Venley

Sentencia N.º 2425

Sentencia
N.º 2425
Fecha
01/08/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-1142
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Luis Velázquez Alvaray

 

Mediante Oficio Nº 0540289 del 17 de mayo de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente N° 4699, contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano JOSÉ RAFAEL SULBARÁN MALDONADO, titular de la cédula de identidad No. 3.650.720, asistido por la abogada María Rivero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 25.345, contra la decisión del 10 de octubre de 2000, que dictó el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, la cual declinó la competencia en la Sala de Protección del Niño y del Adolescente de esa misma Circunscripción Judicial, con ocasión del juicio de simulación interpuesto por la ciudadana Elly Beatriz Rosales de Sulbaran contra la ciudadana María Flores Rivas.

 

Tal remisión obedece a la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de la decisión dictada el 12 de mayo de 2005, por el referido Juzgado Superior, que declaró terminado el procedimiento por el abandono del trámite en la acción de amparo interpuesta.

 

El 31 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

ANTECEDENTES

 

El 14 de noviembre de 2000, el ciudadano José Rafael Sulbarán Maldonado, interpuso ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, acción de amparo constitucional contra la decisión del 10 de octubre de 2000, que dictó el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial, con ocasión del juicio de simulación interpuesto por la ciudadana Elly Beatriz Rosales de Sulbarán contra la ciudadana María Flores Rivas.

 

El 31 de enero de 2001, el referido Juzgado Superior admitió la acción de amparo interpuesta, razón por la cual se ordenó las notificaciones correspondientes.

 

El 18 de abril de 2001, el referido Juzgado Superior dictó auto en el que exhortó al accionante a que consignara los datos del domicilio del apoderado judicial de los ciudadanos Elly Beatriz Rosales de Sulbarán, Renny Sulbaran Rosales, Ely Josefina Sulbarán Rosales y Héctor Segundo, a fines los fines de practicar la citación.

 

El 12 de mayo de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo declaró terminado el procedimiento por abandono de trámite en la acción de amparo interpuesta, luego de haber constatado que desde la interposición de la acción de amparo -el 14 de noviembre de 2000- y hasta esa fecha,  los accionantes no realizaron ningún otro acto para impulsar la referida acción de amparo. La decisión se fundamentó en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 17 de mayo de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, remitió a  Sala Constitucional el expediente contentivo de la acción de amparo interpuesta, a los fines de que resolviera la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

II

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

La sentencia sometida a consulta, fue dictada el 12 de mayo de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante la cual se declaró terminado el procedimiento por abandono de trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en los siguientes términos:

 

“Así mismo observa este Tribunal que por auto de fecha 18 de abril de 2001, se exhortó a la parte actora a consignar la dirección del ciudadano RICARDO MORALES ROMAY, en su carácter de apoderado de los ciudadanos Elly Beatriz Rosales de Sulbaran, Renny de Jesús Sulbaran Rosales, Héctor Segundo y Ely Josefina Sulbaran Rosales, a los fines de practicar la notificación de la admisión del presente recurso de amparo, como aparece al folio 33.

Aprecia este Tribunal Superior que el recurrente no dio cumplimiento al exhorto efectuado, por lo tanto, en ausencia de tal elemento, no pudo este Tribunal gestionar en forma alguna la notificación de los mencionados terceros interesados, a los fines de la continuación del proceso.

Con esta inactividad por parte del recurrente, durante más de seis meses, desde el 14 de noviembre de 2000, se evidencia el abandono de trámite del presente recurso, previsto por el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobe Derechos y Garantías Constitucionales”.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

 Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia No. 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán)  y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las consultas sobre las sentencias de los Tribunales Superiores (excepto los Tribunales Superiores Contenciosos Administrativos), las Cortes Contencioso Administrativo y Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

 

En el caso sub judice, la sentencia consultada fue dictada el 12 de mayo de 2005, en primera instancia por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo contra la decisión dictada el 10 de octubre de 2000, por el Juzgado Primera de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esa misma Circunscripción Judicial.

 

Siendo ello así y, tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre este aspecto, la misma resulta competente para conocer de la presente consulta, y así se declara.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Ahora bien, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, la Sala constata que esta causa estuvo paralizada desde el 14 de noviembre de 2000, esto es, desde el día de la interposición de la acción de amparo constitucional y hasta la fecha en que el Juzgado a quo dictó la sentencia -12 de mayo de 2005-, es decir, por un lapso de cuatro años y once meses, sin que los accionantes o su apoderado, hubieren realizado acto alguno tendiente a obtener una decisión sobre la tutela solicitada.

 

En tal sentido, esta Sala, mediante decisión del 6 de junio de 2001, sentencia N° 982, caso: José Vicente Arenas Cáceres, señaló lo siguiente:

 

“De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara”.

 

Conforme al criterio jurisprudencial parcialmente trascrito y, al verificarse que en caso sub iudice transcurrió un lapso que excede de los seis meses, señalados en el fallo citado supra, esta Sala confirma la decisión en consulta en virtud del decaimiento de la acción por el abandono de trámite de las accionantes, y así se declara.

 

No obstante, advierte la Sala que, el tribunal a quo omitió imponer multa a las accionantes por el abandono del trámite, conforme lo prevé el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En consecuencia, esta la Sala impone a el accionante en la presente causa, multa de cinco mil bolívares (Bs. 5000,oo), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas del Banco Central de Venezuela. Se aplica la multa en su límite máximo por cuanto la Sala estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de demandas posteriormente abandonadas, lo cual la obliga a desviar su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional. Así se decide

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que CONFIRMA la decisión del 12 de mayo de 2005, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, la cual declaró terminado el procedimiento por el abandono del trámite correspondiente a la demanda de amparo ejercida por el ciudadano JOSÉ RAFAEL SULBARAN MALDONADO, asistido de abogado, contra la decisión del 10 de octubre de 2000, que dictó el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 01 días del mes de agosto de 2005. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

 

La Presidenta,

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

      El Vicepresidente,

 

 

 

   Jesús Eduardo Cabrera Romero

           

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz                             

                Magistrado                                                        

 

 

                                                                                   Luis  Velázquez Alvaray  

                                                                                       Magistrado Ponente

 

           

 

 

Francisco Carrasquero López

                 Magistrado

 

 

 

                                                                       Marcos Tulio Dugarte Padrón

                                                                                                 Magistrado 

 

Arcadio Delgado Rosales

            Magistrado

            El Secretario,

 

 

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp. 05-1142

LVA/ 

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