Sentencia N.º 2454
- Sentencia
- N.º 2454
- Fecha
- 01/08/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-1146
- Ponente
- Luis Velázquez Alvaray
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Luis Velázquez Alvaray
Mediante Oficio Nº 2005182, del 23 de mayo de 2005, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Tal remisión obedece a la consulta prevista en el artículo 35 de
El 31 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
El 7 de agosto de 2002, la sociedad mercantil Condominios Chacao C.A., por medio de su apoderado judicial interpuso ante el Juzgado Distribuidor de Municipio de
El 5 de junio de 2003, el defensor ad litem de la parte demandada consignó escrito contentivo de la contestación a la demanda.
El 18 de noviembre de 2003, el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de
El 8 de diciembre de 2003, el referido Juzgado de Municipios, oyó el recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto el 5 de diciembre de 2003 por la accionante y remitió el expediente al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial.
El 30 de septiembre de 2004, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
El 29 de abril de 2005, la ciudadana Emilia Victoria Mena Orozco, asistida de abogado, interpuso ante el Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
El 11 de mayo de 2005, el referido Juzgado Superior, declaró improcedente in limine litis la acción de amparo de autos.
El 23 de mayo de 2005, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
II
FUNDAMENTOS DE
Narró la accionante, como fundamento de la presente acción, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito -a decir del agraviante-
ha omitido su función de garante de la legalidad y constitucionalidad del proceso al abstenerse de dar repuesta a la tutela judicial efectiva debida en virtud de los múltiples argumentos y puntos mencionados por esta representación en el escrito de informes de apelación objeto del Recurso (sic) de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado 24 de Municipio de esa misma circunscripción judicial sobre los que no hubo respuesta alguna por el citado tribunal de alzada. Constituyendo además una violación al debido proceso conforme a la sentencia.
Así como al actuar fuera de su competencia al condenar a la agraviada al pago de una obligación no prescrita por
Que En el fallo, no se analizó esa situación de hecho, la cual es notoria y evidenciable con la simple lectura de los instrumentos fundamentales, se ha hablado de esto es casa (sic) informe presentado por esta representación, amén a lo señalado por el accionante no existe elemento de convicción alguno que sustente la pretensión, sin mediar, debo advertir, análisis preciso y circunstanciado de cada elemento, alegato, instrumento u otro medio de prueba como es el deber ser conforme a las reglas de la sana critica cuya exigencia manifiesta el espíritu del legislador en la norma 507 del Código de Procedimiento Civil y no fue aplicada en la sentencia hoy impugnada. Se ha emitido un pronunciamiento carente de la expresión de los motivos de hecho y de derecho que lo sustentan.
Que La decisión hoy impugnada ha debido contener un estudio detallado, pormenorizado de los conceptos jurídicos contenidos en los recibos de condominio. No existe ese estudio o análisis. De haberse realizado se evidenciaría en él que la razón asiste a este defensor. Al realizar el análisis que exige esta representación hubiese quedado establecido con certeza que la pretensión del demandante carece de fundamento jurídico. Limitándose sólo el juzgador a observar estos recibos y analizar el petitum de accionante la conclusión hubiese concurrido en las afirmaciones de esta defensa.
Que En el caso que nos ocupa, este defensor planteo situaciones de orden público, que ignoró el a quo; se planteó la aplicación de normas de restrictiva observancia y hubo silencio sobre cada planteamiento. Se ignoraron, se consideraron los informes y las correspondientes observaciones a los de la parte actora y no se emitió señalamiento alguno sobre lo alegado en ellos por este abogado. En esos informes se enunciaron las mismas situaciones que en el presente escrito relativos a la comunidad de la prueba que afecta el inmueble objeto del litigio.
III
DE
La sentencia sometida a consulta fue dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
El referido Juzgado Superior fundamentó su fallo en los siguientes términos:
En el caso de autos, de los escritos de informes y observaciones consignados ante el Juzgado del presunto agraviante, no se desprende de su lectura que se hubieren opuesto ante el Juez las defensas señaladas; el apelante se limitó a elaborar un recuento de las actuaciones habidas en el expediente y esgrimir sus respectivos alegatos, fundamentando su apelación. No se observa en la decisión recurrida que el Juez hubiere omitido algún alegato de los formulados por la representación de la quejosa, ya que a ésta le fue garantizada se defensa, por cuanto le fue designado defensor ad litem quien contestó la demanda, también se desprende de la decisión que tuvo oportunidad de promover pruebas, en resumen, no se evidencia que el juez, de quien emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en usurpación de funciones o abuso de poder; ni que con tal proceder hubiere ocasionado la violación de un derecho constitucional, por cuanto no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal, lo cual pareciera la intención de la presunta agraviada.
omissis
Asimismo, quiere esta Alzada resaltar sobre la autonomía que tienen los jueces al momento de resolver la controversia sometida a su conocimiento. De allí, el amplio margen de valoración que éstos disponen para la aplicación del derecho en el caso concreto. Ahora bien, dicha autonomía del juzgador en el ejercicio de su función jurisdiccional al momento de resolver un determinado conflicto, no puede ser materia a revisar mediante una acción de amparo
.
IV
DE
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia No. 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de
En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las consultas sobre las sentencias de los Tribunales Superiores (excepto Tribunales Contenciosos Administrativos), las Cortes de lo Contencioso Administrativo y Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.
En el caso sub iudice, la sentencia consultada fue dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir la consulta sometida a su conocimiento, previo el análisis de las siguientes consideraciones:
Observa
En este sentido, el accionante estimó que se produjo la violación de los derechos a la defensa y al debido proceso por parte de la referida sentencia, ...el a quo, no profirió pronunciamiento debido en virtud de lo alegado por esta representación, no resolvió nada de lo expuesto por mi persona en virtud de la representación ejercida, sencillamente se ignoró la gestión de defensa ejercida por este abogado, dejó fallar sobre lo argumentado por mi, no resolvió uno sólo de los asuntos debatidos por esta representación tendiente a objetar la pretensión del representante del actor, los alegatos esenciales y determinantes esgrimidos en los informes de primera instancia así como en las observaciones a los informes de mi contraparte no fueron analizados en lo más mínimo, fueron obviados y desconocidos contraviniendo dicha sentencia el principio de exhastividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado vulnerado el mandato de los artículos 12, 15, 243 y 507 del Código de Procedimiento Civil.
En este contexto,
Al respecto, esta Sala ha reiterado en diversos fallos la improcedencia del amparo cuando se denuncien violaciones de normas de rango legal. Así, en sentencia del 31 de mayo de 2000 (caso: Inversiones Kingtaurus) precisó lo siguiente:
...debe insistirse que la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de legalidad.
Lo que se plantea en definitiva es que la tuición del amparo esté reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías.
En razón de las consideraciones precedentes, esta Sala, al constatar que las denuncias formuladas por la ciudadana Emilia Victoria Mena Orozco no configuran violaciones de derechos o garantías constitucionales, confirma, en los términos expuestos en el presente fallo, la decisión dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Pedro Rafael Rondón Haaz
Magistrado
Luis Velázquez Alvaray
Magistrado Ponente
Francisco Carrasquero López
Magistrado
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Magistrado
Arcadio Delgado Rosales
Magistrado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 05-1146
LVA/
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias