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Magistrado Ponente: Luis Velázquez Alvaray
Mediante Oficio Nº TS2T/176/2005 del 28 de abril de 2005, el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala el expediente Nº 1737-T (nomenclatura de ese Juzgado), a los fines de la consulta de ley a la que está sometida la sentencia dictada por el referido Juzgado el 18 de abril de 2005, que declaró inadmisible la acción de amparo ejercida por el abogado Luis Felipe Socorro A., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nº 2.929, en su carácter de apoderado judicial de FABRICA DE CALZADOS DOMIT C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 30 de diciembre de 1985, bajo el N° 152, Tomo 100-A-Sgdo, contra la sentencia del 13 de septiembre de 2004, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio de Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la demanda de cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano Alirio Hernández contra la referida sociedad de comercio.
El 10 de mayo de 2005 se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
Luego de un detenido análisis de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala observa que los hechos que fundamentaron la pretensión de amparo constitucional fueron los siguientes:
El 20 de noviembre de 2000, el ciudadano Alirio Hernández demandó el cobro de prestaciones sociales a la Fabrica de Calzados Domit C.A., reclamando entre otros conceptos; a) Indemnización por antigüedad, b) Compensación por transferencia, c) Prestación de antigüedad, d) Intereses sobre prestaciones, e) Vacaciones vencidas y fraccionadas, f) Utilidades, g) Indemnización sustitutiva e, h) Indemnización sustitutiva del preaviso, así como la compensación por transferencia e intereses sobre prestaciones.
En la oportunidad para la contestación de la demanda, la parte demandada Fabrica de Calzados Domit C.A., negó, rechazó y contradijo cada uno de los conceptos reclamados “por no ser cierto que el demandante hubiese trabajado para la demandada en forma ininterrumpida desde el día 15 de enero de 1985 hasta el 30 de noviembre de 1999, en virtud de que la prestación de servicios se realizó mediante diferentes contratos de trabajo a tiempo determinado, se convinieron y realizaron entre los años 1991 al 1999, teniendo entre ellos intervalos superiores a treinta (30) días, como lo establecen los artículos 72 y 74 segundo aparte de la Ley Orgánica del Trabajo, y que las cantidades demandadas por los conceptos indicados en la demanda fueron pagados al accionante. Igualmente se alega, que el accionante entre el 25 de enero de 1990 y el 12 de diciembre de 1990, trabajo para la empresa CALZADOS LA FRAGUA C.A.”.
La demandante en el juicio originario sólo promovió una constancia de trabajo, que fue desconocida y no se probó su autenticidad. Por su parte, la demandada promovió los estatutos de la Fabrica de Calzados La Fragua C.A y los contratos de trabajos suscritos por el demandante.
El 13 de septiembre de 2004, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio de Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la demanda de cobro de prestaciones sociales, antes aludida.
El 12 de abril de 2005, el apoderado judicial de la sociedad mercantil Fabrica de Calzados Domit C.A., ejerció acción de amparo constitucional denunciando la violación del derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la igualdad de las partes, consagrados en los artículos 21, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 18 de abril de 2005, el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró inadmisible la acción de amparo constitucional.
El 28 de abril de 2005, el referido Juzgado Superior ordenó la remisión del expediente a esta Sala a los fines de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
II
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
El apoderado judicial de la accionante –Fabrica de Calzados Domit C.A- sostuvo como fundamento de la acción de amparo la violación de los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia y a la igualdad de las partes, ya que “es una garantía constitucional la de que los jueces expongan o expliquen con suficiente claridad las razones o motivos que sirven de sustento a la decisión judicial, y que no puede ser obviada en ningún caso, por cuanto constituye para las partes de que su caso ha sido decidido con sujeción a la verdad procesal. Por lo tanto, está el juez en la obligación de tomar en cuenta los alegatos expuestos y probados por las partes, y todo ello debe quedar muy claro en el fallo, de modo que no haya duda en cuanto a la apreciación o desestimación de las pruebas ”.
Que la sentencia es contradictoria, ya que luego de establecer que la carta de trabajo promovida por el actor quedaba desechada, por no haber probado su autenticidad, la apreció como indicio, rompiendo el principio de igualdad entre las partes.
Que el fallo impugnado es inmotivado e incongruente, ya que “a pesar que apreció las pruebas y le dio valor probatorio a las presentadas por la parte demandada termina concluyendo en sostener, a nuestro juicio, erradamente de que el actor había probado su reclamación”.
Que incurrió en un error de juzgamiento al omitir pronunciarse sobre las pruebas del pago efectuado por la demandada al demandante de los conceptos reclamados, otorgándole a éste un enriquecimiento sin causa, ya que no obstante no haber probado nada, lo condenó a pagar una cantidad de dinero que ya había pagado.
Como restablecimiento de la situación jurídica solicitó mandamiento de amparo constitucional con la finalidad de que se suspendan los efectos de la decisión impugnada.
III
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia Nº 01 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Tribunales Superiores de la República (excepto los Tribunales Superiores Contenciosos), Corte de Apelaciones en lo Penal y las Cortes de lo Contencioso Administrativo, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo constitucional como tribunales de primera instancia.
En el presente caso se somete al conocimiento de la Sala la consulta de la sentencia emanada del Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que conoció de una acción de amparo constitucional incoada contra la actuación de un Juzgado inferior en un juicio de naturaleza laboral, motivo por el cual, esta Sala se declara competente para resolver la presente consulta, y así se decide.
IV
DE LA DECISIÓN CONSULTADA
El fallo cuya consulta es sometida al conocimiento de esta Sala, declaró inadmisible la acción de amparo intentada por el apoderado judicial de la sociedad mercantil Fabrica de Calzados Domit C.A., contra la sentencia, del 13 de septiembre de 2004, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio de Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de las siguientes consideraciones:
“La jurisprudencia ha interpretado en forma extensiva la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5° (sic) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estableciendo que no sólo es inadmisible el amparo cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía para ejercer los mecanismos establecidos para tal fin, no lo hace, utilizando el remedio extraordinario constitucional (Ver sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 17.02.2003 y con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero en Jurisprudencia Venezolana Ramírez & Garay. 2003. Caracas. Edit. Ramírez & Garay S.A. Ene. – Feb., pp 283-285)-.
De allí que, no habiendo dudas que la parte quejosa, disponía de los mecanismos idóneos ofrecidos por la ley para solventar la situación que plantea, mal puede admitirse esta acción subvirtiendo el orden jurídico establecido. Ello, en el entendido que por ninguna razón debe aceptarse que la acción de amparo ha sido concebida por el legislador para sustituir otras formas procesales establecidas”.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Visto lo anterior, pasa esta Sala a decidir la presente consulta y en tal sentido observa:
Lo pretendido a través de la acción de amparo constitucional fue el restablecimiento de la situación jurídica infringida, producto de la supuesta inmotivación, incongruencia y error de juzgamiento en que incurriera el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio de Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al declarar con lugar la demanda de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos incoada por el ciudadano Alirio Hernández contra Fabrica de Calzados Domit C.A.
Por su parte, el fallo dictado por el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sujeto a consulta, declaró inadmisible la acción de amparo incoada, por estar incursa en la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por existir vías ordinarias de impugnación contra la decisión que declaró con lugar la demanda de cobro de prestaciones sociales.
El referido artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, textualmente dispone lo siguiente:
“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:
(omissis)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.
Resulta pertinente citar el alcance atribuido por esta Sala a la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo antes referido, expresado en la sentencia Nº 2369 del 23 de noviembre de 2001, caso: Mario Téllez García, reiterada en posteriores decisiones y que a la letra dispone:
“Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)” Resaltado de la Sala. Con fundamento en todo lo anterior, la Sala juzga que en el presente caso la impugnación radica en la inconformidad esgrimida en contra del análisis del arsenal probatorio realizado por el fallo impugnado, que concluyó en la procedencia de la pretensión del actor. Ahora bien, tal como lo sostuvo el a quo, los accionantes tenían la posibilidad, previo al ejercicio de la acción de amparo, de incoar recurso de apelación contra la decisión definitiva dictada en primera instancia y no justificaron la procedencia del amparo como vía idónea para el restablecimiento de la situación jurídica infirngida, motivo por el cual, la acción de amparo interpuesta resulta inadmisible de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como lo consideró el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión del 18 de abril de 2005, por no haber ejercido la parte actora los medios de impugnación ordinarios que consagra el ordenamiento jurídico. En razón de lo antes expuesto, queda, en estos términos, confirmado el fallo consultado. Así se decide. DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión del 18 de abril de 2005, dictada por el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional intentada por el abogado Luis Felipe Socorro A., actuando en su carácter de apoderado judicial de FABRICA DE CALZADOS DOMIT C.A., contra la sentencia, del 13 de septiembre de 2004, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio de Trabajo de la misma Circunscripción Judicial por la cual declaró con lugar la demanda de cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano Alirio Hernández contra la referida sociedad de comercio. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 01 días del mes de agosto de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación. La Presidenta, Luisa Estella Morales Lamuño El Vicepresidente, Pedro Rafael Rondón Haaz Magistrado Magistrado-Ponente Francisco Antonio Carrasquero López Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón Magistrado Arcadio Delgado Rosales Magistrado El Secretario, José Leonardo Requena Cabello Expediente 05-0944 LVA/Jesús Eduardo Cabrera Romero
Luis Velázquez Alvaray