Venley

Sentencia N.º 2482

Sentencia
N.º 2482
Fecha
30/11/2001
Sala
Constitucional
Expediente
00-2085
Ponente
José M. Delgado Ocando
Procedimiento
Acción de Amparo


SALA CONSTITUCIONAL

Ponencia del Magistrado Doctor JOSÉ M. DELGADO OCANDO

 

A los fines de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, el día 4 de julio de 2001, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo interpuesta por el ciudadano JESÚS M. AVENDAÑO, titular de la cédula de identidad nº 3.975.381, abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 27.546, actuando en nombre propio y en representación de su menor hija de siete años de edad -cuyo nombre se omite en razón de lo establecido en el parágrafo segundo, del artículo 65º de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente-, la cual fue declarada con lugar por la mencionada Corte de Apelaciones.

 

La solicitud de amparo fue incoada contra la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Guarenas, del 16 de febrero de 2000, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud del abogado Jesús M. Avendaño, de someter a la consulta legal, el auto de averiguación terminada fundamentada en el artículo 206, ordinal 1º del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal –vigente para el momento de su aplicación- proveído por el entonces Juzgado de la Parroquia Capaya Municipio Acevedo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en virtud de que “al entrar en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, la figura de la consulta de las decisiones y sentencias desapareció, razón por la cual, la decisión de la Juez de la Parroquia Capaya (...) quedó firme”, lo cual, a juicio del promovente, vulneró los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la asistencia jurídica de su menor hija, -quien es víctima directa en la causa penal llevada ante el aludido Tribunal- y los suyos propios, consagrados en los artículos 49, ordinal 1º y 78, respectivamente, de la Constitución.

 

El 10 de julio de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. José M. Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Los hechos más relevantes para la comprensión de la acción de amparo, son en síntesis, los siguientes:

 

I

ANTECEDENTES

 

El 1º de junio de 2000, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, recibió escrito de solicitud de amparo constitucional con sus recaudos, interpuesto por el abogado Jesús M. Avendaño, actuando en su propio  nombre y en representación de su menor hija (folio 24).

 

El 2 de junio del mismo año, la referida Corte de Apelaciones, en sede constitucional, admitió la acción y, por auto separado de la misma fecha, acordó la realización de la audiencia oral para dentro de las noventa y seis horas siguientes de  la consignación en autos de la última de las notificaciones que se hicieren a las partes (folio 26).

 

El 7 de junio de 2000, la Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio, presentó ante la mencionada Corte de Apelaciones escrito contentivo de los argumentos relativos a la solicitud de amparo constitucional con sus recaudos (folios 32 al 52).

 

El día 16 de junio de 2000, se llevó a cabo la audiencia oral y pública, a la cual comparecieron el accionante, su menor hija y la madre de ésta, mas no así la Juez del Tribunal presunto agraviante ni el Fiscal del Ministerio Público, por lo que el Tribunal, luego de oír los alegatos de los presentes y haberse retirado a deliberar sobre el asunto debatido y sobre el dispositivo del fallo, decidió diferir la Audiencia por un lapso de 48 horas a los fines de solicitar al Tribunal Segundo para el Régimen Procesal Transitorio, el expediente principal relacionado con la presente causa, así como la copia certificada del Libro Diario del Tribunal donde aparece el asiento de la decisión impugnada (folios 55 y 56).

 

El 21 de junio del mismo año, la aludida Corte de Apelaciones, llegada la oportunidad para la reanudación de la audiencia constitucional sin que hubieran asistido ninguna de las partes –incluyendo al accionante-, levantó un acta en la cual hizo constar tal circunstancia; procedió a declarar con lugar la acción de amparo interpuesta y anuló el auto contra el cual se interpuso dicha acción. En el mismo acto declaró que la publicación de la sentencia in extenso se haría dentro de los cinco días hábiles siguientes a esa fecha (folio 65).

 

El 26 de junio de 2000, el Tribunal publicó el fallo, el cual es del tenor siguiente -contiene un voto salvado- (folios 66 al 73):

 

“Según la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, tantas veces citada, `Para el juez de amparo lo importante son los hechos que constituyen las violaciones de derechos y garantías constitucionales`. Y en el caso en análisis los hechos se concretan a la negativa por parte del Tribunal 2º de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio de la consulta de la decisión dictada por el Tribunal de la Parroquia Capaya de esta misma Circunscripción Judicial, que acordó la terminación de la averiguación, conforme lo establecido en el artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Tribunal (sic), vigente para la época en que se emitió dicha decisión.

Ahora bien, es principio de derecho, que los jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de Casación en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia (Art. 321 del C.P.C (sic)).

Así tenemos que en un caso análogo, el Tribunal Supremo concluyó:

(...)

Considera igualmente la Sala, que al no ser notificados de la decisión objeto del amparo y ordenarse el archivo del expediente, cuando la solicitud del accionante en el juicio principal se produjo el 27–01-2000 (folio 79) y la decisión fue emitida el 16-02-2000, no tenía otra vía para que se restableciese la situación jurídica infringida que la acción de amparo, pues todo proceso jurisdiccional contencioso debe ceñirse al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que impone el debido proceso, que se armoniza con lo previsto en el único aparte del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, en aplicación de la última jurisprudencia citada de nuestro Tribunal Supremo, estima esta Sala la procedencia del amparo constitucional interpuesto, (...)y por consiguiente, debe anularse el auto dictado por el Juzgado 2º de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio (...) que negó la consulta de la decisión del Tribunal Instructor (...)”.

 

 

El 4 de julio de 2000 fue remitida la causa a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la consulta legal (folio 97).

 

II

RESUMEN DE LOS ALEGATOS

 

            1º) El sábado 8 de agosto de 1998, la menor hija del ciudadano Jesús M. Avendaño, quien en ese momento tenía cinco años de edad, fue arrollada, cuando junto a su grupo familiar –padres y hermanas-, se encontraba en el sitio denominado “Las Morochas”, por un vehículo automotor conducido por la ciudadana Isabel Susana Acosta de Camerota, produciéndole una lesión grave de fractura desplazada del hueso fémur de su pierna izquierda y traumatismos generalizados.

 

            2º) Narró el ciudadano Jesús Avendaño, promovente de la presente acción, que la niña tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Ortopédico Infantil de Caracas, por lo cual las autoridades administrativas de Tránsito Terrestre remitieron las actuaciones relativas al caso al Juzgado de la Parroquia Capaya de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a fin de que investigara e instruyera el accidente en cuestión.

 

3º) Argumentó el accionante que, luego de transcurridos diez meses y una serie de irregularidades, el mencionado Juzgado el 14 de junio de 1999, proveyó un pronunciamiento mediante el cual declaró terminada la averiguación, con fundamento en el artículo 206, ordinal 2º del Código de Enjuiciamiento Criminal, violando de esta manera el debido proceso “en razón a que sólo a escasos diecisiete  (17) días para entrar en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal (C.O.P.P), la juez sentencia a favor de la indiciada, no obstante a que estaba demostrado en los autos el cuerpo del delito y sin estar evidentemente prescrita la acción penal”.

 

4º) Señaló el solicitante que el primer elemento constitutivo de violación de la garantía alegada fue “que después de cumplirse el lapso de los ocho (8) días que ordenaba la ley, de haberse pasado las actuaciones a dicho Tribunal como Instructor, éste debió resolver y no lo hizo dentro de los otros ocho (8) días siguientes a aquél, donde legalmente debió de decidir acerca de la detención de la indiciada o someterla a juicio (...), o bien, dentro de dicho término, antes de dictar el auto de detención o de sometimiento a juicio es cuando pudo la Juez declarar ´terminada la averiguación´ y no a los diez (10) meses de iniciado el juicio”.

 

5º) De tales hechos, prosiguió el actor, se infiere la falta de pronunciamiento en tiempo útil en que incurrió la Juez respecto de la responsabilidad intencional o culposa de la indiciada, propiciando un retardo perjudicial “con el agravante de no haber declarado concluido nunca el sumario, como lo ordenaba el artículo 204 del C.E.C (sic), permitiendo que la causa se mantuviera en eterna etapa sumaria, sin ordenarse la apertura de la etapa plenaria y sin permitir el acceso del suscrito a las actas procesales”.

 

6º) Añadió que, como punto relevante para la comprensión del caso,  debe tomarse en cuenta que las normas procedimentales del Código Orgánico Procesal Penal se encontraban en período transitorio y que entró en plena vigencia el 1º de julio de 1999, “mientras que en ese ínterin el expediente fue remitido al Tribunal Transitorio que estaba ubicado anteriormente en la ciudad de Guatire, donde por la reestructuración de la jurisdicción penal y luego por la declaración de la emergencia judicial, decretada por el Órgano Legislativo Nacional (A.N.C.), le perdí la pista al expediente, hasta el día 7 de diciembre de 1999, en que después de múltiples inconvenientes y revisando todas las rumas de expedientes provenientes de todos los Tribunales inferiores de Barlovento logré su ubicación en el Tribunal Transitorio de Guatire, donde pude constatar que estaba ´sentenciado´ y que se encontraba en legajo para ser remitido al archivo judicial”.

 

7º) Expresó el accionante que, en la fecha en que logró conseguir el expediente contentivo de la causa, es decir, el 7 de diciembre de 1999, el Juzgado Segundo de Transición, le asignó un nuevo número al expediente, por lo que el 27 de enero de 2000, el ciudadano Jesús Avendaño –aquí presunto agraviado- consignó un escrito ante dicho Tribunal y solicitó la consulta obligatoria de la decisión, pero la misma le fue negada mediante auto emitido el 16 de febrero de 2000, alegando como argumento la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, decisión que constituye el objeto de la pretensión del caso bajo análisis.

 

8º) El actor continuó con sus alegatos y expuso que no estaba de acuerdo con la decisión, como padre de la niña agraviada directamente, en virtud de que la misma “dejaba impune un hecho delictuoso”, y que tal decisión que negó la consulta “fue producida bajo la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, mientras que la sentencia del Tribunal Instructor fue proferida bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, por lo que hay un conflicto de leyes, sin que exista una instancia superior que resuelva la controversia”.

 

9º) Que con tal decisión el fallo del Tribunal de Parroquia, que declaró terminada la averiguación, quedó definitivamente firme, por lo que la acción civil por los daños y perjuicios causados a la niña quedarían nugatorios, lo cual atenta contra la protección integral y el interés superior de la misma, no obstante, adujo, el pronunciamiento en cuestión se tomó con bastante ligereza, alegando simplemente la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal.

 

10º) Que el presunto Tribunal agraviante estableció y confirmó que la averiguación terminada quedó firme, por cuanto los hechos no revestían carácter penal, pero, en la misma motivación determinó que “está comprobado plenamente la comisión de un hecho punible, como lo es el delito de lesiones culposas graves en accidente vial, tipificado y sancionado en el artículo 417 en concordancia con el artículo 422 ordinal 2º, ambos del Código Penal”.

 

11º) Afirmó que habría sido diferente si el Juzgado hubiese declarado “que la persona responsable del hecho actuó sin intención, por haber obrado con imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos del tránsito, ocasionando el hecho dañoso, haciéndose merecedora de una sanción mitigada o disminuida por la calificación, como es lo usual en todos los delitos culposos y no como lo hizo (..) que de un plumazo le quitó el carácter punible a unas lesiones como si la ley le facultara para ello”.

12º) Asimismo alegó que, cuando el Juzgado de Transición decidió negar el fallo cuestionado, convalidó todo lo establecido por el Tribunal de la Parroquia Carpaya, quien determinó que “la niña de apenas cinco años, cuando ocurrió el accidente, actuó mediante conducta irregular, provocando el accidente por su imprudencia, con la co-responsabilidad de sus padres, dando la impresión en su fallo de revertir el hecho punible a la responsabilidad directa de la niña lesionada y a ambos padres, como si se tratara de una falta cometida por la propia menor”.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

La presente acción de amparo fue decidida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, en virtud de ser el superior jerárquico del Juzgado Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del mismo Circuito Judicial Penal con sede en Guarenas, el cual dictó el auto impugnado a través del amparo.

 

Dicha acción se interpuso contra la decisión del referido Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar la solicitud del ciudadano Jesús M. Avendaño de someter a la consulta legal el auto de averiguación terminada proveído de conformidad con el ordinal 2º, artículo 206, del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal –vigente al momento de su aplicación-, por el entonces Juzgado de Parroquia Capaya del Municipio Acevedo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en virtud de que “al entrar en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, la figura de la consulta de las decisiones y sentencias desapareció, razón por la cual, la decisión de la Juez de la Parroquia Capaya (...) quedó firme”, lo cual, a juicio del promovente, vulneró los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la asistencia jurídica de la prenombrada niña y los suyos propios, consagrados en los artículos 49, numeral 1 y 78, respectivamente, de la Constitución.

 

Así tenemos que la aludida Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, el 26 de junio de 2000, declaró con lugar la solicitud de amparo, sobre la base de las argumentaciones que esta Sala se permitió transcribir en el capítulo I, titulado “Antecedentes”, procediendo a remitir la causa a este Supremo Tribunal a los fines de su consulta legal, de conformidad con el artículo 35 de la referida Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que prescribe la obligatoriedad de consultar lo acordado con la instancia superior respectiva, de manera de preservar el principio de la doble instancia. 

 

Por tanto, acorde con la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, a ella corresponde el conocimiento en segunda instancia de la sentencia que resolvió la acción de amparo, dictada por el mencionado Juzgado Superior. Así se declara.

 

IV

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

Del análisis efectuado por esta Sala sobre el pronunciamiento proveído por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, en sede constitucional el 26 de junio de 2000, objeto de la revisión por vía de consulta, se observa que la misma fundamentó la declaratoria con lugar del amparo en un argumento de autoridad emitido por este Tribunal en un caso que consideró análogo y perfectamente aplicable a la resolución del mismo.

 

No obstante, la cita textual que utilizó la indicada Corte de Apelaciones de dicho fallo y sobre el cual señaló que fue proveído por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal el 28 de enero de 2000, no contiene relación alguna con el asunto planteado en la tutela constitucional, por cuanto nada dice sobre el problema de la procedencia o no de la consulta legal de la sentencia que declaró la averiguación terminada, de conformidad con lo dispuesto en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, y la cual no fue resuelta bajo el razonamiento judicial de que el Código Orgánico Procesal Penal no contemplaba tal figura jurídica.

 

Vista la fragmentaria reproducción del dictamen esgrimido, estimó prudente esta Sala la búsqueda y posterior lectura total de dicha sentencia, advirtiendo que la misma no guarda correspondencia alguna con la pretensión y la razón de la declaratoria con lugar del asunto bajo análisis.

 

Sin embargo, esta Sala Constitucional pudo advertir, también, que la Sala de Casación Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia, produjo varios fallos, en los cuales determina claramente la justificación de la consulta legal, aduciendo que:

 

“El 01 de julio de 1999 entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Procesal Penal, y con él, un cambio en nuestro ordenamiento procesal penal,  adoptando el sistema acusatorio, que nos lleva a resolver un cúmulo de enormes preguntas aun no formuladas, respecto a las incidencias procesales concretadas en el  referido  Código, como es el caso de la consulta de las sentencias  definitivas  o interlocutorias que fueron dictadas antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, (...).

 

En efecto, el nuevo texto procesal penal, no contempla la consulta, razón por la cual este instituto desaparece de la legislación procesal penal  venezolana, toda vez que desde el día en que entró en vigencia, los procesos penales iniciados bajo la vigencia del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, pasan a ser regidos en su secuencia o continuación, por el novísimo Código Orgánico Procesal Penal (...).

 

Lo anterior ha llevado a esta Corte, a ser cuidadosa frente a tal situación, y por ende, a buscarle sentido, al por qué de los recursos, de apelación o consulta, que establecía la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

 

Al respecto, debe señalarse que el objeto de todo recurso, es el de revisar una determinada decisión, en donde el juez de alzada adquiere la jurisdicción del asunto, con facultad para decidir la controversia tanto en los hechos como en el derecho.

 

Y la consulta es el procedimiento de control, asumido por un tribunal de grado superior, de las sentencias u otros pronunciamientos de jueces o tribunales inferiores, dispuestos por ley y que procede sin necesidad de instancia de parte.

 

En nuestra legislación la consulta se ha considerado y así lo estableció la jurisprudencia y la doctrina, como una apelación  interpuesta y oída simultáneamente por mandato de la Ley, entendiéndose como una consulta oficiosa, que no fue establecida a favor ni en contra del reo, sino en interés de la sociedad para cuidar que se castigaran los delitos y se  protegieran  y defendieran  a los inocentes”.

 

Así, se ordenaba a los Tribunales de Instancia y a la propia referida Sala de Casación Penal, asumir el conocimiento de la consulta de ley, proscrita por el nuevo instrumento legal adjetivo penal.

 

Ahora bien, esta Sala Constitucional en la sentencia nº 389/00, a la luz de nuestra Carta Magna para la resolución de un caso semejante, determinó que existe violación a la garantía fundamental que prescribe el principio de irretroactividad de la ley, cuando adquiridos unos derechos bajo la vigencia de una ley anterior se impide su goce so pretexto de la entrada en vigencia de una nueva, en virtud de que:

 

“De lo antes expuesto, esta Sala, al observar que la consulta fue ordenada y tramitada bajo la vigencia del ordenamiento jurídico anterior,  la considera como un acto ya cumplido.

En consecuencia, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal  del Estado Anzoátegui, al negarse a conocer en consulta la referida decisión, aplicando lo establecido en el artículo 509 del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, le atribuye a esta norma un  efecto retroactivo, con lo que efectivamente vulneró el principio de irretroactividad de la ley, toda vez  que despojó a los accionantes de un derecho que adquirieron con el sistema procesal penal anterior, como era la consulta de ley obligatoria, cuyos efectos aún no habían cesado”.



Sobre la irretroactividad de la ley, esta misma Sala en la sentencia nº  1760/01, estableció:

 

“Una elemental regla de técnica fundamental informa que las normas jurídicas, en tanto preceptos ordenadores de la conducta de los sujetos a los cuales se dirigen, son de aplicación a eventos que acaezcan bajo su vigencia, ya que no puede exigirse que dichos sujetos (naturales o jurídicos, públicos o privados) se conduzcan u operen conforme a disposiciones inexistentes o carentes de vigencia para el momento en que hubieron de actuar.

 

La garantía del principio de irretroactividad de las leyes está así vinculada, en un primer plano, con la seguridad de que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado, es decir, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar de modo distinto. En un segundo plano, la irretroactividad de la ley no es más que una técnica conforme a la cual el Derecho se afirma como un instrumento de ordenación de la vida en sociedad. Por lo que, si las normas fuesen de aplicación temporal irrestricta en cuanto a los sucesos que ordenan, el Derecho, en tanto medio institucionalizado a través del cual son impuestos modelos de conducta conforme a pautas de comportamiento, perdería buena parte de su hálito formal, institucional y coactivo, ya que ninguna situación, decisión o estado jurídico se consolidaría. Dejaría, en definitiva, de ser un orden”.

 

 

Por ello, esta Sala, conforme a la garantía del principio constitucional de irretroactividad de las leyes, excepto cuando imponga menor pena, contenido en el artículo 24 de la Constitución,  debe proceder a declarar que las decisiones dictadas bajo el régimen jurídico del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, donde se preveía la consulta obligatoria de las mismas, deben ser sometidas a la revisión oficiosa, de tal forma de no alterar el derecho adquirido. Así se decide.

En consecuencia y con fundamento en el razonamiento precedente, esta Sala Constitucional confirma el fallo proveído por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda que declaró con lugar la solicitud de tutela constitucional. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, este Tribunal  Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA, en los términos expuestos, la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional, incoada por el ciudadano JESÚS M. AVENDAÑO, actuando en nombre propio y en representación de su menor hija de siete años de edad -cuyo nombre se omite en razón de lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente-.

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente (E),

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

      El Vicepresidente (E),

 

                                                                      

                                                                     

                                                                                       JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                                        Ponente

Los Magistrados,

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA           PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

                         

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

JMDO/ns.

Exp. Nº 00-2085

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