonseca, titular de la cédula de identidad núm. 5.145.364, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 18.301, en representación de los ciudadanos ANTONIO GÓMEZ PEREIRA y AURORA DA ROCHA E. SILVA PEREIRA, titulares de las cédulas de identidad núms. 81.377.051 y 81.383.314, respectivamente, interpuso solicitud de amparo constitucional contra la decisión que dictara el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas el 19 de julio de 2004, en el expediente núm. 1328, mediante la cual confirmó la decisión que dictara el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas el 9 de marzo de 2004, en el expediente núm. 5532. El escrito en cuestión fue reformado el 16 de noviembre de 2004.

 

El mismo día se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien suplía al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, al cual se le había acordado su jubilación. Luego, en virtud del nombramiento que hiciera la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, conforme al cual proveyó la referida vacante, asume la presente ponencia el Magistrado doctor Francisco Carrasquero López, y con tal carácter la suscribe.

 

Posteriormente, y en varias diligencias, la parte actora ha solicitado que se acumule al presente expediente otro que cursa ante esta misma Sala, y que fue identificado con el núm. 04-2672, por cuanto, según afirma, se trata “de las mismas partes, ya que los instrumentos cambiarios son los mismos y se trata también de un objeto idéntico en un juicio por intimación”.

I

DE LA ACUMULACIÓN

 

1.- Es el caso que, mediante diligencias presentadas por el solicitante de amparo, pide a la Sala acumule a esta causa el expediente núm. 04-2672, en vista que se trata “de las mismas partes, ya que los instrumentos cambiarios son los mismos y se trata también de un objeto idéntico en un juicio por intimación”.

 

2.- El artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que “serán supletorias de las disposiciones anteriores las normas procesales en vigor”.

 

En tal sentido, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 51 establece lo siguiente:

 

“Cuando una controversia tenga conexión con una causa ya pendiente ante otra autoridad judicial, la decisión competerá a la que haya prevenido… .

En el caso de continencia de causas, conocerá de ambas controversias el Juez ante el cual estuviere pendiente la causa continente, a la cual se acumulará la causa contenida”.

 

Por su parte, el artículo 79 eiusdem, señala:

 

“En los casos de los artículos 48 y 51, habiendo quedado firme la declaratoria de accesoriedad, de conexión, o de continencia, las causas se acumularán y se seguirán en un solo proceso ante el Juez declarado competente, y se suspenderá el curso de la causa que estuviere más adelantada hasta que la otra se halle en el mismo estado, terminándolas con una misma sentencia” (subrayado de la Sala).

 

De las disposiciones legales supra transcritas, se desprende la posibilidad de la acumulación procesal -de pretensiones o de autos-, la cual no es otra cosa que la unión de varios expedientes a fin de ser tramitados en un solo proceso. Dicha figura procede cuando por razones de conexidad o continencia, dos o más procesos que se han iniciado o se han desenvuelto en forma autónoma, se reúnen en uno solo, para ser sustanciados bajo un mismo trámite y ser resueltos en una sola sentencia, en aras de una mayor celeridad, economía procesal, y de evitar decisiones contradictorias.

De un examen de ambos expedientes, se concluye que se trata de las mismas partes, en el supuesto tipo de negocio que dio origen a la controversia (la emisión de unas letras de cambio) intervinieron los mismos sujetos, las pretensiones de restitución de tutela constitucional son idénticas, y ambas se encuentran en una misma instancia y existe igualdad de procedimientos (el de amparo constitucional en primera instancia ante la Sala).

 

Con fundamento en el análisis precedente, la Sala considera necesaria su acumulación. En consecuencia, se acumula la solicitud de amparo constitucional contenida en el expediente núm. 04-2672, interpuesta el 29 de septiembre de 2004, a la causa que fue numerada previamente, cuyas actas integran el expediente núm. 04-2671, para su conocimiento en un solo procedimiento. Así se declara.

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

Sobre el particular, basta con recordar la inveterada jurisprudencia de esta Sala al respecto, en cuanto a que a la misma le corresponde conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República (incluso de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal, de conformidad con lo que establece el artículo 5.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela), las Cortes de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales, todo ello en concordancia con la letra b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la misma Ley.

 

Visto que las solicitudes de amparo constitucional interpuestas pretenden la nulidad de sendas decisiones dictadas por un Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente, corresponde a esta Sala Constitucional su conocimiento. Así se establece.

 

 

III

DE LA PRETENSIÓN

 

De los escritos presentados se extraen las siguientes afirmaciones:

 

1.- Que sus representados fueron demandados por vía de intimación por el ciudadano Avelino Rodríguez de Jesús, para que pagaran diez (10) letras de cambio.

 

2.- El tribunal que conoció en el primer grado de jurisdicción de dichas causas,  Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, declaró con lugar las demandas el 9 de marzo de 2004 (expedientes 5532 y 5562).

 

3.- En alzada, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, confirmó dichas decisiones (expedientes 1328 y 1323, respectivamente).

 

4.- Todo ello no obstante que, según recalca, la persona que firmó como librador de las letras de cambio demandadas no colocó al lado de la firma su nombre legible ni su cédula de identidad, lo que las hace nulas de nulidad absoluta, conforme a lo dispuesto en el artículo 411 del Código de Comercio, aparte que la Constitución prohíbe el anonimato.

 

5.- Que dichos títulos cambiarios no señalan el lugar en que deben pagarse, como lo ordena el artículo 410.5 del Código de Comercio, y, en consecuencia, no pueden reputarse como letras de cambio.

 

6.- Que no obstante los vicios señalados, ambos jueces les otorgaron valor de plena prueba cambiaria, en clara violación del artículo 411 del Código de Comercio.

 

7.- Que el Juzgado que decidió la causa en primera instancia no proveyó su solicitud de que se realizara una experticia a dichos documentos; ello no le habría permitido probar la nulidad de dichos títulos. Afirma que, no obstante tal irregularidad, el Juzgado Superior que conoció en alzada de la decisión de primera instancia no corrigió la omisión cometida por el a quo.

 

8.- Por último, solicita como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada en amparo.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

1.- Esta Sala se ha pronunciado en numerosas ocasiones en torno al punto de la coexistencia de la vía de amparo con los demás medios procesales. En este sentido ha establecido que, conforme al artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, deben inadmitirse tales solicitudes en los casos en que el agraviado disponía de recursos ordinarios idóneos que no ejerció en la oportunidad debida, o cuando agotó dichos recursos; por argumento a contrario, para darse trámite a una solicitud de amparo, el interesado deberá alegar que el uso de las vías judiciales o los recursos procesales disponibles son objetivamente inidóneos para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida.

 

Algunas de las circunstancias que podría justificar el acceso directo al amparo son: cuando el agravio exceda del ámbito intersubjetivo para afectar gravemente al interés general o el orden público constitucional; en caso de que el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa (lo que no puede enlazarse al hecho de que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo); cuando no exista vía de impugnación contra el hecho lesivo, o ésta sea de imposible acceso (así, sent. n° 1592 de 2001, caso: Luis Alejandro Ettedgui, en donde el accionante planteó que no pudo ejercer el recurso de apelación debido a una huelga judicial y posterior período de vacaciones judiciales); cuando el peligro provenga de la propia oscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; cuando el no agotamiento o su ineptitud fueren producto de un error en la decisión objeto de apelación (así: sent. n° 1114/2001, caso: Luis Carreño Pino) o ante dilaciones indebidas por parte los órganos judiciales tanto en vía de acción principal como en vía de recurso.

 

2.- La solicitud propuesta hace referencia a una sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas del 9 de marzo de 2004, que fue ratificada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma circunscripción judicial en sentencia del 19 de julio de 2004. Lo cierto es que la decisión que le habría causado los agravios constitucionales a que hace referencia, fue la de primera instancia. Contra ella interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Juzgado Superior citado en los mismos términos que la decisión apelada.

 

Tal conducta, esto es, el haber ejercido contra la sentencia que presuntamente lesionó en primera instancia sus derechos fundamentales un recurso en vía ordinaria, hace presumir que el solicitante estimó que tal vía era idónea al restablecimiento del goce y ejercicio de los mismos; por lo tanto, el haber optado por la vía ordinaria para la restitución del presunto agravio a sus derechos fundamentales da pie para declarar inadmisible la petición de amparo intentada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en la doctrina de la Sala antes mencionada. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara INADMISIBLE la solicitud de amparo incoada por el abogado Joao Henriques Da Fonseca, en representación de los ciudadanos ANTONIO GÓMEZ PEREIRA y AURORA DA ROCHA E. SILVA PEREIRA, contra la decisión que dictara el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas el 19 de julio de 2004 (expedientes 1328 y 1323), mediante la cual confirmó las decisiones que dictara el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas el 9 de marzo de 2004 (expedientes 5532 y 5562, respectivamente).

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 01 días del mes de agosto dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

 

                                                                   LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ       

                            Ponente

 

 

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

FACL/

Exp. n° 04-2671.

 

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