Venley

Sentencia N.º 2469

Sentencia
N.º 2469
Fecha
01/08/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-0966
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
Procedimiento
Acción de amparo de habeas corpus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrado Ponente: Luis Velázquez Alvaray

 

Mediante Oficio Nº CA-417-05 del 27 de abril de 2005, emanado de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Coro, fue remitido a esta Sala Constitucional, el expediente contentivo de la decisión que emitió el 5 de abril de 2005, la cual revocó la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal el 10 de febrero de 2005, que declaró con lugar la acción de amparo (habeas corpus) intentada por la abogada Isabel Monsalve de Lilo, en su condición de Defensora Pública Cuarta, en representación del ciudadano DOUGLAS ANTONIO HERMOSO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.131.003, contra el retardo procesal producido al haber transcurrido más de dos (02) años privado de su libertad el precitado ciudadano, sin que se haya realizado juicio oral.

 

Tal remisión obedece a la consulta de ley de la mencionada sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 11 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

Del análisis de los recaudos acompañados en autos y de la lectura del libelo de demanda, esta Sala observa lo siguiente:

 

Con ocasión al juicio penal seguido contra el ciudadano Douglas Antonio Hermoso por la supuesta comisión del delito de distribución ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, le fue decretada medida de privación judicial preventiva el 3 de enero de 2003, por decisión del Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.

 

Que, han transcurrido más de dos (2) años sin que se hubiese realizado el juicio oral y público, siendo diferido en varias oportunidades por causas no imputables a su representado.

 

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, toda medida cautelar tiene una duración limitada en el tiempo, en este caso de dos (2) años, lo cual está íntimamente relacionado al debido proceso y al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

 

Que, “en virtud de que el Juzgado primero de Juicio de esta Circunscripción Judicial Penal se encuentra acéfalo, se introduce el presente recurso por ante ese Juzgado de Control”, solicitando como restablecimiento de la situación jurídica infringida se decrete la inmediata libertad de su defendido.

 

Por escrito presentado el 3 de febrero de 2005, la abogada Isabel Monsalve de Lilo, actuando en su carácter de defensora pública del ciudadano Douglas Antonio Hermoso, ejerció amparo constitucional ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de Coro, Estado Falcón, contra el retardo procesal en la causa penal seguida contra su defendido, la cual correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Coro.

 

Por auto del 3 de febrero de 2005, el referido Juzgado Cuarto de Control ordenó oficiar al internado judicial donde se encuentra recluido el accionante, solicitándole información respecto al tiempo que lleva privado de su libertad y se ordene su traslado a los fines de la celebración de la audiencia constitucional.

 

El 4 de marzo de 2005, oportunidad fijada para la celebración de la audiencia constitucional, se dejó constancia de la comparecencia del accionante, del Ministerio Público y del juez accionado, luego de la cual se dictó el dispositivo del fallo declarando con lugar el habeas corpus solicitado y ordenándose la libertad inmediata del accionante. El precitado fallo citó como apoyo jurisprudencial, sentencia de esta Sala Constitucional N° 2398 del 28 de agosto de 2003.

 

El 9 de febrero de 2005, fue recibido oficio N° 58 del Internado Judicial de Falcón, donde señaló que el ciudadano Douglas Antonio Hermoso ingresó al referido recinto el 3 de febrero de 2003. En esa misma fecha, fue recibido oficio N° 10 del Internado Judicial de Falcón, donde señaló que el ciudadano Douglas Antonio Hermoso egresó del referido recinto el 4 de febrero de 2005, según boleta de excarcelación de esa misma fecha.

 

El 10 de febrero de 2005, el referido Juzgado Cuarto de Control publicó in extenso el fallo y, declaró con lugar la acción de habeas corpus incoada.

 

El 22 de febrero de 2005, se ordenó remitir el expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico a los fines de pronunciarse sobre la consulta de la decisión antes referida, que prevé el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Por decisión del 5 de abril de 2005, la mencionada Corte de Apelaciones revocó la decisión dictada el 10 de febrero de 2005, por el Juzgado Cuarto de Control, por considerar que se trataba de una acción de amparo constitucional por retardo procesal, por lo que se declaró competente para conocer en primera instancia y declaró inadmisible la acción de amparo constitucional.

 

El 27 de abril de 2005, se ordenó remitir el expediente a esta Sala a los fines de pronunciarse sobre la consulta de la decisión antes referida, que prevé el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

 

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia Nº 01 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las consultas sobre las sentencias de los Tribunales Superiores de la República (salvo los Tribunales Superiores Contencioso Administrativo), cuando éstos hayan decidido una acción de amparo constitucional como tribunales de primera instancia.

 

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, la consulta de la sentencia emanada de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Coro, que conoció de una acción de amparo constitucional incoada contra un retardo procesal imputado a un Juzgado inferior en un juicio de naturaleza penal, por lo que conforme con lo antes reseñado, esta Sala se declara competente para resolver la presente consulta, y así se decide.

 

 

 

III

DE LA DECISIÓN CONSULTADA

 

El fallo cuya consulta es sometida al conocimiento de esta Sala, revocó la decisión dictada el 10 de enero de 2005, por el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón que declaró con lugar la acción de amparo intentada por la defensora privada del ciudadano Douglas Antonio Hermoso y en su lugar la declaró inadmisible sobrevenidamente.

 

La sentencia consultada se pronunció, en los siguientes términos:

 

“La Solicitante argumenta la presunta violación de las garantías del debido proceso legal, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la libertad personal, previstas en los artículos 49, 257 y 44 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y también contemplados en diversos instrumentos internacionales por éstos citados; para lo cual alegó que su defendido se encuentra privado de su libertad desde 03-12-2003, sin que hasta la presente fecha haya recaído sobre el acusado en cuestión, sentencia definitiva que lo condene por el ilícito penal que le acredita el Ministerio Público, y por ende consideran que existe un retardo procesal injustificado en dicha causa penal atribuible a la administración de justicia. Por lo tanto solicitan en favor de su asistido que se le restablezca la situación jurídica infringida (derecho a la libertad), y que éste Tribunal ordene su inmediata libertad.

A fin de verificar la presencia del vicio denunciado por la Defensora Pública, esta Corte de Apelaciones pudo constatar a través del Sistema Juris 2000, que la causa penal signada bajo el Nº IJ01-P-2003-000014, fue mediante auto de fecha 04 de abril de 2005, redistribuida, encontrándose actualmente bajo el conocimiento del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal con funciones de Tercero de Juicio de esta Circunscripción Judicial; en cumplimiento de la Resolución Nº 12-2005, de fecha 03-04-2005, emanada de la Presidencia de este Circuito Judicial Penal.

En consecuencia la violación denunciada por la solicitante de autos de que el Tribunal Primero de Juicio se encontraba acéfalo ha cesado; pudiendo entonces peticionar ante el Tribunal de Primera Instancia en lo penal con funciones de TERCERO de Juicio, a quien por Resolución de la Presidencia tocó el conocimiento de la causa, pudiendo dirigir ante el mencionado Tribunal y solicitar lo pertinente a favor de su defendido, siempre siguiendo los parámetros establecidos en nuestra norma adjetiva penal.

Todo lo anterior acarrea como consecuencia entonces, a toda luz la INADMISIBILIDAD del presente recurso de conformidad con lo regulado en el ordinal 1º del Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por haber cesado la presunta violación delatada; y Así se decide.

En consecuencia se revoca el mandamiento de habeas corpus decretado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal con funciones de Primero de Control del este Circuito Judicial”.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior, pasa esta Sala a decidir la presente consulta y en tal sentido observa:

 

Lo pretendido a través de la acción de amparo constitucional fue el restablecimiento de la situación jurídica infringida, producto del retardo procesal incurrido en perjuicio del ciudadano Douglas Antonio Hermoso, contra quien se decretó medida privativa de libertad y se encuentra recluido en un internado judicial desde hace más de dos (2) años sin mediar juicio oral y público, lo que a decir de su defensora pública viola el contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que motivo a interponer solicitud de habeas corpus ante la acefalía del Juzgado Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.

 

Es de hacer notar que, por decisión del 10 de enero de 2005, el Juzgado Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón declaró con lugar la acción de habeas corpus, ordenando la libertad plena del accionante.

 

Por su parte, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, al conocer en Alzada de la anterior decisión, consideró, como punto previo, que no se trataba de una acción de habeas corpus, sino de una acción de amparo constitucional por retardo procesal imputable al Juzgado Primero de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal, por lo que la competente para conocer en primera instancia era dicha Corte de Apelaciones, revocando, por ello, la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Control y declarando inadmisible la acción de amparo propuesta, por constatar que cesó la violación al haber sido redistribuida a otro juzgado de juicio la causa principal.

 

Ahora bien, a juicio de esta Sala lo pretendido por el ciudadano Douglas Antonio Herrera es obtener su libertad ante el retardo procesal incurrido por el hecho de haber estado detenido por más de dos (2) años sin mediar juicio alguno, justificando la interposición de la acción de amparo en la acefalía del Juzgado Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón donde se estaba tramitando el juicio principal, violando con ello lo estableció en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

La conducta antes referida, fue sometida a revisión de esta Sala, en sentencia N° 2398 del 28 de agosto de 2003, donde precisó:

 

“Esta Sala observa que el legislador estableció como limite máximo de toda medida de coerción personal, independientemente de su naturaleza, la duración de dos años, puesto que previó que era un lapso suficiente para la tramitación del proceso. Ahora bien, una vez transcurridos los dos años, decae automáticamente la medida judicial privativa de libertad, sin embargo, es probable que para asegurar la finalidad del proceso sea necesario someter al imputado o al acusado a alguna otra medida, que, en todo caso, debe ser menos gravosa.

 

En este sentido, cabe destacar que corresponde al juez hacer cumplir la norma contenida en el artículo 244, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la legislación adjetiva le atribuye el rol del director del proceso,; de modo que “cuando, la Constitución, en su condición de norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, le exige que sea el principal garante de la actuación circunstanciada de la ley y de sus propios mandatos normativos, le está imponiendo el deber constitucional de hacer valer, permanentemente, los principios asociados al valor justicia, indistintamente del proceso de que se trate, de la jerarquía del juez o de la competencia que le ha conferido expresamente el ordenamiento” (Sentencia nº 2278 de esta Sala, del 16 de noviembre de 2001, caso: Jairo Cipriano Rodríguez Moreno).

 

Por lo tanto, en aquellos supuestos en que una medida coercitiva exceda el limite máximo legal, esto es, el lapso de dos (2) años, sin que se haya solicitado su prórroga tal como lo establece el último aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el juzgador debe citar de oficio tanto al Ministerio Público como a la víctima -aunque no se haya querellado- y realizar una audiencia oral y decidir acerca de la necesidad de dictar una medida cautelar menos gravosa para el imputado o acusado, sin menoscabar el derecho a la defensa y a ser oído de las partes.

 

No obstante, mención aparte amerita la medida de privación preventiva de libertad, a la cual debe equipararse la detención domiciliaria prevista en el artículo 256, numeral 1 del antedicho Código, En estos casos, una vez cumplidos los dos años sin que la misma haya cesado ni haya terminado el proceso penal, el juez debe, de inmediato, decretar la libertad del procesado, sea de oficio o a instancia de parte, para evitar la lesión del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

 

En este orden de ideas, el mismo imputado o acusado tiene el derecho de solicitar tal decreto, una vez que se verifique el transcurso de un lapso superior al establecido como máximo, de forma que al constatar tal supuesto, el juez esta obligado a declarar el decaimiento de la medida privativa de la libertad, debido al mandato expreso contenido en el citado artículo 244 de la ley procesal penal, a fin de evitar que una medida que fue dictada conforme a derecho se convierta en ilegítima al vulnerar un derecho de rango constitucional.

 

Sin embargo, debe aclararse que lo anterior no impide que, de ser necesario para garantizar la finalidad del proceso, el juez deba, simultáneamente, decretar una medida cautelar sustitutiva, para evitar que renazca el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad.

 

Los argumentos expuestos en los parágrafos precedentes traen como consecuencia que si a través de la interposición de un amparo constitucional se pretende el decreto de una medida cautelar sustitutiva por la excesiva e ilegítima prolongación de la privación preventiva de la libertad, tal pretensión resulta inadmisible, toda vez que el medio ordinario para hacer cesar la presunta lesión es la solicitud que se realice ante el propio juez”. (Resaltado por esta Sala)

 

De lo anterior deriva que es derecho del accionante solicitar la libertad por transcurso de más de dos (2) años de estar privado de la libertad sin mediar juicio oral y público y es obligación del juez de la causa principal decretar la libertad al verificar el cumplimiento de los extremos exigidos en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues lo contrario sería violar el derecho a la libertad consagrado en el artículo 44 Constitucional.

 

En el presente caso el accionante si bien en un principio no pudo acudir ante el juzgado natural, es decir, el Juzgado Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, para solicitar la libertad; posteriormente, con la distribución de la causa al Juzgado Tercero de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal, debió acudir ante este último, pues es dicho juzgado el que tiene la competencia y la obligación, en caso de no haberlo ya realizado, de verificar el cumplimiento del lapso de dos (2) años previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que reiterando su propia doctrina, esta Sala, es del criterio que no se justificaba la interposición de la presente acción de amparo constitucional, por existir una vía idónea y expedita para lograr satisfacer la pretensión deducida y por cesar la violación ante la designación de juez en la causa principal, por lo que debe ser declarada inadmisible la acción de amparo constitucional por estar incursa en las causales contenidas en los numerales 1 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, motivo por el cual se confirma, por otros motivos, el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal del 5 de abril de 2005. Así se declara.

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA, por otros motivos, la decisión del 5 de abril de 2005, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón que revocó la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal el 10 de febrero de 2005, que declaró con lugar la acción de amparo  intentada por la abogada Isabel Monsalve de Lilo, en su condición de Defensora Pública Cuarta, en representación del ciudadano DOUGLAS ANTONIO HERMOSO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.131.003, contra el retardo procesal producido al haber transcurrido más de dos (02) años privado de su libertad el precitado ciudadano, sin que se haya realizado juicio oral.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. Remítase copia de la presente decisión al Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón y al Juzgado Primero de Control de la misma Circunscripción Judicial a los fines de pronunciarse respecto al cumplimiento o no de los extremos exigidos por el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los          días del mes de                       de dos mil cinco. Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

 

La Presidenta,

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

Magistrado

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

Magistrado-Ponente       

 

Francisco Antonio Carrasquero López

Magistrado

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

                                                                           Magistrado 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

        Magistrado

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena

 

Exp. 05-0966

LVA

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