Venley

Sentencia N.º 249

Sentencia
N.º 249
Fecha
16/04/2010
Sala
Constitucional
Expediente
08-1502
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 7 de julio de 2008, FORKLIFTS PARTS DE VENEZUELA C.A., con inscripción en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 23 de octubre de 2003, bajo el n.º 16, Tomo 37-A, mediante la representación del abogado Ruby Javier Urbano Viloria, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.º 41.097, intentó, ante el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 18 de abril de 2008, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la tutela judicial eficaz, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica.

El 9 de julio de 2008, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua admitió la pretensión y, al día siguiente, decretó la medida cautelar innominada que solicitó la demandante.

El 14 de octubre de 2008, tuvo lugar la audiencia pública con la asistencia de los abogados Serafín Magallanes y Ruby Javier Urbano, en representación de Forklifts Parts de Venezuela C.A., parte accionante, y de la abogada Nancy Graciela Sidote Durán, en representación de la tercera interesada, ciudadana Teresa Cermina Mallorqui Delgado.

El 21 de octubre de 2008, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró con lugar.  Luego, por auto del día 27 siguiente ese Juzgado oyó la apelación que fue ejercida, tempestivamente, contra su veredicto por la ciudadana Teresa Cermina Mallorqui Delgado, tercera interesada, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional. 

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 21 de noviembre de 2008 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. En la misma oportunidad se dio cuenta del escrito que presentó el abogado Eduardo Dávila Newman, en representación de la ciudadana Teresa Mallorqui Delgado, tercera interesada, mediante el cual fundamentó, tempestivamente, su apelación.

Por escrito del 16 de diciembre de 2008, Forklifts Parts de Venezuela C.A., mediante la representación del abogado Ruby Javier Urbano  Viloria, presentó conclusiones. 

El 13 de abril, 9 de junio, 13 de agosto, 21 de octubre, 16 de noviembre de 2009 y el 4 y 18 de febrero de 2010, la representación judicial de Forklifts Parts de Venezuela C.A. pidió que fuese declarada sin lugar la apelación y que, en consecuencia, sea confirmada la decisión que emitió el a quo constitucional.

 

I

ANTECEDENTES

1.  Por auto del 5 de mayo de 2006, el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua admitió la demanda que, por cumplimiento de contrato de arrendamiento, interpuso la ciudadana Teresa Cermina Mallorqui Delgado contra Centro Automotriz Ruedas C.A. y Forklifts Parts de Venezuela C.A.

2.  El 26 de septiembre de 2006, el abogado Ruby Javier Urbano Vitoria, en representación de Forklifts Parts de Venezuela C.A., presentó escrito de contestación a la demanda donde admitió como cierta la relación contractual entre su representada y la ciudadana Teresa Cermina Mallorqui Delgado y rechazó las alegaciones en relación con la existencia de la propiedad del inmueble objeto del contrato de arrendamiento a favor de la demandante, mediante la fundamentación de la existencia de una demanda de nulidad por simulación de venta del bien propiedad de Centro Automotriz Ruedas C.A., que fue incoada ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

3.  Por sentencia del 19 de octubre de 2006, el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua declaró con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento, declaró la extinción de las obligaciones que se derivaban del mismo y condenó a los demandados a la entrega del inmueble a la demandante y al pago de costas.

4.  En virtud de la apelación que fue interpuesta por la representación de la demandada Forklifts Parts de Venezuela C.A., por sentencia del 18 de abril de 2008, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que conoció como tribunal de alzada, declaró sin lugar la apelación y confirmó el fallo que emitió el Juzgado de Municipio.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.           La representación judicial de la parte actora alegó:

1.1       Que, el 21 de abril de 2004, la ciudadana Teresa Cermina Mallorqui Delgado incoó demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento contra Centro Automotriz Ruedas C.A. y Forklifts Parts de Venezuela C.A., la cual fue tramitada y decidida por el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 19 de octubre de 2006.

1.2       Que la codemandada Centro Automotriz Ruedas C.A. tiene como únicos accionistas a los ciudadanos Rodolfo Hernán D’Angelo López y Gladys Miguelina Ugarte Lagos, ex cónyuges, los cuales figuran como Presidente y Vicepresidenta, respectivamente.

1.3       Que la codemandada Forklifts Parts de Venezuela C.A. tiene como accionista mayoritario y Presidente al ciudadano Rodolfo Hernan D’Angelo López. Señaló, además, que la ciudadana Gladys Miguelina Ugarte Lagos es la única accionista de Maquinarias Caroní C.A.

1.4       Que la ciudadana Gladys Miguelina Ugarte Lagos, en representación de Centro Automotriz Ruedas C.A., le vendió el inmueble objeto de la pretensión a Maquinarias Caroní C.A., la cual, igualmente, representa.

1.5       Que Gladys Miguelina Ugarte Lagos “en representación de MAQUINARIAS CARONÍ C.A. VENDE, FRAUDULENTAMENTE, a TERESA CERMINA MAYORQUI (sic) DELGADO, el inmueble objeto de la pretensión de Cumplimiento de Contrato, SOBRE EL CUAL PESA UNA (01) DEMANDA DE NULIDAD DE VENTA”.

1.6       Que la ciudadana Gladys Miguelina Ugarte Lagos, en representación de Centro Automotriz Ruedas C.A., fue llamada al juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento y, luego de que fue citada personalmente, asumió la postura de contumacia y provocó la declaratoria de confesión ficta.

1.7       Que existe plena identidad entre el bien inmueble objeto de la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento y el bien inmueble que forma parte de la comunidad conyugal D’Angelo-Ugarte (que no fue liquidada), que está constituido por un terreno propio y su construcción, en la prolongación de la Calle Pérez Almarza Sur, n.º 13, Zona Industrial San Miguel, Municipio Girardot, Estado Aragua, número catastral 04010207-06-51, con un área de un mil quinientos metros cuadrados (1.500 mts2), el cual es objeto de pretensión de nulidad por actos simulados, ficticios e inexistentes que cursa ante el propio Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

1.8       Que, el 18 de abril de 2008, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua expidió acto de juzgamiento definitivo en el cual declaró sin lugar la apelación que fue ejercida por Forklifts Parts de Venezuela C.A. contra el acto decisorio que pronunció el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 19 de octubre de 2006, el cual confirmó sin que precisara lo que sería el objeto de ejecución y, además, condenó al pago de las costas.

1.9       Que el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua omitió el debido pronunciamiento sobre un término fundamental del problema judicial que fue sometido a su conocimiento y decisión, pues “DEJÓ DE RESOLVER ADECUADAMENTE ALGO EXCEPCIONADO: EXISTENCIA de la ACCIÓN DE NULIDAD por ACTOS SIMULADOS, FICTICIOS e INEXISTENTES propuesto por RODOLFO HERNÁN D’ANGELO LÓPEZ contra GLADYS MIGUELINA UGARTE LAGOS y MAQUINARIAS CARONÍ, C.A., bajo el EXPEDIENTE JUDICIAL Nº. 10.104-04 CURSANTE ante el PROPIO JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA”.

1.10    Que el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua omitió pronunciamiento sobre el objeto fundamental del problema judicial que fue sometido a su conocimiento y decisión.  Además, el acto jurisdiccional objeto de amparo constitucional no se basta por sí mismo, ya que para la ejecución de su dispositivo, que fue la declaratoria con lugar de la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento, se requiere del necesario auxilio del escrito de la demanda y del fallo que dictó el Juzgado de Municipio, en la primera instancia, ya que no expuso el contenido de la condena y, por lo tanto, el veredicto es inejecutable y carece de determinación objetiva.

1.11    Que el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua modificó los términos del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, “después de pronunciada equivocadamente la Sentencia Definitivamente Firme, procede a ORDENAR su EJECUCIÓN”.  Además, señaló que dicho Juzgado incurrió en abuso de autoridad, “ya que cualquier Juez NO solo se ENCUENTRA IMPOSIBILITADO para TRANSFORMAR el DISPOSITIVO de la SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME que había acordado, sino que, además, la ÚLTIMA SENTENCIA que dictó DEBÍA BASTARSE A SI MISMA, disponiendo lo necesario para su EFECTIVA EJECUCIÓN de manera clara y precisa para el CUMPLIMIENTO de lo ORDENADO (CONDENADO).  Alegó, asimismo, que desde el 2 de julio de 2008, la causa se encontraba en fase de ejecución.

2.           Denunció:

2.1       La violación a los derechos constitucionales a la tutela judicial eficaz, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica, ya que le coartó la posibilidad real y cierta de su juzgamiento de manera imparcial y objetiva.

2.2       La  violación al debido proceso y a la cosa juzgada ya que la decisión supuestamente agraviante es contradictoria y dejó de resolver adecuadamente el thema decidendum.

2.3       La violación a los derechos a la defensa y al debido proceso “cuando el mismo JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, autor de la SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME pretende hacer EJECUTABLE lo SENTENCIADO por el mismo; sin ni siquiera tomar la delicadeza de hacer uso, previo requerimiento de los interesados, de los mecanismos de ampliación, corrección etc. Que permite nuestro ordenamiento jurídico”.

2.4       El “FLAGRANTE AGRAVIO CONSTITUCIONAL inferido a (su) mandante, (…) por parte de la agraviante al COMETER la lamentable LIGEREZA PROCESAL de OMITIR ANALIZAR Y RESOLVER EFECTIVAMENTE sus EXCEPCIONES y DEFENSAS CONTENIDAS en su ESCRITO de CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA de fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006 e INEJECUTABLE la SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME de fecha: 18 de abril de 2008, lo que ha producido la PRIVACIÓN de la EFECTIVA DEFENSA de sus correspondientes DERECHOS BÁSICOS como PARTE CO-DEMANDADA, COMUNERA e INTERESADA sobre el INMUEBLE OBJETO de LITIGIO, ANTE la DESMEDIDA VENTAJA de su ADVERSARIA, ciudadana TERESA CERMINA MAYORQUI (sic) DELGADO, quien se ALIÓ, FRAUDULENTAMENTE, con la ciudadana GLADYS MIGUELINA UGARTE LAGOS, (…) EXCÓNYUGE del ciudadano RODOLFO HERNÁN D’ANGELO LÓPEZ”.

2.5       La manifiesta inseguridad jurídica, “dado que la INCONSTITUCIONAL DECISIÓN de fecha: 18 DE ABRIL DE 2008 CONTRADICE NO solo lo establecido clara y explícitamente por la propia LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES y el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, sino que peor aún CONTRADICE lo ORDENADO por el mismo JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, todo lo que termina resultando en UNA (01) VIOLACIÓN NO solo DERECHO a la DEFENSA y DEBIDO PROCESO, sino que por un lado se ATRIBUYE COMPETENCIAS PROPIAS del LEGISLADOR y por el otro CONTRADICE lo DECIDIDO por OTROS JUECES”.

2.6       Que el Juzgado supuesto agraviante incurrió en un típico caso de petición de principio que conllevó a la inmotivación del fallo cuando dio como probado lo que, precisamente, era objeto de prueba.

3.           Pidió:

3.1       Medida cautelar innominada de conformidad con lo que dispone el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, para que “se SUSPENDAN los EFECTOS de la mencionada SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME de fecha: 18 DE ABRIL DE 2008 HASTA que sea DECIDA (sic) la presente CAUSA”.

3.2       Que se declare con lugar la pretensión de tutela constitucional y, en consecuencia: “CESE INMEDIATAMENTE la FLAGRANTE VIOLACIÓN de las GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, precedentemente citadas, al dejar de PERTUBAR su ESFERA de DERECHOS CONSTITUCIONALES y (…) se RESTABLEZCA la SITUACIÓN JURÍDICA VULNERADA ESENCIAL al proceder a:  (…) ANULAR la SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME de fecha: 18 DE ABRIL DE 2008 emanada del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA ó (…) en su defecto, se ORDENE ABSTENERSE de EMITIR ÓRDENES DE EJECUCIÓN que CONTENGAN ELEMENTOS NO INCLUIDOS Ó DISTINTOS a los ESTABLECIDOS en la mencionada SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME”.

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala pronunció su competencia para el conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el asunto de autos, la apelación fue ejercida contra un veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, esta Sala se declara competente para el conocimiento del recurso en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El juez del acto decisorio objeto de apelación juzgó sobre la pretensión de amparo constitucional en los términos siguientes:

Conforme a lo previsto en los artículos antes citados, ésta Juzgadora concluye que los instrumentos públicos promovidos por la parte accionante, emanados de un funcionario público que tiene facultad para darle fe pública, (Juez) son fidedignos, y al no ser tachados en la oportunidad legal por la parte interesada, esta Alzada le otorga valor probatorio, arrojando que fue debidamente alegado como defensa el hecho de existir una demanda de nulidad de venta sobre el inmueble objeto de litigio, incoada por el ciudadano RODOLFO HERNÁN D´ANGELO LÓPEZ, en contra de la ciudadana GLADYS MIGUELINA UGARTE LAGOS, su ex cónyuge en su propio nombre y en su carácter de Gerente de la Sociedad Mercantil MAQUINARIAS CARONÍ C.A., cursante ante el Tribunal Tercero en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial.

Ahora bien, se observa que dicha defensa no fue alegada bajo los parámetros establecidos en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que es la norma que otorga el legislador a la parte demandada a fin de oponer cualquier eventualidad que considere que debe ser valorada y estudiada que prevalece ante el conocimiento del fondo de la demanda, sin embargo, para esta Juzgadora Constitucional, en aras de una seguridad jurídica, una tutela judicial efectiva, y sobre todo de impartir JUSTICIA, considera que existen suficientes elementos que demuestran que efectivamente existe una lesión al derecho constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa, así como a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, por no haber aplicado idóneamente lo establecido en la segunda parte del artículo 26 constitucional. / (…)

…esta Juzgadora Constitucional al revisar el caso planteado bajo la premisa de una acción de amparo, puede señalar que si hay vulneración de esta tutela judicial efectiva, y por consiguiente de un debido proceso, derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, al ser el Juzgador Ad Quem muy riguroso en las formas del proceso, al indicar que dicha defensa debía reñirse (sic) a través de una cuestión previa establecida en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y si bien es cierto todas las excepciones que encuadren en el artículo anteriormente mencionado, deben formularse como cuestión previa a los fines de que sea tramitada, estudiada y decidida, no es menos cierto, que si una de las partes realiza una serie de alegatos y pruebas relacionado a un hecho que incide en la causa, debe ser decidido por el Juzgador, en prefecta sintonía con lo alegado y probado en autos aunado a los principios establecidos en la legislación venezolana; en tal sentido, podemos estar en presencia de un ritualismo o formalismo que afecta la seguridad jurídica de las partes y sobre todo la tutela judicial efectiva, en virtud de que la intención del legislador y la obligación de los Juzgadores es otorgar paz, y dicha paz debe ser individual o colectiva a fin de mantener el equilibrio procesal y resolver las controversias entre los particulares ajustada a derecho, no creando de esta manera sentencias que resulten injustas, al no verse relacionadas con lo que fue alegado y probado en el juicio, por lo cual es deber de cada juzgador aplicar de manera prioritaria nuestra Constitución, y para ello la legislación y la Jurisprudencia ha previsto lo que se conoce hoy en día como el PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, en el cual los jueces están totalmente facultados para elaborar argumentos de derecho para fundamentar en ellos su decisión, pues a ello se contrae su deber jurisdiccional, y el hecho de que aplicar el derecho no alegado por las partes pero si los hechos, o interpretar de diversa forma las normas que las partes invoquen, no implica necesariamente el que se estén supliendo defensas no alegadas por ellas, ya que la iniciativa de las partes corresponde únicamente el alegato y prueba de los hechos, pero no la determinación e interpretación de las normas jurídicas aplicables./ (…)

En tal, sentido, el Juzgador Tercero Civil como Ad Quem debió aplicar este principio al tener en sus manos las herramientas, es decir, los hechos alegados y pruebas del alegato de la existencia de una demanda de nulidad de venta que pesa sobre el mismo bien objeto de litigio en el cumplimiento de contrato de arrendamiento, introduciendo el Juzgador su poder jurisdiccional, para verificar aquella excepción alegada y probada por el demandado de la causa principal, y dictar una decisión acorde con los preceptos constitucionales y civiles, sin someterse a un ritualismo por no haberse señalado dicha excepción a través de una cuestión previa, y de ello brindar a las partes la seguridad jurídica respectiva y decidir de acuerdo a lo alegado y probado en autos, aplicando y enalteciendo los derechos y principios constitucionales, siendo entre ellos, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa; por ello, el Juez Ad Quem debió corregir y señalar en su sentencia, que el Juez A Quo (Municipio) debió haber valorado y estudiado el alegato presentado por la parte demandada aplicando el principio iura novit curia, aún cuando no se haya realizado bajo la calificación jurídica de cuestión previa (artículo 346 CPC), ya que ésto igualmente fue alegado a través de la explanación de los hechos sustentado con las pruebas presentadas, por la parte demandada, por lo que el formalismo aplicado por el Juzgador Ad Quem, al indicar que debió la parte demandada alegar ese hecho a través de una cuestión previa, provocó la no aplicación de la tutela judicial efectiva, que tanto enaltece nuestra Constitución, generando ese ritualismo o formalismo la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en nuestra Máxima ley de la República Bolivariana de Venezuela, causando ésta situación una indefensión, pues se le privó al querellante de su medio de defensa ante un hecho importante que existe, que es real y palpable, como lo es la existencia del juicio de nulidad de venta sobre el mismo bien inmueble llevado ante el Tribunal Tercero en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, siendo que este último pudo igualmente aplicar la notoriedad judicial, por cuanto de dicho juicio de nulidad de venta, va a provenir el desenlace del juicio de cumplimiento de contrato de arrendamiento, y todo ello, porque es prioritario brindar a los justiciables una seguridad jurídica, y sobre todo como último fin aplicar Justicia, según lo establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela./ (…)

Por lo tanto, en base a lo anteriormente expuesto, es que podemos observar, que el Juez Ad Quem, se fue por las normas procesales estrictamente, apegado al ritualismo, sin separarse de él, lo que ocasionó como se ha señalado en líneas anteriores, la no debida aplicación de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el proceso civil, surgiendo un resquebrajo (sic) en la seguridad jurídica que deben tener las partes en todo proceso, lo que puso al descubierto la violación del derecho a igualdad de la parte demandada Forklifts Parts de Venezuela C.A., al no haber realizado un análisis el Ad Quem sobre un hecho de suma importancia alegado por la empresa mencionada, concluyendo todo esto en una vulneración de la tutela judicial efectiva./ (…)

…se evidencia que el sentenciador de la recurrida se limita a declarar sin lugar la apelación interpuesta por la parte codemandada del juicio y a confirmar la decisión del A quo (Municipio), pero no expresa con sus propias palabras cuál fue la decisión que tomó para resolver el problema planteado por las partes. Para conocer la parte decisoria de la sentencia dictada en la alzada necesariamente se debe acudir al fallo proferido por el juez de primera instancia y así entender que la demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento fue declarada con lugar, lo que sin duda refleja que la recurrida no se basta a sí misma./ (…)

…esta Juzgadora Constitucional, de la revisión del fallo dictado por el Ad Quem, pudo observar lo siguiente:

De la sentencia proferida por el Ad Quem, en fecha 18 de abril de 2008, se verifica que efectivamente existe una falta de determinación objetiva que hace inejecutable la sentencia, lo que deviene en violación o trasgresión de derechos constitucionales, como el debido proceso y el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, (pues esta abarca todo el thema decidendum hasta que la sentencia sea perfectamente ejecutable) y la seguridad jurídica, derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, al no encontrarse de una manera precisa lo decidido y por ende lo que se debe ejecutar, pues para constatar ello se debe recurrir o al libelo o a la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de esta Circunscripción Judicial. /(…)

…esta Juzgadora constitucional advierte que la sentencia recurrida no se basta a sí misma, pues para poder verificar la decisión, es necesario recurrir a la sentencia de primera instancia, a fin de observar cual fue el dictamen, por lo tanto esto hace inejecutable la sentencia, lo que ocasiona directamente la violación a la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, pues al no haber pronunciamiento expreso por parte del juez sobre aquellos elementos de hecho que materialmente forman el problema judicial debatido, conforme a los términos en que se explanó la pretensión y la contradicción, le genera una indefensión a la parte afectada, que hace la sentencia nula.

La regla establecida en el ordinal 5° del artículo 243 del Código del Código de Procedimiento Civil, contiene el principio doctrinario de ‘exhaustividad’, que obliga al juez a considerar y resolver todas y cada una de las alegaciones de las partes que viene a constituir el problema judicial debatido que el juez debe resolver, cuya infracción conduce a una omisión de pronunciamiento. El principio de congruencia, en nuestro derecho procesal, está relacionado con el problema debatido entre las partes (thema decidendum), del cual emergen dos reglas: a) decidir sólo sobre lo alegado y b) decidir sobre todo lo alegado. Igualmente ha señalado la Sala de Casación Civil, que una decisión es expresa, cuando no contiene implícitos ni sobreentendidos; positiva, cuando es cierta, efectiva y verdadera sin dejar cuestiones pendientes; y precisa cuando no da lugar a dudas, incertidumbres, insuficiencias ni ambigüedades, situación que no ocurre en la dispositiva de la sentencia dictada por el Ad Quem, en fecha 18 de abril de 2008.

Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, el derecho a la tutela judicial efectiva, comprende el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, el derecho a obtener una decisión en derecho y el derecho que esa decisión sea efectiva, el derecho a la ejecutoriedad de la sentencia obtenida en derecho. Asimismo garantiza la gratuidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad y celeridad en la administración de justicia, así como que dicha función debe ser equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas. Por todas estas razones, en virtud del principio de tutela judicial efectiva, en definitiva, un fallo del juzgador, como Garantía Constitucional, no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador, sino una declaración razonada en términos de Derecho y Justicia, permitiendo una doble finalidad, el control a través de los recursos y permitir al ciudadano conocer las razones de la resolución. Encontrándose también, dentro de tal garantía de tutela, la Congruencia del Fallo, vale decir, que la sentencia decida todas y solo las cuestiones limitadas a la trabazón de la litis, evitándose así, un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones.

Ahora bien, en base a lo anteriormente expuesto, considera quien juzga que existen suficientes elementos que demuestran que efectivamente existe una lesión al derecho constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa del accionante, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.

 

V

ESCRITO DE APELACIÓN

 La representación judicial de la tercera interesada, en su escrito de fundamentación de la apelación, alegó:

1. Que la causa del juicio principal se inició por la interposición de la demanda por  cumplimiento de contrato de arrendamiento, por vencimiento del término, que intentó su representada, como propietaria, contra Forklifts Parts de Venezuela C.A. y Centro Automotriz Ruedas C.A., “por haberlo celebrado un simple administrador del inmueble por un lapso de cinco (5) años, cuando la Ley solo le permitía celebrarlo por dos (2) años (Art. 1.582 del Código Civil).

2.  Que, en el curso del proceso, se cumplieron todos los trámites procesales que dispone la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, es decir, fueron citados los demandados y uno de ellos contestó la demanda, promovió pruebas y apeló en tiempo hábil contra la sentencia definitiva.

3.      Que, en la contestación a la demanda y en la formalización de la apelación, se alegó, como defensa de fondo, la existencia de un juicio que, por nulidad de venta, había incoado el ciudadano Rodolfo D’Angelo López contra su excónyuge Gladys Ugarte Lagos que, por coincidencia, se tramitó ante el mismo Tribunal de Primera Instancia.

4.      Que la sentencia que dictó el Juzgado que conoció en apelación el proceso declaró con lugar la demanda y limitó el tiempo de duración del contrato de arrendamiento a dos años; además, condenó a la entrega del inmueble y al pago de costas por la demandada. Señaló, asimismo, que dicho Juzgado analizó y desechó la defensa de fondo que opuso la accionada, ya que consideró que la misma no había sido alegada como una cuestión previa, con referencia a la existencia de una cuestión prejudicial.

5.  Que el juicio de nulidad de venta por simulación no tenía influencia sobre el proceso por  cumplimiento de contrato de arrendamiento, ya que en él se discutió la propiedad sobre el inmueble, y se declaró sin lugar la demanda, mientras que el otro juicio versó sobre materia arrendaticia.

6.  Que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ratificó en todas sus partes el fallo que emitió el Juzgado de Municipio no sufre de indeterminación objetiva, ya que ratificó la decisión y ordenó ejecutar su propia sentencia conforme lo ordena el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil.

7.  Que el Tribunal a quo creó una tercera instancia “para beneficiar al recurrente, en amparo, quien consiguió lo que pretendía, que le abrieran una oportunidad pero que es inoficiosa ya que no puede realizar ningún acto procesal que lo beneficie, pues la sentencia que actualmente se encuentra en apelación ordena que se dicte nueva sentencia violando así una norma constitucional contenida en el artículo 257 de la Constitución”.  

8.      Que “el Tribunal Tercero de Primera Instancia acoge la misma interpretación que el Tribunal A quo dio, a la defensa de fondo formulada por la co-demandada en el sentido de que, dicha defensa debió ser presentada como cuestión previa, para que al analizarla cualquiera de los dos (2) Tribunales de Instancia, la apreciaran o rechazaran”.

9.      Por último peticionó que se declare con lugar la apelación “por haberse violado principios constitucionales a (su) representada y a la majestad de la Cosa Juzgada ya que los dos ciudadanos jueces de instancia que conocieron actuaron apegados a los principios procesales estipulados en las leyes vigentes en el país (…) revoque la sentencia dictada por la ciudadana Juez Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua en fecha 21 de octubre de 2008 (…) condenar en costas al recurrente por ser temeraria su acción”.

 

VI

CONCLUSIONES ESCRITAS DE LA DEMANDANTE

La representación judicial de la demandante del amparo de autos alegó ante la Sala:

1.      Que tuvo que interponer la pretensión de protección constitucional debido a que la relación jurídica procesal subyacente en el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento “NO HA QUEDADO COMPLETA y ABSOLUTAMENTE RESUELTA en el FONDO a través de la correspondiente SENTENCIA DE MÉRITO, por lo que ACERTADAMENTE PUDO EL TRIBUNAL DE LA CAUSA DE AMPARO CONSTITUCIONAL (…) EXAMINAR y RESOLVER, ACERTADAMENTE el correspondiente THEMA DECIDENDUM CONSTITUCIONAL”.

2.      Que el Juzgado a quo actuó conforme a derecho en la decisión del 21 de octubre de 2008, en virtud de que “la propia TERCERO INTERVINIENTE, ciudadana TERESA CERMINA MAYORQUI (sic) DELGADO,  a través de su APODERADA JUDICIAL, abogada NANCY GRACIELA SIDOTI DURÁN, su escrito de fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2008 (folios 280 al 287) ACEPTÓ EXPRESAMENTE que el ACTO AGRAVIANTE (SENTENCIA DEFINITIVA de fecha: 18 DE ABRIL DE 2008) ES INEJECUTABLE por CUANTO para ENTENDERLA EXISTE la NECESIDAD de AUXILIARSE en OTROS DOCUMENTOS DISTINTOS”.

3.      Por último, solicitó que se confirme el acto jurisdiccional que emitió el a quo y, en consecuencia, que se declare sin lugar la apelación y con lugar la pretensión de amparo constitucional.

 

VII

 MOTIVACIÓN Para LA DeciSIÓN

El fallo objeto de la demanda lo dictó, en alzada, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua el 18 de abril de 2008, que conoció la apelación que había interpuesto la parte demandada contra el acto de juzgamiento que emitió, el 19 de octubre de 2006, el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la misma Circunscripción Judicial, en el procedimiento que, por cumplimiento de contrato de arrendamiento, incoó la ciudadana Teresa Cermina Mallorqui Delgado contra Centro Automotriz Ruedas C.A. y Forklifts Parts de Venezuela C.A.

La demandante del amparo que se examina afincó su pretensión en la violación a sus derechos a la tutela judicial eficaz, a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica que supone le habría causado el acto decisorio a que se hizo referencia, ya que no se pronunció respecto a la defensa que fue opuesta en la contestación de la demanda sobre la supuesta existencia de una pretensión de nulidad por simulación, que propuso el ciudadano Rodolfo Hernán D’Angelo López contra la ciudadana Gladys Miguelina Ugarte Lagos y Maquinarias Caroní C.A., defensa que fue desechada por el Tribunal supuesto agraviante con fundamento en que la misma no fue opuesta como una cuestión previa de prejudicialidad sino como defensa de fondo.

Por otra parte, la accionante alegó que el acto lesivo careció de determinación objetiva ya que no se basta por sí misma y requiere, para su ejecución, el necesario auxilio de otros documentos como el escrito de la demanda o la decisión del Juzgado de Municipio que conoció y falló la causa en primer grado de jurisdicción.  

Ahora bien, en sentencia n.° 3.350 del 3 de diciembre de 2003 (caso: Víctor Rafael Reyes Corredor), criterio que fue ratificado en el fallo n.° 885 del 11 de mayo de 2007 (caso: Manuel Farías Goes) esta Sala estableció que, aún cuando no se hayan especificado en la sentencia condenatoria los parámetros para la ejecución del fallo, el juez deberá, para lograr la concretización de la tutela judicial eficaz para la parte que fue favorecida por el pronunciamiento judicial, tomar las medidas necesarias para la ejecución de dicho veredicto, y al respecto señaló:

En orden a los razonamientos anteriores, entiende esta Sala que, incluso en el proceso de ejecución de una decisión sobre la cual ha recaído cosa juzgada, se debe entender que la ley expresamente permite la excepción a la inmutabilidad de la cosa juzgada en casos como el presente, ya que no se trata de la simple omisión de solicitud oportuna de una aclaratoria a la sentencia por alguna de las partes, sino que viene referido a la omisión de un deber procesal del juez vinculado a la propia ejecutabilidad de su sentencia y a la concretización de la tutela judicial efectiva debida ya al favorecido por el pronunciamiento judicial, como lo es la impretermitible determinación en la sentencia condenatoria de los perjuicios probados que deben estimarse y los diversos puntos que deben servir de base a los expertos, deber previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil en concatenación con el artículo 527 del mismo cuerpo legal, y cuyo cumplimiento resulta exigible dentro de un proceso de ejecución de sentencia, siempre y cuando no implique para el órgano jurisdiccional correspondiente el apartarse de los términos en que ha sido proferido el fallo. Así se decide.

Igualmente el artículo 528 del Código de Procedimiento Civil, permite que en la fase de ejecución, se estime el valor de la cosa mueble ordenada por la sentencia, si ésta no pudo ser habida. Este artículo del Código procesal adjetivo civil, conjuntamente con los artículos 529 y 530 del mismo instrumento legal, permiten que el dispositivo del fallo pueda ser reformado parcialmente con miras a la ejecución, lo que en la actualidad es congruente con la garantía de la justicia efectiva a que se refiere el artículo 26 de la Constitución.

Resultaría un flaco servicio a la justicia, que los fallos no pudieran ejecutarse, a pesar que declaren con lugar la demanda, cuando lo establecido en el dispositivo sufre transformaciones o se hace inaprensible. Ante tal iniquidad, a menos que lo decidido y ordenado trate de algo sumamente puntual e insustituible, el Código de Procedimiento Civil contempla en la fase de ejecución de la sentencia, los artículos citados que permiten la sustitución del objeto del dispositivo del fallo.

 

Observa esta Sala que, en el caso sub iudice, la sentencia que emitió el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, objeto de amparo constitucional, conoció en alzada el pronunciamiento judicial que emitió el Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la misma Circunscripción Judicial, declaró sin lugar  la apelación y confirmó dicho acto decisorio en todas sus partes, sin la especificación de los efectos de la declaratoria con lugar de la demanda.  Al respecto, evidencia esta Sala que el acto de juzgamiento que expidió el mencionado Juzgado de Municipio declaró con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento que interpuso Teresa Cermina Mallorqui Delgado contra Centro Automotriz Ruedas C.A. y Forklifts Parts de Venezuela C.A. y, en virtud de dicha declaratoria, señaló la extinción de las obligaciones que se habían derivado del contrato de arrendamiento y condenó a las demandadas a que hiciesen entrega a la demandante del inmueble objeto de contrato de arrendamiento y al pago de las costas.

Con base en la doctrina que ha sentado esta Sala en relación con la determinación objetiva del fallo, no encuentra esta juzgadora que, en el caso bajo análisis, exista un vicio de orden constitucional en la sentencia objeto de amparo constitucional, que sea impedimento para que el Juez, a quien corresponda la ejecución del fallo, encuentre elementos que le permitan la satisfacción del derecho a la tutela judicial eficaz de la parte que resultó vencedora en el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento, ya que el acto jurisdiccional que dictó el Juzgado de Primera Instancia que conoció en alzada, confirmó la decisión del Tribunal de la primera instancia “en todas y cada una de sus partes”, de manera tal que, de la simple lectura del dispositivo del veredicto de la primera instancia, el Juez de la causa, a quien le compete pronunciarse sobre la ejecución del pronunciamiento que fue confirmado, puede determinar la conducta que había sido ordenada a la parte accionada perdidosa.

En el presente asunto, como lo alegó la tercera interesada en su escrito de fundamentación de la apelación, no existe un vicio de indeterminación objetiva tal que haga inejecutable el fallo objeto de impugnación, de manera tal que no se verificó la violación que delató la demandante y que, sin embargo fue declarada con lugar por el Juzgado a quo, cuando obvió la interpretación que ha realizado esta Sala en el marco del principio pro actione, el cual impone la exigencia de la interpretación del derecho a la ejecución de las sentencias en el sentido más favorable a la misma, en salvaguarda de una verdadera tutela judicial eficaz y la omisión de formalidades no esenciales al proceso que preceptúan los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya que, en este asunto, la omisión en la que incurrió el Juzgado supuestamente agraviante puede suplirse con otros elementos que constan en autos, lo cual en nada podría desmejorar la situación del perdidoso. Así se decide.

Por otra parte, la sentencia de primera instancia declaró la procedencia de la pretensión con base en que el Juez de la decisión que se impugnó mediante amparo constitucional debió aplicar el principio iura novit curia “al tener en sus manos las herramientas, es decir, los hechos alegados y pruebas del alegato de la existencia de una demanda de nulidad de venta que pesa sobre el mismo bien objeto de litigio en el cumplimiento del contrato de arrendamiento, introduciendo el Juzgador su poder jurisdiccional, para verificar aquella excepción alegada y probada por el demandado de la causa principal, y dictar una decisión acorde con los preceptos constitucionales y civiles, sin someterse a un ritualismo por no haberse señalado dicha excepción a través de una cuestión previa, y de ello brindar a las partes la seguridad jurídica respectiva y decidir de acuerdo a lo alegado y probado en autos, aplicando y anlateciendo los derechos y principios constitucionales”.

Contra ese veredicto del tribunal a quo, la apelante sostuvo que el fallo objeto de protección constitucional no injurió derecho constitucional alguno y tampoco el Juez actuó con abuso de poder, ya que, por el contrario, fue la Juez Superior en función constitucional la que incurrió en agravio a derechos constitucionales, cuando ordenó que se dictara una nueva decisión, con lo que logró que se prolongara el tiempo de ocupación del inmueble por parte del arrendatario.

En este sentido se observa en autos que el apoderado judicial de la entonces demandada, Forklifts Parts de Venezuela C.A., compareció ante el juzgado de la causa originaria el 26 de septiembre de 2006 y presentó escrito de contestación a la demanda en el que luego de que negó, rechazó y contradijo en todas sus partes la demanda en contra de su representada, rechazó las alegaciones sobre la existencia de la propiedad del inmueble objeto del contrato de arrendamiento a favor de la demandante, con fundamento en la demanda de nulidad que interpuso Rodolfo Hernán D’Angelo López contra Gladys Miguelina Ugarte Lagos y Maquinarias Caroní C.A. -por actos simulados, ficticios e inexistentes- que cursaba ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, pero sin señalamiento expreso de que se trataba de la cuestión previa de prejudicialidad que preceptúa el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. 

Por su parte, tanto el Juzgado que conoció y decidió el proceso inquilinario en primera instancia como el que falló en alzada, consideraron que la accionada ha debido interponer tal alegato de prejudicialidad como una cuestión previa, tal como lo dispone el artículo 35 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que establece:

En la contestación de la demanda, el demandado deberá oponer conjuntamente todas las cuestiones previas previstas en el Código de Procedimiento Civil, y las defensas de fondo, las cuales serán decididas en la sentencia definitiva. En dicha oportunidad, el demandado podrá proponer reconvención, siempre que el Tribunal sea competente por la materia y la cuantía.

La negativa a la admisión de la reconvención no tendrá apelación. De ser opuestas las cuestiones previas por la falta de jurisdicción del Juez o la incompetencia de éste, el Tribunal se pronunciará sobre éstas en la misma oportunidad de ser opuestas o en el día de despacho siguiente, decidiendo el asunto con los elementos que se hayan presentado y los que consten en autos. De ejercer las partes el recurso de regulación de la jurisdicción y/o de la competencia contra la decisión que se haya pronunciado sobre la jurisdicción y/o de la competencia, éstos se tramitarán en cuaderno separado, y el proceso continuará su curso hasta llegar al estado de sentencia, en cuyo estado se suspenderá hasta que conste en autos la decisión del recurso interpuesto.

 

En criterio de la Sala, el artículo que se citó no impone la observancia de con alguna formalidad esencial al acto de contestación de la demanda, pues sólo exige al demandado que cumpla con el deber de que oponga, conjuntamente con las defensas de fondo, las cuestiones previas a que se refiere el Código de Procedimiento Civil, las cuales serán decididas, todas, en el juzgamiento definitivo.

Por tanto, en el caso sub examine, el juez supuesto agraviante erró cuando desestimó indebidamente el alegato de prejudicialidad e impuso un formalismo no esencial, con lo cual lesionó el derecho de la quejosa a la tutela judicial eficaz que reconoce el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando ningún perjuicio se había causado a su contraparte. Así se decide.

En tal sentido, es oportuno el señalamiento del criterio que sostuvo esta Sala en sentencia n.° 708 del 10 de mayo de 2001 (Caso: Juan Adolfo Guevara y otros), cuando dispuso: 

Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que  la justicia es,  y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los  mínimos imperativos de la justicia sean  garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados.

El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende  el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 ó 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles.

 

En conclusión, la Sala considera, tal como lo decidió el a quo constitucional que, en el asunto de autos, la decisión que pronunció, el 18 de abril de 2008, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, cuando desestimó el alegato de prejudicialidad que se esgrimió en la contestación de la demanda con fundamento en una formalidad no esencial, vulneró el derecho constitucional de la tutela judicial eficaz de la quejosa. Así se decide.

Ahora bien, considera esta Sala importante el señalamiento sobre las alegaciones que realizó la tercera interesada, en su escrito de fundamentación de la apelación, en relación con que el propio Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a quien correspondió conocer, además, de la demanda por nulidad de venta que interpuso el ciudadano Rodolfo Hernán D’Angelo López contra la ciudadana Gladys Miguelina Ugarte Lagos y Maquinarias Caroní C.A., emitió fallo el 22 de abril de 2008, en el que declaró “CON LUGAR LA DEFENSA PERENTORIA DE FALTA DE CUALIDAD DE LAS PARTES PARA INTENTAR Y SOSTENER EL PRESENTE LITIGIO (…) (c)omo consecuencia de lo anterior se declara extinguido el presente proceso y, una vez firme la presente decisión, se ordena el cierre de las actuaciones que conforman el presente expediente”, proceso que fue el supuesto fundamento de la cuestión previa de prejudicialidad y que sirvió de base al Tribunal a quo para que se retrotrajera el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento. 

Asimismo, esta Sala en virtud de la notoriedad judicial, considera pertinente el señalamiento de que, por sentencia que expidió, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción judicial del Estado Aragua, el 26 de enero de 2009, confirmó el veredicto que desechó, en primera instancia, la demanda por nulidad de venta a que se ha hecho referencia, que fue el soporte del alegato de prejudicialidad.  Igualmente, esta Sala comprobó que contra esa decisión, la parte actora en el juicio por nulidad de venta interpuso recurso de casación, el cual fue declarado sin lugar por acto jurisdiccional que expidió la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, el 29 de octubre de 2009, en los siguientes términos:

De  manera que la falta de cualidad pasiva declarada por el juez de alzada en la presente causa, mal puede ser desvirtuada por las defensas expuestas por la prenombrada codemandada con el único propósito de dar contestación al fondo de la demanda incoada en su contra, como erradamente lo considera el formalizante, amén de que la comentada falta de cualidad pasiva declarada en la presente causa no constituye un hecho falsamente establecido sino una conclusión jurídica a la que arribó el sentenciador, al advertir que la presente acción versa acerca de una demanda por nulidad de ventas habidas entre sociedades mercantiles.

 

De lo que fue expuesto precedentemente se desprende que la prejudicialidad, que no fue analizada por el Juzgado supuestamente agraviante, fue resuelta por sentencia definitivamente firme que expidió la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo constitucional; de manera que dicha pretensión perdió sobrevenidamente el objeto que la motivó y, por ende, ya no existen las supuestas lesiones constitucionales que fueron denunciadas, por lo cual, en el caso sub examine, operó la causal de inadmisibilidad a que se contrae el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone que:

No se admitirá la acción de amparo:

1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla.

 

En consecuencia, se declara sin lugar la apelación que fue interpuesta; sin embargo, se revoca la sentencia objeto de apelación y se declara la inadmisión sobrevenida de la demanda de amparo constitucional en los términos que fueron expuestos en el presente fallo. Así se decide.

 

VII

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación que ejerció la ciudadana TERESA CERMINA MALLORQUI DELGADO contra la sentencia dictó el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua el 21 de octubre de 2008. En consecuencia, se REVOCA la sentencia objeto de apelación y se declara la INADMISIÓN de la pretensión de amparo que interpuso FORKLIFTS PARTS DE VENEZUELA C.A. contra el fallo que emitió el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Agrario de la misma Circunscripción Judicial, el 18 de abril de 2008. 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de abril de dos mil diez. Años: 199º de la Independencia y 151º de la Federación.

 

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

…/

…

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente              

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 08-1502

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