Venley

Sentencia N.º 2454

Sentencia
N.º 2454
Fecha
01/08/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-1146
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Luis Velázquez Alvaray

 

Mediante Oficio Nº 2005182, del 23 de mayo de 2005, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente N° 7524, contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado José Mena, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 50.273, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana EMILIA VICTORIA MENA OROZCO, titular de la cédula de identidad número V-10.504.412, contra la decisión del 30 de septiembre de 2004 que dictó el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación que interpuso –el accionante- contra el fallo del 18 de noviembre de 2000, que emanó del Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual declaró con lugar la demanda interpuesta por el apoderado judicial de Condominios Chacao C.A. en  contra  de la accionante.

 

  Tal remisión obedece a la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de la decisión dictada el 11 de mayo de 2005, por el referido Juzgado Superior Noveno, que declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta.

 

El 31 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

ANTECEDENTES

 

El 7 de agosto  de  2002, la sociedad mercantil Condominios Chacao  C.A., por medio de su apoderado judicial interpuso ante el Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, demanda por cobro de bolívares contra la ciudadana Emilia Victoria Mena Orozco. En esa misma oportunidad, la referida demanda fue asignada al Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por corresponderle su turno en la distribución.

 

El 5 de junio de 2003, el defensor ad litem de la parte demandada consignó escrito contentivo de la contestación a la demanda.

 

El 18 de noviembre de 2003, el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la demanda interpuesta.

 

El 8 de diciembre de 2003, el referido Juzgado de Municipios, oyó el recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto el 5 de diciembre de 2003 por la accionante y remitió el expediente al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial.

 

El 30 de septiembre de 2004, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (que conoció del recurso de apelación interpuesto por corresponderle su turno en la distribución), declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido contra la decisión que dictó el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, en consecuencia, declaró parcialmente con lugar la demanda interpuesta.

 

El 29 de abril de 2005, la ciudadana Emilia Victoria Mena Orozco, asistida de abogado, interpuso ante el Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acción de amparo constitucional contra la decisión del 30 de septiembre de 2004, que dictó el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial. En esa misma oportunidad, el referido Juzgado de Primera Instancia remitió el expediente al Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por corresponderle su turno en la distribución.

 

El 11 de mayo de 2005, el referido Juzgado Superior, declaró improcedente in limine litis la acción de amparo de autos.

 

El 23 de mayo de 2005, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Constitucional, el expediente contentivo de la presente acción, a los fines de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

   

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Narró la accionante, como fundamento de la presente acción, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

 

Que el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito -a decir del agraviante- “… ha omitido su función de garante de la legalidad y constitucionalidad del proceso al abstenerse de dar repuesta a la tutela judicial efectiva debida en virtud de los múltiples argumentos y puntos mencionados por esta representación en el escrito de informes de apelación objeto del Recurso (sic) de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado 24 de Municipio de esa misma circunscripción judicial sobre los que no hubo respuesta alguna por el citado tribunal de alzada. Constituyendo además una violación al debido proceso conforme a la sentencia.

Así como al actuar fuera de su competencia al condenar a la agraviada al pago de una obligación no prescrita por la Ley, en franco desconocimiento del ordenamiento jurídico que comporta una violación al principio de legalidad producto del silencio a la respuesta debida sobrevenida del principio de exhaustividad que debe obedecerse en toda sentencia, al ignorar las razones de hecho y derecho argumentadas por esta representación en los citados informes de segunda instancia, y al cercenar (sic) mediante ese silencio el derecho al contradictorio mediante la oportuna estimación de esos argumentos en la sentencia. Todos constituidos de una violación a los supra indicados derechos constitucionales…”.

 

Que “En el fallo, no se analizó esa situación de hecho, la cual es notoria y evidenciable con la simple lectura de los instrumentos fundamentales, se ha hablado de esto es casa (sic) informe presentado por esta representación, amén a lo señalado por el accionante no existe elemento de convicción alguno que sustente la pretensión, sin mediar, debo advertir, análisis preciso y circunstanciado de cada elemento, alegato, instrumento u otro medio de prueba como es el deber ser conforme a las reglas de la sana critica cuya exigencia manifiesta el espíritu del legislador en la norma 507 del Código de Procedimiento Civil y no fue aplicada en la sentencia hoy impugnada. Se ha emitido un pronunciamiento carente de la expresión de los motivos de hecho y de derecho que lo sustentan”.

 

Que “La decisión hoy impugnada ha debido contener un estudio detallado, pormenorizado de los conceptos jurídicos contenidos en los recibos de condominio. No existe ese estudio o análisis. De haberse realizado se evidenciaría en él que la razón asiste a este defensor. Al realizar el análisis que exige esta representación hubiese quedado establecido con certeza que la pretensión del demandante carece de fundamento jurídico. Limitándose sólo el juzgador a observar estos recibos y analizar el petitum de accionante la conclusión hubiese concurrido en las afirmaciones de esta defensa”.

 

Que “En el caso que nos ocupa, este defensor planteo situaciones de orden público, que ignoró el a quo; se planteó la aplicación de normas de restrictiva observancia y hubo silencio sobre cada planteamiento. Se ignoraron, se consideraron los informes y las correspondientes observaciones a los de la parte actora y no se emitió señalamiento alguno sobre lo alegado en ellos por este abogado. En esos informes se enunciaron las mismas situaciones que en el presente escrito relativos a la comunidad de la prueba que afecta el inmueble objeto del litigio”.

 

 

III

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

La sentencia sometida a consulta fue dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 11 de mayo de 2005, la cual declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta contra la decisión del 30 de septiembre de 2004 que dictó el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión del juicio que por cobro de bolívares intentó Condominios Chacao  C.A.,  contra la ciudadana Emilia Victoria Mena Orozco –aquí accionante-.

 

El referido Juzgado Superior fundamentó su fallo en los siguientes términos:

 

“En el caso de autos, de los escritos de informes y observaciones consignados ante el Juzgado del presunto agraviante, no se desprende de su lectura que se hubieren opuesto ante el Juez las defensas señaladas; el apelante se limitó a elaborar un recuento de las actuaciones habidas en el expediente y esgrimir sus respectivos alegatos, fundamentando su apelación. No se observa en la decisión recurrida que el Juez hubiere omitido algún alegato de los formulados por la representación de la quejosa, ya que a ésta le fue garantizada se defensa, por cuanto le fue designado defensor ad litem quien contestó la demanda, también se desprende de la decisión que tuvo oportunidad de promover pruebas, en resumen, no se evidencia que el juez, de quien emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en usurpación de funciones o abuso de poder; ni que con tal proceder hubiere ocasionado la violación de un derecho constitucional, por cuanto no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal, lo cual pareciera la intención de la presunta agraviada.

…omissis…

Asimismo, quiere esta Alzada resaltar sobre la autonomía que tienen los jueces al momento de resolver la controversia sometida a su conocimiento. De allí, el amplio margen de valoración que éstos disponen para la aplicación del derecho en el caso concreto. Ahora bien, dicha autonomía del juzgador en el ejercicio de su función jurisdiccional al momento de resolver un determinado conflicto, no puede ser materia a revisar mediante una acción de amparo…”.

 

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia No. 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán)  y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las consultas sobre las sentencias de los Tribunales Superiores (excepto Tribunales Contenciosos Administrativos), las Cortes de lo Contencioso Administrativo y Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

 

En el caso sub iudice, la sentencia consultada fue dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal en funciones constitucionales, en primera instancia, de la acción de amparo interpuesta contra la decisión del 30 de septiembre de 2004 que dictó el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión del juicio que por cobro de bolívares intentó Condominio Chacao  C.A.,  contra la ciudadana Emilia Victoria Mena Orozco.

 

Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de la Sala sobre este aspecto, la misma resulta competente para conocer de la presente consulta, y así se declara.

 

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir la consulta sometida a su conocimiento, previo el análisis de las siguientes consideraciones:

 

Observa la Sala que el objeto de la presente acción de amparo lo constituye la presunta violación del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, por parte de la decisión dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por cuanto      -según adujo la accionante- dicha decisión realizó una interpretación errónea del referido artículo y, además, no se pronunció sobre las excepciones expuestas por los accionantes.

 

En este sentido, el accionante estimó que se produjo la violación de los derechos a la defensa y al debido proceso por parte de la referida sentencia, “...el a quo, no profirió pronunciamiento debido en virtud de lo alegado por esta representación, no resolvió nada de lo expuesto por mi persona en virtud de la representación ejercida, sencillamente se ignoró la gestión de defensa ejercida por este abogado, dejó fallar sobre lo argumentado por mi, no resolvió uno sólo de los asuntos debatidos por esta representación tendiente a objetar la pretensión del representante del actor, los alegatos esenciales y determinantes esgrimidos en los informes de primera instancia así como en las observaciones a los informes de mi contraparte no fueron analizados en lo más mínimo, fueron obviados y desconocidos contraviniendo dicha sentencia el principio de exhastividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado vulnerado el mandato de los artículos 12, 15, 243 y 507 del Código de Procedimiento Civil.”

 

En este contexto, la Sala debe destacar que las denunciadas violaciones a los derechos a la defensa y al debido proceso del accionante, obedecen a una presunta infracción del contenido de los artículos 507 y 244 del Código de Procedimiento Civil y a una supuesta errada valoración de las pruebas aportadas, lo cual escapa al ámbito de la acción de amparo constitucional. Además,  se evidencia de estas denuncias que la pretensión del accionante se circunscribe a manifestar su inconformidad con lo sentenciado en segunda instancia, fundamentando sus alegatos en violaciones indirectas del Texto Constitucional, como lo son las mencionadas denuncias,  situación esta que riñe con los principios básicos para la procedencia de la acción de amparo constitucional, que tienden a la determinación de violaciones directas e inmediatas de disposiciones de rango constitucional.

 

Al respecto, esta Sala ha reiterado en diversos fallos la improcedencia del amparo cuando se denuncien violaciones de normas de rango legal. Así, en sentencia del 31 de mayo de 2000 (caso: Inversiones Kingtaurus) precisó lo siguiente:

 

“...debe insistirse que la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de legalidad.

 

  Lo que se plantea en definitiva es que la tuición del amparo esté reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías.”

 

En razón de las consideraciones precedentes, esta Sala, al constatar que las denuncias formuladas por la ciudadana Emilia Victoria Mena Orozco no configuran violaciones de derechos o garantías constitucionales, confirma, en los términos expuestos en el presente fallo, la decisión dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas del 11 de mayo de 2005, mediante la cual se declaró improcedente in limine litis la presente acción de amparo, y así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión del 11 de mayo de 2005 que dictó el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, la cual declaró IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana EMILIA VICTORIA MENA OROZCO, asistida de abogado, contra la decisión del 30 de septiembre de 2004 que dictó el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión del juicio que por cobro de bolívares intentó la sociedad mercantil Condóminos Chacao  C.A.,  contra la accionante.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 01 días del mes de agosto  de 2005. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 La Presidenta,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

      El Vicepresidente,

 

 

 

 

    Jesús Eduardo Cabrera Romero

           

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz                             

                Magistrado                                                        

 

 

                                                                                   Luis Velázquez Alvaray  

                                                                                          Magistrado Ponente

           

 

 

Francisco Carrasquero López

            Magistrado

 

 

 

                                                                       Marcos Tulio Dugarte Padrón

                                                                                          Magistrado         

 

 

Arcadio Delgado Rosales

            Magistrado

         El Secretario,

 

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

  Exp. 05-1146

  LVA/

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