Venley

Sentencia N.º 2428

Sentencia N.º 2428

Sentencia
N.º 2428
Fecha
01/08/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-0509
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Luis Velázquez Alvaray

Expediente 2005-0509

 

Mediante Oficio N° S-065-05 del 2 de marzo de 2005, el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia remitió a esta Sala Constitucional, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por las ciudadanas MARISOL BARRIOS y BERTILA BARRIOS, titulares de las cédulas de identidad números 9.794.190 y 3.370.449, respectivamente, asistidas por el abogado Ernesto Núñez Pirela, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 99.838, contra la omisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la referida Circunscripción Judicial, de darle entrada al recurso de apelación que fue interpuesto por las accionantes contra la sentencia dictada el 7 de octubre de 2003, por el Juzgado Décimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

 

Dicha remisión obedece a la consulta a la cual está sujeta la sentencia dictada el 24 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 14 de marzo de 2005 se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

            El 25 de noviembre de 2003, las ciudadanas Marisol Barrios y Bertila Barrios, asistidas por el abogado Ernesto Núñez Pirela, interpusieron acción de amparo constitucional contra la omisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de darle entrada al recurso de apelación que fue interpuesto por las mencionadas ciudadanas contra la sentencia dictada el 7 de octubre de 2003, por el Juzgado Décimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la referida Circunscripción Judicial.

 

Alegaron las accionantes que el tribunal omitió darle entrada al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia  dictada, el 7 de octubre de 2003, por el Juzgado Décimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y con tal proceder incurrió en la violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva previstos en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

            El 21 de octubre de 2004, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia dictó auto mediante el cual ordenó a las accionantes que subsanaran su solicitud de tutela constitucional de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto no constaba el poder que acreditaba la representación judicial de la abogada actuante.

 

            Por boleta del 25 de octubre de 2004, se dieron por notificadas las accionantes y el 11 de noviembre de 2004, mediante diligencia subsanaron de conformidad con lo ordenado, consignando copia del poder otorgado apud acta a la abogada Claudia C. Castillo.

 

            Mediante auto del 15 de noviembre de 2004, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia admitió la acción de amparo constitucional y ordenó notificar a las partes. Por auto del 19 de noviembre de 2004, el tribunal fijó la audiencia constitucional para el 24 de enero de 2005.

 

            Mediante diligencia del 21 de enero de 2005, la apoderada judicial de las ciudadanas Marisol Barrios y Bertila Barrios, solicitó al mencionado tribunal dejar sin efecto la audiencia constitucional y consignaron copia del auto emanado del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, del 27 de noviembre de 2003, que le dio entrada al recurso de apelación intentado por las accionantes contra la sentencia dictada el 7 de octubre de 2003, por el Juzgado Décimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la referida Circunscripción Judicial.

 

II

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

En el fallo dictado el 24 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se estableció:

 

“(...Omissis) Ahora bien, de un análisis exhaustivo de las actas del expediente llevado por este Tribunal Superior Constitucional, y muy especialmente de la copia del auto de fecha 27 de noviembre de 2003 emanado del tribunal presuntamente agraviante consignada por la apoderada accionante (...) conjuntamente con su escrito de fecha 21 de enero de 2004, se evidencia que con esta resolución proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, concatenado con el alegato de la referida representación judicial de la parte actora en amparo, relativo a que el fundamento de la presente acción de amparo lo constituía la falta de pronunciamiento sobre la admisión de la causa primigenia que en virtud de apelación fuere remitida a dicho juzgado, hoy accionado, el hecho omisivo que denunció como violatorio de derechos y garantías constitucionales (...) y siendo que dicha omisión ha cesado con la efectiva admisión de la referida apelación en fecha 27 de noviembre de 2003, mediante el respectivo auto proferido por el referido Juzgado Primero de Primera Instancia, dado que hasta la fecha no se ha celebrado la audiencia constitucional, pública y oral y que no se observan violaciones o amenazas de eminente orden público, o que puedan afectar las buenas costumbres, como consecuencia derivada impretermitiblemente la presente acción de Amparo incoada se hizo inadmisible a tenor de lo dispuesto en el ordinal 1° (sic) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.” 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia N° 01 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán)  y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las consultas sobre las sentencias de los Tribunales Superiores, (exceptuando los tribunales superiores contenciosos administrativos), Cortes de Apelaciones en lo Penal y las Cortes de la Contencioso Administrativo cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

 

En el caso sub iudice, la sentencia consultada ha sido dictada el 24 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

 

Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre este aspecto, resulta competente para conocer de la presente consulta, y así declara.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

En lo que respecta a la consulta de la sentencia dictada el 24 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, de conformidad con el artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala, comparte y reitera el criterio sostenido por el a quo, en virtud de que es congruente con la jurisprudencia vinculante de esta Sala Constitucional, en cuanto a la procedencia de la inadmisibilidad de la acción cuando haya cesado la violación denunciada.

 

Efectivamente, del análisis realizado por esta Sala Constitucional a  las actas que cursan en el expediente y del fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la referida Circunscripción Judicial, se evidencia que, mediante auto del 27 de noviembre de 2003, emanado del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, este Tribunal le dio entrada al recurso de apelación consignado por las accionantes, con lo cual cesó la violación denunciada en la acción de amparo, de allí que de acuerdo a lo que consta en autos y congruente con la doctrina, esta Sala confirma lo dictaminado por el a quo cuando declaró inadmisible de conformidad con el artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Al respecto el artículo 6 numeral 1 eiusdem, establece:

 

“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

 

1) Cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla;”

 

 

De allí que, al constatarse en autos, la cesación de la violación de los derechos o garantías constitucionales denunciadas como infringidas, es claro, para esta Sala, que se configuró la causal de inadmisibilidad del artículo 6, numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara. De conformidad con lo expuesto, se confirma la decisión del a quo en cuanto a la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional. Así se decide.

 

 

DECISIÓN

 

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada el 24 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta contra la  omisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la referida Circunscripción Judicial, de darle entrada al recurso de apelación que fue interpuesto por las accionantes contra la sentencia  dictada el 7 de octubre de 2003, por el Juzgado Décimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

 

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 01 días del mes de agosto de dos mil cinco. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

                                                                           El Vicepresidente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

  Magistrado                           

 

 

Luis Velázquez Alvaray

               Magistrado-Ponente

 

 

Francisco Carrasquero López

                Magistrado                         

 

 

  Marcos Tulio Dugarte Padrón

                                                                       Magistrado

 

 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

           Magistrado

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena

 

Exp. N°: 05-0509

LVA/

 

 

 

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